América Latina, en un punto crítico.

Cuando se pierde el equilibrio entre el Estado y la sociedad se ponen en peligro la libertad y la justicia.

Ese equilibrio se pierde cuando la política, lejos de ser el punto de encuentro donde se logra la convivencia, el diálogo y el consenso, se deforma en instrumento de mafias que secuestran las instituciones de la democracia y las ponen al servicio del mundo criminal.

Venezuela , Nicaragua, Bolivia, Argentina , Honduras y Guatemala, cada uno con sus matices y sus cargas ideológicas, son ejemplos lamentables de cómo fracasan las naciones.

Al menos hoy, Bolivia tiene una nueva oportunidad. Veremos si la nación que tomó el nombre de Bolívar hace honor a las que fueron sus ideas de libertad y justicia y no las patrañas que inventaron los chavistas criminales.

Desde hace muchos años, a la corrupción y la in­ competencia de los políticos se sumaron la indiferencia, el egoísmo y muchas veces la arrogancia de las élites; y esto ha provocado una fatiga democrática in­ controlable y el quebrantamiento del contrato social que tuvimos hasta hoy. Así nacen las dictaduras.

Cada día es más evidente que la economía no alcanza las expectativas de la gente y que la política no está a la altura de las circunstancias.

Está claro también que los latinoamericanos están insatisfechos con los resultados de la democracia; pero deben tener más claro aún que antes de permitir imposiciones populistas y autoritarias , a la democracia se le debe sanar y fortalecer.

La crisis de Chile obliga a una primera reflexión. Si en una de las 3 democracias más respetables y sólidas de América Latina, con la economía más avanzada y la sociedad con niveles más altos de bienestar estalló el caos y la violencia por una excusa cuestionable y superficial, habría que afirmar que nada ni nadie están seguros en el resto del continente. Y más, si se confirma que existe una conspiración ruso-cubana-chavista para desestabilizar las democracias de la región.

En Venezuela se acabaron las palabras para describir su tragedia. El retorno del populismo en Argentina, las crisis de Ecuador y Perú; Bolivia viviendo una compleja transición, la amenaza narcoterrorista-chavista en Colombia, la creciente desconfianza en México, un gobierno con pro­ pensión autoritaria en Brasil y  la mitad de Centroamérica bajo riesgo de convertirse en narco Estados hacen de América Latina un continente al que se debe poner atención.

Los pueblos son hoy una ecuación más compleja. Las falencias y las disfunciones del mundo presente han provocado que los ciudadanos dejen de creer en la democracia sin darse cuenta de que ésta es el único instrumento, incompleto e imperfecto, que da la oportunidad de subir el nivel de vida de la gente. 

Es cierto que la macroeconomía puede mejorar, pero es la política la que se debe transformar.

Los ciudadanos críticos deben ser demócratas insatisfechos con la democracia dispuestos a trabajar para perfeccionarla. Será siempre la mejor apuesta.

La democracia liberal y los valores de la libertad, la justicia y el Estado de Derecho han demostrado a través de la historia ser el camino al bienestar y la prosperidad de los pueblos.

El epicentro de la democracia es el ciudadano y el origen del ciudadano está en la familia.

La segunda reflexión que, hoy, me parece oportuna, es que, en alguna medida, el fracaso de la democracia se debe a padres sobreprotectores que producen hijos que funcionan solo con el sí. No conocen el no. Y esto produce ciudadanos intolerantes y autoritarios.

Es posible que, más allá de la sobrevivencia misma de la democracia, debamos vernos hacia dentro y cuestionarnos si la primera tarea que debemos hacer es reconstruir la integridad del ser humano, rescatando los valores que alguna vez hicieron grande a la raza humana.

Un modelo intermedio para la votación al Congreso.

La convocatoria a un proceso de reformas de segunda generación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el marco de la integración de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) abre la puerta para realizar reformas más profundas al sistema de elección de autoridades.

Desde hace varios años, un tema que ha sido foco de discusión es el modelo de elección de diputados. Bajo el sistema de representación proporcional de minorías, el ciudadano emite su voto por listas cerradas, inalterables y bloqueadas. Esto apuntala el poder de los partidos, pues son las agrupaciones políticas quienes ostentan el poder de determinar el orden de sus candidatos y distinguir entre aquellos candidatos con posibilidades de ser electos y aquellos de relleno. En otras palabras, solo los candidatos ubicados en los primeros puestos de la lista tienen posibilidad de alcanzar una curul.

Asimismo, este modelo también ha implicado que la correlación de fuerzas dentro del Congreso constituye el reflejo de la voluntad de la ciudadanía. El votante es quien decide a qué partido le da la mayoría, a quién convierte en fuerza de oposición o en bisagra minoritaria.

No obstante, el sistema se distorsiona debido al transfuguismo. Y por transfuguismo se entiende tanto el formal (cuando el diputado abiertamente renuncia al bloque que le eligió y se declara independiente – o anteriormente, se integraba a otro bloque), o el informal (cuando el diputado a pesar de pertenecer al bloque que le eligió adopta posturas distintas a las del partido político). Todo ello ocurre dado que una vez electo, el diputado convierte en el dueño de su curul. De tal forma, al renunciar al bloque que le eligió o al tomar una postura distinta al partido, el diputado está alterando esa correlación de fuerzas políticas legislativas, definida por el voto ciudadano.

Ante esta falencia, las propuestas son diversas. Algunos promueven la elección uninominal, en la que el votante emite su sufragio por una persona y no por un listado. El problema con este modelo es que ante el tamaño tan extenso del actual sistema de distritos electorales, el proceso de escrutinio de votos resultaría muy complejo.

Veamos un ejemplo real. En la elección 2019, veintiseis (26) partidos políticos postularon candidato por el Distrito Guatemala (magnitud 19). Asumiendo que los listados estaban completos (cosa que no es así en la práctica) esto implicaría que las Juntas Receptoras de Votos tendrían que contabilizar -individualmente- el voto de 494 candidatos.

Asimismo, el efecto negativo de todo sistema uninominal es que tiende a desincentivar la consolidación de partidos, puesto que los caciques adquieren más importancia que la estructura institucional de un partido. El mismo argumento puede hacerse con narco-candidaturas. El candidato con una fuente infinita de recursos, podría -en lo individual- desplegar millonarias campañas clientelares para ganar la curul. Si en un mismo distrito, varios candidatos están en esa situación, tendríamos una competencia de narco-caciques individuales, y el partido dejaría de importar.

Ante estas disyuntivas, se puede explorar alternativas intermedias. El caso más cercano es El Salvador, en donde se modificó el modelo de elección de listas cerradas a listados semiabiertos. Bajo este sistema, el partido propone el orden de candidatos, pero el votante tiene la potestad de reacomodar la lista de acuerdo con sus preferencias. Esto le prioriza a liderazgos alternos, representantes de grupos étnicos o de género, lo que fortalece la representatividad sin debilitar al partido, ni generar campañas de candidatos y no de partidos. En otras palabras, el votante puede reordenar el listado de candidatos, castigando a aquellos que considera poco aptos para representarle, y premiar a aquellos liderazgos que quizá no fueron postulados en los primeros espacios de las listas.

De tal manera, las listas semiabiertas se convierten en un mecanismo para democratizar el partido, pues le resta el monopolio de decisión a la estructura central. Además, constituye un mecanismo para promover la circulación de liderazgos. Por lo menos, en El Salvador, este modelo ha obligado a ARENA y al FMLN a reconsiderar el rol de sus líderes tradicionales frente a líderes emergentes, dado que los votantes han decidido premiar a nuevos políticos, postulados en la cola de los listados de candidatos, y castigar a los dinosaurios que lideran los listados.

Un modelo intermedio para la votación al Congreso.

La convocatoria a un proceso de reformas de segunda generación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el marco de la integración de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) abre la puerta para realizar reformas más profundas al sistema de elección de autoridades.

Desde hace varios años, un tema que ha sido foco de discusión es el modelo de elección de diputados. Bajo el sistema de representación proporcional de minorías, el ciudadano emite su voto por listas cerradas, inalterables y bloqueadas. Esto apuntala el poder de los partidos, pues son las agrupaciones políticas quienes ostentan el poder de determinar el orden de sus candidatos y distinguir entre aquellos candidatos con posibilidades de ser electos y aquellos de relleno. En otras palabras, solo los candidatos ubicados en los primeros puestos de la lista tienen posibilidad de alcanzar una curul.

Asimismo, este modelo también ha implicado que la correlación de fuerzas dentro del Congreso constituye el reflejo de la voluntad de la ciudadanía. El votante es quien decide a qué partido le da la mayoría, a quién convierte en fuerza de oposición o en bisagra minoritaria.

No obstante, el sistema se distorsiona debido al transfuguismo. Y por transfuguismo se entiende tanto el formal (cuando el diputado abiertamente renuncia al bloque que le eligió y se declara independiente – o anteriormente, se integraba a otro bloque), o el informal (cuando el diputado a pesar de pertenecer al bloque que le eligió adopta posturas distintas a las del partido político). Todo ello ocurre dado que una vez electo, el diputado convierte en el dueño de su curul. De tal forma, al renunciar al bloque que le eligió o al tomar una postura distinta al partido, el diputado está alterando esa correlación de fuerzas políticas legislativas, definida por el voto ciudadano.

Ante esta falencia, las propuestas son diversas. Algunos promueven la elección uninominal, en la que el votante emite su sufragio por una persona y no por un listado. El problema con este modelo es que ante el tamaño tan extenso del actual sistema de distritos electorales, el proceso de escrutinio de votos resultaría muy complejo.

Veamos un ejemplo real. En la elección 2019, veintiseis (26) partidos políticos postularon candidato por el Distrito Guatemala (magnitud 19). Asumiendo que los listados estaban completos (cosa que no es así en la práctica) esto implicaría que las Juntas Receptoras de Votos tendrían que contabilizar -individualmente- el voto de 494 candidatos.

Asimismo, el efecto negativo de todo sistema uninominal es que tiende a desincentivar la consolidación de partidos, puesto que los caciques adquieren más importancia que la estructura institucional de un partido. El mismo argumento puede hacerse con narco-candidaturas. El candidato con una fuente infinita de recursos, podría -en lo individual- desplegar millonarias campañas clientelares para ganar la curul. Si en un mismo distrito, varios candidatos están en esa situación, tendríamos una competencia de narco-caciques individuales, y el partido dejaría de importar.

Ante estas disyuntivas, se puede explorar alternativas intermedias. El caso más cercano es El Salvador, en donde se modificó el modelo de elección de listas cerradas a listados semiabiertos. Bajo este sistema, el partido propone el orden de candidatos, pero el votante tiene la potestad de reacomodar la lista de acuerdo con sus preferencias. Esto le prioriza a liderazgos alternos, representantes de grupos étnicos o de género, lo que fortalece la representatividad sin debilitar al partido, ni generar campañas de candidatos y no de partidos. En otras palabras, el votante puede reordenar el listado de candidatos, castigando a aquellos que considera poco aptos para representarle, y premiar a aquellos liderazgos que quizá no fueron postulados en los primeros espacios de las listas.

De tal manera, las listas semiabiertas se convierten en un mecanismo para democratizar el partido, pues le resta el monopolio de decisión a la estructura central. Además, constituye un mecanismo para promover la circulación de liderazgos. Por lo menos, en El Salvador, este modelo ha obligado a ARENA y al FMLN a reconsiderar el rol de sus líderes tradicionales frente a líderes emergentes, dado que los votantes han decidido premiar a nuevos políticos, postulados en la cola de los listados de candidatos, y castigar a los dinosaurios que lideran los listados.

Que sus resoluciones resulten contrarias a los intereses del poder.

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).[1]

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las élites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” sólo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de desde 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

Vale la pena preguntarse entonces, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión de Gobierno y de ciertos sectores clave del país hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales.

Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema.

No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados del 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín a los actores de poder. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría “Contra-Poder”.

Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores; las resoluciones sobre casos de “interna corporis” relacionados con actuaciones del Congreso; los casos sobre decisiones de política exterior de Gobierno; y las resoluciones que reconducen el proceso de elección de magistrados Apelaciones y CSJ. En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.

[1] https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/01/09/el-arbitro-de-ultima-instancia-dentro-del-sistema-politico/

Que sus resoluciones resulten contrarias a los intereses del poder.

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).[1]

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las élites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” sólo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de desde 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

Vale la pena preguntarse entonces, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión de Gobierno y de ciertos sectores clave del país hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales.

Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema.

No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados del 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín a los actores de poder. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría “Contra-Poder”.

Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores; las resoluciones sobre casos de “interna corporis” relacionados con actuaciones del Congreso; los casos sobre decisiones de política exterior de Gobierno; y las resoluciones que reconducen el proceso de elección de magistrados Apelaciones y CSJ. En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.

[1] https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/01/09/el-arbitro-de-ultima-instancia-dentro-del-sistema-politico/

Un grupo de 43 abogados presentamos una solicitud abierta al presidente de la República, Jimmy Morales, para que dé el veto al decreto 10-2019.

Conforme pasan los días y entramos en modo navideño, nos distraemos de los temas de trascendencia nacional. El 12 de noviembre el Congreso de la República aprobó como un relámpago y de forma intempestiva el decreto 10-2019 que reforma el Código Procesal Penal.

El decreto 10-2019, para decirlo más sencillo, introduce la “aceptación de cargos”. En otra columna expliqué por qué este decreto es esencialmente un grosero instrumento de impunidad. Acá recapitulo en lo esencial.

Los problemas del decreto 10-2019

En primer lugar, para delitos de menor impacto ya existen procedimientos para evitar enviar a prisión a aquellas personas responsables por delitos cuya pena de prisión no excede de cinco años. ¿Para qué es esta ley entonces? Pues para delitos más graves. ¿Todos? No, para delitos muy bien escogidos.

Para efectos prácticos, este decreto no beneficiaría a quienes estén acusados de homicidio, secuestro, violación, por poner algunos ejemplos. ¿Qué delitos sí reciben este beneficio? Pues ni más ni menos que aquellos asociados a la corrupción tales como cohecho activo y pasivo (dar y recibir sobornos), peculado (en lenguaje coloquial, robarse dinero del Estado), malversación de fondos, abuso de autoridad, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, entre otros.

Quiere decir que esta ley está pensada en un 80% para delitos que podrían enfrentar muchos diputados que dejarán su curul en enero próximo. Y, luego, el decreto aplica a otro catálogo de delitos que no excluyeron porque la aprobación del decreto nunca tuvo la más mínima discusión técnica. Muestra de ello es que las cuatro enmiendas que vuelven a este decreto una receta de impunidad para políticos, aparecieron súbitamente en el pleno el mismo 12 de noviembre ante un inusual quórum.

¿Cómo beneficia esta ley a los políticos acusados de corrupción?

Esa es la pregunta que se hacen muchos. Bueno, una de las enmiendas que aprobó el Congreso de última hora establece que, si una persona acepta la culpa en su primera declaración, recibe una rebaja de la mitad de la pena. Pero hay una imprecisión, ¿la mitad de qué pena? Los delitos tienen penas de prisión que están fijadas en cierto rango. Por ejemplo, quien cometa el delito de asociación ilícita enfrenta una pena de prisión de 6 a 8 años. ¿La mitad de qué pena será el beneficio? ¿de 6 años? ¿o de 8?

Hay un principio en derecho penal que dice que “en caso de duda, procede lo más favorable al reo”. En un sistema jurídico como el nuestro, con debilidad institucional muy patente, no extrañaría que los tribunales apliquen una interpretación antojadiza de esta máxima e interpreten que los acusados serán beneficiados por la mitad de la pena más baja. En cualquier caso, delitos graves como la asociación ilícita, un delito de la ley contra la delincuencia organizada, podrían librarse sin poner un pie en prisión o recibir penas muy bajas.

El deber presidencial

Naturalmente es imposible profundizar en este corto espacio otros males del decreto 10-2019. Pero lo poco que he dicho da cuenta de lo burdo y grave de la situación. En tal sentido, un grupo de 43 abogados presentamos una solicitud abierta al presidente de la República, Jimmy Morales, para que dé el veto a este decreto.

Como el lector probablemente sepa, una vez el Congreso aprueba un decreto, éste debe pasar al presidente quien puede sancionar el decreto (aprobarlo) o vetarlo. Si lo veta, el decreto debe regresar al Congreso y ahora harían falta 105 votos para aprobarlo. Afortunadamente, los diputados no tienen 105 votos y por ello el presidente Morales tiene el poder de frenar este decreto de impunidad.

El comunicado que menciono no está firmado únicamente por abogados jóvenes como yo. Si da un vistazo a la lista verá a notables abogados, algunos de ellos ex magistrados de los más altos tribunales, por poner un ejemplo. Ojalá el presidente haga lo correcto. Aunque es improbable, los ciudadanos debemos hacer que nuestra voz se escuche.

La integralidad de fomentar mayor competencia, reordenar distritos y abrir listados.

Quizá la mejor forma de explicar las debilidades del modelo de representación generado por el actual sistema electoral, es hacer una analogía con un supermercado.

Actualmente, el supermercado electoral está abastecido por unas cuantas marcas. Pero estas han cerrado filas y buscan evitar que entre nueva competencia. Lógico. Cualquiera que ha asumido el costo de ingresar al sistema, naturalmente quiere limitar que otros lo hagan. Por ello, las marcas electorales (o partidos políticos tradicionales) desean mantener barreras altas de ingreso: 27 mil afiliados (0.3% del total de empadronados), requisitos de organización en 50 municipios y 12 departamentos, plazos amplios y rígidos para realizar las asambleas, por mencionar algunas.

Pero el problema no se queda ahí. Resulta que en el supermercado las góndolas son excesivamente grandes y están desordenadas. Peor aún, los productos están mezclados, lo que limita una adecuada segmentación. En la misma góndola, usted encontrará frutas, bebidas, artículos de limpieza y farmacia. Esto ocurre en el sistema electoral por la existencia de distritos electorales muy grandes.

Por ejemplo, Guatemala, cuya magnitud es de 19 diputados, es un distrito excesivamente grande. En él, poblaciones significativas y con características económicas y socio-culturales disímiles entre sí eligen todas a un mismo grupo de representantes. Por ejemplo, los vecinos de Mixco (segundo municipio más poblado del país) inciden en la elección de representantes de otros conglomerados poblacionales, y con características sociales y económicas distintas, como los del sur (Villa Nueva o Amatitlán) o los del norte del distrito (San Juan Sacatepéquez, San Raymundo o San Pedro Ayampuc). O veamos el caso de Alta Verapaz, de magnitud nueve, en donde coexisten dos regiones geográfica, social y económicamente diferentes –la Franja Transversal del Norte y la zona del Polochic– y ambas eligen al mismo bloque de representantes. El mismo análisis puede realizarse al estudiar otros distritos como el Central (ciudad de Guatemala), Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango.

Pero para terminarla de amolar, resulta que por el diseño del sistema, el consumidor no solo está obligado a buscar sus productos en góndolas grandes y desordenadas, sino que además, está obligado a comprar “en paquete” o “canasta”. En otras palabras, usted no puede adquirir solo una manzana, sino que debe comprar una canasta de productos que le trae otros artículos más, que en algunos casos son de mala calidad, son saldos o simplemente que resultan nocivos para su salud. Ese es el efecto de los listados cerrados: el ciudadano está condenado a votar en paquete; a no poder individualizar a los candidatos que le ofrecen las agrupaciones políticas. Así es como se cuelan diputados vinculados a grupos de interés oscuro, o peor aún, a grupos delincuenciales organizados.

He aquí la lógica de los tres ejes centrales de la propuesta de reforma electoral: abrir la competencia, ordenar las góndolas electorales y permitir al votante individualizar su compra.

Reducir las barreras de ingreso busca facilitar que nuevas marcas puedan aspirar a vender su producto. Y ojo, estar en el Supermercado no es garantía que el producto sea comprado. Simplemente es un asunto de permitir más competencia. Al final del día, será el consumidor quien decida si compra la marca vieja y conocida, o se va por lo nuevo. Para hacer esto posible, es necesario reducir los costos de formación partidaria, no solo en términos de afiliados sino también de organización.

El ordenamiento de las góndolas pasa por establecer circuitos electorales. Con ello, se permitirá segmentar los mercados electorales, acercar al elector con su representante y permitir que poblaciones más homogéneas concentren su círculo de representación.

La apertura de los listados permitiría al elector individualizar su voto: podría premiar directamente a los candidatos que le parecen atractivos, indistintamente de su posición en la lista.

La integralidad de la reforma no debe olvidarse. Reordenar las góndolas y romper el sistema de “voto en paquete”, no será tan efectivo si no se incrementa la competencia.

Se sometió a discusión la iniciativa 5311 que contenía la “Ley de aceptación de cargos” y por arte de magia surgieron 4 enmiendas que cambiarían la historia del proyecto original. Acá he publicado un análisis para los lectores interesados en profundizar.

¿120 diputados en el hemiciclo en noviembre? Quienes siguen las noticias saben que esto no es algo que suela pasar, menos en tiempos transición. Pero este 12 de noviembre sucedió. Se preguntará el lector qué puede motivar algo así. Juzguemos por los hechos: se sometió a discusión la iniciativa 5311 que contenía la “ley de aceptación de cargos” y por arte de magia surgieron 4 enmiendas que cambiarían la historia del proyecto original (acá el decreto final). Acá he publicado un análisis para los lectores interesados en profundizar. Por ahora, vamos a comentar algunas cuestiones básicas.

El presidente del Congreso rápidamente mostró su “sorpresa” por las críticas a lo aprobado aduciendo que el decreto no es más que lo que presentó en su momento la CICIG. Eso es una verdad a medias, porque las cuatro enmiendas presentadas cambiaron completamente el sentido original de la propuesta; y es un discurso polarizante porque, si bien CICIG propuso una ley de aceptación de cargos (no esta), eso no la hace automáticamente deseable o adecuada.

¿Cuál es la crítica entonces? En concreto, son tres:

1. Quien paga, sale libre: el espíritu original de una ley de aceptación de cargos es ofrecer beneficios a aquellos acusados que reconozcan su culpa, sí. Pero esos beneficios deben ser acordes a la gravedad del delito que se persigue. Por eso la versión original de la ley decía que si un imputado aceptaba su culpa, recibía una rebaja de la pena de prisión, pero esa rebaja no era conmutable. Es decir, que en la versión original si una persona era acusada de cohecho pasivo (recibir sobornos), que tiene una pena de 5 a 10 años de prisión, podía recibir un beneficio de rebaja de la pena de prisión. Así, en el mejor de los casos, podía pedir su rebaja de 5 años de prisión con lo cual hubiera ido a prisión 2 años y medio. ¿Qué aprobaron los diputados? Que esa rebaja se puede “conmmutar”, es decir, que la pena de prisión se puede “convertir” en el pago de una suma de dinero. Siguiendo mi ejemplo anterior, una persona acusada de cohecho pasivo puede aceptar los cargos, recibir una rebaja de pena de prisión de 5 años a 2 años y medio y acto seguido pagar una suma de dinero y marcharse impune sin poner un pie en prisión. Sale más barato ser corrupto ahora, ¿no?

2. Catálogo de delitos a la carta: aprendieron su lección de 2017 y ahora no cualquier delito es sujeto de este beneficio. La ley aprobada en definitiva excluye cerca de una veintena de delitos para los cuales no se puede aplicar este beneficio tales como asesinato, violación, secuestro, etc. Esto para decir que “esta ley no provocará la salida masiva de delincuentes comunes y mareros”. Pero olvidan mencionar que esta ley sí aplicará a delitos de delincuencia organizada, por ejemplo; aplica para delitos típicos de casos de corrupción como tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo (pagar o recibir sobornos), peculado (robar fondos públicos), asociación ilícita, etc. ¿Por qué delitos se persigue a la mayoría de políticos acusados por corrupción desde 2015? Por los que acabo de enumerar y para los cuales sí aplica el beneficio de aceptación de cargos. ¿Coincidencia?

3. Aniquilar la figura del colaborador eficaz: el colaborador eficaz es aquel acusado por delitos relacionados con el crimen organizado que “delata” al líder de una estructura a cambio de un beneficio que puede ser la reducción de su pena o incluso su libertad. La generosidad del beneficio depende de la calidad de la información que el acusado dé. Si la información que da sirve para capturar a un pez gordo, el beneficio es grande; si la información es medianamente buena, el beneficio es menor. Esta ley, en cambio, dice que quien acepte cargos no puede recibir el beneficio de ser colaborador eficaz. ¿Cuál es el problema? Pues que con esta ley hay muy pocos incentivos para ser colaborador eficaz ahora que un acusado puede aceptar su culpa, recibir una reducción de la pena de prisión y luego “conmutar” esa pena de prisión y pagar una suma de dinero para salir libre. Es mejor salir libre sin los costos que lleva “delatar” alguien y por eso la figura de la colaboración eficaz pierde fuerza. Sí, ya sé, los diputados que aprobaron esta ley me dirán que “el beneficiado por aceptación de cargos está obligado a declarar como testigo si lo citan”. Pero a diferencia de la colaboración eficaz, donde la rebaja de la pena depende de la calidad de la información proporcionada, en esta ley solo se obliga a comparecer como testigo y aunque proporcione información de poco valor, recibe el beneficio. Un desastre total.

Hay muchos más problemas, pero estos tres puntos son los más relevantes para informar al ciudadano común, que tiene un día ocupado y que los temas jurídicos y políticos le son ajenos.

Por ahora, el decreto debe llegar al despacho del presidente Jimmy Morales. Morales tiene en sus manos vetar esta ley y evitar que entre en vigor o sancionarla y ordenar su publicación. ¿Hará lo correcto?

Los valores que hicieron grande a occidente, se están perdiendo. Y el resultado, podría ser desastroso para el mundo.

El mundo vive una paradoja. Nunca antes en la historia de la humanidad se había tenido tan alto nivel de vida y sin embargo, las protestas, el descontento ciudadano y las crisis políticas están brotando rápidamente en diferentes partes del orbe.

Los partidos políticos de extrema derecha o extrema izquierda cada vez obtienen más votos en las urnas, lo que refleja la creciente polarización que  está permeando en nuestras sociedades.

El discurso en contra de la globalización ya no es propio de la izquierda, sino que ha sido adoptado por actores considerados de derecha que cuestionan los beneficios del libre comercio, critican el multilateralismo y culpan a los migrantes de todos los males que aquejan a sus países.

Estados Unidos por su parte, tiene la intención de replegarse en su política exterior y con ello abdica de su liderazgo mundial,  dejando vacíos de poder que son llenados rápidamente por Rusia o China, como quedó demostrado tras su retirada de Siria.

Europa atraviesa por una crisis de identidad, con el proceso del Brexit inyectando gran incertidumbre económica y política, los movimientos independentistas a flor de piel y las dudas constantes sobre los beneficios de ser parte del segundo bloque económico más grande del mundo. Y lo peor de todo, es que Europa parece ser un continente totalmente rezagado respecto a la competencia tecnológica y empresarial entre China y Estados Unidos. La capacidad de influencia global de Europa ha venido decayendo paulatinamente en las últimas décadas, y corre el riesgo de llegar a ser casi irrelevante en los próximos veinte años.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales crearon varias instituciones multilaterales para tratar de garantizar que no se repitiera la tragedia que recién acababan de experimentar. La ONU, el Banco Mundial, el FMI y la OTAN fueron producto de esos acuerdos. Sin embargo, hoy se cuestiona toda esa institucionalidad, en parte porque algunas de estas organizaciones se han visto envueltas en escándalos que han mermado su credibilidad; otras simplemente han perdido efectividad, pero también se debe a que las nuevas generaciones ven muy lejanos los horrores de la Primera y la Segunda Mundial, y no perciben ninguna utilidad de las instituciones que surgieron luego de ese conflicto global.

Con el aumento del descontento social y la consolidación de las opciones extremistas en el poder, las democracias occidentales se irán debilitando y en las próximas dos décadas es posible que lleguemos a ver regímenes dictatoriales, en donde alguna vez vimos democracias prósperas.

En América Latina, tenemos ejemplos de la decadencia que pueden sufrir los países, como es el caso de Venezuela, que pasó de ser la democracia más próspera de la región a finales de los años ochenta,  a la dictadura decadente que es hoy en día. O Argentina, que era una potencia mundial a inicios del siglo XX y en las últimas décadas ha experimentado tantas crisis económicas, que han mermado seriamente la calidad de vida de sus habitantes.  ¿Tendrá Chile el mismo destino?

La desesperación, el sentimiento de injusticia y la decepción con la democracia que prevalece en los ciudadanos de muchos países occidentales, podría cambiar si se inicia un nuevo período de alto crecimiento económico como el que se vivió en los noventas y los primeros siete años del presente siglo, que benefició a una amplia clase media.  Sin embargo, con las amenazas de guerras comerciales y el agotamiento de los estímulos monetarios y fiscales de la última década, es posible que el mundo experimente una nueva recesión en los próximos dos años, lo cual exasperaría más el ánimo de las personas.

La batalla por la democracia liberal, la defensa de los derechos individuales, la libertad de expresión y de prensa, el libre comercio y en general los valores que hicieron grande a occidente, se están perdiendo. Y el resultado, podría ser desastroso para el mundo.

El escenario político hacia 2020

Entre 2015 y 2019, Guatemala vivió un proceso sin precedente de lucha contra la corrupción. Ni las manos limpias de la Italia de los 90’s, ni la ofensiva anti-corrupción de Rumania de hace una década, puede compararse en magnitud y profundidad con lo ocurrido en Guatemala en este cuatrienio.

Como todo proceso de cambio político traumático, se generan algunas condiciones recurrentes.

La polarización fue una de ellas. La historia de las Revoluciones recuerda siempre a los radicales y a los defensores del statu quo, y siempre las voces moderadas fenecen ante los extremismos de quienes quieren cambiarlo todo y quienes que no cambie nada. Esa polarización se sobrevino en Guatemala. Lo interesante del caso es que a pesar de la finalización del mandato de la Comisión -el actor central en el proceso- la polarización se mantiene y el enfrentamiento se arrecia con el paso de los días.

Otra condición es el desplome de los depuradores que iniciaron el cambio político. Los Cromwell, Robespierre y Maderos terminan cayendo víctima de la Revolución que ellos mismos iniciaron. La consolidación del cambio político cae en los hombros sobreviven la polarización y la lucha por el poder, al estilo de Guillermo de Orange, Napoleón y Plutarco Elías Calles. Esa dinámica se vive hoy en Guatemala, con los promotores del proceso depurador en franca retirada, o con el péndulo de la regresión en franca aceleración.

La tercera condición es el resultado subóptimo del proceso. Al estilo de la final de Game of Thrones, el poder generalmente no queda en manos de las fuerzas que protagonizaron la contienda, sino del actor que mejor logra posicionarse en medio del caos político.

El riesgo latente en estos procesos es el caos. La polarización, el desplome de los depuradores y la temporalidad que toma gestarse el resultado subóptimo, vienen acompañados de cierto desasosiego político y anarquía. Ninguna de las dos se ha hecho presente en el escenario guatemalteco. Pero lo cierto es que los fantasmas de la anarquía se posan amenazantemente sobre el firmamento.

Primero, se observa un Congreso con una agenda de “nunca más”, envían el mensaje que lo ocurrido no debe repetirse. Y para ello, no sólo tienen que favorecer a la facción victoriosa (véase la Ley de Aceptación de Cargos), sino además, revertir los avances institucionales alcanzados (véase los esfuerzos por desarmar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, o limitar la autonomía del Fiscal General). Y todo ello, debe coronarse con una narrativa alterna, una versión “oficial” de lo ocurrido que se contraponga a los hechos fácticos recogidos en medios e investigaciones.

Segundo, se observa la persistencia de la atomización y la fragmentación. En el plano político partidista, el resultado de la elección 2019 fue el Congreso más atomizado de la historia, en el cual el proceso de alcanzar mayorías será el más complejo de la historia democrática. Pero en el plano de los actores relevantes, las rencillas y la sed de venganza se mantienen a flor de piel.

Tercero, un debilitamiento de la institucionalidad. Cortes desgastadas y un irrespeto generalizado a sus resoluciones. Organismos del Estado desarmados.

Todos estos fantasmas sí aparecen en la ecuación guatemalteca. El riesgo entonces es replicar la maldición del náufrago que nada durante horas para sólo darse cuenta de que se alejó más de la orilla.

Alejarse de la orilla implica que mientras perdura la anarquía, las mafias se reagrupen y encuentren nuevas formas de operar el control del territorio y de los espacios de poder. Recuperar espacios de poder equivale retomar el control de los negocios, de las viejas formas de hacer política o de restituir el círculo “inversión electoral – rentabilidad corrupta” que sin duda, se vio afectado a partir de 2016.