Un análisis sobre la prohibición de las bolsas plásticas y duroport en Guatemala. 

El presidente Morales emitió un acuerdo gubernativo (189-2019), en consejo de ministros, el cual expresa en su artículo 1:

«Se prohíbe el uso y distribución de bolsas plásticas de un solo uso en sus diferentes presentaciones formas y diseños, pajillas plásticas en sus diferentes presentaciones, formas y diseños, platos y vasos plásticos desechables en todas sus presentaciones, formas y diseños incluyendo mezcladores o agitadores plásticos desechables y contenedores o recipientes para almacenamiento y traslado de alimentos de plástico desechables o de poliestireno expandido (duroport), en sus diferentes presentaciones, formas y diseños.»

Para efectos de esta reflexión, es irrelevante si estamos o no de acuerdo con prohibir el uso de bolsas plásticas y demás objetos relacionados. La pregunta de mi reflexión es: ¿puede el presidente prohibir el plástico a través de un simple acuerdo gubernativo?

La facultad del presidente, como parte del poder ejecutivo, de dictar este tipo de resoluciones nace de la literal e del artículo 183 de la Constitución que establece como facultad presidencial «[s]ancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes; dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu.»

Es decir, como parte de su función ejecutiva, el presidente puede dictar aquellos acuerdos gubernativos o reglamentos que tengan como fin hacer viable la aplicación de una ley que sancionó el Congreso. Pero la última oración del inciso antes citado tiene la clave: los acuerdos gubernativos no pueden alterar el espíritu de la ley.

Hay una ley que regula lo relativo a la protección del medio ambiente y es el decreto 68-86 del Congreso. Esta normativa, en su artículo 12, literal b, establece que uno de los objetivos de esa ley es:

«La prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que origine deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas ecológicos, y excepcionalmente, la prohibición en casos que afecten la calidad de vida y el bien común, calificados así, previo dictámenes científicos y técnicos emitidos por organismos competentes;»

No queda claro que el acuerdo gubernativo del presidente cumpla con los requisitos técnicos que menciona dicho artículo. Pero, más interesante aún es la discusión relativa a definir si la prohibición, en los términos que expuse en el primer párrafo, es parte de ese «espíritu de la ley» o si, más bien, el presidente está dictando una norma de observancia general.

Mi opinión es que esa prohibición es, efectivamente, una norma de observancia general y en ese sentido vulnera uno de los principios menos tutelados por nuestras cortes: la zona de reserva legal. Si damos un vistazo al artículo 157 de la Constitución nos encontraremos con que «La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto (…)».

¿No está acaso el presidente Morales usurpando funciones legislativas con esta prohibición? Insisto: al margen de nuestra opinión sobre la conveniencia o no de regular o prohibir el uso del plástico, lo cierto es que es una discusión que debería tener lugar en el Congreso de la República.

Pienso que, por las razones anteriormente expuestas, este acuerdo gubernativo podría ser impugnado a través de una acción de inconstitucionalidad.

Y creo que no es comparable a los casos en los cuales son las municipalidades deciden regular el uso del plástico. Eso merece un análisis aparte de las competencias del gobierno municipal.

La pregunta es, ¿será impugnado el acuerdo gubernativo? Sea cual fuere la decisión de las cortes, sentaría un interesante precedente en lo relativo a la potestad legislativa y a los ámbitos de competencias y alcances de las atribuciones reglamentarias del presidente.

Dejar de repetir verdades y apostar por el debate.

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida solo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Todo el razonamiento y la construcción argumentativa se basaba en esa premisa incuestionable. Pero la premisa originaria no se debatía.

Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el statu quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominem (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vendepatrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción de Gobierno se convierte en apologista de Jimmy Morales; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la que interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores; reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Dejar de repetir verdades y apostar por el debate.

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida solo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Todo el razonamiento y la construcción argumentativa se basaba en esa premisa incuestionable. Pero la premisa originaria no se debatía.

Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el statu quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominem (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vendepatrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción de Gobierno se convierte en apologista de Jimmy Morales; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la que interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores; reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Lo que celebramos cada 15 de septiembre es el primer ejercicio de soberanía y el primer brote de identidad nacional, no la materialización de nuestra libertad.

En las últimas semanas, y debido a la celebración del mes de la independencia de Centroamérica, han proliferado análisis y opiniones sobre el significado y el impacto del 15 de septiembre de 1821 para Guatemala y la región. En su mayoría, estas reflexiones han estado plagadas de imprecisiones y confusiones en torno a dos conceptos radicalmente distintos: independencia y libertad. Dos conceptos que, si bien no son equivalentes, estuvieron coyuntural y excepcionalmente amalgamados en lo que muchos historiadores han denominado las “revoluciones hispanoamericanas” o la conformación de los Estados-nación latinoamericanos en el siglo XIX.

De tal suerte que se hace necesario precisar conceptualmente estos dos términos para entender los complejos procesos que dieron forma al nacimiento de los proyectos nacionales[1] latinoamericanos y sus posteriores intentos republicanos[2].

En ese sentido, la primera distinción entre los dos términos (y una de las más clarificantes), la hizo el general y prócer colombiano Francisco de Paula Santander con su celebérrima frase «las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad».

Atendiendo a esta diferenciación, entendemos entonces que la independencia se relaciona con la separación del nexo colonial a través del ejercicio de soberanía nacional que se manifiesta en el principio de autodeterminación para elegir formas de gobierno y representantes[3].

Por otra parte, la libertad tiene qué ver con la relación Estado-ciudadanía en la cual los ciudadanos son libres siempre y cuando no encuentren impedimentos del poder político arbitario y absoluto, el cual se limita mediante leyes que estipulan una serie de derechos. De manera que, tal como dijo Marco Tulio Cicerón «seamos esclavos de las leyes para poder vivir en libertad», la libertad se consuma cuando obedecemos leyes, no a tiranos. Por ende, no cualquier arreglo jurídico es capaz de otorgar libertad, sino sólo aquellos fundamentados en los principios del Estado de derecho, propios del constitucionalismo liberal[4].

Sin embargo, hay que mencionar que parte de la confusión entre independencia y libertad (en ese orden, o viceversa), probablemente radica en una distorsión del concepto de libertad entendida como “autorrealización”, lo cual no tiene nada que ver con la libertad en las leyes en un Estado de derecho, sino, como diría Giovanni Sartori, con un criterio in interiore hominis que se relaciona con el logro de un estado de autonomía personal, separado de un estado de tutela o potestad y que en todo caso es materia del Derecho de las personas, no de la Filosofía Política.

De manera que, en lo tocante a los procesos históricos, una nación puede ser independiente y no libre; o puede ser libre y no independiente[5]. El problema radica en que en toda América Latina (con sus matices), los artífices de la independencia fueron también los autores de las Constituciones y del arreglo institucional de los proyectos nacionales. De allí la confusión interesada y el intento de “fundir” estos dos elementos en la conciencia histórica latinoamericana como relato fundacional identitario de esas comunidades imaginadas que llamamos naciones y como fuente de legitimidad de la nueva élite política[6].

Así que lo que celebramos cada 15 de septiembre es el primer ejercicio de soberanía y el primer brote de identidad nacional, no la materialización de nuestra libertad.

[1] Por proyecto nacional se entiende, los trabajos políticos, jurídicos y sociales que comenzaron en la América Española una vez abolida la monarquía colonial y que están fundados esencialmente en la noción de soberanía nacional. (Ver Carrera Damas, Germán. Formación histórico-social de América Latina. Caracas. UCV-CENDES. 2009).

[2] En este punto definiremos República bajo las consideraciones de teóricos como Phillip Pettit o Antonio García-Trevijano. Entendiendo república como algo más que una forma de Estado no monárquica, sino como una organización estatal subordinada a las leyes impersonales, con dispersión (más que división) de poderes, etc.

[3] Chust Calero, Manuel (ed.) Las independencias Iberoamericanas en su laberinto. Universitát de Valencia. 2010

[4] Sartori, Giovanni ¿Qué es la democracia? Madrid. Taurus. 2007. Pp. 153-158

[5] Carrera Damas, Germán. La independencia cuestionada. Caracas. Editorial Alfa. 2016

[6] Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. México. FCE. 1993. Pp. 22-25 / Hobsbawm, Eric. Nations and nationalism since 1780. Cambridge University Press. 1990. Pp. 16-45

Las raíces del conflicto político se encuentran en la Constitución del 45.

La Constitución de 1945 es considerada como referente de democratización, ya que materializaba las aspiraciones de libertad de las gestas de junio y octubre del 44, y contenía una serie de garantías sociales y laborales. No obstante, la misma Constitución abrió un flanco que se convertiría en causal de inestabilidad entre 1949 y 1960.

Con el fin de minimizar la instrumentalización de la fuerza armada, los constituyentes diseñaron un modelo de dispersión de poder para el Ejército. El Presidente fungía como Comandante en Jefe y dictaba sus órdenes a través del Ministro de la Defensa. Y como balance al poder del Ejecutivo, se creó la figura de Jefe de las Fuerzas Armadas, nombrado por el Congreso.

Jacobo Árbenz, oficial de escuela y miembro de la Junta de Gobierno, fue nombrado Ministro de la Defensa; mientras Francisco Javier Arana, oficial de línea y miembro de la Junta, fue designado Jefe de las Fuerzas Armadas. El problema es evidente: se rompió la unidad de mando, y se abrió el espacio para el fraccionamiento entre aranistas y arbencistas.

El divisionismo se patentizó al buscar al sucesor de Arévalo, luego del Pacto del Barranco de 1945. El ala moderada de los revolucionarios apoyó a Arana, bajo la premisa que había que consolidar las primeras reformas de la revolución; mientras el ala reformista apoyó a Árbenz, bajo la premisa de ampliar las reformas a lo económico y social.

El resto de la historia todos la conocemos. Arana es asesinado en un confuso incidente en 1949, en el que se infiere la participación -directa o indirecta- de Árbenz. Habiendo sido castrados de su líder, los aranistas protagonizaron una serie de cuartelazos entre 1949 y 1951, uno de ellos, dirigido por Carlos Castillo Armas. Mientras que la oficialidad arbencista se consolidó en el poder tras el triunfo de Jacobo Árbenz en las elecciones de noviembre del 50.

El movimiento de la Liberación, de 1954, fue dirigido por algunos oficiales aranistas exiliados a raíz de los cuartelazos anteriores; y la inacción del Ejército ante la Liberación fue producto del pacto entre oficiales del alto mando afines a Arana y dirigentes liberacionistas. El triunfo liberacionista conllevó el desplazamiento de los arbencistas, cuya oficialidad -humillada por no haber defendido a su Presidente- protagonizaría los levantamientos de 1957, y la Conjura del Niño Jesús de noviembre de 1960, que marcaría el inicio de la insurrección armada.

Las raíces del conflicto político de la segunda mitad del siglo XX y el aborto temprano de la Revolución se encuentran en el mismo diseño del Ejército de la Revolución. Al romper la unidad de mando y politizar a la fuerza armada, la Constitución del 45 se condenó a sí misma.

El pasado lunes, 16 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en la cual otorgó un amparo provisional que deja en suspenso el proceso de elección de magistrados de Cortes de Apelaciones (CdeA) y de Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lo resuelto por la CC es consecuencia de dos vicios claros al actual proceso: 1) la forma en que se eligió a los representantes de los magistrados de CdeA ante la Comisión de Postulación para elegir magistrados de CSJ; y, 2) el incumplimiento del Consejo de la Carrera Judicial de evaluar a los jueces y magistrados conforme a la “nueva” Ley de la Carrera Judicial. Vamos por pasos para que el lector no versado en asuntos jurídicos pueda tener contexto.

La conformación de las Comisiones de Postulación

Hay dos comisiones de postulación: una que tiene por objeto elaborar la nómina de 26 candidatos para magistrados de CSJ que enviará oportunamente al Congreso quien elegirá a los 13 magistrados titulares; otra para elegir a los magistrados de CdeA que elegirá a 45 Salas conformadas cada una por 3 magistrados titulares y 2 suplentes. En ese sentido, esta comisión enviará una nómina de 270 candidatos de los cuales el Congreso elegirá a los magistrados de CdeA.

La Constitución establece que estas comisiones están conformadas por 37 miembros: a) 1 representante de los rectores de las universidades; b) los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país; 12 representantes elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados; 12 representantes del Organismo Judicial que, en el caso de la comisión de postulación para elegir CdeA son representantes de la CSJ y en el caso de la comisión de postulación para elegir CSJ se trata de 12 representantes elegidos por la Asamblea de magistrados de CdeA.

Vicio número uno: la elección de representantes de la Asamblea de magistrados de CdeA

El artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación establece que el mecanismo de elección para el Colegio de Abogados y la asamblea de magistrados de CdeA es la representación proporcional de minorías. Básicamente es el mismo sistema que utilizamos para elegir diputados y que explico en otra columna.

Sin embargo, la resolución de la Corte pone en evidencia que la elección de la asamblea de magistrados de CdeA no cumplió este proceso, sino que se hizo de forma exprés y mediante planilla única. En ese sentido, se viola el espíritu de la ley de Comisiones de Postulación que precisamente busca que el mecanismo de elección no sea mayoritario o del tipo “el ganador se lo lleva todo”. Por esa razón, el amparo provisional que otorga la CC declara nula la elección y manda a que se repita y en consecuencia queda en suspenso el trabajo de la comisión de postulación.

Vicio número dos: el incumplimiento del Consejo de la Carrera Judicial

Nuestra Constitución no solo estableció un “peculiar” mecanismo para elegir magistrados de CdeA y CSJ que son las comisiones de postulación. Al tiempo, admite a dos tipos de aspirantes: a los abogados que ejercen de forma liberal la profesión y a los aspirantes que forman parte de la carrera judicial como jueces de primera instancia o magistrados de CdeA.

Para ser magistrado de CdeA, el artículo 217 constitucional requiere ser mayor de 35 años y para los abogados en ejercicio acreditar que han ejercido la profesión por más de 5 años y, para los miembros de la carrera judicial, haber ocupado el cargo de juez de primera instancia por un periodo (5 años). Para ser magistrado de CSJ el artículo 216 requiere ser mayor de cuarenta años y, para los abogados en ejercicio, acreditar que han ejercido la profesión más de 10 años y, para los miembros de la carrera judicial, haber ocupado el cargo de magistrado de CdeA al menos un periodo (5 años).

En ese orden de ideas, en 2016 se aprobó el decreto 32-2016 Ley de Carrera judicial que reemplazó a la ley del mismo nombre del año 99. En el artículo 76 estableció algo que complementa al texto constitucional: que aquellos miembros de la carrera judicial que quieran aspirar a magistrados de CdeA y CSJ, deben quedar incluidos en una lista que elabore el Consejo de la Carrera Judicial en la que conste su evaluación de desempeño. Lista que debe enviar, de acuerdo con la ley, el consejo de la carrera judicial a la comisión de postulación respectiva.

Resulta que el Consejo de la Carrera Judicial jamás cumplió a cabalidad lo anterior. Por una parte, aducen que no tenían reglamento porque la Corte Suprema de Justicia lo tenía para su evaluación en el departamento jurídico y que la evaluación la hicieron con los parámetros de la antigua y derogada ley del año 99. Para colmo, la lista fue enviada el 29 de agosto pasado, presuntamente en respuesta a uno de los amparos presentados y cuya resolución comentamos que fue presentado dos días antes.

Conclusión: ¿y ahora qué?

No se trata de que la CC quiera “posponer” el proceso, como se ha podido leer en redes sociales y se ha comentado en algunos espacios de opinión. La CC simplemente ha constatado dos vicios garrafales al presente proceso y a intentar darles salida. Ciertamente subsanarlos puede tomar meses y ciertamente el nombramiento de los magistrados vence el 13 de octubre próximo. No será la primera vez que esto ocurra y si el proceso se prolonga más allá de esa fecha, los magistrados actuales deberán permanecer en su cargo hasta que culmine el nombramiento de quien deba sucederles en el cargo.

Esferas de poder se han aprovechado del debilitamiento de los medios tradicionales de la región para asfixiarlos económicamente, financiar netcenters y utilizar a “pseudoperiodistas” que les permitan posicionar mensajes afines a sus intereses.

Escepticismo, incredulidad y desconfianza es lo que muchos ciudadanos tienen sobre los medios de comunicación. Se percibe que algo no marcha bien en el funcionamiento general de la información.¹ La región está llena de canales y emisoras vendidas al gobierno de turno; de prensa que decide no mencionar marcas por miedo a que les retiren pauta; y de aquellos medios que, según el financista, difaman a sus enemigos con mentiras y teorías conspirativas.

Nadie niega la importancia de los canales de información en una democracia. Especialmente con ejemplos como Venezuela y Nicaragua, donde distintos medios de comunicación fueron obligados a cerrar. La información de calidad es esencial para asegurar la buena marcha de la sociedad.

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, una gran cantidad de medios están siendo obligados a escandalizar sus titulares para llamar la atención; y con el modelo económico del que se fiaron por muchos años (que se basa en la publicidad) se han visto forzados a agachar la cabeza en peleas en las que se les necesita.

Para evitar la quiebra, los dueños de los medios han tomado decisiones como fortalecer secciones deportivas o reducir su personal; y han hablado con sus periodistas sobre el enfoque que deben darle a las notas que pone en riesgo la reputación de políticos o empresarios. El dinero habla y la información puede ser sacrificada.

Esto lo han comprendido a la perfección las distintas esferas del poder que aprovechan esta debilidad y la distracción de las masas para financiar netcenters, asfixiar económicamente a medios y utilizar a “pseudoperiodistas” que les permiten posicionar mensajes afines a sus intereses. El ecosistema de información que existe en la actualidad está lleno de noticias falsas que recorren las redes sociales y que ponen en tela de juicio aquellas investigaciones que medios formales han realizado. Y con esto no me refiero a las críticas sobre el enfoque o ideología del medio, que son completamente válidas, sino a aquellas que buscan el desprestigio e incluso el despido de periodistas dispuestos a hablar de temas sensibles para esas esferas.

Justos pagan por pecadores. Mientras algunos tratan de ser lo más rigurosos posible en las noticias del día y brindan un verdadero aporte a la democracia de nuestro país, emisiones completamente burdas se alinean en la búsqueda de la impunidad de figuras políticas con claros señalamientos o evitan la propagación de información negativa sobre uno de sus publicistas mayoritarios. Los medios de comunicación han caído del pedestal por un sistema corroído por intereses. 

Los medios de comunicación deben acoplarse a los nuevos tiempos, hacer más atractivo su contenido, recuperar su credibilidad y buscar nuevas fuentes de financiamiento que les permitan crear contenido independiente. Pero no pueden hacerlo solos, necesitan de nosotros. Varios ejemplos como The Economist o La Silla Vacía, cuentan con modelos de suscripción en línea o programas de donación, que de alguna u otra forma les permite respirar. Los ciudadanos debemos entender que informarnos cuesta y que ese es el precio de la democracia. No podemos darle la espalda a aquellos medios que buscan hacer periodismo de calidad y que están comprometidos con el futuro de su país.

Referencias: 

1. Ramonet, I. (1998) La tiranía de la comunicación. España. Editorial Debate, S.A. 

Cambiar para evitar el cambio.

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel español, Rafael de Riego, protagonizó un levantamiento militar contra la monarquía absolutista del Rey Fernando VII, que culminó con la instauración del Trienio Liberal en la península ibérica. España se convirtió en una monarquía constitucional bajo la Constitución de Cádiz, marco normativo que subordinaba el poder del monarca a las Cortes, decretaba el laicismo, la libertad de culto, además de otras medidas anticlericales.

Al mismo tiempo, los Artículos 10 y 11 de la Constitución de Cádiz, reconocían a las colonias americanas como provincias del reino, pero limitaba cualquier ejercicio de autonomía efectiva.

Entre tanto, en México y Centroamérica, los movimientos y rebeliones independentistas fenecían ante un reconstituido Ejército español. No obstante, el giro hacia el liberalismo en la Madre Patria generaba resquemor entre una elite y un clero conservador. Dicho resquemor se manifestó principalmente en la reticencia local a aceptar la restaurada Constitución de Cádiz.

En este contexto, las autoridades peninsulares, la elite criolla, el alto clero y los oficiales del Ejército real –simpatizantes del absolutismo y fervientes antiliberales– organizaron una serie de reuniones secretas para declarar la independencia de México y Centroamérica. Su ideal era restablecer la monarquía bajo la dirección de un infante español, que rechazara el laicismo y las instituciones constitucionales de Cádiz.

Ese espíritu fue el que dio origen al Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide, comandante del Ejército español en México. Sus tres principios materializaban el sentir de la época: unidad entre peninsulares y criollos, independencia y adscripción a la religión católica.

La venida a Guatemala de Vicente Filísola, delegado de Iturbide, aceleró el sentir de la elite de proclamar la independencia de las Provincias de Centroamérica, la cual se suscribió en papel sellado de la corona. Los notables que participaron de la junta nombraron como primer Jefe de las Provincias Unidas a Gabino Gaínza, quien hasta el 14 de septiembre ejercía el cargo de Capitán General y Comandante del Ejército español en Centroamérica.

La independencia, y posterior anexión a México, habrían de confirmarse en un Congreso Constituyente convocado para el 1 de marzo de 1822. No obstante, el Plan de Iguala fracasó. La invitación a un infante español para asumir la corona de un independiente Reino de México fue rechazada por la familia Borbón. Ante el vacío, Iturbide fue proclamado Emperador.

La independencia de Guatemala no representa un sueño de libertad, ni la materialización de las ideas de la Ilustración, como sí ocurrió en América del Sur. Por el contrario, la emancipación fue una reacción conservadora ante el liberalismo español, al temor por el laicismo y al deseo de mantener la subordinación a un monarca absoluto. En pocas palabras, la historia de la independencia centroamericana fue un fiel reflejo de muchas dinámicas políticas de los últimos dos siglos: era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.

Nos queda esperar a que los que tomen el rumbo del país sepan leer el signo de los tiempos y no den marcha atrás a los avances logrados por la lucha contra la corrupción.

El experimento de CICIG llegó a su fin el 3 de septiembre pasado. Es difícil sostener una discusión racional sobre los resultados de la comisión, pero algunos datos pueden ayudar a centrar la discusión a lo que es realmente importante y a discutir los fallos y límites del experimento.

En primer lugar, la CICIG promovió y acompañó durante los 12 años de gestión, 120 casos penales y lograron más de 400 sentencias condenatorias. En total, hablamos de que han imputado a más de 1,000 personas por distintos delitos. Esa lista de imputados incluye a dos ex presidentes (Colom y Pérez), a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, a varios ex ministros, ex diputados, ex magistrados de Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios de alto rango.

Es decir, no solo se trata del volumen de casos que salieron a luz, sino del perfil de varios acusados que sin un esfuerzo como el de la Comisión habrían sido intocables.

Ciertamente, del lado de las críticas, encontramos el uso (o abuso para algunos) de la prisión preventiva. Sin embargo, hay varios puntos que aclarar. Primero, que el exceso de aplicación de la prisión preventiva es un mal sistémico, pues desde el año 1999 MINUGUA hizo ver el problema, al igual que el CEJA en un estudio del año 2009 para América Latina, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH-  en 2013.

El dato más interesante es que, de acuerdo con un estudio del CIEN, el 33% de imputados en procesos penales son enviados a prisión preventiva después de la primera declaración. Cuando desagregamos el dato, vemos que en los casos que sigue la CICIG, la proporción es casi la misma: el 30% de acusados guarda prisión preventiva. Llevan razón con que hay un abuso de la prisión preventiva, pero no la llevan en cuanto a que sea un mal imputable al trabajo de la comisión o al menos los datos no los respaldan para hacer tal acusación.

La politización de la justicia fue otro de los temas de discusión. Naturalmente muchos de los acusados utilizaron como estrategia de defensa la narrativa de que las persecuciones eran políticas. La misma narrativa usó Lula en Brasil; Dragnea en Rumanía hizo lo propio y aseguró que la Dirección Anti Corrupción de Rumanía, que destapó los casos de corrupción en su contra, “manipulaba testigos e inventaba pruebas”. Narrativas similares a las que vimos en los últimos años, algo frecuente en casos donde hay persecuciones penales de esta envergadura.

Lo anterior no significa que el trabajo de CICIG sea todo color de rosas. Hubo muchos errores e incluso el diseño institucional no era el óptimo. Era necesario algún contrapeso y una supervisión imparcial que diera balance al trabajo de la comisión. Por supuesto, el tema no fue ni propuesto por los políticos ni aceptado por los defensores a ciegas del trabajo de la comisión.

Pero lo que preocupa más es que, con todo y sus desaciertos, la comisión era el único esfuerzo articulado para combatir la corrupción y la impunidad. Ahora que se marcha, no queda un rumbo marcado que seguir. Es cierto, el Ministerio Público de hoy tiene mejores capacidades que aquel que encontró la comisión en 2008, pero el poder judicial continúa cooptado por grupos oscuros que podrían consolidar su control en el mismo y garantizarse impunidad.

La lección principal de este esfuerzo es que, si no hay un liderazgo político local que impulse las reformas institucionales de fondo que quiten los incentivos y espacios a los poderes paralelos como complemento a la persecución penal, la ecuación queda incompleta. La comisión quiso jugar el rol de reformador en 2017 (ante la ausencia de liderazgo político local) y no tuvo éxito, pero la clase política demostró su compromiso con los poderes oscuros y mantuvo un sistema de elección de jueces que ahora está bajo su control.

No cabe duda que la reforma judicial debe ser uno de los principales puntos de consenso que debemos encontrar los actores locales. Tanto para quienes estamos más cerca de la derecha o quienes estén cerca de la izquierda, existe un acuerdo bastante claro en que debemos arrebatar a las mafias el control del poder judicial. Hacia ahí deben ir nuestros esfuerzos, de lo contrario, la lucha contra la impunidad no tendrá futuro.

Por lo demás, nos queda esperar a que los que tomen el rumbo del país sepan leer el signo de los tiempos y no den marcha atrás a los avances logrados y a que nuestros aliados continúen dando apoyo a las políticas de combate a la impunidad y la corrupción. La esperanza es lo último que muere.

Las revoluciones sangrientas y los dictadores usualmente surgen en sociedades que se niegan a cambiar.

Esta semana se cumplieron cuatro años de la renuncia de Otto Pérez Molina de la presidencia. Aquel lejano septiembre de 2015 nos abriría una brecha de esperanza a los guatemaltecos, ya que nos sentíamos empoderados y creíamos que era posible construir un país en el cual la corrupción y el abuso de poder finalmente serían castigados con severidad, por un Sistema de Justicia que parecía lograr cierta independencia. 

Aquello quedó atrás y cuatro años después, ya sin la fuerza y el apoyo  que algún día logró la lucha contra la corrupción, enfrentamos el desafío de transformar el Estado inoperante, corrupto y cooptado que actualmente tenemos. Algunos tratan de ser autocomplacientes y dicen que no estamos tan mal. Pero el Índice de Estado de Derecho 2019 nos coloca entre los últimos seis lugares de América Latina y el Caribe. ¿Es posible atraer grandes cantidades de inversión extranjera a Guatemala, si somos catalogados como un paraíso de impunidad y corrupción?

El sistema capitalista y de libre mercado sacó de la pobreza a millones de personas en los últimos doscientos cincuenta años, permitiendo que Occidente emergiera y se desarrollara como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero el capitalismo requiere de un Estado mínimamente funcional, que sea capaz de tener presencia e imponer orden en el territorio que administra, impartiendo justicia con independencia y brindando ciertos servicios públicos básicos.

El problema es que nosotros hemos sido incapaces de construir un Estado con ese mínimo de funcionalidad. En Guatemala, los grupos políticos constantemente buscan el poder para beneficiarse cínicamente de los fondos públicos y para que su esquema de latrocinio funcione a la perfección, necesitan tener el Sistema de Justicia subyugado y a sus órdenes. Es prácticamente imposible que un Estado pueda funcionar adecuadamente, con niveles tan altos de corrupción como los que presenta Guatemala. ¿De verdad somos tan ingenuos de pensar que el capitalismo surgirá exitosamente con una institucionalidad tan ruinosa?

Luego del fin del ciclo político que inició en 2015 y que terminó esta semana con sus saldos positivos y negativos, los guatemaltecos no podemos ser autocomplacientes y asumir que este país puede desarrollarse con el Sistema de Justicia tan poroso y endeble que tiene. Y no sólo es la justicia la que funciona mal en este país. Es el Estado y el sistema político en general el que es incapaz de generar las condiciones indispensables para el desarrollo.

Por eso, las principales amenazas que enfrenta Guatemala en estos momentos son la autocomplacencia, el inmovilismo  y el conservadurismo a ultranza. La Rusia de Nicolás II sucumbió al comunismo, precisamente por su negativa a evolucionar y construir instituciones más democráticas y funcionales.  Si el Zar hubiese accedido a realizar cambios graduales en la dirección correcta, tal vez jamás hubiesen conocido los horrores del comunismo.

Las revoluciones sangrientas y los dictadores usualmente surgen en sociedades que se niegan a cambiar. Es la historia de Venezuela de finales de los años noventa. La negativa al cambio,  fermentó el clima político para que emergiera Hugo Chávez, con el resultado que hoy todos sabemos.

¿Quién debe liderar el cambio de esta sociedad? El nuevo gobierno que asumirá el 14 de enero de 2020, es el llamado a cumplir ese rol.  Si bien tendrá un congreso fragmentado y posiblemente hostil, el  próximo Ejecutivo podría impulsar una agenda de reformas en el Legislativo que nos permita construir una institucionalidad más transparente y funcional.

El peor escenario para el país, sería que el próximo gobierno desaproveche la oportunidad de realizar reformas y termine envuelto en escándalos de corrupción. Sería condenarnos a que dentro de cuatro años, surjan proyectos políticos rapaces, radicales y dictatoriales, que finalmente destruyan y den muerte a nuestra frágil e incipiente democracia. Ojalá y aprendamos de la historia.

Columna publicada en El Periódico.