No cabe duda de que ha sido necesario tomar medidas de distanciamiento social para evitar que la tasa de contagio (R0) del virus se dispare y que los sistemas sanitarios del mundo colapsen. Aun habiéndolas implementado, Guatemala tiene ya mas de 214 casos (al 17 de abril) y no hemos hecho suficientes pruebas para conocer mejor el alcance real del contagio.

Naturalmente las medidas de supresión más drásticas han traído costos económicos enormes. En Estados Unidos solamente, 22 millones de personas han reclamado el seguro de desempleo en las últimas 4 semanas. Una cifra de escalofríos y nunca vista. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 3% para la economía mundial en 2020 con una proyección para Latinoamérica de -5.2%.

Hace unas semanas mencioné algunos de los paquetes agresivos de ayuda que han emprendido las naciones más ricas del planeta. Al fin y al cabo, estas ricas naciones tienen un amplio espacio fiscal para conseguir fondos para inyectar a las empresas de sus países para amortiguar el golpe y cuentan con estados benefactores que pueden ampliar la ayuda a sus trabajadores. Pueden permitirse el lujo de parar y ayudar a sus ciudadanos.

En los países pobres la cosa no es tan sencilla. Un interesante working paper de Zachary Barnett-Howell y Ahmed Mushfiq Mobarak para la Universidad de Yale propone un marco para analizar el problema de las medidas de distanciamiento social en países pobres. Los autores explican que las personas más pobres están menos dispuestas a hacer un sacrificio económico. Limitar la capacidad de trabajar para alguien que ingresa Q30 diarios es dejarle si su sustento elemental.

La investigación publicada por Yale señala que los estados de los países de ingreso bajo tienen poca capacidad de hacer cumplir sus medidas. Por ejemplo, limitar efectivamente la reversión de la migración interna. Al escasear el trabajo, mucha gente que había migrado a las ciudades, vuelve al campo y sin querer puede llevar el virus a las zonas rurales. Y por último, que la capacidad de estos estados para ayudar a su población son muy deficientes y gran parte de su sector obrero es informal.

El otro día expliqué cómo se repartiría el paquete de Q11 mil millones de ayuda que aprobó nuestro Congreso. El decreto se aprobó el 3 de abril, se publicó en el Diario Oficial el 8 de abril y hasta el 17 de abril se publicó el reglamento y según una nota de prensa, la ayuda llegará hasta mayo. 2 de cada 3 guatemaltecos que están en la fuerza laboral tiene un empleo informal y este será el único mecanismo de ayuda que tendrán. Será demasiado tarde y esto podría ser catastrófico para la gente que no puede trabajar ni tendrá la ayuda que necesita a tiempo.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) será el ejecutor del programa más ambicioso: el bono familia. Asumiendo transparencia en el gasto, se pondrá a prueba su capacidad de identificar a los necesitados. En 2019, por ejemplo, ayudó a 29,671 familias con el programa “Bolsa Social” y a 58,874 familias en el programa de Bono social sobre educación y salud. Ahora, esperan llegar a 2 millones de hogares. ¿Serán capaces?

Para los trabajadores formales el futuro tampoco es alentador. Aún no tenemos cifras, pero es probable que muchos pierdan su trabajo. La alternativa que ha dado el gobierno es que patrono y trabajador acuerden una suspensión voluntaria del contrato de trabajo. Esto es, que el trabajador deje de laborar y el empleador deje de estar obligado a pagar el salario. A cambio, el Crédito Hipotecario Nacional trasladaría un monto de Q75 diarios. Al mes, esto serían aproximadamente Q2,250.00.

Para las empresas todo está más cuesta arriba. Según datos de 2017 del Ministerio de Economía, el 90.34% de empresas son microempresas. Esto es, empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores y venden entre 1-190 salarios mínimos anuales. Esto es, que aproximadamente venden entre Q2,825.10 y Q536,769.00 al año.

Es difícil pensar que estas empresas puedan sobrevivir sin ventas o con ventas reducidas durante demasiado tiempo. Las empresas pequeñas son generalmente menos productivas y son más vulnerables a sufrir por problemas de liquidez.

Recuerde el lector que empresas grandes, aquellas que tienen más de 200 trabajadores y venden más de Q4.3 millones al año, solo había 1,631 en 2017 y representan el 0.34% del total de las empresas. Estas seguramente son las que tienen más posibilidades de sobrevivir y mantener a buena parte de su planilla ante un parón de actividades como el que vivimos. Pero son tan pocas…

Algunos, como la organización IDinsight, han recomendado que los países pobres que pasen de los lockdowns a medidas tales como: uso obligatorio de mascarillas, aislamiento de los más vulnerables, mejorar el acceso al agua y campañas de información y limitar congregaciones de gente, especialemente reuniones religiosas que suelen ser espacios donde se reúnen muchas personas.

El escenario es complejo y no hacer nada no es una opción. Sin embargo, cuando en situaciones “normales”, la mitad de nuestros niños padece desnutrición crónica, cuando 1 de cada 2 guatemaltecos vive en situación de pobreza, cuando el 42% de los guatemaltecos asegura no tener suficientes alimientos, puede que ciertas restricciones a la actividad productiva traigan costos de mortalidad y morbilidad a personas en situación vulnerable. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos discutirlo con urgencia.

No cabe duda de que ha sido necesario tomar medidas de distanciamiento social para evitar que la tasa de contagio (R0) del virus se dispare y que los sistemas sanitarios del mundo colapsen. Aun habiéndolas implementado, Guatemala tiene ya mas de 214 casos (al 17 de abril) y no hemos hecho suficientes pruebas para conocer mejor el alcance real del contagio.

Naturalmente las medidas de supresión más drásticas han traído costos económicos enormes. En Estados Unidos solamente, 22 millones de personas han reclamado el seguro de desempleo en las últimas 4 semanas. Una cifra de escalofríos y nunca vista. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 3% para la economía mundial en 2020 con una proyección para Latinoamérica de -5.2%.

Hace unas semanas mencioné algunos de los paquetes agresivos de ayuda que han emprendido las naciones más ricas del planeta. Al fin y al cabo, estas ricas naciones tienen un amplio espacio fiscal para conseguir fondos para inyectar a las empresas de sus países para amortiguar el golpe y cuentan con estados benefactores que pueden ampliar la ayuda a sus trabajadores. Pueden permitirse el lujo de parar y ayudar a sus ciudadanos.

En los países pobres la cosa no es tan sencilla. Un interesante working paper de Zachary Barnett-Howell y Ahmed Mushfiq Mobarak para la Universidad de Yale propone un marco para analizar el problema de las medidas de distanciamiento social en países pobres. Los autores explican que las personas más pobres están menos dispuestas a hacer un sacrificio económico. Limitar la capacidad de trabajar para alguien que ingresa Q30 diarios es dejarle si su sustento elemental.

La investigación publicada por Yale señala que los estados de los países de ingreso bajo tienen poca capacidad de hacer cumplir sus medidas. Por ejemplo, limitar efectivamente la reversión de la migración interna. Al escasear el trabajo, mucha gente que había migrado a las ciudades, vuelve al campo y sin querer puede llevar el virus a las zonas rurales. Y por último, que la capacidad de estos estados para ayudar a su población son muy deficientes y gran parte de su sector obrero es informal.

El otro día expliqué cómo se repartiría el paquete de Q11 mil millones de ayuda que aprobó nuestro Congreso. El decreto se aprobó el 3 de abril, se publicó en el Diario Oficial el 8 de abril y hasta el 17 de abril se publicó el reglamento y según una nota de prensa, la ayuda llegará hasta mayo. 2 de cada 3 guatemaltecos que están en la fuerza laboral tiene un empleo informal y este será el único mecanismo de ayuda que tendrán. Será demasiado tarde y esto podría ser catastrófico para la gente que no puede trabajar ni tendrá la ayuda que necesita a tiempo.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) será el ejecutor del programa más ambicioso: el bono familia. Asumiendo transparencia en el gasto, se pondrá a prueba su capacidad de identificar a los necesitados. En 2019, por ejemplo, ayudó a 29,671 familias con el programa “Bolsa Social” y a 58,874 familias en el programa de Bono social sobre educación y salud. Ahora, esperan llegar a 2 millones de hogares. ¿Serán capaces?

Para los trabajadores formales el futuro tampoco es alentador. Aún no tenemos cifras, pero es probable que muchos pierdan su trabajo. La alternativa que ha dado el gobierno es que patrono y trabajador acuerden una suspensión voluntaria del contrato de trabajo. Esto es, que el trabajador deje de laborar y el empleador deje de estar obligado a pagar el salario. A cambio, el Crédito Hipotecario Nacional trasladaría un monto de Q75 diarios. Al mes, esto serían aproximadamente Q2,250.00.

Para las empresas todo está más cuesta arriba. Según datos de 2017 del Ministerio de Economía, el 90.34% de empresas son microempresas. Esto es, empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores y venden entre 1-190 salarios mínimos anuales. Esto es, que aproximadamente venden entre Q2,825.10 y Q536,769.00 al año.

Es difícil pensar que estas empresas puedan sobrevivir sin ventas o con ventas reducidas durante demasiado tiempo. Las empresas pequeñas son generalmente menos productivas y son más vulnerables a sufrir por problemas de liquidez.

Recuerde el lector que empresas grandes, aquellas que tienen más de 200 trabajadores y venden más de Q4.3 millones al año, solo había 1,631 en 2017 y representan el 0.34% del total de las empresas. Estas seguramente son las que tienen más posibilidades de sobrevivir y mantener a buena parte de su planilla ante un parón de actividades como el que vivimos. Pero son tan pocas…

Algunos, como la organización IDinsight, han recomendado que los países pobres que pasen de los lockdowns a medidas tales como: uso obligatorio de mascarillas, aislamiento de los más vulnerables, mejorar el acceso al agua y campañas de información y limitar congregaciones de gente, especialemente reuniones religiosas que suelen ser espacios donde se reúnen muchas personas.

El escenario es complejo y no hacer nada no es una opción. Sin embargo, cuando en situaciones “normales”, la mitad de nuestros niños padece desnutrición crónica, cuando 1 de cada 2 guatemaltecos vive en situación de pobreza, cuando el 42% de los guatemaltecos asegura no tener suficientes alimientos, puede que ciertas restricciones a la actividad productiva traigan costos de mortalidad y morbilidad a personas en situación vulnerable. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos discutirlo con urgencia.

¿Qué está pensando el guatemalteco en el marco de la crisis?

Desde que la pandemia Covid-19 llegó a Guatemala el pasado 13 de abril, se han realizado tres diferentes esfuerzos de evaluar el estado de opinión pública de los guatemaltecos.

La empresa CID-Gallup realizó entre el 16 y 19 de marzo una encuesta vía Facebook, con 2,030 entrevistas a residentes en Guatemala con acceso a Internet.  CACIF realizó una medición entre su estructura gremial para era evaluar el impacto de la pandemia en el empresariado. Para ello, encuestaron a 505 empresas -entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Finalmente, la Fundación Libertad y Desarrollo (FLD) realizó un sondeo a través de redes sociales, entre el 6 al 8 de abril, a 2,926 personas residentes en Guatemala.

El sondeo de la FLD permitió conocer cuáles son las principales preocupaciones de los guatemaltecos en el marco de la crisis. Los entrevistados indicaron que su mayor fuente de preocupación es que algún miembro de su familia se contagie con la enfermedad, con 93% de menciones. Por su parte, 80% de los entrevistados indicó que tiene temor de quedarse sin fuente de ingresos a causa de la pandemia. Y un 77% mostró su preocupación de contagiarse directamente de la enfermedad.

Este dato se concatena con la información recabada por CID-Gallup. 48% de sus entrevistados señaló que percibe “mucho riesgo” de contagio en su comunidad o barrio; y 29% considera que tiene “algo de riesgo”, para un total de 77% de menciones de preocupación de contagiarse directamente con el virus.

Por otro lado, CID-Gallup reveló que 58% de personas tiene una visión positiva respecto a la capacidad de las autoridades de hacer frente a la pandemia (23% tiene “mucha confianza” y 35% tiene “algo de confianza”); frente a 42% con de visión negativa sobre las autoridades (31% de “poca confianza” y 11% de “nada de confianza”). CID-Gallup también identificó que las medidas implementadas por Gobierno para atender la pandemia cuentan con 88% de menciones positivas (59% está muy de acuerdo con ellas y 29% indicó estar “algo de acuerdo”) frente a un 12% de menciones negativas.

En esta línea de ideas, el sondeo de la Fundación Libertad y Desarrollo permite evaluar con más profundidad las acciones de la administración gubernamental. Prácticamente 9 de cada 10 entrevistados considera adecuado la suspensión del servicio de transporte público (89% de menciones); la suspensión del ciclo lectivo (97% de menciones); la suspensión de eventos públicos, religiosos o deportivos (96% de menciones); el cierre de fronteras y la prohibición de ingreso de extranjeros al país (88% de menciones) y la prohibición de movilizarse entre departamentos (88% de menciones).

Por su parte, 58% considera muy suave que se haya realizado una suspensión parcial de las actividades laborales y económicas. Y un 44% considera también que el toque de queda de 4 de la tarde a 4 de la mañana también es muy ligero. En ambos casos, los entrevistados señalaron que la suspensión de actividades debió ser absoluta o que el toque de queda debió ser más extenso.

Frente a ello, sólo un 8% de personas considera como muy estricta la suspensión del transporte público.

La encuesta de CACIF arroja datos importantes sobre el impacto de la crisis en la actividad empresarial. 47% señala que su empresa opera de forma parcial; 23% de empresas están totalmente suspendidas; 18% implementó el trabajo desde casa; y únicamente 12% operan con normalidad. Este dato se concatena con la medición de la FLD que enfocó en un público más amplio, en la que 21% de las personas señalaron que su empresa o institución donde labora suspendió totalmente sus actividades; 32% indicó que la empresa o institución opera de forma parcial, 39% indica que ahora laboran desde casa y únicamente un 6% indica que la empresa/institución opera toda normalidad.

Para las empresas, el mayor impacto de la crisis ha sido la disminución en la demanda (45% de menciones), el retraso de pagos (24% de menciones) o el cese total de actividades de sus clientes (20% de menciones). A nivel de riesgo futuro, 48% de las empresas señala que la mayor amenaza en el corto plazo es quedarse sin caja para cubrir obligaciones; mientras un 43% indica que su riesgo es perder facturación o clientes.

A nivel de personas, el sondeo de la FLD identificó que en caso de quedarse sin empleo o fuente de ingresos, 15% de los entrevistados podría cubrir sus gastos únicamente de dos semanas o menos; 21% podría hacer frente a sus gastos por 1 mes; 31% hasta 2 meses; y 20% de 2 a 6 meses.

El contagio del Coronavirus es un problema que no conoce nivel socioeconómico o estatus social. Sin embargo, aunque es cierto que cualquiera puede contraer la enfermedad, no todas las personas tienen las mismas herramientas sociales para manejar el contagio y escapar a un desenlace fatal.

Hasta el momento, de los 10 países con más casos de Coronavirus, únicamente Irán puede considerarse un país pobre. Sin embargo, aún en estos países de ingreso alto, son las poblaciones con mayores carencias económicas las más golpeadas por el virus.

 Por ejemplo en EEUU, las comunidades afroamericanas y latinas han sido las más afectadas. En Chicago más del 70% de los muertos por Coronavirus son afroamericanos, esto a pesar que solamente representando al 30% de la población. En el condado de Milwaukee, los afroamericanos representan el 50% de los casos y el 75% de las muertes, pero únicamente son el 25% de la población. Por otro lado, en Nueva York los latinos representan el 34% de las muertes, siendo el grupo étnico con más muertes, seguidos por los afroamericanos.

La explicación se encuentra en las condiciones socioeconómicas de estos grupos étnicos; los latinos y afroamericanos en EEUU suelen tener los trabajos peor remunerados. En esta crisis, también han tenido menos oportunidades para trabajar desde casa pues trabajan en sectores económicos considerados indispensables, en áreas como la atención al cliente en todo tipo de tiendas y negocios, esto les ha colocado en la primera línea de contagio frente al virus.

Información como esta debería disparar todas las alertas en un país como Guatemala. Si la pobreza en países desarrollados, que suele ser relativamente más benigna que la nuestra, se ha cobrado la vida de miles de personas; en nuestro país, la pobreza pone a millones de personas frente a una potencial tragedia.

Según el Índice de Pobreza Multidimensional, más del 55% de la población guatemalteca vive en pobreza. Estos son más de 6 millones de personas, de los cuales 4 millones viven con menos de 16 quetzales diarios y 2 millones lo hacen en la pobreza extrema con menos de 8 quetzales al día. 

Esta pobreza que vemos en Guatemala está íntimamente ligada a muchos problemas, siendo uno de los más importantes la desnutrición. La desnutrición crónica es una condición relacionada a la precariedad, que forma personas con sistemas inmunes débiles ante cualquier bacteria o virus. Ademá, expone a quienes la padecen a enfermedades crónicas, cardiovasculares o metabólicas.

El 46.5% de los niños menores de 5 años en Guatemala son desnutridos crónicos, somos el país con la tasa más alta de desnutrición crónica de América Latina. En 20 años, apenas hemos logrado reducir la desnutrición crónica en un 8.7% y a este ritmo, nos tomará 100 años erradicarla. Según Acción contra el Hambre, si el virus se extendiera en un área con altos niveles de desnutrición, estos niños desnutridos serían los primeros en morir. 

Los guatemaltecos además, tienen una alta prevalencia de enfermedades crónicas y no transmisibles (ENT), entre las que se encuentras los diferentes tipos de cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Todas estas ENT califican como precondiciones de riesgo frente al Coronavirus

Guatemala es el país con la mayor doble carga de mortalidad (tasa entre cáncer + enfermedades cardiovasculares / enfermedades transmisibles) de Latinoamérica. Hoy el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son ya las principales causas de muerte en Guatemala y el resto de países de la región. Estos males principalmente afectan a los más necesitados, la falta de recursos les dificulta recibir tratamientos adecuados e información que podría salvarles la vida, también les empuja a llevar vidas no saludables, alimentándose principalmente con alimentos bajos en nutrientes y potencialmente dañinos para la salud.

Otro problema asociado a la pobreza es la falta de infraestructura básica que permita tener condiciones mínimas de salubridad. Según el Censo 2018, el 41% de los hogares guatemaltecos no tienen tubería de agua instalada dentro de su casa. Esos son cerca de 8.5 millones de personas que deben recurrir a tuberías externas, chorros públicos, pozos perforados comunales, agua de lluvia, ríos, lagos, manantiales o camiones (pipas), para tener acceso al agua. Difícil seguir la recomendación de lavarse constantemente las manos cuando no se cuenta con el ingrediente principal de la ecuación.

Además, la población más pobre carece de acceso a servicios de salud. Para el año 2016, un 29% de la población no fue atendida por ningún servicio de salud formal y quienes sí lo fueron se encontraron con servicios públicos desabastecidos, lejanos y sobrepasados en sus capacidades.

La falta de información y educación es otro problema asociado a la pobreza. En Guatemala, el promedio de años de escolaridad es de apenas 6.5, este dato nos pone con Honduras en el último lugar de Latinoamérica. 8 de cada 10 guatemaltecos viven en hogares con pocos años de escolaridad y cerca de 1.5 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo. Esta falta de acceso a educación formal, suele traducirse en falta de acceso a información de calidad. Hoy sabemos que la información es clave para enfrentar situaciones como la de la pandemia del Coronavirus.

La desnutrición, las enfermedades no transmisibles, la falta de agua entubada, las carencias del sistema de salud, la falta de información, los bajos ingresos económicos y otros indicadores no mencionados en este artículo, son todas características inevitables de la pobreza en el país y todas actúan como precondiciones de riesgo frente a una crisis sanitarias como la del COVID-19.

En 1997, Richard N. Adams comentó en su estudio sobre los efectos de la pandemia de Influenza de 1918 que: “En tanto el brote de Influenza en 1918 fue una pandemia mundial, en Guatemala atacó a ladinos e indios, habitantes del campo y de la ciudad, pobres y ricos, pero no a todos con la misma fuerza. La mortalidad varió en términos étnicos. En este sentido, se parece al terremoto posterior de 1976 en el que la ubicación geográfica y la vivienda tradicional conllevaron marcadas diferencias en los niveles de pérdidas por grupo étnico.”

Lamentablemente el comentario de Adams podría fácilmente extrapolarse a la Guatemala de hoy, como una fuerte advertencia frente a la pandemia del Coronavirus. Serían en las regiones con mayor cantidad de personas en situación de pobreza, las cuales son mayoritariamente indígenas, en donde seguramente encontraríamos la mayor cantidad de muertos por la enfermedad. Se calcula que, en la Guatemala de 1918, murieron entre 75,000 y 150,000 personas por la pandemia de Influenza. Esto era en una Guatemala mucho menos comunicada y desarrollada, pero con indicadores de pobreza relativamente similares a los de hoy.

La pobreza de este país debe hacernos ver que es imperativo que Guatemala continúe centrando todos sus esfuerzos en la mitigación del contagio de la enfermedad. Debemos evitar a toda costa que el virus alcance a las comunidades más pobres y desprotegidas del país si queremos evitar una tragedia de magnitudes que probablemente nunca hemos visto; eso en el corto plazo, en el largo plazo el reto es tomarnos en serio la tarea de combatir la pobreza, no hay tragedia más grande y duradera que la pobreza de Guatemala. 

En países como Guatemala, la pobreza es también una precondición de riesgo frente al Coronavirus. O mejor dicho, es una condición que pone en riesgo a millones de personas frente a una pandemia como la que enfrentamos en este momento.

El contagio del Coronavirus es un problema que no conoce nivel socioeconómico o estatus social. Sin embargo, aunque es cierto que cualquiera puede contraer la enfermedad, no todas las personas tienen las mismas herramientas sociales para manejar el contagio y escapar a un desenlace fatal.

Hasta el momento, de los 10 países con más casos de Coronavirus, únicamente Irán puede considerarse un país pobre. Sin embargo, aún en estos países de ingreso alto, son las poblaciones con mayores carencias económicas las más golpeadas por el virus.

 Por ejemplo en EEUU, las comunidades afroamericanas y latinas han sido las más afectadas. En Chicago más del 70% de los muertos por Coronavirus son afroamericanos, esto a pesar que solamente representando al 30% de la población. En el condado de Milwaukee, los afroamericanos representan el 50% de los casos y el 75% de las muertes, pero únicamente son el 25% de la población. Por otro lado, en Nueva York los latinos representan el 34% de las muertes, siendo el grupo étnico con más muertes, seguidos por los afroamericanos.

La explicación se encuentra en las condiciones socioeconómicas de estos grupos étnicos; los latinos y afroamericanos en EEUU suelen tener los trabajos peor remunerados. En esta crisis, también han tenido menos oportunidades para trabajar desde casa pues trabajan en sectores económicos considerados indispensables, en áreas como la atención al cliente en todo tipo de tiendas y negocios, esto les ha colocado en la primera línea de contagio frente al virus.

Información como esta debería disparar todas las alertas en un país como Guatemala. Si la pobreza en países desarrollados, que suele ser relativamente más benigna que la nuestra, se ha cobrado la vida de miles de personas; en nuestro país, la pobreza pone a millones de personas frente a una potencial tragedia.

Según el Índice de Pobreza Multidimensional, más del 55% de la población guatemalteca vive en pobreza. Estos son más de 6 millones de personas, de los cuales 4 millones viven con menos de 16 quetzales diarios y 2 millones lo hacen en la pobreza extrema con menos de 8 quetzales al día. 

Esta pobreza que vemos en Guatemala está íntimamente ligada a muchos problemas, siendo uno de los más importantes la desnutrición. La desnutrición crónica es una condición relacionada a la precariedad, que forma personas con sistemas inmunes débiles ante cualquier bacteria o virus. Ademá, expone a quienes la padecen a enfermedades crónicas, cardiovasculares o metabólicas.

El 46.5% de los niños menores de 5 años en Guatemala son desnutridos crónicos, somos el país con la tasa más alta de desnutrición crónica de América Latina. En 20 años, apenas hemos logrado reducir la desnutrición crónica en un 8.7% y a este ritmo, nos tomará 100 años erradicarla. Según Acción contra el Hambre, si el virus se extendiera en un área con altos niveles de desnutrición, estos niños desnutridos serían los primeros en morir. 

Los guatemaltecos además, tienen una alta prevalencia de enfermedades crónicas y no transmisibles (ENT), entre las que se encuentras los diferentes tipos de cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Todas estas ENT califican como precondiciones de riesgo frente al Coronavirus

Guatemala es el país con la mayor doble carga de mortalidad (tasa entre cáncer + enfermedades cardiovasculares / enfermedades transmisibles) de Latinoamérica. Hoy el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son ya las principales causas de muerte en Guatemala y el resto de países de la región. Estos males principalmente afectan a los más necesitados, la falta de recursos les dificulta recibir tratamientos adecuados e información que podría salvarles la vida, también les empuja a llevar vidas no saludables, alimentándose principalmente con alimentos bajos en nutrientes y potencialmente dañinos para la salud.

Otro problema asociado a la pobreza es la falta de infraestructura básica que permita tener condiciones mínimas de salubridad. Según el Censo 2018, el 41% de los hogares guatemaltecos no tienen tubería de agua instalada dentro de su casa. Esos son cerca de 8.5 millones de personas que deben recurrir a tuberías externas, chorros públicos, pozos perforados comunales, agua de lluvia, ríos, lagos, manantiales o camiones (pipas), para tener acceso al agua. Difícil seguir la recomendación de lavarse constantemente las manos cuando no se cuenta con el ingrediente principal de la ecuación.

Además, la población más pobre carece de acceso a servicios de salud. Para el año 2016, un 29% de la población no fue atendida por ningún servicio de salud formal y quienes sí lo fueron se encontraron con servicios públicos desabastecidos, lejanos y sobrepasados en sus capacidades.

La falta de información y educación es otro problema asociado a la pobreza. En Guatemala, el promedio de años de escolaridad es de apenas 6.5, este dato nos pone con Honduras en el último lugar de Latinoamérica. 8 de cada 10 guatemaltecos viven en hogares con pocos años de escolaridad y cerca de 1.5 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo. Esta falta de acceso a educación formal, suele traducirse en falta de acceso a información de calidad. Hoy sabemos que la información es clave para enfrentar situaciones como la de la pandemia del Coronavirus.

La desnutrición, las enfermedades no transmisibles, la falta de agua entubada, las carencias del sistema de salud, la falta de información, los bajos ingresos económicos y otros indicadores no mencionados en este artículo, son todas características inevitables de la pobreza en el país y todas actúan como precondiciones de riesgo frente a una crisis sanitarias como la del COVID-19.

En 1997, Richard N. Adams comentó en su estudio sobre los efectos de la pandemia de Influenza de 1918 que: “En tanto el brote de Influenza en 1918 fue una pandemia mundial, en Guatemala atacó a ladinos e indios, habitantes del campo y de la ciudad, pobres y ricos, pero no a todos con la misma fuerza. La mortalidad varió en términos étnicos. En este sentido, se parece al terremoto posterior de 1976 en el que la ubicación geográfica y la vivienda tradicional conllevaron marcadas diferencias en los niveles de pérdidas por grupo étnico.”

Lamentablemente el comentario de Adams podría fácilmente extrapolarse a la Guatemala de hoy, como una fuerte advertencia frente a la pandemia del Coronavirus. Serían en las regiones con mayor cantidad de personas en situación de pobreza, las cuales son mayoritariamente indígenas, en donde seguramente encontraríamos la mayor cantidad de muertos por la enfermedad. Se calcula que, en la Guatemala de 1918, murieron entre 75,000 y 150,000 personas por la pandemia de Influenza. Esto era en una Guatemala mucho menos comunicada y desarrollada, pero con indicadores de pobreza relativamente similares a los de hoy.

La pobreza de este país debe hacernos ver que es imperativo que Guatemala continúe centrando todos sus esfuerzos en la mitigación del contagio de la enfermedad. Debemos evitar a toda costa que el virus alcance a las comunidades más pobres y desprotegidas del país si queremos evitar una tragedia de magnitudes que probablemente nunca hemos visto; eso en el corto plazo, en el largo plazo el reto es tomarnos en serio la tarea de combatir la pobreza, no hay tragedia más grande y duradera que la pobreza de Guatemala. 

En países como Guatemala, la pobreza es también una precondición de riesgo frente al Coronavirus. O mejor dicho, es una condición que pone en riesgo a millones de personas frente a una pandemia como la que enfrentamos en este momento.

Por qué esta crisis y sus soluciones resultan distintas a la recesión 2007-2008

Cuando se empezó a visualizar que la pandemia Covid-19 provocaría una crisis económica internacional, el primer instinto fue voltear a ver la experiencia más reciente de una recesión: la crisis financiera 2007-2008. De ahí, que en primera instancia se consideró urgente contrarrestar la inminente contracción a través de políticas expansionistas en materia monetaria (la reducción en la de interés líder para fomentar más consumo) y de política fiscal (aumento del gasto de gobierno) para apuntalar la demanda agregada (total de bienes y servicios demandados a determinado nivel de precios durante un período de tiempo).

Sin embargo, los economistas rápidamente entendieron que la temida recesión post Covid-19 no era comparable con las características de la crisis financiera 2007-2008.

A diferencia de dicha crisis financiera que se caracterizó por una contracción en la demanda agregada como consecuencia del colapso en los mercados inmobiliario y financiero, la recesión post Covid-19 estaría alimentada por un shock en la oferta. Esto, como consecuencia de la disrupción en los canales de producción y distribución. Dicho de forma más sencilla: las políticas de supresión y mitigación de la pandemia (toques de queda, paros y suspensión de actividades) simplemente provocan que miles de empresas no puedan producir, que la oferta laboral se reduzca, que los canales para la exportación estén rotos o paralizados, y que el total de bienes y servicios producidos se contraiga significativamente.

En este sentido, la crisis se asemeja más a las que se producen como consecuencia de una guerra o un desastre natural, cuando la destrucción de infraestructura o la pérdida de capital y fuerza laboral provoca un shock en la oferta, entendido como una reducción en la producción de bienes y servicios.

Lo que complica el escenario actual es que el shock sobre la oferta seguramente vendrá acompañado de una caída en la demanda agregada. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la duración que tendrán los toques de queda o suspensión de actividades, aunado a los recortes de planilla y personal en empresas, provocará -seguramente- una reducción en el gasto de los consumidores. Y como es natural en toda crisis, la incertidumbre invita a un recorte de gastos superfluos y a la reducción en la reinversión de las empresas. Todo ello generará una contracción en la demanda agregada de bienes y servicios.

Es en este momento que se producirá el mayor riesgo global. Las empresas más dependientes del flujo de caja y que cuentan con activos limitados para hacer frente a sus obligaciones (pago de salarios, proveedores, impuestos, etc.) tendrán problemas de liquidez para cumplir con tales compromisos. Este fenómeno afectará, en primera instancia, a las Mipymes. Pero al mismo tiempo, esas empresas estarán enfrentando el problema generado por la contracción en la demanda de bienes y servicios, explicada anteriormente. Si para entonces no existen “paquetes de rescate”, se genera el escenario riesgoso de empresas que sencillamente no pueden cumplir con sus obligaciones y optan por declararse en quiebra.

Si esto ocurre, los trabajadores de esas empresas sufrirán la pérdida de sus empleos e ingresos. En ese caso, el efecto será una reducción en su consumo y una mayor depresión de la demanda agregada.

En resumen, la crisis empieza como una contracción en la oferta acompañada de una contracción en la demanda, lo que a su vez provocará una mayor reducción de la oferta y un ciclo vicioso recesivo.

Por ello, las políticas de mitigación de la crisis deben contemplar los dos extremos del proceso económico. La oferta debe apuntalarse mediante paquetes de rescate que incluyan políticas como moratorias de cuotas patronales o fiscales, la reducción de tasas impositivas, líneas de crédito blandas y alternativas de seguridad social para hacer frente al pago de planillas. Además, debe estimularse la demanda por medio de inversión pública (particularmente en salud e infraestructura), transferencias de dinero a los sectores más vulnerables (personas que subsisten en la informalidad, desempleados y familias en pobreza y pobreza extrema). Pero esto no es todo. También debe pensarse en el “día después de mañana”. Políticas dirigidas a atraer nuevas inversiones una vez la pandemia haya sido superada. La revisión del modelo de zonas francas para atraer inversión para exportaciones; la flexibilización de la regulación laboral; la introducción de “ventanillas únicas” para agilización de trámites y licencias, o la legislación para incentivar inversión pública-privada en infraestructura y vivienda social son algunas alternativas ya discutidas.

Atravesamos una época en la que las libertades están restringidas por razones de salud pública que imponen que la vida humana se asegure, vivimos un momento en el que las garantías individuales se ven suspendidas a raíz de la orden de cuarentena.

Al 30 de marzo Estados Unidos confirmó más de 160mil casos activos de Coronavirus. En el mundo se contabilizan los 780mil contagiados. Nueva York, la ciudad que nunca duerme hoy está dormida. Uno de los ejes económicos más importantes y varios puntos del globo han detenido sus actividades con la esperanza de frenar la pandemia que ya alcanzó más de 40mil muertes en apenas 3 meses.

El mundo enfrenta una crisis de salud donde rondan muchas preocupaciones, entre ellas, respecto de las consecuencias para la libertad sobre las medidas que han implementado los distintos estados para contrarrestar la pandemia.

Sabemos dos cosas del Coronavirus -Covid19-. La primera, que es altamente contagioso; y la segunda, que es potencialmente letal para cierto grupo de personas. Ante estas dos características, se convierten necesarias medidas que promuevan el distanciamiento y confinamiento social. Mientras los días avanzan, en distintas partes del mundo y en Guatemala, los estados han implementado estrategias que limitan y restringen la libertad de locomoción, tránsito y circulación para evitar la propagación masiva del virus.

Para aquellos quienes defendemos la libertad, la injerencia del estado en nuestra esfera de libertades siempre será una cuestión de alerta. Sin embargo, el mundo enfrenta una compleja situación sui generis para la cuál se requiere la implementación de medidas extraordinarias -consideradas drásticas e inadmisibles bajo cualquier otro escenario- de manera temporal mientras dura la crisis.

Bajo el modelo liberal, como mínimo, el estado tiene la responsabilidad de garantizar tres derechos fundamentales para todos los individuos: la vida, la libertad y la propiedad privada. Otra premisa importante del liberalismo es que la responsabilidad es inseparable de la libertad. Ante un escenario donde hay peligrosa contagiosidad y posible letalidad del virus para grupos específicos, la irresponsabilidad de un individuo puede convertirse en una potencial agresión al derecho a la vida de un tercero.

En un mundo ideal, podrían ocurrir dos escenarios. Por una parte, la posibilidad de individualizar la responsabilidad y que cada uno internalice esa externalidad negativa. Es decir, que cada uno, de manera libre y voluntaria se confine a su hogar. Este escenario ha resultado poco efectivo cuando analizamos casos concretos en Italia, España y Estados Unidos que no fue hasta la implementación de estrategias drásticas por parte de los estados que las personas adoptaron ese cambio. Por otro lado, se podrían adoptar medidas que permitan trazar caso por caso y limitar las libertades de grupos más reducidos o por zona geográfica y de esta manera reducir el impacto de las limitaciones.

Para las opciones expuestas, se requiere la existencia de instituciones políticas, económicas y sociales sólidas que permitan identificar estrategias para hacer cumplir las normas sin la necesidad del estado. Esto, sin mencionar la cantidad de información y fondos necesaria para implementar la trazabilidad de los casos. Lo anterior convierte cualquiera de los dos escenarios poco factibles principalmente en países del tercer mundo donde carecemos de estas condiciones.

La implementación de medidas restrictivas ante escenarios como el que vivimos quizá no es el ideal y arrastra consigo varios costos, pero sin dudas permite resolver y velar por la protección de la vida de los individuos como bien superior. No queda duda que es un momento de alerta. Tocará permanecer atentos a las disposiciones de los estados para garantizar que efectivamente las medidas no se extralimiten -en forma y temporalidad- y acaben por arrebatar de manera permanente nuestras libertades. Dicen que el precio de la libertad es la eterna vigilancia…

Fotografía tomada por: Josemaría Echeverría

Una reunión plenaria agendada para las 14:00 horas terminó en varios enfrentamientos entre diputados y en decisiones trascendentales para el país tomadas hasta la madrugada.

El Congreso tenía agendada reunión plenaria a las 14:00 horas del jueves, 2 de abril. La reunión comenzó con más de 5 horas de retraso, con acceso limitado a los medios de comunicación. Fue hasta  la madrugada del 3 de abril, que esta concluyó con la aprobación de 3 decretos. Entre ellos la polémica aprobación de una medida que no se había tomado desde la reforma constitucional de 1993: que el Banco de Guatemala (Banguat) financie directamente la  deuda del gobierno con emisión monetaria.

Hay que recordar que el Congreso ya había aprobado el decreto 12-2020 donde ampliaba parcialmente el presupuesto para atender temas urgentes del COVID-19 y para pago de salarios de burócratas, entre otras cosas. Ahora, los diputados aprobaron estos tres decretos en complemento:

A.    Decreto 13-2020, titulado “Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19”,

B.    Decreto 15-2020, titulado “Medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-2019”.

C.   Préstamo por US$60 millones para fortalecimiento del MP a través del decreto 14-2020.

Nos enfocaremos en explicar los primeros dos decretos pues el último se explica por sí solo.

Decreto 13-2020: “Ley de rescate económico”

El primer aspecto importante, es que el paquete costará Q11 mil millones que se financiarán con deuda. El presupuesto nacional que regía para 2020 era de Q87.8 mil millones. Eso quiere decir que estos Q11 mil millones de deuda son un 12.5% del tamaño del presupuesto original.

El segundo aspecto importante, es que, por primera vez desde la reforma constitucional de 1993, el Banco de Guatemala (Banguat) financiará directamente esa deuda del gobierno con emisión monetaria. El artículo 133 de la Constitución prohíbe al Banguat financiar al gobierno directamente, salvo “en casos de catástrofes o desastres públicos” con previa aprobación de dos tercios de la mayoría del Congreso (más de 107 votos) lo cual ocurrió esta vez.

¿Cómo se distribuyen esos Q11 mil millones? En tres programas:

a.    Q6 mil millones para el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el “Fondo Bono Familia” que consiste en una transferencia monetaria hasta por un monto de Q.1,000 para los más necesitados. ¿Cómo los identificarán?  Quienes consuman por mes menos de 200kw/h de energía eléctrica califican para tarifa social subvencionada y por tanto para este beneficio. ¿Cómo se canalizará la ayuda? El MIDES debe identificar a los beneficiarios y hacerles llegar la ayuda a través de transferencia bancaria. Eso implica que el MIDES debe encontrar mecanismos para facilitar apertura de cuentas para quienes no estén bancarizados.

b.    Q2 mil millones para el “Fondo para la protección del empleo”. Este fondo estará para pagar Q75 diarios a trabajadores cuyos contratos sean debidamente suspendidos con autorización del Ministerio de Trabajo. Se había especulado que fuera el IGSS quien pagar a trabajadores suspendidos, pero ellos alegaban no tener fondos. Ahora será el CHN el llamado a cubrir salarios de trabajadores cuya relación se suspenda por imposibilidad de operar por el estado de calamidad. La suspensión en sí lleva su trámite y estará a cargo de cada empresa.

c.     Q3 mil millones para el “Fondo de crédito de capital de trabajo” que servirá para que el Crédito Hipotecario Nacional otorgue créditos blandos por un monto máximo de Q250,000 para empresas que puedan necesitarlo en esta crisis. La idea es dar un salvavidas a las empresas que están paralizadas por el estado de calamidad mientras dure. Hay que decir que este artículo enmienda lo aprobado en el decreto 12-2020 donde se permitía dar préstamos a los PEP, personas expuestas políticamente y que había causado mucha indignación.

Decreto 15-2020: “Medidas adicionales de protección…”

Este decreto es más escueto y en general dispone:

a.    Prohíbe a los prestadores de servicios básicos (agua, energía eléctrica y telefonía) dos cosas: 1) suspender el servicio por impago y 2) cobrar multa, mora, intereses u otra penalización por el retardo en el pago. Las cuotas que no paguen los usuarios, mientras dure el estado de calamidad, se deben prorratear en 12 pagos posteriores.

b.    Fondo para financiar a prestadores de agua potable, cableros y entidades educativas. Como consecuencia de los impagos de los usuarios y a la imposibilidad de suspender servicios, las empresas que prestan servicios podrían tener problemas de liquidez. Para solventarlo, la ley propone un fondo que solo aplicaría a prestadores de agua potable y cables. Se deja fuera a la empresa eléctrica y a las telefonías.

c.     También se incluye a las entidades educativas para que puedan pedir préstamos al CHN para pagar nóminas. Esto porque en el decreto 12-2020 se les había prohibido interrumpir servicio por impago y cobrar mora por 3 meses desde que comenzó el estado de calamidad.

Conclusión:

En líneas generales, tiene sentido dar ayuda a la población ante una situación de emergencia como la que vivimos, donde las medidas de distanciamiento social impiden a un grueso importante de los trabajadores y empresas operar y generar ingresos.

La preocupación central estará en cuán rápido y transparentemente pueda el MIDES hacer llegar esas transferencias monetarias a los necesitados. Mucha gente que vive al día ya no tiene ingresos y si la ayuda demora, será trágico.

Lo mismo se puede decir de los fondos para dar préstamos a las empresas y la ayuda para trabajadores suspendidos. Las empresas deberán aplicar, presentar su papelería y gestionar los préstamos correspondientes. Igualmente, las empresas y trabajadores deben gestionar la suspensión para que el CHN brinde los Q75 diarios a los trabajadores suspendidos.

¿Cuánto tiempo durarán las medidas de distanciamiento social? Es crucial tener escenarios para que la gente pueda proyectar sus decisiones futuras. Está claro que una economía tan precaria como la nuestra no aguantará demasiado.

Prohibir las empresas de servicios básicos cobrar mora es un acto de ayuda a la clase trabajadora del país que lo necesita. Pero puede meter en problemas de liquidez a las empresas y de momento únicamente el servicio de agua potable cuenta con un fondo para gestionar préstamos para hacerlo. De forma llamativa, además del servicio de agua, los cableros podrán optar a esos créditos también. Digo llamativo porque algunos diputados son dueños de empresas de cable.

Por último: se ha activado un mecanismo excepcional de financiamiento con emisión monetaria por primera vez desde que se reformó la Constitución en 1993. Uno echa de menos que antes de acudir a este mecanismo (o de forma paralela) no se haga un esfuerzo por recortar gastos innecesarios.

No olvidemos que el decreto 12-2020, también de emergencia por esta crisis, incluía ampliación de presupuesto, por ejemplo, de Q567 millones para pagar beneficios salariales que negoció Jimmy Morales con el sindicato de educación. Es inaceptable no sentar a los sindicatos para renegociar estas ayudas.

Miles de familias guatemaltecas verán ineludiblemente reducidos sus ingresos y otras perderán su empleo de forma prolongada. Otros que viven de remesas sufrirán. Curiosamente quienes tienen menor peligro de perder su empleo son los empleados públicos. Dado que gozan de una permanencia de la que no gozan los trabajadores de sector privado en esta crisis, lo menos que podrían aceptar es una rebaja en sus beneficios. Esta crisis nos afecta a todos y todos tenemos que poner de nuestra parte. A sus oídos, sindicatos públicos.

La pandemia del Coronavirus, además de ser una crisis de salud pública en el mundo, también se convirtió rápidamente en una pandemia de desinformación.

El COVID-19, al igual que otras enfermedades del pasado, viene acompañado de noticias falsas y teorías de conspiración que se han propagado tan rápidamente como el propio virus. Sin embargo, las noticias falsas más preocupantes son las que se refieren a posibles curas. Hace unos días, un hombre murió después de ingerir un producto destinado a limpiar peceras porque contiene Cloroquina, un medicamento que se está probando como un posible tratamiento para la infección.

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, como parte de su misión de ser la fuente de información más confiable en esta crisis de salud, se tomó la tarea de desmentir muchas de estas teorías. Y muchos otros sitios como el Foro Económico Mundial, FactCheck.org o Fact Checker se han sumado a esta esfuerzo. 

A continuación comparto las que, personalmente, he visto circular por redes sociales:

1. La hidroxicloroquina es el nuevo tratamiento contra el Coronavirus:

FALSO. La hidroxicoloquina es un medicamento derivado de la Cloroquina que se utiliza para el tratamiento de la malaria, paludismo y otras enfermedades. Se ha escuchado y leído mucho de este medicamento ya que se están realizando pruebas de emergencia en algunos pacientes para tratar la infección del COVID19. Además de este tratamiento, se están realizando otros estudios como el uso de plasma de personas ya recuperadas, pero por el momento, ninguno está confirmado como un tratamiento estándar. Es importante que la hidroxicloroquina no se utilice sin la supervisión médica apropiada. ¹

2. El ajo puede prevenir la infección por el nuevo Coronavirus:

FALSO. El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas.  Existen estudios donde se utilizan suplementos a base de extracto de ajo para la prevención del resfriado común; y donde se halló cierto beneficio pues fortalece el sistema inmune de las personas. Sin embargo,  no existen estudios que prueben que el ajo puede prevenir la infección por el SARS-COVID19. ²

3. Si sostengo la respiración por diez segundos sin toser o sin sentir molestias no tengo infección por COVID-19.

FALSO. Los síntomas comunes del COVID-19 son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas personas desarrollan  la enfermedad hasta puntos muy graves, como la neumonía; pero otras personas la desarrollan de una forma muy ligera, solamente perdiendo el sentido del olfato y del gusto. La única forma para saber si se ha contagiado del virus es haciendo las pruebas oficiales.³

4. El Coronavirus solo afecta a personas de la tercera edad.

FALSO. El COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Las personas de la tercera edad y aquellas que ya padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) son las que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. Por consiguiente, todas las personas, sin excepción, deben acatar las medidas de higiene y distanciamiento social. ³

5. Cuando venga el verano el COVID-19 desaparecerá porque muere al entrar en contacto con el calor.

FALSO. Todavía no hay estudios sobre esto. Existe la hipótesis que toma como base los estudios realizados al virus del SARS, donde el virus podría morir expuesto a una tempertura arriba de 56°C por más de 30 minutos. Sin embargo, debemos esperar más estudios para estar 100% seguros de esto. ^{4, 5}

Es importante que analicemos la información que nos llega para evitar la propagación de noticias falsas que pueden poner en riesgo nuestra salud. Prevenir para evitar el contagio es esencial, pero paralelamente a ello, debemos desmentir aquellas noticias falsas que puedan menoscabar esos esfuerzos. A continuación, comparto un resumen de los pasos que debemos seguir antes de compartir una noticia:⁷

1. Verifique la fuente o página que publicó esa información. ¿Es de algún medio con credibilidad de su país o región? ¿Es de la página oficial de algún líder de opinión?
2. No lea solo el titular. Lea toda la noticia y tómase su tiempo para analizarla.
3. Verifique la fecha y el lugar de la nota. Muchas veces las noticias falsas o las teorías conspirativas son reutilizadas en internet cualquiera sea el contexto social que se viva en el momento.
4. ¿La noticia está "pidiendo" que crea en ella o "muestra" que debe desconfiar de otras? Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, documentos y que incluya enlaces.
5. Si la ha recibido por algún conocido, ¿confía en el criterio de esta persona para asegurar que la noticia sea verídica? Una buena forma de asegurarte de esto, es preguntarle cómo ha obtenido esa información.
6. Googlee la nota. Si la noticia es verdadera, es muy probable que varios medios de comunicación ya hayan publicado esa información.
7. Reconozca la paleta de colores y logos usados por las fuentes oficiales para comunicar información sobre determinada temática. Verifique la imagen, el video o la publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales y páginas web, de ser real ya estaría previamente allí.

La verificación es crucial para reforzar nuestra confianza en la información que recibimos de fuentes oficiales; las cuales contienen mensajes aprobados científicamente y que buscan el bienestar general de la población. Debemos esforzarnos por estar atentos, pero estar atentos solo es útil si nos ayuda a promover la información valiosa. Pensemos dos veces sobre los mensajes que circulan actualmente y ayudemos a guiar a nuestra familia y amigos a decidir en qué confiar.

Referencias:

1. https://www.paho.org/journal/es/articulos/ensayos-clinicos-reposicionamiento-medicamentos-para-tratamiento-covid-19
2. MT, L. L. (Enero de 2007). El ajo , propiedades farmacológicas e indicaciones terapéuticas. OFFARM, 26(1), 78-81. Extraído de: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-el-ajo-13097334
3. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
4. Kumar, S., Maurya, V., Prasad, A., Bhatt, M., & Saxena, S. (2020). Structural, glycosylation and antigenic variation between 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) and SARS coronavirus (SARS-CoV) (pp. 13–21). India: Indian Virological Society. Recuperado de https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13337-020-00571-5.pdf
5. Geller, C., Varbanov, M., & Duval, R. (2012). Human Coronaviruses: Insights into Environmental Resistance and Its Influence on the Development of New Antiseptic Strategies (pp. 3044–3068). Francia: MDPI. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509683/pdf/viruses-04-03044.pdf
6. https://es.weforum.org/agenda/2020/03/estos-son-los-12-principales-rumores-sobre-el-covid-19-que-la-oms-desmiente/
7. https://www.summer.harvard.edu/inside-summer/4-tips-spotting-fake-news-story

Ante la confirmación de lo que podrían ser los primeros brotes comunitarios de coronavirus en el país es necesario la implementación de una estrategia agresiva de pruebas de detección. La cantidad escasa de insumos médicos para atender una tasa alta de contagiados hace fundamental obtener información para asignar eficientemente los recursos.

El pasado 5 de abril se confirmaron 5 casos más de covid19 en Guatemala, todos circunscritos en el municipio de Patzún, Chimaltenango. La cantidad total de infectados ya supera las 7 decenas. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud, aún no se ha logrado identificar la fuente de los contagios, lo cual los convierte en los primeros brotes comunitarios en el país. Con base en la experiencia alrededor del mundo, es a partir de este momento en que el número de pacientes positivos podría incrementarse de manera exponencial.

Al hacer un análisis comparado de las medidas que se han implementado por los países para atender la crisis, casos como los de Corea del Sur o Taiwán llaman la atención por su aparente efectividad. Pese a su cercanía con China, han logrado mantener de manera más o menos estable la tasa de contagios y mortalidad por el virus. Estos países aprendieron sus lecciones y lograron identificar las mejores estrategias para “aplanar la curva” en sus experiencias con los brotes del SARS (2002) y MERS (2015). Estas son básicamente tres: testeos masivos, uso de mascarilla y trazabilidad de los casos. Para el caso de Corea del Sur, se han efectuado casi 4,000 pruebas por cada millón de habitantes. En Guatemala, apenas 874 en total.

Además de la alta contagiosidad del coronavirus, una de las razones por las cuales resulta complicado detectarlo a tiempo es que presenta síntomas muy similares a los de una gripe común. El efecto de esto es que varias personas continúan con sus actividades cotidianas y desconocen su condición. Es precisamente en este escenario en el que se produce una ola de contagios masivos. Lo anterior, sin tomar en cuenta que, en al menos un tercio de los casos positivos, los pacientes son asintomáticos. Para dar un ejemplo, en Islandia se efectuaron pruebas a toda su población y el 50% de aquellos que resultaron positivos no presentaban síntomas.

El valor de las pruebas radica en la información que nos permiten obtener. En Guatemala hay una disponibilidad escasa de camas para cuidados intensivos, respiradores, personal médico, etc. En un panorama como este, resulta fundamental identificar hacia dónde deben estar dirigidos. Si logramos comprender quién está infectado, cómo se y dónde se produjo la infección, será posible asignar los recursos de manera correspondiente.

Hay mucha incertidumbre respecto al camino que se debe tomar para evitar que nuestro ya precario sistema de salud colapse. Las pruebas nos permiten recopilar datos y por tanto es posible hacer más eficiente la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos. Además, tomando en cuenta el grave impacto económico que una cuarentena prologada puede provocar en nuestro país, será fundamental desarrollar decisiones tácticas para reducir el impacto de la crisis.

Este es un escenario atípico en la historia de Guatemala. Ante el desconocimiento y la incertidumbre vale la pena evaluar las experiencias de otros países e intentar mejorar nuestra respuesta a partir de esos ejemplos. Antes de que las cosas mejoren, la situación empeorará y mucho. Es por esto que nos encontramos en un momento crucial y que podría determinar el éxito o no de las medidas implementadas. Será fundamental la coordinación entre el sector público y privado para la gestión y análisis de las pruebas de detección, de lo contrario estaremos a ciegas ante un campo minado.