Mucho hemos escuchado sobre cómo las nuevas tecnologías y las redes sociales han despertado cambios y movilizaciones en las sociedades: la Primavera Árabe en el Medio Oriente, los movimientos Occupy en Estados Unidos y el mundo, los Indignados en España... Pero, ¿le damos todo el crédito a la tecnología? ¿Tendrá en efecto tantísimo poder?

Las redes sociales están, indiscutiblemente, afectando y transformando sociedades y tendencias tanto en política como en los negocios, en las escuelas y en las formas de activismo social. Sin embargo, no está claro quién es el responsable directo de los cambios que experimentamos en el mundo. Parece que el rol fundamental de estas herramientas quizá ha sido malinterpretado o malentendido.

Veamos el caso de Egipto. En su punto más álgido, de los 7.1 millones de egipcios que tienen Facebook, la página a la que se le atribuyó provocar las protestas que trajeron abajo a Hosni Mubarak del poder, contaba con tan solo 350,000 miembros [1]. Las protestas, en cambio, sí contaron con la participación de millones [2].

La Universidad de George Washington realizó recientemente un estudio que concluía que lo que mostraban redes sociales como Twitter, era un gran poder como herramienta para internacionalizar noticias, pero no necesariamente para alguna otra cosa [3]. El estudio analizaba a fondo los tweets realizados referentes a los levantamientos en Libia y Egipto, y encontró que más del 75% de las personas que hicieron clic en los links que aparecían dentro de los posts de Twitter, fueron hechos por personas fuera del mundo árabe. El número de personas que estaban visitando esos links, además, fue estrepitoso solamente durante los grandes momentos noticiosos, y particularmente cuando Mubarak estuvo a punto de renunciar del poder. Por el contrario, el número de clics desde dentro del mundo árabe fue significativamente más pequeño, pero más sostenido y con menos fluctuaciones en cuanto a lo noticioso del momento.

Un segundo estudio realizado por el US Institute of Peace, también concluyó que parecía que los “nuevos medios” no jugaron un rol significativo ni en alguna forma de acción colectiva dentro del país, ni en la difusión regional de los levantamientos [4].

En el caso de los movimientos de los Indignados en Madrid y los movimientos Occupy (más de 2,600 alrededor del mundo), no son sus consecuencias políticas casi nulas las que llaman la atención, sino la rapidez de su proliferación y con la que se convirtieron en protagonistas del debate público. Como bien señala el escritor de crónicas estadounidense, Todd Gitlin: “Esas conversaciones alrededor de la guerra, la insatisfacción, la política degenerada y la promesa reprimida de democracia que durante los años 60 tardó 3 años [en concretarse], en el 2011 tardó 3 semanas”[5].

“Las redes sociales y demás tecnologías de la información son, al final del día, herramientas utilizadas por quienes realmente generan el cambio subyacente y verdadero: personas.”

Pero, ¿cuál es el impacto real? No debemos perder de vista que las redes sociales y demás tecnologías de la información son, al final del día, herramientas utilizadas por quienes realmente generan el cambio subyacente y verdadero: personas.

Para que las nuevas tecnologías tengan un impacto, deben estar orientadas hacia una meta y deben tener usuarios estratégicos que las dirijan; el ojo debe estar puesto en los cambios que éstos -los ususarios- han tenido, tienen y tendrán.

¿Qué podemos aprender del análisis del pasado de otras naciones para el presente de Guatemala?

Claro está, los conductores y dirigentes del cambio somos nosotros, y la tecnología si bien es el altavoz que genera un conocimiento exponenciado y globalizado, no garantiza que nuestros mensajes sean adoptados o meditados por quienes los escuchan desde una posición de poder, esto último permanece en las manos de cada uno de nosotros.

Una breve explicación de los sucedido. Subtítulos en español disponibles al hacer clic en el botón "CC" y luego cambiando el idioma en "settings".

Fuente: Global Guide

1. http://www.mvfglobal.com/egypt

2. Moisés Naim, “The End of Power”, Ch. 1, 2013.

3. Joseph Marks, “Tech Roundup”, Government Executive, 2011.

4. Aday et al., “New Media and Conflict After the Arab Spring”.

5. Todd Gitlin, Occupy Nation: The Roots, the Spirit, and the Promise of Occupy Wallstreet, Harper Collins, 2012.

La mente es el epicentro de la acción humana y la política el medio para afectar, para bien o para mal, a más seres humanos.

La mayoría de científicos coinciden en que el universo y la mente son los elementos más complejos y difíciles de entender en esta creación de la que somos parte. Sobre la mente hay mucho que decir, empezando porque nuestro cerebro tiene más o menos 100 mil millones de neuronas -- el mismo número de estrellas que tiene nuestra galaxia -- interconectadas que son capaces de procesar información, emociones y decisiones con un nivel de complejidad con el que no existe computador que pueda competir.

Entre las habilidades de la mente está crear escenarios ficticios a los que damos valor de realidad. Es un mecanismo de defensa que también ayuda a calmar la conciencia. Esto pasa con el optimismo y el pesimismo, en la toma de decisiones con premisas falsas y con la indiferencia y la negación para hacer los sacrificios o esfuerzos, a veces indispensables, para salvar el futuro. Por eso explotan las crisis.

No es casualidad que vivamos en un mundo lleno de ideas innovadoras y soluciones eficaces a los crecientes desafíos de la modernidad; mentes brillantes y generosas, que en cabeza de genios, científicos y emprendedores están logrando avances extraordinarios.

Lo que viene de 2020 en adelante en la medicina, educación, transporte, comunicación, robótica, inteligencia artificial, mecanización y energía entre otros, traerá un nivel de disrupción en nuestras vidas que nos obligará a hacer ajustes y esfuerzos que hoy, no podemos siquiera imaginar.

Tampoco es casualidad ver mentes enfermas, generadoras de conflicto y destrucción, capaces de someter y esclavizar a millones de seres humamos. Así, vemos en África personajes como Mugabe, Biya, Nguema o las milicias que se matan en Sudan del Sur por el poder, quienes por décadas han sido los tiranos de millones de africanos. En Asia, Kim Jong Un, Mansur o al Ásad, asesinan ciudadanos por deporte; y no muy lejos, les siguen Maduro, Castro y algunos otros en América Latina, que son capaces de secuestrar el poder en sus países y robarse la democracia, la libertad y la esperanza de millones de seres humanos.

La ambición, la corrupción y la ineptitud son vicios muy comunes entre muchas de las personas que buscan el poder político. La incapacidad y la indiferencia son el denominador común en millones de ciudadanos que terminan de víctimas de los primeros. Y a través de la historia, vemos cómo estos fenómenos se repiten una y otra vez. Antes, los tiranos y los corruptos llegaban al poder por un golpe de Estado o por un fraude electoral. Hoy es común que los pueblos elijan a sus verdugos.

En América Latina cambiará la mitad de presidentes en los próximos 18 meses. Los pronósticos no son buenos. Centro América es noticia solo para el escándalo, la corrupción, los fraudes electorales, la elección de mediocres para gobernar y el tráfico de drogas. Su futuro sigue comprometido. Sus élites siguen “mia”.

Pocas economías del mundo avanzan con salud. Las potencias están enrocadas y sin consensos indispensables para el futuro.

Estos fenómenos, los buenos y los malos, seguirán en 2018.

A las oportunidades por las que luchamos y los desafíos que enfrentamos se suma un nuevo reto: ¿Qué está sucediendo con la mente y con la integridad emocional del ser humano?

Estamos más interconectados que nunca, pero al mismo tiempo, vivimos una era creciente de soledad personal y de sálvese quien pueda. Algo está fallando en la dinámica entre la evolución de la mente, la revolución tecnológica y la vida supersónica.

La mente es el epicentro de la acción humana y la política el medio para afectar, para bien o para mal, a más seres humanos.

Más que la ficción o la complejidad, aprendamos a manejar la información, las emociones y las decisiones para mejorar el rumbo de la humanidad.

El optimismo es bueno para la salud. Es vital creer y sentir que todo está bien, pero es más importante hacerlo realidad.

Hacen falta liderazgos que sean capaces de canalizar en forma positiva la energía ciudadana que estamos estrenando en el país. El momento es ahora.

Ya es noticia mundial que Guatemala sufre una de las explosiones más fuertes de la crisis permanente en la que vive. Desde la apertura democrática en 1986, Guatemala no fue capaz de articular y consolidar un sistema político democrático, institucional y garante de un estado de derecho que garantice los derechos y libertades del ciudadano.

Muy lejos de esto, se ha venido consolidando a través de los años un aparato criminal que ha secuestrado al Estado y lo ha convertido en botín de los distintos grupos que llegan al poder. Aliados con carteles de narcotraficantes y a través de una estructura de empresas de cartón, saquean la arcas del Estado y corrompen todo lo que tocan. Esto ha convertido a la política en Guatemala en un monstruo con vida propia.

Esos grupos “políticos” son capaces de financiar sus propias campañas, utilizan el sistema de justicia a su antojo y pasan por encima de quien sea para lograr sus objetivos. La costumbre a esta “cultura política” nos ha hecho escépticos, y la mezcla entre frustración e impotencia nos ha habituado a vivir con fuertes dosis de conformismo y pesimismo.

“Las reformas que el país necesita son más que urgentes. No podemos seguir dando aspirinas a un paciente con cáncer.”

Estoy de acuerdo en que hacen falta liderazgos que sean capaces de canalizar en forma positiva la energía ciudadana que estamos estrenando en Guatemala. Si estos aparecen y logran interpretar, ordenar y transmitir el sentir popular, podríamos ver hacerse realidad algunos de los milagros que hace mucho tiempo esperamos para este gran país centroamericano.

El reto es para las élites. ¿Tienen la visión, el valor y las ganas de aprovechar este momento estelar que la historia les presenta para intentar hacer los cambios que el país necesita?

Estos son cambios que solo se pueden hacer a través de un extraordinario movimiento cívico e intelectual que esté en la frontera entre la audacia y la temeridad, y que logre rescatar al país del tenebroso lugar al que el “sistema político” actual le lleva.

Guatemala, como otras naciones de América Latina, necesita con urgencia un gran movimiento cívico, una revolución ciudadana que sea capaz de cambiar el destino al que, hasta hace poco, parecía condenada. Solo el pueblo salva al pueblo. Así se cambia la historia.

Algunas preguntas necesarias son: ¿es este el momento para Guatemala? ¿Estamos dispuestos los guatemaltecos? ¿Estamos preparados?

Las reformas que el país necesita son más que urgentes. No podemos seguir dando aspirinas a un paciente con cáncer.

El despertar del pueblo guatemalteco puede ser el inicio de una nueva historia para Guatemala. El mo-mento es ahora. Sin duda, este país centroamericano pasa por un momento de inflexión. Dependiendo de cómo termine este capítulo en su vida política, marcará lo que sucederá en la próxima década.

Veremos en las próximas semanas si la juventud, la dirigencia de la sociedad civil, el sector privado y otros grupos vieron el momento y lo aprovecharon.

Estas oportunidades se presentan pocas veces en la vida de una nación. Y siempre hay muchos más arrepentidos de no haberlas aprovechado que quienes las dejaron pasar. Todos los pueblos del mundo, a través de la historia, han pasado por su proceso de aprendizaje y evolución. Esto ha tomado siglos, generaciones, costos incalculables y muchos dolores.

No siempre lo entendemos, pero saberlo, nos ayuda a tener paz en la tormenta.

Lo que hemos visto es que funcionarios públicos de todo nivel han realizado actos de corrupción, con lo cual han “expropiado” a los ciudadanos de los fondos que deberían haberse dedicado al desarrollo del país.

Daron Acemoglu y Simon Johnson publicaron un estudio en 2005 titulado “Unbundling Institutions”. En el mismo se pretende diferenciar entre dos tipos de instituciones: las que protegen los derechos de propiedad, que evitan que el Estado y quienes lo controlan expropien a los ciudadanos comunes; y las instituciones que regulan los contratos entre ciudadanos comunes. Los autores encuentran evidencia que el primer tipo de instituciones son fundamentales para el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo financiero de largo plazo; mientras que el segundo tipo no tienen un efecto significativo en estas variables. ¿Por qué es importante este hallazgo? ¿Qué implicancia tiene para Guatemala?

Acemoglu y Johnson explican que la diferenciación de estos dos tipos de instituciones es fundamental, ya que si las instituciones que regulan los contratos privados entre ciudadanos no funcionan, existen opciones para protegerse de esta situación. Por ejemplo, en el caso de un préstamo entre privados, si existe una alta probabilidad que el deudor no pague, y las instituciones que hacen cumplir los contratos son deficientes, entonces se pueden ajustar ciertas cláusulas para incorporar este riesgo. Sin embargo, cuando las instituciones que deberían proteger al ciudadano común del poder discrecional del Estado no funcionan, entonces no hay mucho que se pueda hacer. Dado que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza, el ciudadano queda completamente desprotegido y a merced de quienes controlan el Estado en ese momento.

Es interesante notar que los autores mencionan que en algunos países se considera que sería “virtualmente imposible” que el Estado utilice su poder para expropiar a los ciudadanos; sin embargo, en países de África Subsahariana y de América Central es considerado “muy probable”. Es decir, a los países de Centroamérica internacionalmente se les considera tan riesgosos como a los de África Subsahariana. Algunos podrían considerar injusta la comparación, pero los bajos niveles de inversión extranjera directa que históricamente ha recibido la región (a excepción de Costa Rica y Panamá), parece confirmar esta percepción.

Lo que indica este artículo es que la causa del subdesarrollo de muchos países, en el que podemos incluir a Guatemala, es que hemos sido incapaces de construir un Estado con los suficientes pesos y contrapesos que protejan al ciudadano común. Aun cuando el Estado de Guatemala pueda ser considerado pequeño, tiene tal nivel de discrecionalidad, que puede ser utilizado para destruir o expropiar a los ciudadanos y a las empresas que considere sus enemigas. Por esa razón, las elecciones presidenciales en Guatemala pueden ser consideradas muy riesgosas por los inversionistas y los ciudadanos comunes. El poder ejecutivo tiene tan pocas restricciones que puede tomar control de todo el sistema, poniendo en riesgo la integridad física y la propiedad de los ciudadanos.

En los más de treinta años de democracia que llevamos, el sistema de contrapeso que deberían ejercer el poder legislativo y el poder judicial ha sido inoperante para detener la alta discrecionalidad del poder ejecutivo. Más bien se convirtieron en cómplices. En la práctica, lo que hemos visto es que funcionarios públicos de todo nivel han realizado actos de corrupción, con lo cual han “expropiado” a los ciudadanos de los fondos que deberían haberse dedicado al desarrollo del país. Y esto lo han hecho con total impunidad. Una minoría que se hace con el poder del Estado, finalmente termina dañando los intereses de la mayoría de ciudadanos comunes. Y eso ha sido la constante.

La ventana de oportunidad que se abre hoy para Guatemala es que podamos construir un Estado moderno, para que se nos deje de percibir como un país plagado de corrupción e impunidad; y que finalmente se brinde la certeza del cumplimiento de la ley y un auténtico Estado de Derecho para los ciudadanos y los inversionistas.

Publicado orignalmente en El Periódico

El uso de una tarjeta de crédito no es sinónimo de deudas impagables y de acoso permanente por parte de sus emisores, pero la cultura financiera del país necesita una propuesta educativa para que justos no paguen por pecadores.

El 31 de marzo la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la Ley de Tarjetas de Crédito por demostrarse la inconstitucionalidad que contenía, según varias impugnaciones presentadas por entidades financieras y bancarias (principalmente a arts. 4, 11, 12, 41 –Decreto 7-2015). Esto supondría una regresión inmediata en cuanto a los servicios prestados a los usuarios, pero ya hace una semana que no han anunciado ningún cambio.

La ley desde sus inicios resultó controversial por artículos que afectaban directamente dinámicas bancarias como la tasa de intereses, el acceso a este tipo de crédito para los usuarios e incluso la emisión de reglamentos por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB). Incluso varios bancos del sistema enviaron comunicados a sus tarjehabientas explicando que el servicio sufriría alteraciones “mínimas” como cobros de membresía, seguros que en algunos casos traspasaban los Q150 mensuales y cambios en la fecha de corte y pago para demostrar su inconformidad con la ley. Por supuesto, esto no puso contento a los usuarios que utilizaban responsablemente su tarjeta de crédito y la popular ola de #CortaTuTarjeta se extendió en las redes sociales.

Los tijeretazos de hoy #cortaTuTarjeta: pic.twitter.com/7sxuGdPAqq

— Paola Hurtado (@hurtadopaola) 5 de marzo de 2016

El sacabocados estaba más a la mano que la tijera. #CortaTuTarjeta pic.twitter.com/1bl8MI37bo

— Diegotch (@Diegotch) 9 de marzo de 2016

#cortaTuTarjeta porque siguen haciendo cargos abusivos @An0nymousGT pic.twitter.com/mb19tpGXJB

— Beto (@betox_velmax) 15 de marzo de 2016

Sin embargo el problema de raíz que existe con el servicio de tarjetas de créditos, no es en realidad una ley, sino la falta de educación financiera con la que cuenta el guatemalteco promedio y la oportunidad que encontraron en esto los bancos del sistema. La misma ley en el artículo 38 explica que los emisores de tarjetas deberán implementar anualmente programas de educación financiera. Pero en cuanto a temas financieros ¿quién tiene la responsabilidad de formar a los usuarios? La SIB en el año 2012 presentó una iniciativa al Ministerio de Educación para incluir en el pensum de estudios algún tipo de formación sobre presupuestos y manejos de créditos, pero esta propuesta se ha visto truncada por dinámicas internas en el ministerio.

El uso de una tarjeta de crédito no es sinónimo de deudas impagables y de acoso permanente por parte de sus emisores. El buen uso de éstas incluso impacta de forma positiva en la vida de muchas familias guatemaltecas que acceden con esto a bienes y servicios; esto crea un record crediticio positivo, que luego puede ser utilizando para aplicar a créditos más grandes y de largo plazo. El problema entonces que hay con las tarjetas, es que algunos de sus usuarios no las manejan de forma adecuada, acumulando intereses y cayendo en deudas impagables.

Mecanismos de formación financiera son importantes en sociedades como la nuestra, pues creer que los padres de familia deberán instruir a sus hijos en temas de este tipo, es perpetuar un círculo vicioso de analfabetismo financiero. La SIB incluso tiene información al respecto colgada en su sitio, que imparte en algunos talleres(1), pero que no se propaga a nivel nacional por falta de recursos y de alianzas. Es algo grave creer que esto solamente tiene relación con profesionales especializados como contadores o economistas, cuando el uso del recurso alcanza la cifra de casi dos millones de plásticos en circulación(2). La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) confirmó que el consumo por medio de tarjetas de crédito estaba creciendo a un ritmo del 8% anual, lo cual desde marzo bajó un 15%, haciendo que justos pagaran por pecadores.

El Ministerio de Educación, en conjunto con la SIB, debería implementar algún tipo de programa, al menos en áreas urbanas para mejorar la cultura financiera y mejorar las dinámicas comerciales del país, pero hasta no tener recursos esta meta sigue en papel. Una revisión eficaz por parte de la CC a la ley contribuiría a mejorar la cultura financiera del país, pero hasta entonces las visacuotas siguen lejanas en el horizonte y la pregunta de si ¿es la obligación del emisor formar a los guatemaltecos en el manejo de las tarjetas de crédito? queda todavía sin respuesta.

1. http://www.sib.gob.gt/web/sib/educacion-financiera/Tarjeta-de-Credito

2. http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/898224-330/emisores-d...

Es evidente que las protestas ciudadanas han venido descendiendo de intensidad en las últimas semanas. La indignación de la población pareciera mantenerse, pero una buena parte ha dejado de asistir a la Plaza de la Constitución. El fenómeno preocupa, porque hasta el momento nada ha cambiado de este sistema que permite y fomenta la corrupción.

Es cierto, se han logrado renuncias importantes y por el momento la clase política tiene las barbas en remojo, pero corremos el riesgo que el tiempo pase y todo quede como antes.

Las mesas de trabajo instaladas en el congreso parecen una estrategia muy efectiva para dilatar lo más posible los procesos de reforma y nuestra proverbial dificultad para articular acuerdos mínimos entre distintos actores de la sociedad civil, está facilitando el éxito de esta táctica. Con menos ciudadanos en las calles y las usuales posiciones intransigentes, es muy probable que la clase política nuevamente se salga con la suya.

Algunos analistas sumamente optimistas indican que ha ocurrido un cambio irreversible en la conciencia ciudadana. No se puede negar que hemos sido testigos de un despertar raras veces visto en la población guatemalteca. Pero conforme pasan las semanas esa energía parece irse diluyendo lentamente entre las preocupaciones de la vida diaria, la frustración porque pareciera que el esfuerzo es en vano y por las usuales posiciones extremas que terminan alejando al ciudadano promedio. Al final, podría ser que el gigante que había despertado con gran fuerza, nuevamente caiga en su letargo eternal.

Ante esta situación el panorama se torna un tanto sombrío. Si en esta coyuntura no se logran cambios sustanciales en los cuatro ejes que se están trabajando actualmente en el Congreso, difícilmente se pueda cambiar el sistema en el futuro. Es de recordar que el Congreso ha engavetado por años muchas propuestas de reforma a las leyes que actualmente se están discutiendo. Nada les costaría a los diputados enviar nuevamente al olvido estos temas.

“El mayor enemigo para los ciudadanos en estos momentos es el tiempo.”

El mayor enemigo para los ciudadanos en estos momentos es el tiempo. Después de la primera vuelta electoral, en tan solo diez semanas, el congreso ya no tendrá la presión por hacer cambio alguno. Aquellos diputados que hayan sido reelectos tendrán asegurados cuatro años más en el poder y quiénes no hayan sido electos nuevamente, perderán total interés en la actividad parlamentaria. Cada semana que pasa los políticos respiran con mayor tranquilidad y la ciudadanía ve cómo se pierde la oportunidad de cambio, como agua entre las manos.

¿Podemos hacer algo para revertir esta situación? Lo primero es que la sociedad civil asuma con madurez el reto que tiene por delante. Las posiciones intransigentes o extremistas no abonan al cambio. Más bien terminan paralizando el proceso de reforma. Estamos ante un momento único y puede que lo perdamos si no somos capaces de interpretar correctamente lo que está pasando en el país. La gente está harta de la corrupción y lo que quiere es un gobierno transparente y funcional. Este no es un movimiento a favor de determinada ideología y aquellos que pretenden subirse con la bandera ideológica sólo terminan alejando a la gente de las calles.

Dicen que es una locura cambiar las cosas. Quizás, pero aquí estamos. Intentando lo que para muchos es imposible. pic.twitter.com/zY1xnfh2IJ

— #JusticiaYa (@justiciayagt) junio 20, 2015

El otro elemento importante es la continuidad del apoyo ciudadano. Si todos volvemos a nuestra actitud usual de no interesarnos por lo que sucede en la vida política del país, entonces el resultado será que nada cambiará. La coyuntura actual terminará con algunas sentencias, pero en el mediano plazo tendremos que los actores de la corrupción se habrán reacomodado y estarán operando nuevamente con más fuerza.

El reto que afrontamos como sociedad es grande y requiere que lo asumamos con cordura, persistencia y unidad. Este no es el momento para las vindicaciones ideológicas. Es el momento para asumir una sola causa común por la transparencia. ¿Lograremos salir del laberinto de la corrupción o quedaremos atrapados varias décadas más en el mismo?

América Latina sigue perdida en su laberinto y en su historia, con unas élites “light” que no se enteran que el futuro de nuestro continente depende de ellas.

Los números económicos y sociales de Centro América y el momento político que vive cada uno de nuestros países permiten hacer análisis y proyecciones que deberían comprometer a las élites de la región a identificar los consensos necesarios, tomar las decisiones impostergables y embarcarse en los esfuerzos indispensables para enderezar el rumbo y poner a nuestros países, de una vez por todas, en dirección a la estabilidad política, la certeza jurídica y el desarrollo.

Nuestra región, como la mayor parte de América Latina, desentona con lo que sucede en el resto del Occidente democrático y próspero. Solo Chile, Argentina, Uruguay y tal vez Panamá se salvan hoy de no ser calificados como típicos países subdesarrollados, sobre todo, en su cultura cívica y en la política.

Colombia y Perú iban bien pero su vida política se complicó y están en peligro de comprometer el buen crecimiento que traían. Brasil y México están paralizados por su dinámica electoral y corren riesgo de caer en manos del populismo. Maduro y su banda de criminales convirtieron a Venezuela en el infierno del continente y el mundo hace gala de su indiferencia.

En Centro América, Costa Rica está perdiendo los exámenes en materias como gasto público financiado con deuda, déficit fiscal y débil infraestructura. La finca de Ortega viene de muy abajo, y por eso, sus números sorprenden; pero, es la finca de un señor. Y los 3 del norte no saben a dónde van, la amenaza populista es real y sus números son muy malos en prácticamente todo, excepto en remesas familiares.

Con esos números y realidades políticas y sociales “se puede vivir”. Incluso, algunos ven el presente y el futuro con gran optimismo. Especialmente porque ellos están bien. Pero la realidad para millones de seres humanos en América Latina es muy distinta. El optimismo es bueno, pero también lo es la responsabilidad.

El problema es el estancamiento, las crisis recurrentes, la inestabilidad y la lentitud en llevar soluciones sólidas y permanentes a las decenas de millones de latinoamericanos que, cada día, pierden fe en la democracia y la libertad. Hoy, México y Brasil don dos claros ejemplos.

América Latina sigue perdida en su laberinto y en su historia, con unas élites “light” que no se enteran que el futuro de nuestro continente depende de ellas. Sí, de la academia, del sector empresarial, del sector profesional, de los grupos de jóvenes y de la sociedad civil.

Es de estos grupos de donde deben salir los nuevos funcionarios públicos, los nuevos tecnócratas y los nuevos líderes políticos para América Latina. Así es, una nueva élite política que rompa con la cultura de la incompetencia, con el cáncer de la corrupción y con el venero de la indiferencia.

Las economías desarrolladas están creciendo a buen ritmo, y en los foros mundiales y las cumbres hablan de un optimismo cauteloso, pues se sabe que el planeta sigue padeciendo problemas y amenazas que pueden convertirse en crisis con relativa facilidad: guerras, terrorismo, malos gobiernos, problemas sociales y fenómenos climáticos.

Centro América debe cambiar los ingredientes en su fórmula para alcanzar el desarrollo. Tenemos cosas buenas en la región, pero son insuficientes. Necesitamos una nueva clase dirigente y una cultura política más propicia para el desarrollo. Necesitamos élites mucho más comprometidas con la política, pues ahí está la clave del éxito. Debemos gobernarnos mejor. Y no podemos perder de vista que necesitamos altas dosis de creatividad para articular alianzas y acuerdos económicos que nos permitan acelerar el crecimiento, resolver los graves problemas sociales y consolidar las instituciones de nuestras democracias para garantizar continuidad a los consensos, consecuencia a las decisiones y resultados positivos y permanentes a los esfuerzos que logremos emprender.

El punto de partida de cualquier cambio es reconocer que el sistema que fue construido simplemente fracasó.

Durante décadas el Estado de Guatemala ha sido saqueado de forma sistemática. Ya sea a través de robarse los fondos públicos directamente; repartir plazas entre familiares, amigos y allegados políticos; o de contratos anómalos, poco transparentes y/o lesivos para el Estado, entre otras formas “ingeniosas”; cada grupo político en el poder logró o intentó amasar fortunas.

Por supuesto que en medio de la descomposición del Estado hay funcionarios correctos que han hecho su trabajo con compromiso y dedicación. Muchos de ellos (en mandos medios o bajos) han visto desfilar decenas de saqueadores que llegan a dirigir las instituciones públicas solo para dejarlas en peores condiciones de como las encontraron. También hemos tenido altos funcionarios públicos honestos. Eso no se puede negar.

Sin embargo, la degradación del Estado ha sido evidente. Con el paso de los años, los diferentes gobiernos mostraron una mayor voracidad para quedarse con los recursos públicos. Los procesos de extinción de dominio contra las principales figuras políticas de la última década, dan cuenta que eran personas sin el menor escrúpulo. Su único objetivo era volverse millonarios saqueando el Estado. Esos eran los gobernantes que teníamos o que aspiraban a serlo.

Lo que han hecho la CICIG y el MP en lo últimos años es mostrarnos la podredumbre que nos negábamos a ver, ya sea por miedo o por simple comodidad. Ese era el sistema que teníamos antes que estas dos instituciones comenzaran a funcionar adecuadamente. Lo que menos deberíamos sentir ahora es nostalgia por un sistema que estaba colapsando y que nos llevaba a parecernos cada vez más a Haití.

La pregunta que nos debemos hacer ahora como guatemaltecos es ¿Cómo permitimos que un sistema tan perverso se instalara en Guatemala? ¿Qué responsabilidad implica el momento histórico que vive el país en estos momentos? ¿Por qué Estados Unidos ha tenido que apoyar un ente externo al país, para tratar de rescatarlo de la situación decadente en que se encontraba, y no fuimos nosotros por nuestra propia iniciativa quiénes lo impulsamos?

Las sociedades más exitosas del planeta son aquellas que lograron cuestionar el sistema que les mantenía sumidos en la pobreza y la miseria. Europa Occidental tuvo que transitar del feudalismo de la Edad Media, a la Democracia Liberal de hoy en día, por un proceso de autocrítica y evolución que implicó grandes costos, pero que actualmente les permite disfrutar de altos estándares de vida. ¿Qué sería de Europa si se hubiera quedado sumida en el feudalismo?

Los ingleses tuvieron un proceso de cambio menos traumático que el resto de países europeos, debido al pragmatismo que les caracteriza. Sin embargo, el fanatismo de los franceses hizo que ese proceso de cambio fuera sumamente sangriento; un escenario que debe evitarse a toda costa en Guatemala. Las posiciones radicales y desinformadas no deben acaparar la discusión pública.

El punto de partida de cualquier cambio es reconocer que el sistema que fue construido simplemente fracasó. Y allí es en donde todavía no nos ponemos de acuerdo. Comencemos por reconocer que Guatemala está muy lejos de ser una Democracia Republicana y que millones de ciudadanos viven en la miseria. ¿Acaso no nos duele ver a millones de niños que no tendrán futuro porque sufren desnutrición y no asisten a la escuela? No podemos ser tan indolentes y cerrar los ojos a esta realidad.

La corrupción es el cáncer que nos ha matado como sociedad. Debemos tener la madurez para aceptarlo. Ningún plan de reactivación económica puede ponerse en marcha exitosamente si no logramos construir un Estado administrado por personas que tengan el incentivo correcto. No perdamos el tiempo defendiendo el sistema anterior. Nuestro deber es dar un paso al frente para lograr consensos sobre cómo construir una auténtica Democracia Republicana, en donde exista Estado de Derecho y el alto crecimiento económico no sea coyuntural, sino estructural.

Publicación orignal en El Periódico.

La pena de muerte es una sanción y no un derecho constitucional por lo que su abolición no requiere de una reforma Constitucional.

En reciente sentencia, la Corte de Constitucionalidad mediante expediente n° 1097-2015 de fecha once de febrero de 2016 declaró inconstitucional una parte del penúltimo párrafo del artículo 132 del Código Penal . La Corte, no se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la pena de muerte en abstracto, sino que expulsó del ordenamiento jurídico ese párrafo del delito de asesinato por inconstitucionalidad con arreglo a los artículos 17 y 19 de la Constitución.

En cuanto al artículo 17, basándose en la idea de que el término “peligrosidad” resulta lesivo al principio de legalidad por cuanto solo pueden ser punibles las acciones calificadas como delitos o falta por ley anterior a su perpetración, centradas en base a lo que ha hecho el infractor y “no en lo que es”(1) . En cuanto al artículo 19, por cuanto la Corte estimó que el referido artículo impide la readaptación social y la reeducación, eludiendo la importancia que tiene el Estado de concebir a la persona humana como sujeto y fin del orden social, lo cual obliga al Estado a idear mecanismos que se traduzcan en que las penas logren la readaptación del social del sujeto.

Guatemala es uno de los pocos países que no se ha integrado al movimiento abolicionista de la pena de muerte. Ahora bien, aun cuando no se proscribió la pena de muerte en los tratados y convenios internacionales - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(2), en la Convención Americana de Derechos Humanos(3) o en la Convención Europea de Derechos Humanos-, si es llamativo que rápidamente los países y sectores sociales que presionaban sobre la abolición de la pena de muerte se pronunciaran rápidamente en contra de la legitimidad de una medida tan severa, “cruel” y obsoleta”(4).

En Guatemala el criterio pro homine característico de los derechos humanos no ha logrado cristalizar en el ámbito de los derechos humanos. De hecho, por razones ajenas a una abolición de la pena de muerte ésta no se ejecuta. La razón estriba en que el Congreso de la República en fecha 1 de junio de 2000, mediante Decreto Legislativo n° 32/0023, derogó el Decreto No. 159 del año 1892 que regulaba la facultad del Ejecutivo para conceder indulto o conmutación de la pena y reglamentaba el procedimiento para hacer efectivo tal derecho.

Derogada dicha facultad y el procedimiento previsto en esta normativa, la pena de muerte aplicada devendría en anti convencional e inconstitucional, al contrariar la obligación estatal de “garantizar el más estricto y riguroso respeto de las garantías judiciales al aplicar ese tipo de penas”, además del “derecho que asiste a toda persona condenada a muerte de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Convención Americana”(5).

La Corte de Constitucionalidad(7) no puede abolir la pena de muerte pues tiene competencias jurisdiccionales y no legislativas. La pena de muerte es una sanción y no un derecho constitucional por lo que su abolición no requiere de una reforma Constitucional, aun cuando dicha sanción esté en el Título II de la Constitución, capítulo I. La precisión del artículo es diáfana al recalcar que el Congreso (poder constituido) puede abolir la pena de muerte, puesto que el propósito del artículo constitucional (18) que establece las prohibiciones para la pena de muerte en los casos que allí se indica, solo tiene por objeto lograr límites severos, prohibiciones, restricciones y exclusiones en consonancia con los estándares internacionales.

La adopción constitucional del lenguaje de los derechos humanos obligará paulatinamente a que el Estado en su conjunto impulse la plena vigencia de los Derechos Humanos, en el que la vida tiene un lugar destacado. En tal sentido, el margen de acción del legislador desde una perspectiva favorable a los derechos humanos debe ser la de desarrollar los mismos y no constreñirlos. Por ello, una vez comience la Corte a exhortar al legislador (Congreso) a que procure un modelo garantista de los derechos humanos como sucedió con esta sentencia, ello significará un paso importante en la búsqueda por asegurar el deber del Estado de garantizarle a los habitantes de la República la vida y el desarrollo integral de la persona.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fermín Ramírez (Sentencia de 18 de junio de 2005).

(2) Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Guatemala no lo suscribió

pero el 5 de mayo de 1992 la ratificó. Al momento de escribir este estudio al menos hay 74 signatarios y ha sido ratificado por 168 países.

(3) Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Adoptado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. La entrada en vigor se realizó el 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. En el caso de Guatemala, su firma se produjo el 22 de noviembre de 1969, la ratificación/adhesión el 27 de abril de 1978, el depósito el 25 de mayo de 1978 y la aceptación de competencia de la corte el 9 de marzo de 1987.

(4) Faundez Ledesma, H. “El Derecho Internacional y la pena de muerte” en Revista de Derecho Público, n° 55-56, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1993, p. 61.

(5) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos: Hilaire, Constantine y Benjamin y otros (Sentencia de 21 de junio de 2002), Caso Fermín Ramírez (Sentencia de 18 de junio de 2005) y Raxcacó Reyes Vs. Guatemala (Sentencia de 15 de septiembre de 2005).

(6) Altolaguirre, P. “Sobre la pena de muerte” en El Periódico de Guatemala, de fecha 30 de marzo de 2016.

Las actividades ciudadanas de las semanas pasadas fueron exitosas, principalmente porque nos ayudaron a darnos cuenta que no estamos solos y que podemos darnos la mano en temas importantes sin traicionar nuestros principios.

Dos eventos importantes marcaron la agenda de la discusión pública nacional de las últimas semanas; el primero fue la convocatoria al Frente Ciudadano contra la Corrupción y el segundo, el Tercer Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Ambos eventos tenían como propósito dar un apoyo valiente, público y sonoro a los esfuerzos de la lucha anticorrupción, abanderada por el Ministerio Público de Thelma Aldana y la CICIG de Iván Velásquez. Ambos eventos lograron su objetivo.

Dos cosas llaman la atención de estas actividades ciudadanas:

La primera es que los guatemaltecos seguimos siendo una sociedad tribal. No superamos esos años escolares en los que teníamos un grupo cercano de amigos e infantilmente celamos a quienes se relacionaban con el grupo que consideramos contrario.

Basta ver los comentarios de rechazo que se lanzaron en contra de quienes valientemente se pararon en la tarima del Frente contra la corrupción o se sentaron a discutir en el Encuentro Ciudadano.

Ejemplos de esta actitud tribal hay muchos, veamos los casos de Lenina García y varios activistas de izquierdas que fueron y están siendo criticados por presentarse al lado de los empresarios; también esos mismos empresarios recibieron críticas por sentarse al lado de los líderes indígenas, supuestos enemigos naturales del sector privado. Lo interesante es que las críticas no venían únicamente de sus detractores, como sería de esperar, también vinieron de personas cercanas a su misma tribu.

Ojo que el problema no es la crítica, sino la mezquindad disfrazada de crítica con la que se cuestiona a quienes se atreven a asumir el costo político de ser moderados y participar en una discusión multisectorial. Pareciera que hay quienes se alimentan del conflicto y son más felices cuando pueden seguir viendo al país en la incertidumbre y desconfianza; mientras pregonan que el país debe cambiar, pero solo si cambia a su manera.

El segundo punto que llama la atención, es el debilitamiento que el discurso anti CICIG ha sufrido en las última semanas. Ya queda muy poco de aquellos vociferantes opositores de la lucha anticorrupción. El “para cuándo este o aquel” y las quejas de justicia selectiva se fueron diluyendo con los casos presentados, no les ha quedado más que recluirse en quejas sobre la forma como se desarrolla el proceso, las conferencias de prensa y las fotos de los capturados en los medios son el nuevo objetivo.

Llegará el día en el que los opositores bienintencionados, que todavía existen, se darán cuenta que sus preocupaciones y miedos están siendo utilizados por la mafia, los corruptos y sus mercenarios para entorpecer un importante proceso de limpieza institucional. Ojalá lo vean a tiempo y su tozudez no les impida ponerse del lado correcto de la historia. Sus dudas y críticas sobre un proceso que es perfectible, pueden ser de mucha utilidad; pero primero, debemos lograr un acuerdo mínimo sobre el apoyo que se necesita para que esto llegue a las últimas consecuencias.

Esta puede ser una oportunidad para que quienes tienen dudas legítimas, pero apoyan la lucha anticorrupción, puedan separarse de quienes jamás estarán de acuerdo porque sus intereses o los de sus conocidos se ven afectados con el fortalecimiento de la justicia.

Como decía el comisionado Iván Velásquez en la entrevista presentada durante el Tercer Encuentro Ciudadano, la verdad puede ser liberadora para quien está dispuesto a aceptar su culpa. Las personas que han cometido errores pueden salir redimidas de este proceso y ayudar en el camino de reconstrucción institucional que vamos a necesitar. Ejemplos hay y se vale soñar.

Lo que no se vale es continuar apañando corruptos por el miedo a la incertidumbre y sostener un sistema con políticos y funcionarios que se hacen ricos a costa de la pobreza de otros. El diálogo entre actores de la sociedad puede servir para diluir esa incertidumbre y ojalá comenzar el proceso de reconstrucción.

Las actividades ciudadanas de las semanas pasadas fueron exitosas, principalmente porque nos ayudaron a darnos cuenta que no estamos solos y que podemos darnos la mano en temas importantes sin traicionar nuestros principios. Debemos afrontar cualquier situación con honestidad, como se hizo en la actividad del Frente contra la corrupción y en el Encuentro Ciudadano, eso inevitablemente apartará a los deshonestos del camino.

Publicado originalmente en República.