Atravesamos una época en la que las libertades están restringidas por razones de salud pública que imponen que la vida humana se asegure, vivimos un momento en el que las garantías individuales se ven suspendidas a raíz de la orden de cuarentena.
Al 30 de marzo Estados Unidos confirmó más de 160mil casos activos de Coronavirus. En el mundo se contabilizan los 780mil contagiados. Nueva York, la ciudad que nunca duerme hoy está dormida. Uno de los ejes económicos más importantes y varios puntos del globo han detenido sus actividades con la esperanza de frenar la pandemia que ya alcanzó más de 40mil muertes en apenas 3 meses.
El mundo enfrenta una crisis de salud donde rondan muchas preocupaciones, entre ellas, respecto de las consecuencias para la libertad sobre las medidas que han implementado los distintos estados para contrarrestar la pandemia.
Sabemos dos cosas del Coronavirus -Covid19-. La primera, que es altamente contagioso; y la segunda, que es potencialmente letal para cierto grupo de personas. Ante estas dos características, se convierten necesarias medidas que promuevan el distanciamiento y confinamiento social. Mientras los días avanzan, en distintas partes del mundo y en Guatemala, los estados han implementado estrategias que limitan y restringen la libertad de locomoción, tránsito y circulación para evitar la propagación masiva del virus.
Para aquellos quienes defendemos la libertad, la injerencia del estado en nuestra esfera de libertades siempre será una cuestión de alerta. Sin embargo, el mundo enfrenta una compleja situación sui generis para la cuál se requiere la implementación de medidas extraordinarias -consideradas drásticas e inadmisibles bajo cualquier otro escenario- de manera temporal mientras dura la crisis.
Bajo el modelo liberal, como mínimo, el estado tiene la responsabilidad de garantizar tres derechos fundamentales para todos los individuos: la vida, la libertad y la propiedad privada. Otra premisa importante del liberalismo es que la responsabilidad es inseparable de la libertad. Ante un escenario donde hay peligrosa contagiosidad y posible letalidad del virus para grupos específicos, la irresponsabilidad de un individuo puede convertirse en una potencial agresión al derecho a la vida de un tercero.
En un mundo ideal, podrían ocurrir dos escenarios. Por una parte, la posibilidad de individualizar la responsabilidad y que cada uno internalice esa externalidad negativa. Es decir, que cada uno, de manera libre y voluntaria se confine a su hogar. Este escenario ha resultado poco efectivo cuando analizamos casos concretos en Italia, España y Estados Unidos que no fue hasta la implementación de estrategias drásticas por parte de los estados que las personas adoptaron ese cambio. Por otro lado, se podrían adoptar medidas que permitan trazar caso por caso y limitar las libertades de grupos más reducidos o por zona geográfica y de esta manera reducir el impacto de las limitaciones.
Para las opciones expuestas, se requiere la existencia de instituciones políticas, económicas y sociales sólidas que permitan identificar estrategias para hacer cumplir las normas sin la necesidad del estado. Esto, sin mencionar la cantidad de información y fondos necesaria para implementar la trazabilidad de los casos. Lo anterior convierte cualquiera de los dos escenarios poco factibles principalmente en países del tercer mundo donde carecemos de estas condiciones.
La implementación de medidas restrictivas ante escenarios como el que vivimos quizá no es el ideal y arrastra consigo varios costos, pero sin dudas permite resolver y velar por la protección de la vida de los individuos como bien superior. No queda duda que es un momento de alerta. Tocará permanecer atentos a las disposiciones de los estados para garantizar que efectivamente las medidas no se extralimiten -en forma y temporalidad- y acaben por arrebatar de manera permanente nuestras libertades. Dicen que el precio de la libertad es la eterna vigilancia…
Fotografía tomada por: Josemaría Echeverría
