Un modelo teórico que preconfigura las razones de la cooptación.

El primer artículo de la Constitución Política de la República establece que la razón de ser del Estado de Guatemala es “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. El texto constitucional parte de la premisa que nuestro sistema es moderno, y que aspira a coordinar las relaciones sociales para promover el bienestar del colectivo. Sin embargo, el Estado guatemalteco aún mantiene rasgos pre-modernos, sobre todo, en el funcionamiento operativo del aparato estatal.

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo ilícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, la obra gris, la tercerización de negocios de licencias y pasaportes, el deporte federado y los consejos de desarrollo han sido durante las últimas dos décadas las grandes joyas de la corona para los negocios.

Por tanto, el conflicto político no es más que la disputa entre partidos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. En esta carrera, el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a las fuentes de enriquecimiento.

Este modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores –sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etcétera– han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante.

En este sistema, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de un privilegio, concesión o exención a grupos de interés.

La última característica del Estado patrimonial es su burocracia. Salvo varias excepciones, los funcionarios no se eligen por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía política. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de servicio, sino la búsqueda de riqueza vía el abuso de poder.

Por todo lo anterior, más que hablar de un Estado cooptado por una mafia gobernante, lo que tenemos en Guatemala es un sistema político con un diseño institucional pre-moderno y que genera una serie de incentivos perversos, como es ver en la acción pública una fuente de riqueza. Por esa razón es que hemos visto como partidos de derecha como de izquierda pasan por el poder, y todos operan bajo el mismo modelo de incentivos patrimonialistas.

De aceptar como válida la reflexión anterior, debemos entonces reconocer que el combate al sistema patrimonial no se limita exclusivamente a la depuración judicial de las élites que actuaron de forma ilícita en su participación dentro del sistema. Un combate profundo al patrimonialismo requiere de una agenda de modernización institucional, de un proceso sustantivo de reforma legal, de una renovación de élites y liderazgos, y sobre todo, de una revalorización ética de la política.

El voto nulo fue una de las consignas más sonadas en la plaza en 2015. Finalmente, los diputados aprobaron las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para legislar los efectos del voto nulo. Sin embargo, hay mucha desinformación en cuanto a sus efectos.

Primero, ¿qué es voto nulo? ¿es lo mismo que el voto en blanco?

El artículo 237 de la LEPP dice que voto nulo es aquel que no tenga marcado de forma certera una "X" a favor de un partido político determinado. Con lo cual, si usted marca la boleta con símbolos ilegibles, con palabras o con insultos, el voto es nulo. Este detalle es importante porque se le da la misma validez al voto nulo "intencional" que al voto nulo por error, el cual ocurre cuando una persona involuntariamente marca más de una casilla o no se distingue con claridad por qué candidato ha votado.

Ahora bien, si usted no marca la boleta y la deposita en blanco, entonces se considera voto blanco, pero no nulo. ¿Cuál es la diferencia? Para efectos prácticos, los votos blancos no tienen validez. Los votos nulos servirán para determinar si se repite la elección.

¿Si gana el voto nulo entonces habrá nueva elección con nuevos candidatos?

Sí y no. Para que gane el voto nulo, éste debe sacar más del 50% de votos válidos. Y si el voto nulo ganara, se repite la elección, pero la ley no obliga a que se presenten otros candidatos distintos. ¿Qué sentido tiene entonces? Bueno, la reforma la hicieron los políticos, así que no debe extrañar. La versión original de la reforma era que los partidos debían presentar candidatos distintos si se repetía la elección, pero los congresistas suprimieron esa pequeña frase antes de aprobarla.

Pongamos un ejemplo. Pensemos que en una comunidad donde asisten a votar 100 personas para elegir a su presidente y el voto nulo obtiene 49 votos y el resto de candidatos los restantes 51 votos. Aunque el voto nulo obtenga “mayoría relativa”, la elección no se repetiría porque debe obtener más de la mitad de los votos válidos.

En este punto hay confusión. Algunos argumentan que si el voto nulo no alcanza más de la mitad de votos, no se debería tener en cuenta el voto nulo para determinar quién sacó más de la mitad de votos. Es decir, en nuestro ejemplo anterior, dado que el nulo sacó solo 49 votos, habría que tomar como votos válidos totales únicamente los 51 que fueron emitidos a favor de algún partido político. Con ello, si un partido obtuvo 27 votos, ganaría la elección en primera vuelta.

Pero eso es no es lo que la ley dice o al menos no explícitamente. La clave está en determinar qué es un “voto válido”, pues la ley no lo define. Lo que sí define la ley es qué es un “voto inválido” y se refiere a “(…) los votos que no estén consignados en boletas legítimas, aquellos que pertenezcan a distrito electoral diferente o que no correspondan a la Junta Receptora de Votos de que se trate (…)”, artículo 237 LEPP.

A contrario sensu, cualquier voto emitido en una boleta legal y que corresponda al centro electoral correspondiente, sea a favor de un candidato o “nulo”, es un “voto válido”. Por ello sostengo el argumento de que los votos nulos deben tenerse como votos válidos a efectos de determinar cuál es la mayoría absoluta cuando corresponda.

Está claro que no se puede repetir elecciones indefinidamente, por eso el artículo 203 BIS establece claramente que se repetirían una sola vez. En segunda vuelta ya el voto nulo no tiene relevancia y ganaría el que saque más votos entre uno y otro.

El voto nulo puede "ganar" a distintos niveles

Por último, menciono que el voto nulo puede obligar a repetir una elección de alcaldes o diputados. Recuerde que el día que usted asista a votar le darán 5 papeletas: 1) presidente y vicepresidente; 2) diputados por lista nacional; 3) diputados distritales; 4) alcalde y corporación municipal y, 5) diputados al PARLACEN.

Puede ser que el voto nulo no gane en la elección presidencial (es poco probable que saque los casi 3 millones de votos que harían falta para que eso ocurra), pero puede que la elección para alguna alcaldía la gane el voto nulo. En ese caso, la elección de corporación municipal y alcalde debe repetirse. La ley permite que si hay segunda vuelta presidencial (como ha ocurrido siempre desde 1985) se celebre en ese mismo evento la elección a repetir.

¿Cómo funciona en otros países?

En general en muchos sistemas el voto nulo no tiene validez. En nuestro caso la coyuntura del 2015 generó una demanda ciudadana por el voto nulo, pero no es una solución a nuestros problemas actuales. Lo normal, en todo caso, es que sea el voto en blanco el que tenga alguna validez.

En España el voto en blanco se tiene como válido y esto es clave porque existen umbrales mínimos para asignar escaños al Congreso. Por ejemplo, para las elecciones nacionales los partidos que no obtengan 3% de votos totales no tienen derecho a optar por repartición de escaños. Si el voto en blanco es alto, se vuelve complicado llegar al 3% mínimo.

En Colombia el voto en blanco tuvo validez a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011. En ese país, si el voto blanco gana por mayoría, se repite la elección por una sola vez y deben presentarse nuevos candidatos o nuevas planillas, según sea el caso. De hecho, en 2011, en Antioquia, el voto en blanco le "ganó" una elección local al único candidato que se presentó. Tuvo que repetirse con candidatos nuevos y ganó naturalmente alguien más.

No hay muchos casos donde el voto nulo o el voto en blanco haya sido determinante en unas elecciones. En el caso colombiano solo tenemos como referencia el caso de Antioquia y en países como Ecuador, donde el voto en blanco tiene el mismo efecto de repetir elecciones, nunca ha pasado del 10%.

Hay que tener presente que desde el punto de vista de principios es deseable que el votante tenga la opción de manifestar su voto de rechazo. Pero también hay que tener en cuenta que la regulación que se eligió en Guatemala dando validez al voto nulo y no al voto en blanco, no es la más feliz. Será un tema para reflexionar en las reformas electorales del futuro.

Economía, inseguridad y lucha contra la corrupción.

James Carville, uno de los grandes estrategas de comunicación electoral a nivel mundial, ha repetido en varias ocasiones que los políticos en campaña son “vendedores de esperanzas”. Las promesas electorales apelan a la emotividad del elector: a hacer creer al votante que el candidato y/o partido en cuestión tienen la receta para resolver los problemas que afectan al ciudadano.

Por ello, si se quiere entender la razón detrás de las promesas y ofrecimientos específicos en el contexto de una determinada elección, el punto de partida debe ser el análisis de los problemas del país y los temas ante los cuales el votante puede mostrar un mayor grado de sensibilidad.

La encuesta de opinión pública, presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo el pasado 6 de marzo, elaborada por la firma CID-Gallup Latinoamérica, nos arroja algunos datos relevantes sobre las dos variables antes identificadas.

En primer lugar, es importante identificar la escala de problemas que preocupan al elector. El citado estudio de opinión claramente establece la triada temática que inquieta al guatemalteco: 24% señaló que el principal problema de país es el desempleo (al que podemos agregar un 7% que considera que el problema principal es el alto costo de vida); 21% mencionó la inseguridad como el principal flagelo de Guatemala (al que también podemos sumar un 7% que específicamente mencionó el fenómeno de las extorsiones); mientras que un 17% señaló la problemática de la corrupción.

Sobre esta escala, el siguiente ejercicio para evaluar la sensibilidad del votante es evaluar la asociación de ideas respecto a potenciales promesas de campaña. Para ello se utiliza la metodología de preguntar al encuestado si está a favor de una determinada propuesta o idea; y luego, qué tan relevante considera ese tema para la campaña electoral.

En este sentido, si el principal problema de país es económico, naturalmente habrá un alto grado de sensibilidad respecto de propuestas dirigidas a paliar tal problemática. Por ello, la idea de “atraer inversión y generar empleo” tiene 94% de aceptación; mientras 81% considera que es relevante para la elección. Pero esa moneda tiene también otra cara. Así como se puede atender la problemática económica desde la atracción de inversión, también hay quienes favorecen ideas de mayor intervención pública. Por ello, la mención de “aumentar el salario mínimo” tuvo 91% de aceptación mientras un 85% considera que es relevante para la elección. Y los programas sociales, medidos a través de la idea de “dotar de alimentos a familias en situación de pobreza” obtuvo 87% de aceptación con un 81% considerando que es relevante para la elección. Las tres mediciones de asociación de ideas revelan, que tal y como lo dijo Carville en la Campaña de Clinton de 1993, “es la economía, estúpido”.

En cuanto a la problemática de inseguridad, el ejercicio de asociación de ideas revela lo siguiente. Un 90% está a favor de que “el ejército patrulle las calles”, mientras un 84% considera que es un tema relevante para la elección. Y en una línea similar, 62% está a favor de “aplicar la pena de muerte” con un 70% que lo considera tema relevante para la elección. Esto también nos dice que el votante guatemalteco muestra un alto grado de sensibilidad respecto de propuestas “tipo mano dura”.

El tema corrupción también mostró un resultado relevante en el ejercicio de asociación de ideas. 87% considera que el combate a la corrupción es relevante para la campaña. Mientras un 69% está a favor de que “continúe la CICIG”, con un 66% diciendo que el tema debe ser discutido durante la campaña.

El ejercicio anterior nos permite entonces descubrir los ingredientes de la receta. Si usted escucha campañas con mensajes económicos, con discursos al estilo “mano dura” contra la violencia y la inseguridad, o si el tema lucha contra la corrupción o continuidad de CICIG aparece en el discurso de los candidatos, es porque están intentando vincular su venta de esperanzas, con los problemas que más acechan al votante.

La pregunta del millón será a quién de los candidatos el elector efectivamente le considera como el más indicado para atender el problema de país, y hacer efectiva la esperanza de una solución.

Un audio entre Sandra Torres y Gustavo Alejos muestra cómo se recaudaron fondos para el partido UNE en las elecciones del 2015.

Prensa Libre dio a conocer un audio que se filtró que contiene una conversación que sostenía Sandra Torres con Gustavo Alejos en 2015. Según se dice, ese audio es parte de los indicios del expediente del Caso de financiamiento electoral ilícito que presentaron CICIG y MP en enero contra varios integrantes del partido UNE.

¿Cuál era el caso?

En enero la CICIG y el MP acusan al partido UNE de: a) recibir financiamiento de fuentes ilícitas; y b) de recibir dinero lícito pero que no fue reportado a las autoridades como la ley electoral lo manda. Esto en las elecciones de 2015.

En síntesis, la acusación de financiamiento de origen ilícito viene del Caso Traficantes de Influencias donde existía una estructura en la SAT que se dedicaba a cobrar “mordidas” para “agilizar” la devolución del crédito fiscal. Según la CICIG, una de las entidades comerciales de cartón en las que se recibía el dinero de los sobornos, pagó gastos de campaña de la UNE. Ya que esas “mordidas” son fruto de delitos como de tráfico de influencias y cohecho, se considera que la campaña de UNE tiene fondos de origen ilícito.

Y la otra parte del caso se fundamenta en que hubo una serie de personas que aportaron fondos de origen lícito a la campaña de UNE pero no lo hicieron (como manda la ley) donando los recursos al partido y reportando la donación. Por el contrario, simulaban hacer “pagos” por prestación de servicios a una entidad comercial (MAARIV, S.A.) y luego desde esta entidad se pagaban gastos de campaña o se le daba directamente fondos a candidatos del partido.

¿Por qué esto afecta a Sandra Torres?

El caso intenta demostrar que la entonces candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres, tenía pleno conocimiento de la forma en que se financiaba el partido y que además dio su consentimiento para hacerlo de tal forma. A su vez, uno de los testigos dentro del caso, asegura que le entregó un cheque por Q.250,000.00 directamente a Sandra Torres. De ahí que la acusen de asociación ilícita (6 a 8 años de prisión) y de financiamiento electoral no registrado (1 a 5 años de prisión).

¿Qué pasó con el caso? ¿qué acciones proceden?

Varios de los señalados dentro de este caso están rindiendo primera declaración ante un juez. Sin embargo, Sandra Torres (acusada de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado) y varios diputados no porque gozan del derecho de antejuicio. Al ser así, la Corte Suprema de Justicia, en una inexplicable decisión, rechazó las diligencias de antejuicio en contra de Torres y los diputados de UNE.

La única acción que procede ahora es que MP y/o CICIG interpongan un amparo, que conocería la Corte de Constitucionalidad, en contra de la decisión de la Corte Suprema de rechazar el antejuicio. Pasarán varias semanas hasta que sepamos si la Corte de Constitucionalidad (CC) otorga el amparo.

Si lo otorga, lo que procede es que la CC resuelva que la Corte Suprema de Justicia deba emitir un nuevo fallo conforme a derecho. Eso implicaría que dé trámite al antejuicio y se siga el siguiente proceso: que se nombre a un juez pesquisidor que recabe los indicios existentes, que elabore un informe donde recomiende retirar la inmunidad o no a la acusada y finalmente que el pleno de la Corte Suprema de Justicia resuelva por mayoría si le retira o no la inmunidad a Sandra Torres. Esto puede tomar varios meses.

¿Qué pasará? Dependerá de la celeridad con que resuelva la Corte Suprema. Puede ser que le retiren la inmunidad a media campaña y le toque enfrentar un proceso penal. Aun enfrentando proceso penal no está claro que la ley mande a revocar su inscripción. Antes del año 2004, el artículo 217 de la Ley Electoral sí era claro en que, si se declaraba con lugar el antejuicio, la candidatura era cancelada, pero esa oración se eliminó de la ley.

Una atípica primera semana de campaña electoral.

El 18 de marzo dio inicio formalmente los 90 días de campaña electoral 2019. Una campaña que sin duda será atípica por los cambios normativos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En espacios anteriores, hemos discutido que la nueva normativa electoral tiene un efecto concreto: el capital político previo constituye el mayor activo de un candidato en la contienda. Quienes no son conocidos ya, entran en una posición de desventaja, ya que en 90 días, con acceso limitado a medios de comunicación y con un financiamiento privado que seguramente estará deprimido, hacer campaña mediática de forma masiva ya no es una opción.

En este contexto, los candidatos deberán desarrollar estrategias de campaña innovadoras y alternas si desean mejorar su nivel de conocimiento. Al tiempo que deberán conectar con las necesidades de la población si desean convertir ese conocimiento en intención de voto.

La primera semana de campaña fue un buen ejemplo de estas dinámicas de marketing político.

Edmund Mulet de Humanista, Manuel Villacorta de Winaq y Julio Héctor Estrada de CREO recurrieron a la forma añeja de darse a conocer: recorrer a pie el país. Mulet hizo recordar las campañas de Acisclo Valladares de mediados de los noventa al colocarse con una pancarta en la Calzada Roosevelt. Villacorta, con megáfono en mano, recorrió puntos clave de la ciudad y de municipios del interior del país, para hablarle a conglomerados de transeúntes presentes. Mientras que Estrada hizo campaña en buses del transporte. Los tres, con el mismo objetivo: darse a conocer.

Alguien me decía: “hacer campaña a pie era la forma en que los candidatos se daban a conocer cuando la política no era negocio y cuando no fluían los millones que inundaron las campañas electorales.”

Por otro lado, candidatos como José Luis Chea de Productividad y Trabajo, el oficialista Estuardo Galdámez de FCN-Nación recurrieron al modelo de los spots “pegajosos”, pero a intentar viralizarlos vía redes sociales.

Hablando de redes sociales, Thelma Aldana y Zury Ríos recurrieron a mensajes vía los medios digitales.

Una de las paradojas de esta semana fue la cercanía de discursos entre dos candidatos que, en el papel, debieran ser diametralmente opuestos. Sandra Torres y Roberto Arzú. La primera, prometiendo que sacará al Ejército a las calles; y el segundo, declarando la guerra a las pandillas, intentando aprovechar el caso del linchamiento en Mixco del pasado jueves. Intento que resultó fallido, dado que al compartir imágenes del linchamiento, Twitter le sancionó por incumplir su normativa.

En fin. Ambos apelaron a una necesidad latente en las encuestas. 21% de ciudadanos señala que la inseguridad es el principal problema de país; y a parte, un 7% específicamente dice que el fenómeno de la extorsión es el principal flagelo que afecta a Guatemala.

Una extrañeza de la semana fue la falta de discursos coherentes en materia económica. Las mismas encuestas señalan que un 24% de la ciudadanía dice que le principal problema es la falta de empleo; al que se suma un 7% que considera que es el alto costo de vida. Sin duda, será interesante ver cuáles candidatos intentan posicionarse sobre la temática económica; pero sobre todo, quiénes logran conectar de forma efectiva con el elector.

Así transcurrió la primera semana de campaña en el marco de unas estas alegres, pero atípicas, elecciones.

Las tres candidatas que encabezan las encuestas para llegar a la presidencia de Guatmala enfrentan problemas legales. 

Este proceso electoral será distinto por varias razones. En primer lugar, por la puesta a prueba de las reformas electorales de 2016 que cambiará profundamente la forma en que los políticos podrán hacer campaña. En segundo lugar, porque es la primera vez en la historia que tres mujeres encabezan las encuestas y en la cual las tres candidaturas enfrentan problemas legales que podrían dejarles fuera de la contienda.

Thelma Aldana: entre las acusaciones y el “finiquito”

Lo que vimos esta semana fue una auténtica novela. Mientras circulaba la información de que se había girado orden de captura en su contra, se daba a conocer que su candidatura había sido inscrita en el Tribunal Supremo Electoral.

Las dudas que quedan sobre la candidatura de la ex fiscal se relacionan con tres cuestiones:

Primera: ¿Tiene antejuicio? Para muchos, no tiene antejuicio porque no se le considera inscrita oficialmente hasta que no quede “firme” su inscripción (el plazo vence 22 de marzo a medianoche). Al margen de esto, si tiene antejuicio el expediente por la acusación penal en su contra pasará a la Corte Suprema y ésta podría despojarle el antejuicio en los próximos meses.

Segunda: ¿Procederán las impugnaciones contra su inscripción? No queda claro si el TSE admitirá impugnaciones en contra de una resolución favorable. Por el momento más de una organización política ha presentado impugnaciones que buscan que su candidatura quede sin efecto.

Tercera: ¿Qué pasará con su “finiquito”? Este tema merece explicación. En principio, el TSE la inscribió por un amparo provisional que dejaba sin efecto una denuncia que presentaron funcionarios de la Contraloría en contra de la ex fiscal. La denuncia por sí misma era una causal para que “quedara sin efecto” su “finiquito”. 

La gran pregunta es, ¿qué pasará con ese caso? ¿Qué pasa si el tribunal que conoce el amparo no le da la razón en la resolución definitiva? De ser así, perdería su finiquito. Eso puede ocurrir durante la campaña o, peor aún, en caso de una hipotética victoria no podría tomar posesión del cargo.

Zury Ríos: la polémica por la interpretación del artículo 186 constitucional

El caso de Ríos es de otra índole y se relaciona con la interpretación de la literal “c” del artículo 186 de la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción porque considera que Ríos tiene prohibición por ser hija de Efraín Ríos Montt. Agotados los recursos ante el TSE, el partido VALOR presentó un amparo ante la Corte Suprema que les fue concedido en definitiva el pasado 20 de marzo.

La gran incógnita estará en cuanto a si el Tribunal Supremo Electoral o el Ministerio Público apelan o no el amparo. Son los únicos legitimados para hacerlo. Hasta el viernes (22 de marzo) no habían sido notificados. Una vez les notifiquen, tendrán 48 horas para apelar el amparo de la CSJ.

Este caso es importante para conocer cuál es la interpretación de las prohibiciones del artículo 186 constitucional. Hay que recordar que este artículo es una de las cláusulas pétreas, es decir, irreformables de la Constitución. Para muchos, no es procedente la interpretación pro homine que hizo la Corte Suprema del artículo 186 literal “c”.

Sandra Torres: una acusación que frenó la Corte Suprema de Justicia

El caso de Sandra Torres ha pasado a un segundo plano. En enero la CICIG y el MP presentaron una acusación por varios delitos relacionados al financiamiento de campaña del partido UNE en 2015. Concretamente a Sandra Torres la sindican de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó liminarmente la solicitud de antejuicio. La decisión es sorprendente porque las acusaciones son graves y otros sindicados ya están en la audiencia de primera declaración la cual aun no termina.

¿Qué pasa ahora? Tanto la CICIG como el Ministerio Público tienen hasta el 6 de abril para interponer un amparo en contra de la decisión de la Corte Suprema de no entrar a conocer el antejuicio planteado. Es de esperar que así sea y si la Corte de Constitucionalidad otorga el amparo, la Corte Suprema de Justicia deberá iniciar el trámite del antejuicio. En un caso hipotético en que la Corte Suprema de Justicia le retire la inmunidad, se le abriría un proceso penal a medio proceso electoral o… peor aún, después de una hipotética victoria en las urnas.

Los tres casos son distintos, pero ver a las tres punteras, según las encuestas, con problemas que deben resolver las cortes complica el escenario electoral. Ya veremos en las semanas siguientes qué desenlace tiene cada caso.

Una reflexión en el marco del proceso electoral.

En cualquier proceso electoral a nivel mundial, el principal instrumento para evaluar el estado de opinión pública y las preferencias de los electores en relación con los candidatos a cargos de elección popular. Sin embargo, en prácticamente todos los procesos electorales, es común escuchar dudas, cuestionamientos y críticas contra el uso de las encuestas.

Para empezar, quizá la mejor forma de explicar una encuesta es con una analogía. Imaginemos que tenemos un clip de video, de digamos, 3 minutos de duración. La encuesta es el equivalente a tomar una fotografía o “captura de pantalla” en un momento determinado a lo largo de ese clip. La fotografía puede ser a los 10 segundos, al minuto, al minuto con 30 segundos, o a los dos minutos con 50 segundos. Y dependiendo de la imagen del video, así será la imagen de la fotografía.

Eso precisamente son las encuestas. Son fotografías de un determinado momento de la opinión pública. Y la opinión pública, cual video en la analogía, es dinámica y cambiante. La fotografía de hoy, será diferente a la de dentro de un mes, o de dentro de un año, porque la opinión pública (el video) es dinámica y va cambiando en función a variables externas.

Algunos casos relevantes. En 2004, las encuestas de principios de marzo señalaban que el Partido Popular mantendría el control del Gobierno español. Los atentados del 11 de marzo generaron tal shock en la opinión pública, que en las elecciones de los días subsiguientes, el PSOE obtuvo la victoria. O qué decir de la experiencia de Guatemala en 2015. La ofensiva anti-corrupción generó tal nivel de rechazo, aunado a la campaña de #NoTeToca, que el candidato que punteaba las encuestas al inicio del proceso (Manuel Baldizón) implosionó al punto de quedar en tercer lugar y fuera del balotaje.

En consecuencia, toda encuesta mide exclusivamente la opinión pública en el marco de un período determinado de tiempo. Verificar el período de recolección explica mucho de la fotografía presentada.

Luego, las encuestas son fotografías que si bien sirven para entender la opinión pública en un determinado momento, no son instrumentos de “predicción”. La encuesta de hoy de nada me sirve para predecir qué sucederá mañana. El mañana depende de mil y un variables exógenas. Por ello, es importante tener claro cuáles son los alcances reales de la encuesta.

Tercero, la clave de la encuesta es la metodología para definir la muestra. La estadística nos dice que con una muestra bien definida, que sea representativa del universo a estudiar, 1,200 casos son efectivos para tener una fotografía fidedigna del universo. La muestra, entonces, debe segmentarse de tal modo que se representen los conglomerados que integran al universo (género, rangos de edad, nivel de ingreso, territorialidad, clivaje urbano-rural, etc.). Y si a ello se le agregan metodologías de aleatoriedad en la ubicación de los individuos a entrevistar, preguntas de filtro y control, se genera mayor certeza sobre la confiabilidad del instrumento.

En su justa dimensión, las encuesta de opinión pública son un instrumento efectivo para tener un termómetro de lo que piensa el electorado, para analizar la evolución del respaldo o rechazo a los candidatos, pero sobre todo, para conocer cuáles son los temas que preocupan al votante.

¿Qué necesita Venezuela para librarse del régimen de Maduro?

A inicios del año, en esta misma tribuna, se plantearon varios escenarios a los que se enfrentaba la oposición venezolana en este 2019 en relación a una posible transición democrática. Felizmente, dados los acontecimientos del 23 de enero de 2019 y las semanas posteriores, pareciera que se cumplieron varias condiciones del escenario optimista y que, por primera vez en veinte años, existen elementos contundentes que avizoran el fin del chavismo. 

Ahora bien, la apuesta osada de la presidencia de Juan Guaidó, que realmente es una estrategia del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, junto con un sector del Partido Republicano de EEUU, liderado por el senador Marco Rubio; pareciera tener elementos del escenario pesimista porque se estaría arriesgando al último bastión de legitimidad en el país, que es la Asamblea Nacional, a riesgo de que este órgano pueda ser disuelto y sus representantes, encarcelados y perseguidos y no se logre la transición.

En ese sentido, no hay duda de que la salida de Nicolás Maduro del poder es el desenlace deseable. Mientras más tiempo esté Maduro en el poder, más se agudiza la crisis interna en Venezuela, y las amenazas para la región, porque recordemos que el llamado “socialismo del siglo veintiuno”, desde sus orígenes en el Foro de Sao Paulo, ha sido un proyecto de escala continental que hoy en día, gracias al viraje hacia la derecha de varios gobiernos en América Latina, sólo está en “repliegue táctico”. Sin embargo, el hecho de que la salida de Maduro sea la solución buscada, no significa que los resultados vayan a ser óptimos, pues si algo debemos entender es que el daño ocasionado a Venezuela por parte del chavismo ha sido muy profundo e inmensurable.

Los daños van desde la economía, con el envilecimiento de la moneda, la destrucción de la industria petrolera, el endeudamiento irresponsable, los controles de precios, las expropiaciones, etc. En la política, con el fraude electoral, la cooptación de los Poderes Públicos e instituciones, la judialización de la política y la politización de la justicia, las violaciones masivas a derechos humanos, la persecución política a opositores, ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, desaparecidos y torturados, la censura a medios de comunicación, el desfalco a la nación de más de 200 mil millones de dólares (se dice fácil), la narcopolítica en el Estado y en las Fuerzas Armadas (Cartel de los Soles). Además de la erosión en el tejido social que han provocado 20 años de un discurso polarizado y de odio exacerbado a clases altas. Y sin contar, una crisis humanitaria sin precedentes en el continente, con cientos de miles de muertes por falta de comida y medicinas y un éxodo masivo que según ACNUR ascenderá a 5.2 millones de refugiados este año.

En medio de este nuevo capítulo de lucha por reestablecer la democracia, el sábado 23 de febrero fue una fecha clave para el rumbo que tomarán los destinos de Venezuela en su lucha por la democracia. Ese día, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro reveló ante el mundo, que observaba atónito, su verdadera cara opresora, despótica, arbitraria e inhumana; cuando no permitió la entrada al territorio venezolano del cargamento con ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y asesinó indígenas en la frontera con Brasil. 

Ante este estado de cosas, y mientras más se le suben los costos de salida a la dictadura madurista, se abre de nuevo otro abanico de escenarios: 

Escenario moderado (países post-comunistas y Centroamérica)

Este es el escenario que el mundo tiene meses esperando y es el de la fractura dentro de la Fuerzas Armadas. Aunque no pareciera que el quiebre exista, no podemos descartar este desenlace. Lo cierto es que en las últimas semanas ha habido levantamientos y deserciones a cuenta gotas, más no un pronunciamiento masivo, lo cual sigue dándole margen de maniobra al régimen. Por otra parte, algunos analistas incluso cometen la ligereza de afirmar que la oferta de amnistía que se le hizo a los militares que apoyaran una transición democrática se queda corta o no es suficiente, lo cual básicamente no sería una rama de olivo sino un cheque en blanco de impunidad total. Y sabemos los daños profundos que este tipo de acciones trae a una sociedad que necesita justicia para poder pasar la página, el ejemplo está en Colombia con los acuerdos de paz. Lo cierto es que la falta de pronunciamiento del cuerpo castrense revela la participación cómplice y la estructura depredadora del factor militar venezolano dentro de la narco dictadura chavista-madurista.

En ese sentido, y dicho lo anterior, en el supuesto de que de hecho los costos de liderar una transición se bajen significativamente para las Fuerzas Armadas, el resultado será la liberación de Venezuela de una tiranía opresora y de las peores que ha visto el continente, y la transición hacia una democracia. Pero, aclaremos, el resultado será una democracia –y esto hay que decirlo– que estará cooptada por intereses criminales, derivados de los privilegios hacia los militares y el hecho de haber dejado intacta la estructura delictiva que les protege. De tal suerte que, derivada de esta transición, el problema de Venezuela a partir del esperado “día después”, será lidiar con el cheque en blanco otorgado a sus “liberadores”, lo cual probablemente lleve a la consolidación de un Estado criminal o mafioso, con una fachada de democracia. El cual ha sido el caso de los países post-comunistas como Rusia y los Balcanes, pero también el de Honduras y Guatemala, en América Latina. 

Escenario estático (Cuba y Corea del Norte)

Si algo ha demostrado la dictadura en estos 20 años es su capacidad de resistir los escenarios más imposibles y la capacidad de normalizar las crisis. Recordemos que más o menos parecido a este escenario, fue el período de consolidación de la “revolución cubana”, en su deriva totalitaria de los años sesenta, que resistió crisis geopolíticas, bloqueos financieros, invasiones militares y atentados. Sabemos que hoy no estamos en el contexto de la Guerra Fría y que prácticamente todo el mundo libre reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado y repudia la narco-dictadura madurista; pero tampoco es menos cierto que la presión internacional tiene límites y que se necesita alguna acción de fuerza, por la vía que sea, que saque irreversiblemente al régimen de Miraflores.

En este sentido, de no lograrse la transición democrática ni el quiebre interno de la cúpula militar, Venezuela pasaría a ser una de las tantas reliquias del comunismo en el mundo como Cuba y Corea del Norte. Ahora sí con un Estado totalitario, plenamente consolidado, con la oposición política completamente exterminada (asesinados, presos o en el exilio), con el partido de gobierno completamente purgado y con una población plenamente sometida a uno de los sistemas de control social y biopolítico más viles y crueles que el mundo occidental haya visto o tenga registro.

Escenario extremo (¿Panamá o Libia?)

Es un escenario de cambio violento. Presupone que EEUU y aliados van un paso más allá y hacen una incursión militar. Este es un escenario delicado y difícil de medir en el tiempo. Algunas opiniones sugieren que pudiera ser un enfrentamiento “quirúrgico” al estilo de Noriega en Panamá, en 1989. Sin embargo, en el caso venezolano existen otras variables que hacen impredecibles los resultados de una intervención militar extranjera. Primero, además de un ejército regular altamente blindado con armamento ruso, hay que evaluar la presencia en Venezuela de grupos irregulares como ELN, FARC, Hezbollah, ETA, milicias civiles, crimen organizado y narco, además de las alianzas geopolíticas con el bloque anti-occidental liderado por Rusia, China, Irán, Turquía, etc. Estos elementos pueden hacer de un conflicto armado en Venezuela, una crisis de escala internacional prolongada de proporciones ciclópeas, que difícilmente derive en una transición democrática, pero que probablemente nos lleve a un Estado fallido al estilo de Medio Oriente o África, con facciones armadas regulares e irregulares apoderadas de recursos naturales y un éxodo de población civil refugiada mayor al que ya existe.

En conclusión, los tres posibles escenarios son sub-óptimos y tienen costos. No cabe duda que el culpable de cualquiera de los desenlaces es el propio Maduro, al haber comenzado desde 2014 a radicalizarse y a cerrar las vías de expresión política a la oposición y a la sociedad civil y a no reconocerle sus espacios. Esperemos que, por el bien de la región, se logre una transición democrática y una recuperación económica cuanto antes y así se cierre de una vez por todas, uno de los capítulos más ominosos de la historia de América Latina.  

Una condición necesaria para contrarrestar el poder patrimonialista.

La sociedad política guatemalteca es bastante compleja. Para empezar, hay dos dimensiones de actores que coexisten en un mismo tiempo y espacio bajo lógicas e incentivos diferentes.

Por un lado, encontramos a los actores político-partidarios, que con honrosas excepciones, han sido los grandes participantes de esta juerga de 30 años de expoliación. Los actores partidarios se rigen bajo una lógica puramente patrimonialista: obtener rentas de la acción política. Para ellos, las campañas y el financiamiento político no son más que la inversión que permite participar de la repartición de utilidades de los negocios patrimonialistas. La actividad partidaria tampoco se caracteriza por ser ideológica o programática. Tan sólo piense cuándo fue la última vez que escuchó a un partido político sentar postura frente a los grandes temas del país, o en relación a los temas que más fisura social generan (CICIG, modelo económico, justicia transicicional post-conflicto, el debate sobre la utilización de recursos naturales, etc.)

Para terminarla de amolar, los partidos tampoco se preocupan por generar organización formal, sino que recurren al modelo de franquicias para tercerizar en caciques locales la administración de la marca. En pocas palabras, son meros vehículos organizados para acceder a la repartición del patrimonio del Estado.

Frente a esta dinámica, encontramos la segunda dimensión de actores en nuestra sociedad política: los actores no partidistas. Aquí encontramos una amalgama bastante amplia de sectores y actores. Desde el empresariado con sus cámaras y gremios, pasando por las organizaciones sociales, tanques de pensamiento, expresiones de la academia, medios de comunicación, pensadores, columnistas de prensa, por mencionar algunos.

En este mundo la dinámica es diametralmente opuesta a los partidos. Aquí florece la ideología. Sin ir tan lejos: en Guatemala las universidades tienen más ideología que los mismos partidos. También, aquí vemos mayor esfuerzo por generar propuesta programática. Y sobre todo, son los actores que rápidamente toman posturas ante las dinámicas estructurales y coyunturales del país.

Sin embargo, esta segunda dimensión de actores tiene un gran problema. Derivado de la historia reciente del país, de los traumas no sanados del conflicto armado, del modelo de educación escolástica que impera en el país (en dónde se fomenta la repetición de verdades y no el cuestionamiento y el pensamiento crítico) y como consecuencia de nuestra tradicional desconfianza, en esta dimensión impera la fragmentación y la polarización. Esto hace muy complicado que diversos sectores puedan incluso sentarse en una misma mesa, aún si sus posiciones no son tan divergentes entre sí. También provoca que exista desconfianza y rencor mutuo a flor de piel: los empresarios no se sientan a dialogar con organizaciones sociales y viceversa; los académicos y profesionales de la Universidad liberal no se sientan con los de la Universidad pública y viceversa. Y así sucesivamente el mal se repite una y otra vez.

Todo lo anterior tiene dos efectos. Primero, una enorme anomia política que limita la capacidad de los grupos relevantes de la sociedad de plantear agendas en común. Y segundo, la incapacidad de los actores fragmentados y polarizados de actuar como contrapeso al poder de los actores partidarios que operan bajo lógicas patrimonialistas.

Por ello, todo esfuerzo de generar una agenda de reencauce de país debe partir de un esfuerzo por reducir los prejuicios y la desconfianza. Sin ese paso previo, ningún ejercicio de construcción de consensos o de formulación de planes estratégicos puede dar frutos positivos.

El 2019 no solo trae las elecciones generales, sino que también se elegirán a los magistrados de la CSJ y de la CC. 

Todos los focos están puestos en las elecciones generales que tendrán lugar el 16 de junio próximo donde elegiremos al nuevo Congreso y a los nuevos titulares del poder ejecutivo, sin embargo también en este 2019, habrá relevo en el poder judicial.

Por primera vez desde hace 20 años (aquella CSJ 1999-2004), se elegirán los tres poderes del Estado en un mismo año. En pocos meses arrancará el proceso de designación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones. Tocará elegir 13 magistrados de la CSJ y 210 magistrados que ocuparán 42 Salas de Cortes de Apelaciones.

Naturalmente para el ciudadano medio la elección de las Cortes es mucho más difícil de seguir. Primero porque las nóminas las prepara una comisión de postulación y dar seguimiento al proceso es costoso en términos de tiempo e información. En segundo lugar, porque aunque se hagan públicos los nombres prácticamente, dada la cantidad de aspirantes y de vacantes por llenar, el ciudadano medio no conoce a los abogados que optarán por las magistraturas.

¿Por qué es tan importante la elección de las Cortes?

Lo cierto es que los grupos oscuros del narcotráfico y del crimen organizado están al acecho de la elección de las cortes. Probablemente dediquen más esfuerzos a la elección del poder judicial que a las elecciones generales. Garantizarse una Corte Suprema afín y colocar la mayor cantidad de magistrados de salas de Cortes de Apelaciones les garantiza un control importante sobre los casos de corrupción abiertos y que podrían venir en el futuro.

Hay que recordar que todos los antejucios pasan primero por el filtro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Contra todo sentido común, hace unos días la CSJ rechazó, sin entrar siquiera a conocer el caso, el antejuicio que planteó el MP contra Sandra Torres y otros funcionarios ligados al partido UNE.

Claro está que hay que respetar lo que decidan las cortes, pero lo decidido por la CSJ carece de sentido. Había indicios más que suficientes para, por lo menos, discutir la conveniencia de retirar el derecho de antejuicio dado que se contaba con evidencia documental y con escuchas telefónicas.

Ahora la Corte de Constitucionalidad (CC) tendrá que conocer un amparo contra la decisión de la CSJ de no tramitar el antejuicio. En estos momentos se espera que la CC dé un equilibrio y enmiende la plana a la CSJ.

Los magistrados de Salas de Corte de Apelaciones también son importantes. No hay que olvidar que son los órganos encargados de conocer de cualquier antejuicio contra los alcaldes municipales. Las municipalidades son presa de la captura de crimen organizado especialmente en regiones donde la presencia del Estado es casi nula.

Por otra parte, es frecuente que la CSJ designe a las Salas de Apelaciones la tarea de desempeñarse como jueces pesquisidores en aquellos casos en que la propia CSJ debe conocer el antejuicio.

Sin olvidar, por supuesto, que un país que aspira a tener un Estado medianamente funcional necesita de un sistema de cortes que funcione. Algo que desde hace muchos años no ocurre en nuestro país debido al caduco sistema de designación de cortes. Desde que el crimen organizado hackeó el sistema de comisiones de postulación, las cortes están acechadas por grupos oscuros.