El título que ilustra este breve análisis hace alusión a un término acuñado por el politólogo estadounidense Steven Levitsky en su célebre libro "Cómo mueren las democracias".

Para Levitsky, las salvaguardas constitucionales de un sistema político no son suficientes por sí mismas para evitar que una democracia se degenere, ya que incluso las constituciones mejor escritas pueden ser letra muerta frente a una deriva autoritaria. Por ello, teóricos de la política han definido las constituciones como reales, nominales y fachada[1].

En ese sentido, más allá de las constituciones escritas, las democracias modernas exitosas han dependido de reglas informales, que a pesar de no estar plasmadas en legislación positiva, son “convenciones” respetadas y acatadas por los ciudadanos y que fungen de guardarraíles[2] de la democracia pues impiden que la pugna política cotidiana se salga de las formas republicanas y desemboque en un conflicto que transgreda el sistema y haga peligrar la existencia de la propia comunidad política. Para Levitsky estos pactos tácitos son: la tolerancia mutua y la contención institucional. Esto significa no tomar a los adversarios políticos como una amenaza existencial (acordar en no estar de acuerdo siempre) y no utilizar los poderes institucionales para “aniquilarlos”[3].

En esta tarea, un sistema de partidos políticos verdaderamente institucionales que opere bajo un gran pacto político nacional, es vital ya que es el instrumento natural para contener posibles amenazas al sistema político. A lo externo, los partidos procurarían la formación de alianzas que frenen un movimiento radical “anti-sistema”[4]. A lo interno, dentro de sus propias bases y cuadros, “filtrarían” nominaciones y candidaturas que pudieran ser polarizantes mediante procesos internos de depuración como las primarias.

Sin embargo, la organización de los partidos políticos en América Latina es precaria y sufre distorsiones importantes:

“En muchas ocasiones las decisiones, y la manera en que estas se adoptan dentro de las organizaciones, no dependen de los órganos de gobierno sino de liderazgos personalistas o de los caciques regionales; las carreras dentro del partido están determinadas por los contactos personales y las redes de patronazgo y no por el aparato burocrático; las organizaciones locales no funcionan como sucursales de una organización nacional (aún cuando la integran) sino que los militantes y dirigentes hacen las tareas partidarias desde su casa o sus lugares de trabajo y el financiamiento se consigue de manera informal (usualmente ilegal), basada en el patronazgo, las donaciones o los recursos estatales”[5]

En América Latina las organizaciones informales de los partidos están institucionalizadas en la práctica[6]. De manera que “institucionalización”[7] y “organización formal”, no son términos necesariamente equivalentes sino más bien vinculantes y aspiracionales: uno debería conducir al otro y viceversa.

Así las cosas, la organización formal de un partido incluye altos grados de “burocratización”[8] como: una oficina central, oficinas locales, sedes y seccionales. Además de la existencia de procedimientos formales internos y establecidos de toma de decisiones, membresía y financiación, que estén en consonancia con los estatutos. Usualmente, sobre todo en América Latina, cuando se habla de más “democracia interna” dentro de los partidos políticos para contrarrestar prácticas arbitrarias como el “dedazo”, realmente a lo que se está apuntando es a la burocratización o formalización de procesos internos impersonales que limiten otras formas informales de organización basadas en el privilegio personal[9].

Institucionalización de los partidos en Guatemala

En Guatemala, los partidos políticos han sido calificados como franquicias electorales “con un alto nivel de centralización en los que el comité nacional cede la marca del partido a un líder local, quien se hace cargo de la organización municipal del partido, y a cambio recibe una candidatura” [10]. Por esta razón, en su mayoría, son partidos sin ideología, sin estatutos que se cumplan, sin formación de cuadros y sin un proyecto de Estado que contemple el largo plazo.

De manera que la “institucionalización” de los partidos políticos guatemaltecos estriba en prácticas informales que a su vez derivan de estructuras históricas como el patrimonialismo, el cacicazgo y el clientelismo, que la legislación (sobre todo la reforma de 2016 a la LEPP) no ha podido corregir.

De acuerdo al más reciente informe de ASIES sobre partidos políticos[11], los partidos políticos en Guatemala no canalizan las demandas de la ciudadanía ante el Estado, por lo cual la sociedad tampoco se ve reflejada en este tipo de organizaciones, por ello no los percibe como vehículos idóneos para encauzar sus demandas políticas. También esta actitud explica la creciente desafección hacia la democracia en Guatemala con apenas un 26% de apoyo, siendo el índice más bajo en la región después de El Salvador[12].

En ese sentido, al no haber una demanda ciudadana de genuina representación de sus intereses, no existen incentivos dentro de los propios partidos para organizarse formalmente.  Tenemos que la función vital de todo partido, el leitmotiv de cerrar esa brecha entre sociedad y Estado, no se cumple a cabalidad en Guatemala y entonces esa función es suplida por otros actores como los medios de comunicación, empresariado, ONG’s, tanques de pensamiento, iglesias, entre otros, que canalizan ciertas demandas ciudadanas, pero son incapaces de articularlas en un gran acuerdo nacional, precisamente porque su naturaleza no está concebida para la acción política. Es por ello que, en lugar de ser guardarraíles, en Guatemala los partidos políticos son más bien parapetos[13].

[1] Nos remitimos a la definición de Giovanni Sartori de Constitución, entendida como “garantía” o principios que limitan el poder arbitrario, y aseguran el control y equilibrio del poder político (Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid. Alianza Editorial. 1992. Pp. 13-25).
[2] Los guardarraíles son barreras de acero que se colocan a los lados de las vías para impedir que los vehículos se salgan del carril.
[3] Levitsky, Steven. “5. Los guardarraíles de la democracia”. Cómo mueren las democracias. Barcelona. Paidós. 2018. Pp. 117-138
[4] Un ejemplo de esto es el caso actual de España, donde la polarización política es tal, que la oferta electoral se ha fragmentado en nuevos partidos políticos de tendencia radical tanto de izquierda como derecha. Los partidos tradicionales, que protagonizaron el acuerdo político de 1978, en lugar de unirse contra la amenaza radical, han optado por el discurso polarizante, debilitando al sistema político e impidiendo la formación de un gobierno desde el año 2018 (sobre esto ver: Levitsky, Steven. “1. Alianzas fatídicas”. Ibídem. Pp. 21-44).
[5] Levitsky, S y Freidenberg, F. “Organización informal de los partidos políticos en América Latina”. Revista Desarrollo Económico. Instituto de Desarrollo Económico Y Social. Vol. 46, No. 184 (Ene-Mar, 2007), pp. 539-568
[6] El caso más evidente es el del PRI en México, donde su amplia red de patronazgo y clientelismo político ha sido la base de su maquinaria partidista por las ocho décadas que ha estado en el poder.
[7] El concepto de “institución” que tomamos es del economista Douglass North, entendidas como las normas y convenciones de una sociedad que crean límites y forjan la interacción humana en el transcurso del tiempo, tales como las leyes, los intercambios económicos, la política y las costumbres. (North, Douglass. Institutions, institutional change and economic performance. New York. Cambridge University Press. 1990, P. 3)
[8] Entendiendo burocracia en su acepción weberiana como la forma de organización estatal cuyo fin es lograr la racionalidad en las acciones gubernamentales. (Weber, Max. ¿Qué es la burocracia? Madrid. Ediciones El Aleph. 2000).
[9] El politólogo chileno Sebastián Mazzuca afirma que en América Latina, el proceso de burocratización no se consolidó. A diferencia de Europa, que durante los siglos XVIII y XIX alcanzó niveles importantes de burocratización (para finalmente democratizarse en el siglo XX); en Latinoamérica el proceso se dio a revés. En ese sentido, primero ocurrieron las llamadas “oleadas democráticas” y después los intentos de burocratización y de organización racional de Estado. De manera que, lo que se corrigió en América Latina con las llamadas oleadas democráticas fue el tema del acceso al poder político, pero las prácticas históricas de corrupción,  clientelismo y de ejercer patrimonialmente el poder político, se mantuvieron y persisten hasta hoy (Mazzuca, Sebastián “¿Democratización o burocratización? Inestabilidad del acceso al poder y estabilidad en el ejercicio del poder en América Latina”. Revista Araucaria. Universidad de Sevilla. 2002. Año 4. Nº 7)
[10] Lemus, Jonatán y Brolo, Javier. Partidos políticos guatemaltecos: cobertura territorial y organización interna. Guatemala. ASIES. 2013. P. 25
[11] Dabroy, Jahir. Institucionalización de los partidos políticos: aproximación al caso guatemalteco. Guatemala. ASIES. Nº 1- 2018. P. 58
[12] Informe Latinobarómetro 2018, p. 16
[13] El parapeto es una baranda que se usa para evitar caer al vacío. Siempre es de carácter provisional e inestable, puede ser improvisado ante una determinada situación de peligro inminente.

Un gobierno mentiroso y un presidente poderoso molesto con Guatemala. 

En una columna anterior expliqué qué significaba ser tercer país seguro de EEUU y las gravísimas consecuencias que tendría para Guatemala firmar dicho acuerdo.  El problema continúa. Alrededor del mismo, el presidente Morales ha dicho al menos tres mentiras y todo como telón de fondo a la furia de Trump con nuestro país. Repasemos el asunto.

Primera mentira: negar el acuerdo a la prensa

El presidente de Guatemala Jimmy Morales y el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirían en la Casa Blanca el 15 de julio. Esto levantó las sospechas de que se firmaría un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro. Ante los medios, antes y después de que se cancelara dicha reunión, el gobierno negaba el acuerdo. La prensa estadounidense, en cambio, lo daba por hecho.

Segunda mentira: negar el acuerdo ante la propia Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional un día antes de la reunión entre los presidentes (14 de julio) como consecuencia de una acción que promovieron unos colegas abogados y ex cancilleres ante la amenaza de que Morales firmara el acuerdo de forma simplificada, es decir, sin pasar por el Congreso. Esto motivó que la reunión se suspendiera.

La Corte solicitó un informe al presidente previo a resolver aquí es donde viene la segunda mentira del gobierno. El presidente informó a la Corte que:

«(…) los actos reclamados [la amenaza de firmar el acuerdo de tercer país seguro] constituyen situaciones que no tienen existencia real, sino más bien son basados en conjeturas, noticias de periódicos locales, cartas de Congresistas, que en ningún momento le obligan a realizar determinada actividad, por lo que la prueba ofrecida no constituye ninguna credibilidad de que firmará en el futuro algún documento de compromiso (…)». (El resaltado es propio)

Pero el 23 de julio Twitter amaneció en llamas cuando el presidente Trump tuiteó que «Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros de firmar un acuerdo de Tercer País seguro. Estábamos listos para ir (…)» (traducción libre, el resaltado es propio). ¿Entonces? ¿No decía el presidente Morales ante la Corte de Constitucionalidad, que la amenaza de firmar un acuerdo de tercer país seguro «no tenía existencia real»? El presidente Trump lo delató. Morales le mintió a la Corte.

Tercera mentira: culpar a la Corte de Constitucionalidad de entrometerse en la política exterior

El presidente Morales publicó en Facebook un escrito en el que culpa de la caída de las negociaciones entre Guatemala y EEUU a la Corte de Constitucionalidad por el fallo antes aludido. Entre otras cosas, Morales afirma:

«Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo.» (El resaltado es propio)

El presidente miente o exagera con esa afirmación. La Corte de Constitucionalidad no se entrometió con la política exterior y, mucho menos, negó que el acuerdo pudiese llegar a nacer, lo único que resolvió fue que, si el presidente Morales quiere suscribir el convenio de tercer país seguro, éste debe pasar por la aprobación del Congreso porque así lo establece el artículo 171 literal “l” de la Constitución. Algo que Morales intentó burlar suscribiendo un acuerdo simplificado, pero que finalmente no pudo ser gracias a esta acción de amparo.

Tampoco es la primera vez que la Corte de Constitucionalidad resuelve temas de política exterior, como reiteradamente ha afirmado este gobierno. En 2009 la Corte de Constitucionalidad resolvió, en el Expediente 2409-2009, un amparo a favor de Cámara de Industria y Cámara de Comercio ante la amenaza de que el gobierno de Álvaro Colom repitiese la medida de restringir el comercio con Honduras por las fronteras terrestres, una medida que había tomado en junio de aquel año durante 48 horas como consecuencia del golpe de Estado a Manuel Zelaya. De modo que el amparo provisional en el caso del tercer país seguro transita en la misma línea jurisprudencial que aquel precedente. Nuevamente, Morales miente o se equivoca (la que usted prefiera).

La furia de Trump: amenazar con subir aranceles a nuestros productos y poner impuesto a nuestras remesas

Claro está que para Trump la migración es un tema central con miras a su reelección en el 2020. En tal sentido, intentó arrinconar a México para que fuera tercer país seguro con la amenaza de imponer aranceles escalonados que comenzarían con el 5% y acabarían en el 25% si no atendían sus demandas, algo que tuvo a bien evitar el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ahora Trump ha amenazado con imponer aranceles a productos guatemaltecos y fijar un impuesto a las remesas de los guatemaltecos. ¿Es posible? Sí, pero en ambos casos podría existir un contrapeso en el legislativo de EEUU.

En el caso de imponer un impuesto a las remesas, debería producirse a través de una ley que deben aprobar ambas cámaras del Congreso americano. De hecho, fue algo que intentaron en 2017 cuando un grupo de republicanos propuso la Border Wall Funding Act of 2017.

El aumento de aranceles es un poco más complicado. El presidente Trump podría hacer uso de la International Emergency Economic Powers Act y declarar que existe una emergencia de parte de Guatemala contra la «seguridad nacional» de los EEUU e imponer aranceles usando los poderes de emergencia que dicha norma le da. En tal caso, el Congreso de EEUU podría emitir una resolución que ponga fin a la emergencia declarada por el presidente y revertir el aumento de aranceles.

Otra respuesta podría ser que Guatemala podría acudir al panel arbitral del RD-CAFTA y luego a Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que el aumento de aranceles sería en violación del RD-CAFTA. Honestamente, no es demasiado consuelo. La OMC ha estado bajo serios cuestionamientos por parte de los propios EEUU desde hace años, incluso bajo la administración Obama que bloqueó la reelección de una juez de apelaciones de la OMC. Con Trump la cosa ha ido a peor pues incluso ha planteado la salida de EEUU de la organización.

Sí, Guatemala no puede negociar de tú a tú con EEUU. La crítica central contra la administración de Morales no es esa. Lo cuestionable es el secretismo con que se han ventilado los asuntos y la poca consciencia de los problemas que traería para Guatemala aceptar ser tercer país seguro de EEUU. He ahí el problema. El segundo problema es su narrativa que invita a desobedecer a la CC, algo que data de 2017. Todo muy en contra de la institucionalidad de la que tanto carece el país.

Una ruta que trascienda la acción judicial.

Guatemala vive un proceso de transformación, de un sistema patrimonialista, en donde la corrupción y el tráfico de influencia han constituido el combustible del sistema político, a un sistema de corte republicano donde impere el Estado de Derecho. Desde abril de 2015, el Ministerio Público y CICIG encaminaron una ofensiva sin precedentes de combate a la corrupción, que ha dado como resultado una depuración de élites políticas.

A modo de analogía: Guatemala era como una casa vieja, abandonada, con cimientos al borde del colapso, el techo destruido y las paredes podridas. Y si bien el equipo de demolición ha sido exitoso en botar los cimientos podridos del viejo sistema, no queda claro quiénes serán los ingenieros que diseñen y se encarguen de construir el nuevo sistema. En este contexto, el país se enfrenta a un dilema: a cinco días de la segunda vuelta no queda claro si alguna de las dos fuerzas en la contienda tiene si quiera la noción de cómo construir sobre los avances 2015-2019.

La experiencia 2017-2019 nos ha llevado a reconocer que la construcción de una democracia institucional requiere algo más que un esfuerzo de depuración judicial. Por ello, es importante plantear una ruta hacia una agenda institucional que institucionalice los avances.

Primero, se necesita una agenda de reforma del Estado que cierre las llaves de la corrupción. Resulta urgente modificar el sistema electoral y de partidos políticos para mejorar la representatividad, a través de una revisión al sistema de distritos y los umbrales de participación.

Es necesario también revisar la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia, para evitar que otros operadores tengan injerencia sobre la elección de jueces. O qué decir del funcionamiento del sistema. Los casos de alto impacto han permitido a muchos reconocer que la justicia en Guatemala no es expedita, que el sistema está colapsado y desbordado. Atender ese mal requiere de figuras como la Aceptación de Cargos, la cual permitiría a las personas vinculadas a casos ilícitos reconocer su culpa, reparar el daño causado y recibir beneficios premiales para descongestionar el sistema. Pero además, es necesario revisar también los plazos procesales, las causales de recusación de jueces, o los plazos y requisitos en la tramitación del recurso de amparo.

Es importante atender los marcos normativos relacionados con la gestión pública. El sistema de servicio civil requiere de una modificación profunda, que permita al Estado atraer al talento humano más capacitado y remunerarle de acuerdo a metas de desempeño y no “en paquete” como ocurre con los pactos colectivos. El sistema de contrataciones públicas debe modernizarse, empezando por una separación funcional y legal entre las compras y las contrataciones. La estructura presupuestaria también requiere de una profunda revisión. Es imposible plantear política pública cuando un Gobierno se enfrenta a que más del 70 por ciento ya está comprometido por asignaciones pétreas. El planteamiento de presupuestos abiertos, de carácter multianual, con un blindaje técnico sobre los listados de proyectos de inversión, debe pasar de ser una política de un ministro a convertirse en una norma de Estado.

En el ámbito de lo privado es importante entender los vientos de cambio. Cada día son más las empresas que adoptan políticas de compliance, códigos de ética y modelos de gobernanza corporativa para atajar y prevenir prácticas de corrupción de actores individuales dentro de las organizaciones. Las políticas de ABC (Anti-Bribery and Corruption) y la certificación ISO 37001 son ahora los referentes mundiales sobre el respeto a la ley y las prácticas para prevenir la corrupción.

Ojalá que quien resulte electo el próximo 11 de agosto incorpore algunos criterios de cómo construir sobre el tablero depurado.

Dinámicas políticas en el Ejecutivo y el Legislativo.

La reforma a la Ley Electoral del año 2016 introdujo un cambio normativo del cual poco se ha discutido: la modificación del calendario electoral. Entre 2007 y 2015, la primera vuelta ocurría la primera semana de septiembre; y la segunda vuelta ocurría entre los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Es decir, el período de transición y cambio de mando tenía una duración de dos meses (de principios de noviembre al 14 de enero del año siguiente).

Ahora, con la modificación aprobada en 2016, la primera vuelta se adelantó a mediados de junio; y la segunda vuelta se corrió para mediados de agosto. Mientras que la transmisión de mando quedó el 14 de enero. Lo anterior implica que el proceso de transición pasará de dos a cinco meses para el Organismo Ejecutivo; mientras que para alcaldes y diputados (electos el pasado 11 de junio), la transición será de siete meses.

El incremento en el período de transición genera condiciones atípicas en el escenario político. Y quizá para generar un parámetro de comparación conviene voltear a ver a México, país en el que también transcurren cinco meses entre la elección (1 de julio) y la toma de posesión (1 de diciembre).

Una transición extensa genera una serie de dinámicas. La primera, es la erosión del poder del presidente saliente. Es normal que una vez hay gobernante electo, la atención mediática y de los actores relevantes migra hacia el gobierno entrante. De igual forma, los actores políticos dejan de prestar la atención al gobernante saliente al tiempo en que buscan congraciarse con los actores que asumirán el poder.  En pocas palabras, se cumple aquella frase de “muerto el rey viva el rey”.

Pero, por otro lado, para el gobernante que asumirá el poder no todo es color de rosas. Sus decisiones, nombramientos y actuaciones empiezan a estar sujetos a mayor escrutinio. Si su manejo político y su comunicación es adecuado, esto le puede generar fortalecer el capital político previo a su toma de posesión. Pero, si por el contrario el manejo político y de comunicación no es el adecuado, o si las decisiones generan rechazo ciudadano, se puede generar un desgaste anticipado al nuevo gobierno.

Es decir, la transición genera un escenario difícil de proyectar. ¿Qué tanto se erosionará el poder de Jimmy Morales? ¿Qué tanto puede ampliar su capital político Alejandro Giammattei previo a la toma de posesión? ¿Cómo se manejará la transición? ¿Quién saldrá fortalecido o perjudicado de este proceso?  ¿Cómo operará la relación gobierno saliente y gobierno entrante en el proceso de transición? Todas estas preguntas únicamente se resuelven una vez adentrado ese proceso.

Pero esto no se queda ahí. Agreguemos también la transición legislativa. Prácticamente todo el segundo período ordinario de sesiones del Congreso (1 de agosto a 30 de noviembre) se realizará en esta fase de transición política. A ello sumemos que, dada la volatilidad del sistema de partidos, hoy hay 108 legisladores que no se reeligieron. Además, hay una recomposición del balance de fuerzas en la cual el partido oficial -FCN Nación- y algunos de sus aliados -TODOS y MR- quedaron muy debilitados de cara a la siguiente legislatura. Mientras que la UNE, que hoy es principal fuerza de oposición, tiene la mayoría en el siguiente Congreso; pero al mismo tiempo, estará más enfocado en pelear su supervivencia que en dictar agenda política.

Sólo esas condiciones generan un escenario de orfandad política para la legislatura saliente. Periodo en el cual resulta muy difícil proyectar cómo operarán las correlaciones de fuerzas.

¿La alianza oficialista que hoy tiene mayoría en el Congreso buscará aprobarle un Presupuesto 2020 amigable al nuevo Gobierno? ¿Qué tanta capacidad de oposición tendrá la UNE en este contexto? ¿Qué acuerdos pueden gestarse de cara a la elección de cortes? Todas estas preguntas, al igual que en el caso de la transición presidencial, se irán resolviendo sobre la marcha. Lo cierto, es que por cualquier frente es evidente que estos cinco meses de transición atraerán incertidumbre.

La revista Estrategia y Negocios cumple 20 años. 

En 1999 Centroamérica estaba gobernada por Alfonso Portillo en Guatemala, Paco Flores en El Salvador, Carlos Roberto Flores Facussé en Honduras, Arnoldo Alemán en Nicaragua, Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica y Mireya Moscoso en Panamá.

Aquel fue un momento crítico para la región, pues a pesar de los buenos esfuerzos de algunos de aquellos presidentes -los menos- nuestros países empezaron a sentir la complejidad de la era presente. Los peores presidentes del 99 fueron el principio de la captura criminal del Estado en al menos tres de nuestros países.

Entre algunos de los fenómenos que arrancaron hace unos 20 años y que seguimos sin poder descifrar y enfrentar, están la caída en los precios de nuestros productos, el derrumbe de la globalización, el populismo, el terrorismo, la era exponencial en la tecnología, el escaso crecimiento económico frente a una creciente demanda de oportunidades y políticos iluminados que son cada uno peor que el otro.

En los siguientes datos -todos del FMI- está incluida Panamá, pues para efectos de esta nota, la considero parte de Centroamérica.

La población de Centroamérica en 1999 era de 35,3 millones y en 2018 alcanzó 48,8 millones. Con un crecimiento promedio de 2%, en 19 años, la población se incrementó en 38,1%.

El crecimiento económico promedio entre 1999 y 2018 fue de 3,8%. La inversión fue de 26,2% del PIB en 1999. En 2018 se redujo a 24,3%. Sin embargo, sin Panamá, donde la inversión representa el 44% del PIB, el resto de la región baja al 20,3% de inversión sobre el PIB en promedio. En Guatemala la inversión representó solo el 12,5%; el más bajo de la región centroamericana. 

En el índice que califica la salud democrática, en 2006, la región calificaba en promedio 6,6 puntos sobre 10. Estábamos en la categoría de "democracias con problemas". Solo Costa Rica era considerada una democracia plena en 2006. Por eso son presumidos los ticos, pero tienen razón.

En 2018, la región bajó a 6 sobre 10, y caímos a la categoría de "regímenes híbridos" entre democracia y autoritarismo. Solo Costa Rica se mantiene como democracia plena. Dichosos los ticos, pero que la cuiden.

Excepto Costa Rica, los demás países hemos deteriorado la salud de la democracia. Y se nota.

Según el índice de Estado de Derecho del "World Justice Project'', en los últimos 5 años, la región, excepto Costa Rica, califica mal. El problema es que no se ven señales de que este índice mejore; y lo grave son las consecuencias que esto significa.

20 años no es nada dice el Tango; y es cierto. Los humanos queremos que las transformaciones y el desarrollo sucedan en nuestro tiempo de vida. "Not gonna happen". Pero podemos sentar las bases.

La realidad presenta  países estancados. Guatemala en franco deterioro. Nicaragua, perdida. Esto no es cuestión de pesimismo. Son datos. Y para cambiarlos, las élites deben despertar.

Suramérica está produciendo más drogas que nunca y el consumo aumenta. El narcotráfico está contaminando la política de una manera alarmante. Guatemala carnina veloz hacia un narco Estado.

El crecimiento económico que necesita la región solo se logrará si tenemos las economías de escala, la masa crítica y el volumen que daría una Comunidad Económica Centroamericana. Pero ni hablar del tema.

Centroamérica no ha cambiado lo suficiente de 1999 a 2019. Debemos fortalecer nuestras democracias, y para eso, hace falta más gente decente y capaz en la política.

En los próximos 20 años tendremos desafíos extraordinarios. No estamos preparados para enfrentarlos.

En 2039 podemos amanecer en una Centroamérica exitosa. Esto no sucederá por magia ni nadie lo hará por nosotros. A trabajar se ha dicho. 

Lo que está claro es que Estrategia & Negocios debe seguir presente, brillando y ofreciendo guía y luz, como lo ha hecho, con gran compromiso y excelencia, desde 1999.

Falta poco para que se marche la CICIG y el caso Botín Registro de la Propiedad ilustra bien uno de los eventos que más se han instrumentalizado para atacar el trabajo de la Comisión.

Al conocerse que el tribunal de sentencia absolvió al hijo y al hermano del presidente Morales, hay dos voces que se hacen escuchar: quienes aseguran que la sentencia es muestra de un tribunal servil y que ante la salida inminente de la Comisión se han plegado a los intereses más oscuros y la otra, la de quienes afirman que es un triunfo para el estado de Derecho debido a que el problema del hijo y del hermano del presidente fue una persecución política y que el caso era, en el peor de los casos, una “cuestión administrativa”.

Creo que ambas visiones son erróneas. Los primeros por hacer caso omiso del poco tino que tuvo la Comisión en cuanto a la proporcionalidad con la que abordó el caso en contra del hijo y hermano del mandatario. Era claro que de haber sospechas de comisión de un delito, solicitar prisión preventiva e incluso imputar a Samuel Morales por lavado de dinero, parecía un sinsentido.

Pero, por otra parte, los segundos, se equivocan al tratar de minimizar las conductas de los parientes del presidente en el caso que analizamos. No era una simple “cuestión administrativa”.

Aún no conozco la sentencia para emitir una opinión más responsable, pero lo cierto es que el día que se leyó la sentencia se dio a entender que los hechos que la fiscalía y la comisión utilizaron para imputar a los acusados, fueron probados. El asunto fue que, a criterio del tribunal, éstos no constituían delito.

¿De qué hechos hablamos? Concretamente de dos hechos: el primero, que el hijo del presidente presentó una cotización falsa de una empresa que no existía con el objetivo de cumplir con el manual de compras de la institución. El segundo, que el hermano del presidente facilitó las facturas para simular que era su entidad la que prestaba un servicio al Estado.

Claro está: no se trata de un “pecado capital”, pero al menos se les pudo sancionar por falsificación de documentos privados (una pena de uno a tres años) por los hechos antes señalados. El tribunal bien pudo hacer valer el artículo 388 del Código Procesal Penal que establece: “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público.” (Y además conforme a expediente 3875-2015 de CC o expediente de casación 937-2017 de CSJ) He ahí el yerro del tribunal.

¿El fallo de la fiscalía y la Comisión? Seamos serios, los hechos imputados tenían una pena tan baja y el impacto social de la conducta cuestionada era de poca importancia que lo mejor era proceder de forma más razonable. Se pudo hacer uso de un mecanismo de desjudicialización que ahorrara tiempo y dinero al Estado y que buscara dar un castigo ejemplar tal como la imposición de una sanción económica por una conducta inapropiada. Era lo suyo.

Todas las instancias tuvieron su cuota de responsabilidad. Lo cierto es que la CICIG se marcha en unos días y nuestros tribunales no dan muestras de ser capaces de resolver de manera imparcial los casos que están en curso.

Si nos quedamos con la discusión “política” en casos como el Botín Registro de la Propiedad, perderemos de vista lo importante. No olvidemos que la cabeza de la estructura de este caso (la señora de León) recibió una irrisoria pena de Q5 mil por cometer supuestamente peculado culposo.

Guatemala y El Salvador tienen una nueva oportunidad. Costa Rica y Panamá la siguen peleando. Honduras en transición. Nicaragua perdida.    

Centro América está formada por un grupo de países con historias y testimonios fuertes, polémicos, con épocas de enormes frustraciones y con años de grandes esperanzas. En los últimos 80 años hemos vivido dictaduras militares, momentos de democracia, autocracias contagiadas con el Socialismo del Siglo XXI y bandas criminales organizadas como partidos políticos que buscan el poder para convertir gobiernos en botín y países en narco Estados o Estados criminales. 

Somos una región de países pequeños sin visión de países grandes y con élites provincianas y acomodadas. Nuestras economías no crecen suficiente y nuestros dramas sociales y políticos desbordan nuestra capacidad para encontrar consensos y tomar las decisiones que logren resolver nuestros problemas desde la raíz. 

Alcanzar el éxito en la región pasa por la creación de la Comunidad Económica de Centro América. Formar un mercado grande con economías de escala y buena infraestructura. Hacer de nuestros países un territorio libre y sin fronteras de ninguna clase, con gobiernos democráticos y republicanos, y con Estados de Derechos potentes e inquebrantables.

La clave sigue siendo la misma: Democracia, libertad, respeto a la ley y capacidad gerencial y política para gobernarnos. Y con la masa crítica para lograr tracción y crecimiento.

El Salvador tiene un nuevo gobierno que intenta construir una nueva cultura política. Si respeta las reglas de la democracia y toma decisiones estratégicas, puede recuperarse y dar la sorpresa. 

Después de varios meses de un proceso electoral viciado e inventado para favorecer a un partido político cuestionado, que finalmente perdió la elección; y contra toda expectativa, Guatemala tiene hoy presidente electo y una nueva oportunidad. 

En cuatro países de la región necesitamos rescatar y consolidar nuestras democracias. Nos toca aprender a practicar la política desde los principios y los valores, no de los intereses y la ambición; y desde el respeto y el consenso, no de la trampa y el conflicto.

Este proceso de aprendizaje debe ser profundo; y de renovación y cambio político.

Los ciudadanos, en especial los jóvenes de la región deben rescatar una ilusión entusiasta por la política y por la democracia. Pues, a pesar de todo; a pesar de las decepciones, de las faltas, los vacíos y las traiciones; y como lo confirman la historia y la estadística, el desarrollo y el éxito de los pueblos tiene nombre y apellido; y es Democracia liberal y republicana con Estado de Derecho.

Estas palabras han costado siglos, generaciones, sacrificios, dolores y sangre a quienes las han hecho realidad. Por eso, no podemos claudicar, no debemos desmayar. 

Construir una región civilizada, democrática, republicana y moderna necesita carácter, determinación y constancia.    

Por eso es tan importante el compromiso decidido de los ciudadanos para participar en los cimientos de nuevos países; naciones donde la corrupción y la impunidad sean cosa del pasado. Países donde la justicia y el Estado de Derecho tienen la preeminencia indispensable y el respeto indiscutible. Naciones en las que somos capaces de alcanzar acuerdos suficientes que nos permitan avanzar y resolver. 

Para nadie es secreto la devastación institucional acumulada y creciente que viven nuestras democracias, y la amenaza que esto representa para el Estado de Derecho y para la libertad de la región. En Nicaragua, por el momento, hay una dictadura. 

Estados sin libertad, sin democracia y sin Estado de Derecho son Estados fracasados y condenados a la oscuridad. 

Los ciudadanos de Centro América tienen la palabra.

Lo visto, visto está

La cercanía del 3 de septiembre invita a reflexionar sobre las lecciones que dejó esta experiencia tan sui géneris que nos ha tocado vivir a los guatemaltecos.  

Lo que inició como un experimento de cooperación multilateral se ha convertido en un referente mundial de apoyo a países con débil institucionalidad. Hoy en día, los gobiernos de El Salvador y Ecuador buscan incorporar modelos de cooperación multilateral para combatir la corrupción. Años atrás, Moldova y algunos países del occidente africano también han considerado la idea.

Pero el mensaje para el multilateralismo quizá sea mayor: en un contexto mundial en el que los conflictos armados tradicionales se hacen menos frecuentes, y en que las nuevas amenazas (corrupción, narcotráfico, terrorismo) germinan en Estados débiles, llegó el momento que Naciones Unidas considere incorporar una especie de “misiones técnicas de apoyo” dentro de sus ámbitos de intervención. Una suerte de “maletines azules” en lugar de los tradicionales cascos y boinas.

Para Guatemala, la experiencia fue traumática. El cuatrienio 2015-2019 trajo consigo un proceso sin precedente de lucha contra la corrupción. Ni las experiencias de Italia en los noventa (las manos limpias), Rumania en 2010-2012 o Brasil del último quinquenio es comparable en volumen, magnitud e intensidad a lo vivido en nuestro país. Más de 70 casos judiciales de alto impacto. Más de 900 imputados por delitos de corrupción.  Expresidentes, exvicepresidentes, candidatos presidenciales, ministros de estado, secretarios de la Presidencia, diputados, magistrados, jueces, superintendentes de SAT, empresarios, contratistas, medios de comunicación, abogados.

Los ámbitos de la corrupción desnudada también son diversos. La construcción de obra gris, los servicios de salud pública, las aduanas, la administración de los puertos, el pago de deuda de arrastre, la proveeduría de la seguridad social, la devolución del crédito fiscal, las obras en las municipalidades, leyes a la medida, en general, casi todo ámbito de la administración pública queda sujeto a una mera transacción: un soborno asegura el ansiado contrato o gestión en el Estado.

Pero el botín no sólo es la proveeduría o la gestión. También la contratación de personal. Diputados que influyen en ministros para contratar a sus huestes; plazas fantasmas para amigos y correligionarios para conseguirles un “ingreso” con fondos públicos. O la búsqueda de sobresueldos con los fondos de esas plazas fantasma.

Las campañas políticas manchadas por la corrupción. Dinero del crimen organizado utilizado para pagar asambleas. Fondos provenientes de sobornos o de recursos sustraídos del Estado que sirven para pagar futuras campañas y así perpetuar el ciclo de poder-corrupción. Dinero de campaña que al manejarse sin transparencia únicamente nutre el peculio de candidatos y autoridades partidarias.

Enemigos políticos, adversarios y partidos que se mataron entre sí por el poder, vinculados por una misma línea de relaciones de corrupción, por los mismos financistas o las mismas prácticas corruptas.

Y todo este sistema de saqueo se corona con un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Magistrados de altas cortes que influyen en juzgados de menor grado. Comisiones de Postulación en el que grupos de interés determinan quiénes serán los candidatos a las altas cortes a cambio de beneficios para los operadores. Intermediarios que se jactan de “controlar” cortes y juzgados para beneficiar a una determinada parte procesal. La impunidad es el hermano gemelo de la corrupción.

Esa es la realidad de un Estado capturado. Donde lo público está al servicio de la corrupción, para la corrupción y por la corrupción. Quizá en un futuro próximo veamos la reacción. Y los avances de estos años caigan uno por uno. Pero la verdad de un sistema patrimonialista en su perfección, con sus protagonistas y cómplices, ha quedado revelada. Y quizá lo que en algunos círculos no gustó fue que por primera vez alguien se atrevió a gritar que “el rey camina desnudo”.

La experiencia reciente también permitió encender la luz en medio de ese jolgorio sombrío, y permitió que todos se vieran - sin máscaras- los unos a los otros.  Pero quizá más importante, este cuatrienio generó una segmentación silenciosa esta sociedad: entre quienes durmieron tranquilos todos estos años, y aquellos que -a contrario sensu- temían la llegada del amanecer.

Y la relación entre participación y posibles resultados electorales.

A tres semanas de la segunda vuelta electoral, la encuesta de opinión pública de la Fundación Libertad y Desarrollo, realizada por CID-Gallup, arroja algunas luces sobre el escenario político.

Vale siempre recordar que las encuestas son fotografías del momento, y no son instrumentos “predictivos”. En este caso, la fotografía corresponde al período del 9 al 14 de julio, fechas en las que se procedió a levantar los datos de la medición.

La encuesta arroja un resultado que pareció sorpresivo para algunos: si la segunda vuelta fuera hoy, Alejandro Giammattei obtendría 40.6% de los votos válidos; Sandra Torres obtendría 33.4% de los votos; mientras que un 6.5% votaría nulo y 19.4% dejaría su voto en blanco.

Esta tendencia no es muy diferente a lo que las encuestas mostraban en junio pasado, previo a la primera vuelta, cuando se corrían escenarios de posibles segundas vueltas. Por ejemplo, la encuesta de CID-Gallup y Fundación Libertad y Desarrollo señalaba que en caso de producirse un balotaje entre Giammattei y Torres, el candidato del partido Vamos obtendría 38% de votos válidos, mientras la candidata de la UNE obtendría 34%. Tendencia similar arrojó la medición de Prensa Libre y ProDatos, que ubicaban a Giammattei con 54% frente a un 34% de Torres en una eventual segunda vuelta.

El resultado genera disonancia cognitiva, puesto que la intuición parecería indicar que Torres y la UNE poseen una estructura partidaria mucho más sólida y con mayor penetración territorial. Además, que el resultado de los verdes en Primera Vuelta, fue muy superior al desempeño de Giammattei y Vamos.

Sin embargo, el enemigo de Torres -y la razón de por qué en el balotaje Giammattei  le supera en intención de voto- es la opinión negativa de la candidata. La encuesta reciente de FLD y CID-Gallup muestran que un 25.2% de personas tiene una “mala” opinión de Sandra Torres; mientras un 12.1% tiene una opinión “muy mala” de ella. Es decir, 37% de negativos. Frente a ello, Giammattei tiene 11.7% de negativos (10.9% de opinión “mala” y 0.82% de opinión “muy mala”).

Esos negativos dan lugar a lo que se conoce como el “anti-voto”, el cual se refiere al rechazo que genera un candidato entre el electorado. La teoría indica que en casos de balotaje, cuando la motivación del elector es votar por el “menos malo”, el anti-voto se convierte en una motivación para votar al candidato menos rechazado. Y la encuesta arroja entonces que los negativos de Torres son tan altos, que esto invita a un porcentaje importante del electorado a votar por Giammattei.

¿Implica esto que Giammattei es el favorito entonces para ganar la Presidencia?

No necesariamente. Un dato que también evidencia la encuesta es la certeza potencial del voto. Mientras la mayor parte del electorado de Torres asegura es casi 100% seguro que irá a votar, el votante de Giammattei no es tan sólido, ya que un segmento relevante de su electorado no está 100% seguro de ir a votar.

Lo anterior se corrobora con el desglose demográfico de los votantes. Mientras Torres tiene su fortaleza entre mujeres, del área rural, de mayor rango de edad y menor nivel educativo y de ingresos; Giammattei tiene su fortaleza entre electorado urbano (tanto metropolitano como de ciudades intermedias), así como jóvenes y personas con mayor nivel educativo. Estos segmentos tienen también una característica de votación: las mujeres rurales, pobres y menos educadas tienden a ser más leales y disciplinadas en su voto. Mientras el votante joven, urbano y de más nivel de estudios tienden a ser más volátiles en su participación.

Lo anterior permite plantear una hipótesis sobre la relación entre participación y resultados electorales. Si hay alta participación en la segunda vuelta, esto favorecería a Giammattei, ya que implicaría que un porcentaje de sus votantes “volátiles” asistieron a las urnas. En cambio, si la participación es baja, la beneficiaria sería Sandra Torres, puesto que esto implicaría que de los “pocos” votantes, la proporción de electores leales de Torres es más alta.

En pocas palabras, pareciera que el resultado de la segunda vuelta dependerá entonces del nivel de participación, y particularmente, de cómo se comporta ese segmento que hoy se muestra más volátil.

Una cronología de las vinculaciones existentes en un Estado capturado.

Corría el año 2014. FECI y CICIG le seguían la pista a una red dedicada a la defraudación aduanera. Mediante interceptaciones telefónicas, armaban un rompecabezas sobre la integración de una compleja estructura criminal. Desde tramitadores, vistas de aduanas, pasando por supervisores, gerentes, intendentes, hasta el mismo superintendente. Todos, coordinados en un esfuerzo para generar riquezas ilícitas, facilitando la defraudación de impuestos en importaciones aduaneras.

La investigación determinó también que existía una estructura externa, integrada por particulares que, desde fuera del poder público, incidían en el nombramiento de funcionarios de SAT para servir los intereses de la red. El personaje que actuaba como enlace entre funcionarios y los particulares era Giovanni Marroquín Navas, cuya línea telefónica fue interceptada a partir de noviembre 2014.

Las escuchas de Marroquín permitieron identificar la trama para nombrar a Omar Franco como Superintendente de SAT, o los esfuerzos por conseguir el apoyo de Pérez Molina para nombrar un Gerente de Recursos Humanos afín a la red. Dichos episodios sustentaron la judicialización del Caso La Línea, aquel 16 de abril de 2015, y la captura de Marroquín y una veintena de personas más. Y meses más adelante, llevaría también a la captura de Roxana Baldetti y la caída de Otto Pérez Molina.

Pero eso no se quedó ahí. El análisis de las interceptaciones de Marroquín Navas evidenció que este también se dedicaba a realizar otros “trámites” tributarios. Concretamente, a entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación, además de agilizar devoluciones de crédito fiscal. Todo ello, mediante un proceso corrupto de pago de sobornos y cobro de comisiones ilícitas.

Esta línea de investigación permitió presentar el Caso Aceros de Guatemala en febrero 2016.

Pero esto tampoco se quedó ahí. La información recabada en los allanamientos de La Línea y del Caso Aceros, el examen financiero sobre los movimientos bancarios de Marroquín, y el análisis de más interceptaciones telefónicas de su línea, permitió identificar que la red dedicada a la tramitación de expedientes de crédito fiscal era de mayores dimensiones.

Esta ampliación de la investigación permitió que en febrero 2018 se presentara el Caso Traficantes de Influencias, en el cual se descubrió que personajes como el ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo, y el diputado Felipe Alejos, captaban clientes que luego eran referidos con la estructura de Marroquín Navas. Este último mantenía el mismo rol de siempre: ser el enlace con la SAT, cobrar comisiones y trasladar los beneficios económicos indebidos a los funcionarios públicos.

El análisis financiero dentro del Caso Traficantes de Influencias permitió identificar un grupo de sociedades utilizadas por Giovanni Marroquín para captar las comisiones y pagar los sobornos. Una de ellas era “Ingeniería Integral S.A.”, administrada por su hijo, Marlon. El análisis de los movimientos financieros reveló que dicha empresa transfirió recursos a otra sociedad anónima en 2015: Maariv S.A. Dichas transferencias ocurrían a pesar de que ambas carecían de relación comercial alguna.

Una búsqueda en Google de Maariv S.A. arroja varios resultados de la página del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Porque Maariv S.A. aparece registrada como financista de la campaña UNE de 2015. 

La investigación sobre financiamiento de la campaña UNE 2015, que se conducía paralelamente a la trama anterior, permitió entender por qué Maariv recibía fondos de una sociedad vinculada a Marroquín Navas. Sencillo. Era una empresa de fachada utilizada para captar fondos e inyectarlos al partido. Igual que Promotora de Recursos Habitacionales (PROHABSA), vinculada al vice presidenciable Leal, o el Grupo Inmobiliario San Felipe, vinculado al diputado Julio Ixcamey.

Maariv, Prohabsa y San Felipe son típicos ejemplos de sociedades de cartón utilizadas para captar recursos -tanto lícitos aportados de forma anónima, o fondos provenientes de corrupción- con el fin de financiar campañas. Similar a lo que ocurría con el Grupo Estrella y el financiamiento del Patriota; o el conglomerado de empresas de fachada de Manuel Baldizón utilizadas para la campaña de Líder.

Giovanni Marroquín es el centro neurálgico que permite en una misma red de relaciones, conectar La Línea, a Pérez Molina y Baldetti, algunos empresarios, con Felipe Alejos y la UNE. Personajes como este, alrededor de quienes se configuran nodos de relaciones de negocios que trascienden partidos y sectores, sobran. Algunos ya están en prisión, pero otros muchos, siguen operando en la impunidad.

Y así, quien diría que tirando de la misma cuerda que permitió dar con La Línea y que llevaría a la caída de Pérez Molina y Baldetti en 2015, permitiría dar con el financiamiento de quienes en el papel eran sus némesis políticos: la UNE y Sandra Torres. Todo un script digno de una novela best seller, una serie de Netflix, o una de esas historias enredadas propias de Quentin Tarantino o Christopher Nolan.

Pero en realidad, ese hilo conductor es el fiel reflejo de la captura del Estado. Un sistema político que sirve para satisfacer intereses de grupos criminales sin importar banderas o ideologías. Y la lógica que, para participar de esa juerga de negocios corruptos, hay que invertir en campañas electorales.

Esta es precisamente la razón por la que creo que la FECI y CICIG se les debe permitir seguir operando, incluso más allá de septiembre 2019. Porque aún hay muchas cuerdas pendientes de las cuales hay que tirar. Pero esa es la misma razón por la que muchos quieren evitarlo a toda costa: si de la misma cuerda de la que cayó el Patriota, hoy sale golpeada la UNE, ¿qué no habrá en los otros extremos de esas cuerdas aún pendientes de tirar?

Columna originalmente publicada en El Periódico.