Sigamos exigiendo...

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Guatemala tiene sed de justicia. Entre gritos, protestas y una acérrima vigilancia ciudadana, durante los últimos meses nos hemos dado a la tarea de exigirla.

Justicia. Eso es lo que dará orden a este país. Ese es el sector que debemos cuidar antes que cualquier otro. Sin certeza de castigo, sin consecuencias, todos hacen lo que les venga en gana.

Un perfecto ejemplo de esto es la actuación de los diputados este martes 22 de septiembre. Los diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) pidieron que se retirara de la agenda del día la elección del Director (a) General del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), argumentando que los candidatos que conforman la terna tienen señalamientos. Efectivamente, es así para dos de tres candidatos pero, ¿por qué no eligen entonces a la tercera opción?

El rey de los señalados es el actual director, Remberto Ruiz, a quien la bancada UNE y demás diputados cercanos parecen querer dejar en dominio del poder indefinidamente, por lo que no eligen a nadie más.

Ruiz consolida el poderío del grupo de Blanca Stalling, quien ha sido protagonista de anomalías a la cabeza del IDPP y da paso a múltiples actores cuestionados. A Stalling se le señala de haber convertido al instituto en botín de otorgamiento de plazas a sus amigos, familia y diputados allegados, y es además la “joya” vinculada al caso Bufete de la Impunidad, en el que se encuentra procesada su cuñada Marta Sierra de Stalling por beneficiar a implicados en el caso La Línea. Además, su hijo Otto Fernando Molina Stalling, se encuentra en prisión preventiva por su vinculación al caso IGSS - PISA.

Dicho en una esquina del Salón de los Pasos Perdidos: Aquí todos quieren que quede Remberto. Mantiene vivo el negocio #IDPPLibreDeCorruptos

— Carmen Aída Ibarra (@CAidaIbarra) septiembre 22, 2015

Por otro lado, el segundo candidato y actual magistrado de Apelaciones, Hugo Roberto Jáuregui, es señalado de influir en la Contraloría General de Cuentas (CGC), para que le fuera extendido el finiquito a varios candidatos que no cumplían con los requisitos de ley.

Con Jáuregui, el Movimiento Pro Justicia señala que las influencias favorecerían a diputados de la UNE, vinculados al Rey del Tenis.

La tercera candidata es la actual defensora pública, Nydia Arévalo de Corzantes. Arévalo tiene el apoyo de bancadas minoritarias del Legislativo y es la única de los tres candidatos que no tiene tachas. Sin embargo, parece ser que algunos diputados prefieren que siga Ruiz.

¡No nos acomodemos y sigamos exigiendo justicia! La última vez que volteamos la cara se nos venía abajo el país entero, y para quien quiera un país que progrese, tiene que saber que no nos podemos dar ese lujo. La justica, la verdad y el desarrollo socioeconómico cuestan. Nadie dijo que sería fácil, pero somos muchos los dispuestos a dar la batalla.

#EstoApenasEmpieza #IDPPLibreDeCorruptos

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Todos estamos conscientes que el Presupuesto Nacional está completamente desfinanciado. Bueno, todos menos la Magistrada Porras, a quien le importó muy poco el llamado a la austeridad del presidente Maldonado y lo que sufren nuestros hermanos guatemaltecos debido a las carencias en el sistema de salud pública. Porras decidió, en medio de la crisis que atravesamos, autorizar a todo el personal un bono de productividad denominado “bono revolucionario”, con lo cual erogó más de Q3.2 millones.

Además, este “gol” de la magistrada, sucede en un contexto en el que nuestro estimado presidente electo, decide tirar la toalla con el presupuesto y la Comisión de Finanzas. “El gobierno electo de Jimmy Morales se retira del análisis del presupuesto 2016“, declara su comunicado en el que confirman que los asesores designados por Morales no continuarán más en las discusiones del presupuesto con los diputados. ¡Qué servicio el que recibimos los guatemaltecos a cambio de nuestro dinero! ¿No es cierto?

Me parece que uno de mis súper héroes, Iván Velásquez, subestimó el nivel de traición que sentimos los guatemaltecos en cuanto a lo que se ha hecho con nuestro dinero, al sugerir un impuesto temporal. Y con muestras como la de Porras, no puede esperar que estemos emocionados de desembolsar un poco más y desearle buena suerte a nuestra inversión. No es que no confiemos en el MP, pero gente como la señora magistrada sigue siendo parte del sistema de justicia. Cabe entonces preguntarse, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina?

escena política se presta para impuesto específico para seguridad y justicia (contra la impunidad y anti-corrupción) hay q fortalecer Estado

— Carlos A. Mendoza A. (@camendoza72) 11 de noviembre de 2015

Por qué no creo que la idea de un impuesto específico para justicia sea buena: https://t.co/j9h1YmcxyM

— MarioE.Archila (@marioeagle) 11 de noviembre de 2015

Soy una fiel creyente en que un sistema de justicia que funciona, en el que quien la hace la paga, es la base para cualquier sociedad que anhela desarrollarse. No estoy en el más mínimo desacuerdo en que sea esa la priorización del gasto. Sin embargo, quienes en estos días estaban llamados a hacer efectiva esa priorización, han decidido que ahora los desprestigiados diputados del PP y Líder, quienes conforman la Comisión de Finanzas son de fiar, y les ha valido tres roscas y dos narices si actúan conforme a lo que desea el pueblo de Guatemala o no.

La discusión que se plantea no es discusión. El MP tiene una cobertura de apenas 33% en todo el país, y según el informe de ICEFI ocupamos el sexto lugar a nivel mundial en la tasa de homicidios, alcanzando hasta un 95% de impunidad en los crímenes. Asimismo, Guatemala destina tan solo 1.5 por ciento del PIB en las principales instancias de justicia. Al conocer estos datos, ¿estará alguien en desacuerdo con que existen graves deficiencias que necesitan ser solventadas con urgencia? No lo creo.

La clave es el orden en que se pretenden abordar los temas. Cuánto quisiera que la discusión se tratara PRIMERO sobre la priorización del gasto en el Presupuesto Nacional, y que quien liderara esa conversación fuera nada más y nada menos que el equipo de nuestro presidente electo asesorado –por qué no- por la CICIG e ICEFI quienes pueden aportar con datos y hechos como lo hicieron en su presentación el día de ayer.

Necesitamos explorar las alternativas viables para fortalecer nuestro sistema de justicia, aunque no nos gusten, a pesar de la inacción del presidente electo y las tranzas de las mafias internas. No podemos darnos el lujo que este esfuerzo de todo 2015 se debilite en las manos del miedo a revolver un poco las aguas.

Sus partidos políticos son cascarones electoreros y sus instituciones no funcionan. En muchas, la corrupción tomó el control y hace que las cosas “anden”, pero solo para unos pocos.

Desde la independencia, en los países de América Latina hemos vivido momentos de democracia, dictaduras, falsas democracias y esfuerzos importantes por avanzar en el proceso de desarrollo político y económico. Hemos tenido estadistas, hombres de Estado con visión, capacidad y honradez, que han alcanzado metas respetables en muchos países, y hemos visto una colección de forajidos y sátrapas que han dañado y retrocedido naciones, a veces, hasta la época de las cavernas, como vemos hoy a Venezuela, cayendo en extremos impensables. Y aunque en este caso será temporal, pues ese modelo es insostenible, el pueblo venezolano lo está pasando muy mal. Y el silencio y la hipocresía de la mayor parte de la comunidad internacional, además de vergonzoso, no ayuda.

Si vemos la historia de nuestro continente en el marco de los últimos cinco siglos, los avances y el desarrollo han sido extraordinarios. En especial, en las últimas cinco décadas tuvimos gran crecimiento económico, un aumento considerable en las clases medias y reducción de la pobreza. Un problema son los ciclos y las dinámicas en las que a veces caemos los pueblos, y el otro, es que los seres humanos vemos la vida y el mundo en función de nuestro tiempo útil de vida, y esto nos da un marco reducido y temporal. Insuficiente, la mayoría de veces, para alcanzar las expectativas que tenemos.

Argentina es un referente notable. Uno de los tres países más ricos del continente, con muy malas costumbres democráticas. Los 12 años de los Kirchner fueron un desastre, y veremos ahora si el presidente Macri, quien tiene las ideas, los valores y el compromiso, logra rescatar la cordura y la coherencia para devolver a Argentina al pedestal que merece. Las naciones de las que somos parte, en mayor o menor medida, están formadas por una pequeña capa de la sociedad que es rica y próspera, y en la mayoría de casos indiferente a los procesos políticos. Y por eso, sin darse cuenta, vive en peligro constante de incluso perder lo que ha logrado, aunque sea a base de trabajo y honradez. Y esto, sin profundizar en el daño que hace a las naciones esa nueva clase de ricos que han hecho y siguen haciendo fortunas a base de corrupción, negocios con el Estado y narcotráfico.

“Desarrollar naciones y consolidar democracias toma una generación de ciudadanos comprometidos. ”

Estas dinámicas han contaminado la política a niveles que han provocado la captura del Estado y la inoperancia política. Esto se refleja en la debilidad institucional de estas democracias que, aunque tengan elecciones libres, sus partidos políticos son cascarones electoreros y sus instituciones no funcionan. Es la corrupción la que toma control y hace que las cosas “anden” pero solo para unos, destruyendo, en forma lenta pero segura, los fundamentos y los valores que hacen posible una democracia, una república.

La inacción y la falta de voluntad para resolver los problemas crean las condiciones para que estos se agraven. Esta es una forma común de “solventar” problemas en muchos países. Las amenazas de retrocesos, populismos y graves caídas siguen presentes en unos países más que en otros; y estas amenazas crecen cuando se toma conciencia de que varios de nuestros países ocupan los primeros lugares del mundo en pobreza, violencia, corrupción e impunidad y los últimos en estado de derecho, crecimiento económico y solidez democrática. En este grupo están los tres países del norte de Centroamérica y Haití.

América Latina tiene un futuro prometedor, pero no vendrá solo y sin sacrificios, valores e ideas claras. La clave es que identifiquemos las malas costumbres que hemos adquirido y hagamos el esfuerzo necesario por devolver brillo y eficacia a nuestras instituciones, convencer a la juventud y a las élites de que deben participar en política, para rescatarla.

Más allá de los problemas globales, si en nuestra región, queremos darle al 2016 sabor a progreso y victoria, América Latina tendrá que redoblar esfuerzos para consolidar sus democracias y promover que sus ciudadanos se empoderen para defender con más orgullo, fuerza y determinación sus libertades civiles y su derecho al progreso y el bienestar.

Hay 4 países de América Latina que terminaron el 2015 con circunstancias extraordinarias y tienen todos los ingredientes para tener un 2016 lleno de sobresaltos, desafíos y oportunidades. En el resto de la región se mantienen ciertas tendencias y escenarios en la política y la economía que prolongan el status quo.

Estados Unidos entra de lleno al año electoral, y dadas las características de algunos de sus candidatos y la situación del mundo, sin duda alguna, será un año para recordar.

Guatemala podría estar en el inicio de una nueva era si se mantiene el apoyo de Naciones Unidas con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG; si la Fiscal General sigue “a la carga” contra corruptos y bandidos, que son muchos; si los ciudadanos mantienen la vigilancia, la presión y la presencia en las calles cuando sea necesario; y, si, en especial, los guatemaltecos logran hacer realidad las reformas que su país necesita. Si los guatemaltecos son capaces de estas hazañas, podríamos ver en este importante país centroamericano la revolución política que quisiéramos para toda América Latina.

Venezuela fue la sorpresa de diciembre. La oposición a la dictadura chavista y probablemente más de tres millones de sus seguidores se cansaron de la mentira y la locura del “chavismo”, y decidieron votar masivamente contra el gobierno, dando mayoría opositora al Congreso para cambiar el modelo autoritario que tiene secuestrada la democracia venezolana.

Es evidente que la dictadura no esperaba semejante derrota, y el tirano y sus secuaces ya están manipulando, retorciendo y estirando la pita hasta que la romperán. La era del “chavismo” está en la etapa final pero habrá que ver el costo que tendrá terminar con esa pesadilla.

Brasil, el gigante del sur, hizo evidente la debilidad de su modelo político, la ausencia de Estado de Derecho y el daño que hacen la corrupción y el populismo. Si pasan el 2016 sin que pase nada, Brasil estaría entrando a un período de profundo deterioro político y económico. Brasil necesita rescatar su sistema político, vitalizar su sistema de justicia y arrancar la gran maquinaria económica que tiene, para ser, como le corresponde, una potencia económica mundial. Y para esto, hará falta gente “importante” en la cárcel, la participación de sus mejores técnicos y estadistas, y mucha participación ciudadana.

Argentina terminó bien el 2015. Haber liquidado la desquiciada y decadente presidencia de la dama es una buena noticia para el mundo. El presidente Macri tiene una oportunidad histórica pues los desvíos de los Kirchner casi destruyen Argentina; hoy, necesitada de reformas de fondo y liderazgo.

Estados Unidos, en año electoral, dará mucho de que hablar; en especial, porque el mundo pasa por un momento delicado. La economía no levanta. La amenaza terrorista aumenta. Hay tensiones entre países que deben ser aliados para enfrentar los arrebatos de Rusia, los excesos de China y los locuras de Corea del Norte. Pero en especial, el mundo civilizado debe unir esfuerzos para enfrentar al “estado islámico” y a otros grupos terroristas o incluso “países” de Medio Oriente, que buscan la destrucción de occidente.

Más allá de los problemas globales, si en nuestra región, queremos darle al 2016 sabor a progreso y victoria, América Latina tendrá que redoblar esfuerzos para consolidar sus democracias y promover que sus ciudadanos se empoderen para defender con más orgullo, fuerza y determinación sus libertades civiles y su derecho al progreso y el bienestar. Sus élites deberán despertar y dar valor agregado a sus economías, combatir la pobreza, formar bloques económicos más grandes y asumir los liderazgos que hace tiempo, América Latina, espera de ellas.

El reto que tenemos como país es construir un Estado que permita la convivencia pacífica y libre de todas las personas que habitan su territorio sin importar su adscripción religiosa (o la falta de).

En 2014 Pew Research publicó el estudio “Religión en América Latina” en el que revelaba que en el país el 91% de las personas decían ser católicos o evangélicos. Por otro lado Latinobarómetro publicó el estudio “Las religiones en tiempos del Papa Francisco” en donde concluían que en Guatemala el 87% de las personas decían ser católicos o evangélicos.

Ante esta realidad, el reto que tenemos como país es construir un Estado que permita la convivencia pacífica y libre de todas las personas que habitan su territorio sin importar su adscripción religiosa (o la falta de).

¿Pueden construirse instituciones de un Estado laico en una sociedad con fuertes valores religiosos?

La respuesta a esta interrogante es sí. Sin embargo al observar algunas críticas hechas a determinados funcionarios públicos pareciera que existe una confusión entre el concepto de Estado “no confesional” y Estado laicista.

Por un lado, el Estado “no confesional” o laico considera que la religión es una dimensión esencial en la vida de las personas pero la aparta de ser el motor de la vida en sociedad. Un verdadero Estado laico distingue entre la neutralidad de las políticas públicas y el derecho inherente que todos los ciudadanos tienen de vivir de acuerdo a sus creencias.

Por el contrario, un Estado laicista es aquel que según el investigador de la UNAM Jorge Adame, es en realidad un Estado despótico que pretender imponer al pueblo una visión agnóstica o a-religiosa de la vida y del mundo.

Y es que Estado laico sin libertad religiosa es una contradicción. La libertad religiosa es un derecho humano lo cual, según Fernando Savater, tiene mucho sentido pues la base de la tolerancia democrática fue religiosa antes que política.

Cuando un país ha logrado separar a sus instituciones públicas de la religión, podemos afirmar con tranquilidad que un Estado con instituciones seculares puede tener gobernantes y gobernados que sean creyentes y lo expresen públicamente.

El único requisito verdaderamente indispensable es que todos entiendan que para que pueda existir un Estado democrático en el que se respeten y acepten todas las formas de pensar es necesaria la libertad religiosa, es decir ninguna práctica religiosa puede ser impuesta o prohibida.

¿Es una afrenta contra el Estado laico que el Presidente salga un sábado a orar al Parque Central? El Presidente como cualquier otro ciudadano tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado como lo establece la Constitución.

Fuente: www.guatevision.com

¿Es una afrenta contra el Estado laico que ciertos diputados decreten la lectura obligatoria de la Biblia? La educación pública está abierta para todos y debe respetar los valores de una sociedad democrática. Ésta debiera limitarse a impartir conocimiento científico y formación en valores (no religiosos) socialmente aceptados.

Tanto las personas que critican al Presidente de la República por orar en público o asistir a un acto religioso como las que proponen leyes que pretende obligar al estudio de la Biblia en las escuelas caen en distintos tipos de fanatismo. Parafraseando nuevamente a Savater, para el fanático, la fe (o la falta de) no es un derecho sino un deber que quiere imponer en los demás y esto es contrario a los valores de un Estado democrático y laico.

Respetar la libertad religiosa de todos los ciudadanos es el primer peldaño en la construcción de un Estado verdaderamente democrático y laico. No se puede pretender imponer en los ciudadanos o en los funcionarios públicos una visión agnóstica del mundo sino más bien exigir que las políticas públicas que de ellos emanen sean democráticas e incluyentes y que la religión no sea utilizada como instrumento durante las campaña política.

¿Si la canasta básica que se calculaba anteriormente estaba sobrestimando los precios, qué pasa con la línea de pobreza en el país?

Recientemente el INE actualizó la Canasta Básica Alimentaria, que constituye el conjunto de alimentos que brinda el mínimo de energía y calorías que necesita una familia. El cambio consistió en aumentar el número de productos de 26 a 34; y en agregar un componente de consumo fuera del hogar. Además se actualizó el número de miembros de la familia de 5.38 a 4.77 miembros, atendiendo a la reducción en el número de hijos por mujer que ha experimentado Guatemala en las últimas décadas. Por último, se incrementó el número de calorías mínimas que necesita una persona al día.

Sin embargo, el cambio vino con una noticia perturbadora. La canasta que se calculaba anteriormente estaba sobrestimando los precios, por lo que aun cuando se adicionan productos y se incluye un 28% de consumo fuera del hogar, la nueva canasta para octubre cuesta Q 3,549.40; mientras que la anterior en el mes de septiembre costaba Q 4,211.40. Y es más, si se le colocan los precios correctos a la canasta anterior, el costo sería aproximadamente Q 2,004.8. El costo de la canasta estaba sobreestimado en más de 100%.

Este error por parte del INE provocó distorsiones en una política clave como el salario mínimo. Siempre se había argumentado que el salario mínimo no cubría la Canasta Básica Alimentaria y por eso se incrementó de forma consistente en los últimos años. Sin embargo, cuando se colocan los valores reales a la canasta antigua, resulta que el salario mínimo actual sobrepasaba dicha canasta. La nueva canasta también tiene un elemento cuestionable y es que se considere que las familias estén dispuestas a gastar Q 1,000 para adquirir alimentos cocinados fuera del hogar. Esto representa un 28% del total del costo de la canasta, lo cual resulta poco creíble para el contexto del país. Si se considerara que todo se cocina en casa, el costo de la nueva canasta estaría muy cercano a los Q 2, 900, lo que implicaría una reducción de casi 20%.

Pero el error que estaba cometiendo el INE en colocar sobreprecios a la Canasta Básica Alimentaria, también podría estar afectando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En principio son dos canastas distintas. La canasta con el que se calcula el IPC está compuesta por 12 divisiones y 440 productos e incluye bienes que no necesariamente son indispensables para las familias como licores y tabaco. Lo que importa en el IPC es que represente, de forma aproximada, lo que las familias consumen en la práctica. Sin embargo, cuando se compara la división de alimentos del IPC con la Canasta Básica Alimentaria antigua, se comportan de forma muy similar, lo que implicaría que también se está sobrestimando la inflación en el país. Esto estaría distorsionando las políticas monetarias implementadas por el Banco Central.

Por último, queda la duda. ¿Qué pasa con la línea de pobreza? ¿También se está sobrestimando? La canasta con la que se mide la línea de pobreza es distinta a la Canasta Básica de Alimentos. Así que no necesariamente el error en una implica un error en la otra. Sin embargo, los precios de la canasta de Línea de Pobreza se actualizan con el Índice de Precios al consumidor (IPC), que pareciera tener el mismo error de la Canasta Básica. Así, lo más probable es que también estemos sobrestimando la pobreza en el país.

¿Es esta discusión trivial? De ninguna manera. Aún con el desastre institucional que tenemos, es sumamente importante que tengamos medida correctamente la pobreza, la inflación y el costo de la Canasta Básica Alimentaria. Si queremos tomar decisiones técnicas de políticas públicas, no podemos partir de datos alterados. Es simplemente inaceptable. Quiénes ven en esta discusión una agenda perversa, no están siendo honestos intelectualmente y se acogen a la tradición muy guatemalteca de desestimar los datos que no se acoplan al propio discurso.

El INE debe abrir sus bases de datos y permitir que sean auditados. Solo así se puede garantizar que no existan manipulaciones.

Publicación original en El Periódico

Nos emociona el estreno de Dimensión y les damos las gracias por acompañarnos en esta nueva aventura, que deseamos convertir en un ejercicio de ciudadanía. Les adjunto las “Preguntas Frecuentes” acerca de Dimensión, y mis respuestas a ellas.

Por qué regresar a la TV

La TV llega a mucha gente y la comunicación que se logra es efectiva. Dimensión es un programa que toma en cuenta la opinión de las personas y esto nos ayuda a desarrollar, además de nuestros programas, los proyectos de Fundación Libertad y Desarrollo.

Por qué Dimensión y Qué vamos a ver

Dimensión permite cubrir todos los ángulos. Ver las cosas en forma tridimensional. Esto es tomar en cuenta las opiniones, la diversidad y las necesidades que tenemos como país y como región. En nuestro primer programa presentamos una radiografía de Guatemala y proponemos una conclusión importante: “no tenemos un modelo de desarrollo” y luego preguntamos qué es esto y cómo se articula.

Por qué fuera de la coyuntura

Dimensión basa su esfuerzo en análisis, reflexiones y sobre todo propuestas, lejos de la coyuntura. Dimensión tienen dimensión, tiene perspectiva.

Los objetivos de Dimensión

Lograr interacción con su audiencia, sobre todo, con le gente joven.

Como Fundación y como programa de TV, presentaremos análisis, reflexiones y propuestas, que serán en gran medida, resultado de nuestra interacción con la gente, en mesas redondas, entrevistas y buena comunicación. Buscamos más participación de la gente joven. Guatemala la necesita con urgencia.

El formato dinámico del programa

El formato incluirá un documental donde haremos un análisis de fondo sobre el tema de la semana. Luego haremos una o dos entrevistas centrales alrededor del tema. A veces tocaremos uno o dos temas en un solo programa. Tendremos cápsulas donde intentaremos dar en poco segundos, información relevante sobre un tema relacionado al tema central y tendremos algunos otros segmentos, también muy dinámicos que buscan informar, motivar, y hacer el programa ameno, distinto.

Agradecemos a Canal 3 que nos abrió las puertas de nuevo. Ahora, todos los domingos a las 10 pm. Y estamos hablando con otros medios que podrían transmitirnos.

Estaremos presentes en las redes sociales, mailings y demás plataformas que la tecnología permite.

CONAMIGUA necesita a un candidato con experiencia, comprometido con la lucha de los migrantes, que entregue resultados y que sepa articularse con otras organizaciones para preparar una propuesta de política pública.

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA- “es la instancia nacional que reúne a las autoridades del Estado de Guatemala responsables de la atención y protección de los derechos humanos y garantías individuales del guatemalteco en el extranjero, con el objetivo de propiciar y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y el cumplimiento de Guatemala a los convenios, tratados y otras obligaciones internacionales en la materia."[1]

Dentro de sus objetivos podemos encontrar: Preparar, supervisar y proponer las acciones necesarias en planes y políticas públicas de atención al guatemalteco en el extranjero; asegurar la protección de los derechos humanos, civiles y laborales de los migrantes y de los trabajadores guatemaltecos en el extranjero; mantener un sistema actualizado de información sobre los guatemaltecos en el extranjero y sus organizaciones o asociaciones.[2]

Sin embargo, a casi diez años desde su nacimiento, no ha logrado cumplir con estos objetivos. En cambio el consejo, se ha especializado en acciones como: dar asesoría legal a migrantes con problemas familiares en Guatemala o a certificar cursos que hayan recibido en el extranjero para facilitar la búsqueda de trabajo al ser deportados. Esto no necesariamente está mal, pero no cumple con la labor para la cual fue concebido, ser la institución que impulse la política pública en temas de migración y que fiscalice a las instituciones del Estado sobre sus acciones en el tema.

El 5 de agosto del 2016, se publicó la convocatoria[3] para llenar la plaza de Secretario de CONAMIGUA, siendo esta la primera vez que hacen una convocatoria pública. Se sospecha que tiene que ver con la relevancia que tomaron los migrantes en el tema electoral por las reformas a la LEPP[4]. Melanie Müller, asumió la secretaría en febrero, para luego ser retirada del cargo por un amparo provisional de la CC, otorgado a diputados de la UNE y Winaq, quienes argumentaron vicios en la integración de la terna y elección de candidatos.

Según el artículo 11 de la Ley de Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, el Secretario Ejecutivo “será nombrado por el Pleno del Congreso de la República, de una lista de cinco personas con experiencia mínima comprobada de tres años en el tema migrantes.” La ley habla de la designación de una persona con “experiencia” en el tema migrantes, pero no especifica qué tipo de experiencia, ni exige mejores mecanismos para asegurar la idoneidad, más allá del filtro de la Comisión de Migrantes en la selección de los cinco perfiles que se presentan al pleno.

Según directivos de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG- esta persona debería tener, como mínimo, conocimientos de derechos humanos y de política exterior; así como experiencia en trato con diplomáticos y excelentes habilidades de negociación.

Las mismas organizaciones del Estado encargadas del tema migrante han asegurado que la coordinación que CONAMIGUA brinda al tema, no es la adecuada. Incluso, desde el Congreso y el Ministerio de Gobernación han surgido propuestas de eliminar este consejo y crear un viceministerio o secretaria enfocada en temas migratorios. Pero este tipo de propuestas volverían a caer en el mismo vacío sin un buen liderazgo al frente, que conozca la problemática y que este comprometido a mejorar las condiciones de los migrantes guatemaltecos.

CONAMIGUA nos está demostrando la fragilidad del servicio civil en el Gobierno de Guatemala, donde la meritocracia no ha alcanzado los niveles de madurez esperados y la arbitrariedad en las personas que se designan en puestos claves, tiene mucho que ver con fuerzas políticas y favores.

La discusión en el pleno sigue en pie sobre la persona que será el o la secretaria ejecutiva de CONAMIGUA, siguen aplazando esta decisión sin dar una explicación. La comunidad de Guatemala en el extranjero necesita a un candidato idóneo, con experiencia, que esté comprometido con la lucha de los migrantes, que entregue resultados y que sepa articularse con otras organizaciones para preparar el camino a una propuesta de política pública; exijamos a esa persona.

Referencias:

[1] Artículo número 4 de la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

[2] http://www.wpanet.org/uploads/News-Zonal-Representatives/wpa-policy-pape...

[3] Convocatoria para la elección del secretario y subsecretario ejecutivo de CONAMIGUA. Recuperado de http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=2222

[4] https://www.tse.org.gt/images/descargas/decreto262016.pdf

Recientes informes internacionales han venido colocando en entredicho la existencia de una República democrática y representativa en algunos países , debido al desconocimiento de elementos esenciales tales como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos, tal y como establece la Carta Democrática Interamericana (art. 3).

Los elementos esenciales de la democracia antes mencionados plantean una relación entre el “Estado de Derecho” y la democracia como medios que posibilitan la prosperidad material , derivada del disfrute de libertades que posibilitan el desarrollo económico. Es por ello, que comentaremos en esta primera entrada de nuestro blog, las razones que explicarían y justificarían la lucha por una democracia auténtica en Guatemala, contrastándolo con los principales obstáculos que imposibilitan el necesario proceso de democratización.

“Las palabras democracia, socialismo, libertad, patriótico, realista, justicia tienen varios significados diferentes que no se pueden reconciliar entre sí. En el caso de una palabra como democracia, no sólo no hay una definición aceptada sino que el esfuerzo por encontrarle una choca con la oposición de todos los bandos. Se piensa casi universalmente que cuando llamamos democrático a un país lo estamos elogiando; por ello, los defensores de cualquier tipo de régimen pretenden que es una democracia, y temen que tengan que dejar de usar esa palabra si se le da un significado. A menudo se emplean palabras de este tipo en forma deliberadamente deshonesta. Es decir, la persona que las usa tiene su propia definición privada, pero permite que su oyente piense que quiere decir algo bastante diferente.”
EORGE ORWELL   “LA POLÍTICA Y EL IDIOMA INGLÉS”, EN LETRAS LIBRES, MÉXICO, D.F, 2004, P.14.

I. EL LARGO CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA AUTÉNTICA EN GUATEMALA.

La importancia de la democracia sometida al “Estado de Derecho”, estriba en que es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos, pero no cualquier democracia, sino aquella que denominamos “representativa”. Ahora bien, la palabra democracia, no cuenta con una esencia inmutable, a tal extremo, que diversos entomólogos políticos han encontrado hasta más de mil definiciones , lo cual ha complicado su comprensión.

Sin embargo, la comprensión sobre qué entendemos por democracia, requiere prescindir de definiciones persuasivas , surgidas al calor de la lucha política, con el objeto de dirigir el comportamiento de muchos ciudadanos, la mayor de las veces hacia puertos bien distintos a la democracia como ha sucedido en Guatemala y en muchos lugares de América Latina.

En efecto, una definición de democracia debería ceñirse tal y como lo ha hecho The Economist, a aquella forma de gobierno fundamentada en la libertad política, mediante la cual los individuos disputan por el poder político a través de reglas de juego formales -reglas y procedimientos para la toma del poder político y la resolución de controversias políticas- y no sustantivas. Esta idea, lleva implícita la escogencia de representantes mediante participación electoral, ausencia de coerción arbitraria, y siempre favoreciendo condiciones de igualdad política con la finalidad de que las decisiones se tomen mediante la regla mayoritaria y no mediante consenso.

La lucha por la democracia sometida al “Estado de Derecho”, reviste importancia, dado que una democracia limitada deviene en una de las condiciones básicas para la generación de prosperidad material, puesto que el disfrute de la libertad política y de la libertad individual posibilita el crecimiento económico . Ahora bien, luce importante no ceñirse solamente a lo establecido normativamente, sino también, indagar en los obstáculos que impiden dicho propósito.

Esta idea, se refuerza si se toma en cuenta que la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 en varios de sus preceptos enfatiza que el pueblo retiene para sí la titularidad de su soberanía y con ello el sufragio universal y secreto para elegir a sus representantes. Tal democracia representativa sujeta al “Estado de Derecho”, debería procurar en primer término garantizar la libertad política, entendida ésta como la participación de los hombres en la elección de su gobierno, en el proceso de la legislación y en el control de la administración, dado que ella es el fundamento de la democracia.

La democracia auténtica, siempre formal , cuya base es la libertad política deviene en representativa, dado que el pueblo delega cuota parte de su soberanía, en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo 141), quedando la subordinación entre los mismos prohibida con arreglo al “Imperio de la ley” (art. 152), y al principio de la legalidad –o constitucionalidad- basado en el hecho de que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley y ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio.

La lucha por una democracia formal en Guatemala, deviene en un requisito previo a cualquier discusión en torno a la acción social del Gobierno, ya que lo importante previamente es la competencia libre por el poder político con el objeto de garantizar la presencia de un debate político abierto, en el que los ciudadanos decidan cuál es el representante más idóneo, y además evalúen y decidan cuál es acción de gobierno de su preferencia. Este hecho significa que la democracia es siempre formal, y no tiene una relación directa con una acción de gobierno en particular.

Esta idea se refuerza si se toma en cuenta, que incluso en aquellos sistemas como el guatemalteco, los innumerables cometidos sociales que se establecen constitucionalmente, tratan en todo momento de mantener –con tensiones indudables- las premisas del “Estado de Derecho” y de la democracia formal. En efecto, la prioridad va desde la Libertad –política e individual- hacia la “igualdad”, dado que en aquellos sistemas en donde se coloca la igualdad sin libertad, han caído las dos.

Tal y como ha dicho Sartori, “La lección que hoy nos llega del Este y de la parábola de la experiencia comunista confirma lo que la doctrina liberal ha mantenido desde siempre, es decir, que la relación entre libertad e igualdad no es reversible, que el iter procedimental que vincula los dos términos va desde la libertad a la igualdad y no también, en sentido inverso, desde la igualdad a la libertad. La “superación” de la democracia liberal no ha existido. Fuera del Estado democrático-liberal no existe ya libertad, ni democracia”.

II. LA FALSA DEMOCRACIA EN GUATEMALA: CRÍTICAS INTERNACIONALES.

Recientes informes internacionales en materia de “Estado de Derecho” y de democracia a nivel global han alertado el déficit democrático en Guatemala tomando en cuenta varios factores, mientras que otros informes han manifestado con más rigor la carencia en el “Estado de Derecho” y la democracia. Lo último no debería ser escandaloso si se repara en lo dañino que es emplear conceptos con el objetivo de deformar el entendimiento.

En efecto, dado que no existe una “democracia a medias” o un “Estado de Derecho” sin separación de poderes, es por lo que en este blog lucharemos en contra de determinados abusos del lenguaje, así como las deliberadas confusiones con clara intencionalidad política-ideológica, con el objetivo de mantener la inacción ciudadana en procura de que no se reviertan las tendencias de conculcación de derechos individuales y de libertad política.

En este sentido, resulta importante no dar por sentado la existencia real de los atributos del “Estado de Derecho” y de la democracia formal, dado que los mismos deben en todo momento someterse a un riguroso análisis por contraposición a cualquier intento ideológico por presuponerlos. Por ello, rigurosos análisis han manifestado que en Guatemala se observan síntomas altamente preocupantes, en tanto las elecciones presentan irregularidades sustanciales que a menudo impiden caracterizarlas como “libres y justas”; en los que la presión del gobierno sobre los partidos de la oposición y los candidatos deviene casi en constante en aras de favorecer la opción predilecta del sector que ejerce el poder ; en el que la corrupción tiende a ser generalizada y afianzada por la impunidad ; en el que el “Estado de Derecho” es deficiente , en el que el Estado no tiene control sobre su territorio ; así como la muy endeble “sociedad civil” por los constantes hostigamientos y presiones a la prensa, fiscales y jueces .

En efecto, la democracia al no reducirse solo a elecciones, requiere tomar en cuenta diversos factores cómo es la presencia de libertad política, dado que es el fundamento de la misma. Dada la limitada libertad política por la existencia de un sistema partitocrático conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y los altos niveles de impunidad en lo que se refiere a grupos al margen de la Ley, así como a los actores políticos, deviene en consecuencia inexorable que muchos ciudadanos descrean de la democracia dado que confunden lo existente con el ideal democrático.

La lucha por la democracia, requiere una labor de acotación de la misma, circunscribiendo la democracia a lo formal, es decir, al reconocimiento, goce y ejercicio de la libertad política. A la vez, se requiere un sólido “Estado de Derecho”, que controle el poder político, con el objeto de garantizar el respeto a los derechos individuales, favoreciendo un poder judicial que aplique justicia independiente e imparcialmente. Ahora bien, dada la violencia generalizada, la presencia de pandillas, narcotráfico, impunidad, corrupción, ausencia de independencia e imparcialidad del poder judicial, ataques y persecuciones a sectores de la sociedad civil, es importante retener que ellos no son más que consecuencias de la ausencia de “Estado de Derecho” y de democracia formal.

El aspecto anterior, reviste importancia dado que la consolidación del “Estado de Derecho” y de la democracia formal, no se logrará, “colocando la carreta delante de los bueyes”, es decir, si se antepone a dicho ideal, la necesidad de fortalecer el Estado para garantizar una mayor igualdad material. Si bien es cierto que alrededor del 60% de guatemaltecos “se muestra favorable a que el Estado guatemalteco asuma dicho papel” a través de una política de redistribución de la riqueza, ello luciría imposible en un país que se encuentra en el umbral del sub-desarrollo como Guatemala.

Este deficiente desempeño económico, se encuentra estrechamente asociado a la carencia de “Estado de Derecho”, a tal punto que Guatemala se encuentra en el puesto 85 de 102 países analizados, de lo que se colige que su institucionalidad también es frágil. Dado que la acción de gobierno en materia social no tiene ninguna relación conceptual directa con la democracia, si luce destacar que ella es solo posible mediante la generación de innovaciones, y de la promoción de nuevas empresas que compitan con las existentes, lo que permitiría un crecimiento económico, para ulteriormente plantear si es necesario el debate en torno a una posible redistribución a través del gasto social.

Es un hecho altamente conocido, que la relación entre instituciones políticas y económicas es innegable, dado que es esta combinación lo que estimula y posibilita la prosperidad material y la paz social. En tal sentido, la lucha por el “Estado de Derecho” y por la democracia formal, luce como una tarea con prioridad lógica y política, antes que cualquier énfasis en la “igualdad material”, pues tal y como prueban los hechos, el resultado ha sido que Guatemala con su deficiente desempeño democrático se encuentre por debajo del promedio general en materia de democracia en la región, y que sea además el país en el que los encuestados son “particularmente pesimistas dada la situación económica” elevando incluso la intolerancia política.

Tal y como hemos mencionado, el crecimiento económico y social, al ser siempre en casi todos los casos una consecuencia de la existencia de instituciones y organizaciones fuertes, es por lo que resulta decisiva luchar por la democracia en sentido formal, caracterizada por normas y procedimientos con arreglo a la procura del disfrute y goce de la libertad política, y no como aquella que procuraría garantizar todo el bienestar deseado por una determinada comunidad política, pues ello significaría un exceso que impediría la consecución de un objetivo más modesto, cual es, el servir de medio pacífico para la resolución de disputas y desacuerdos políticos de manera civilizada.

Aun cuando la clarificación conceptual es importante en la lucha por la materialización de la democracia basada en el “Estado de Derecho” en Guatemala, luce importante tomar en cuenta también, las dificultades históricas que ha tenido la tenaz sociedad guatemalteca en procura de cristalizar el proyecto establecido constitucionalmente. Ello significa asimilar lo establecido normativamente, y evaluar siempre las “condiciones limitadoras y restrictivas que impone la estructura socioeconómica de las diferentes sociedades”, con el objetivo de transformarlas con modestia, pues como advirtió LINZ “Lo que fue posible en España y más lentamente en Brasil, será ciertamente infinitamente más difícil en Bolivia o en Guatemala.”

III. PALABRAS FINALES

La calificación de Guatemala como un régimen político-constitucional “híbrido”, no es más que el reconocimiento de la precariedad en cuanto a libertad política y derechos individuales, los cuales son condiciones básicas para la generación de prosperidad material. Este proceso de declive institucional, se ha mantenido inalterado por décadas y en determinados momentos, se ha acelerado críticamente, por la conculcación de la libertad política, los derechos individuales, la participación política, la deliberación, la elección y la votación sin coacción, así como la ausencia de separación de poderes, y el descrédito colosal por parte de la “sociedad civil” para con el sistema de gobierno.

Esta dramática situación institucional, ha desembocado en funestas consecuencias como la escasa productividad, exiguo respeto a la Ley, merma de la inversión extranjera y nacional, escasas oportunidades, etc., que se han traducido en “fuertes motivaciones para emigrar”, elevándose la inseguridad personal producto de los frecuentes robos, secuestros y asesinatos , así como la oligopolización de la representación, producto de un sistema electoral, fundado en la asignación de privilegios a los Partidos Políticos, como si fuesen las únicas organizaciones democráticas aceptadas para la pervivencia de una democracia auténtica, lo cual se desdibuja en los hechos.

La clarificación conceptual, requiere en Guatemala un sostenido debate en torno a si es conveniente un énfasis en la acción social del Gobierno, dejando de lado la discusión por la concretización de la democracia formal, es decir, la competencia libre por el poder político. Tal situación se explica, por cuánto las elevadas preocupaciones por la “desigualdad” no se asocian al deterioro del sistema político actual, sino a un problema de personas, eludiendo el hecho de que luce pertinente, pensar en la solidez de las “instituciones” en conformidad con el “Estado de Derecho” para luego generar las condiciones económicas que posibiliten políticas públicas específicas para el mayor bienestar de la población, lo cual solo puede darse en una genuina discusión democrática.

Llegamos al final de 2017 y no logramos aliviar las amenazas que desafían la región, corregir los problemas que más nos afectan, ni activar los liderazgos que nos puedan guiar.

En los próximos 18 meses, más de la mitad de países de América Latina celebrará elecciones Presidenciales: México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Brasil, ¡Venezuela!, Colombia, Paraguay, Bolivia y algunas islas del Caribe. Y otra lista similar de países tendrá elecciones parlamentarias.

En América Latina, cada 17 años coinciden un número importante de elecciones generales en un período corto de tiempo.

En la última ronda electoral de la región vimos a Argentina liberarse de uno de los gobiernos más corruptos e incompetentes de su historia. Luego vinieron Perú y otros que están luchando por su estabilidad, pero es evidente que nos cuesta gobernarnos con efectividad para lograr tracción y consolidar.

En este momento, Honduras pasa la vergüenza de ver a sus políticos perdidos en la ambición y el irrespeto a los ciudadanos. Chile, con sus altas y bajas, sigue adelante con su proyecto de Estado y su respeto ejemplar a la democracia.

En los años de “commodities” a buenos precios, tuvimos países gobernados por aquel grupo de iluminados que se autodenominaron miembros del bloque socialista del Siglo XXI, y que se dedicaron a despilfarrar sus recursos, hipotecar sus reservas y corromper su sistema político.

Encabezados por el chavismo en Venezuela, una de las aberraciones sociopolíticas más tóxicas del último siglo, ese grupo de “gobiernos” se dedicó a construir sistemas clientelares, politiqueros, autoritarios y corruptos, que hoy, les pasan la factura a sus pueblos.

Para Estados Unidos, América Latina está formada por México, Brasil, Argentina y Chile, que representan el 73% del PIB de la región. Luego, vienen Colombia y Perú que son importantes, pero el resto somos una molestia.

Ortega y Gasset decía: “No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa”. Y en realidad, cuando vemos la mayor parte de la oferta política de América Latina, tenemos que reconocer con mucha humildad que las élites hemos fracasado de manera brutal en formar cuadros para que administren, protejan y lideren lo más importante en una nación, que es su gobierno y sus sistemas político y económico.

Los años 2018 y 2019 podrían traer una época oscura y de grandes amenazas para América Latina. Si en México gana AMLO, en Brasil regresa el PT, en Colombia se les cuela un terrorista, en Honduras, donde, lo que hay es malo, pero, lo que podría venir es peor, como también le sucede a Guatemala; Evo, que quiere quedarse con Bolivia como su finca al mejor estilo “orteguiano” y el FMLN que, se asegura la reelección en El Salvador al mejor estilo chavista; la verdad es que se puede afirmar que América Latina sigue perdida en su laberinto.

Dicen que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y en demasiados países de nuestra América Latina vemos síntomas que no son buenos. Las democracias se debilitan, las economías no crecen a la velocidad que hace falta y las elites miran ITunes, DIRECTV TV y viajan a Miami.

Llegamos al final de 2017 y no logramos aliviar las amenazas que desafían la región, corregir los problemas que más nos afectan, ni activar los liderazgos que nos puedan guiar.

Todo está de moda, menos la política y el buen gobierno, pero, el derecho a tener mejor liderazgo político se gana a pulso, con mucho trabajo y no en poco tiempo.

A veces, da la impresión que vivimos la decadencia de la cultura y que la superficialidad y el juicio rápido la han secuestrado; y nos preguntamos ¿cuál es el motor de la civilización en qué vivimos? ¿A dónde nos va a llevar?

Desarrollemos la capacidad para procesar ideas complejas y articular propuestas inteligentes; y construyamos debates de más nivel, intelectual y político. Este sería el mejor regalo para América Latina, cuando está a las puertas de un nuevo capítulo de su historia que puede ser de pronóstico reservado.