Los eventos sorpresivos de los últimos días permitieron descartar algunos de los escenarios políticos planteados por analistas y alteraron las premisas generales de todo el mapa nacional.

Un parteaguas en los balances de fuerza.

Hace unas semanas, cuando se valoraban las premisas generales de la coyuntura política nacional, el análisis de escenarios se encaminaba hacia alguno de estos cuatro caminos:

1) Una abierta confrontación entre el bando del MP y la CICIG, con el Gobierno de la República y sus aliados en el Congreso y en la Municipalidad de Guatemala, como consecuencia de la presentación de nuevos casos de alto impacto.

2) La continuación de una dinámica de estabilidad volátil, similar a la de los últimos meses, en la cual se profundizan las investigaciones de corrupción al tiempo en el que el Gobierno y aliados juegan a socavar el trabajo de los investigadores.

3) La posibilidad de un escenario “tipo 2015”, en el cual la presentación de casos judiciales de alto impacto generara un reacomodo de fuerzas que alterara los balances en algunas instituciones del país.

4) La posibilidad que los actores “pro-statu quo” retomaran control del Ministerio Público y, silenciosamente, condujeran una estrategia para ahogar lentamente la lucha contra la corrupción de cara al 2019.

Sin embargo, como ocurre en el ejercicio de escenarios, el devenir de los acontecimientos no solo permitió descartar algunas de las posibilidades prospectivas, sino que además, los eventos más sorpresivos de los últimos días, alteran las premisas generales de todo el mapa nacional.

Por un lado, el resultado del trabajo de la Comisión de Postulación para Fiscal General prácticamente hizo descartable el último escenario, sobre una lenta restauración del statu quo. De los candidatos seleccionados, los seis parecieran estar comprometidos con continuar y profundizar el proceso de lucha contra la corrupción 2015-2018. Por otro lado, luego del caso “Financiamiento Electoral Ilícito 2015” y la posterior declaración de “Mea Culpa” por parte de un grupo de financistas, la posición judicial del mandatario se complicó, puesto que ahora resulta bastante complejo para el Gobierno alegar motivaciones políticas o espurias detrás de la investigación.

Pero el factor de cambio se activó el viernes al final de la tarde, con la noticia del fallecimiento súbito del alcalde capitalino. Desde octubre, Arzú se convirtió en el articulador de la alianza anti-CICIG, y era quizá el caudillo detrás de las posiciones de Morales en el Ejecutivo, de su hijo Álvaro en el Congreso y algunos otros actores de reparto. Sustraer al alcalde de la ecuación implica un cambio importante en el balance de fuerzas. Aquí en este escenario, muerto el rey, no queda claro quién será el nuevo rey. Para el presidente Morales, implica quedar en mayor situación de debilidad y soledad ante la precaria situación política y judicial que enfrenta. Para el ministro Degenhart, pupilo de Arzú y materialización concreta de su influencia en el Gobierno, implica una merma importante del capital de respaldo para las acciones operativas contra la CICIG. Y en el Congreso, sin la figura del caudillo articulador, la ya debilitada alianza pro-oficialista la tendrá más difícil en su esfuerzo de alcanzar las mayorías para impulsar cualquier tipo de acción legislativa.

Sin embargo, entender las motivaciones subjetivas es más complejo. El duelo nacional durará, cuando mucho, siete días. Y en ese marco, se presentan dos alternativas. Que ante el shock político que generó el deceso del alcalde, puede que simplemente los actores en el Ejecutivo y Congreso queden en la pura inamovilidad. Y con ello, la pelota pasaría a la cancha del MP y CICIG y la posibilidad de nuevas acciones judiciales. La otra alternativa es que en una última expresión de desesperación, –muy remota debo decir– apelen a la “energía del mártir” para intentar enderezar alguna estrategia de expulsión de la CICIG. El problema para la alianza es que aún en condiciones previas al 27 de abril su gesta se veía cuesta arriba; ahora, la pendiente solo se ha agudizado. En estas condiciones, la capacidad de articular una estrategia anti-CICIG ha mermado.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

La perversión del amparo tiene el efecto avieso de destruir el funcionamiento del organismo judicial, entorpecer el sistema de justicia y mermar la calidad del mismo, ya de por sí precaria.

El tema de la «amparitis» en Guatemala[1] se ha sido analizado en un documento titulado «Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad»[2], en el que se explica el deficitario funcionamiento del poder judicial en Guatemala y cómo éste ha obstaculizado la lucha contra la corrupción, liderada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) generando retrasos judiciales en el ámbito de los juicios penales.

Prescindiendo de otros factores, se puede deducir que los tribunales y los operadores del sistema tienen una gran responsabilidad en la distorsión institucional existente, derivado de malas prácticas interpretativas, cuyo ejemplo más emblemático es la práctica judicial del «amparo». Tomando en cuenta esas malas prácticas, se hace necesario reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) y los códigos procesales existentes para lograr un proceso judicial más garantista que evite la «amparitis» con todos sus efectos perversos en la administración de justicia, además de la politización de la justicia[3].

La necesidad de una reforma a la LAEPC[4] es una exigencia constitucional. Casi una década atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala (2009) sostuvo que «El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala, en los términos de los párrafos 238 a 242 de la presente Sentencia» con el objetivo de satisfacer las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 1.1 y 2). La reforma a la ley no ha ocurrido hasta la fecha (2018) ocasionando un agravamiento del funcionamiento de justicia del país.

La reforma tendría como propósito recobrar el «verdadero objeto y fin, de conformidad con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos»[5], es decir, como recurso adecuado para tutelar los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales[6] y no como un «medio para dilatar y entorpecer el proceso judicial como factor para la impunidad»[7].

No se trata de eliminar al amparo previsto en la Constitución (art. 265), sino de erradicar la presencia de la «itis» del «amparo». La diferencia entre la previsión del amparo normativamente y su mal funcionamiento en el país, puede apreciarse en el hecho de que los tribunales en Guatemala en lugar de verificar la admisibilidad de las solicitudes de amparo interpuestas, declarando inadmisibles aquellas que no cumplen con los requisitos, son admitidas gracias a la hegemónica posición formalista de los tribunales[8]. Con ello, miles de solicitudes de amparo son interpuestas y los tribunales las admiten dándole trámite a todas, para posteriormente, una vez examinadas las pretensiones, rechazarlas por incumplimiento de aspectos sustantivos.

Esta práctica ha ocasionado que las solicitudes de amparo crezcan vertiginosamente como refiere el informe de Human Rights Watch. De hecho, en 2016, se presentaron 5.152 acciones de amparo ante los tribunales, casi el doble de lo que ocurrió en 2012, en el que se presentaron 3.856 amparos o incluso, en 2009, en el que hubo unas 3.05815 peticiones. Así por ejemplo «En las 3.283 decisiones sobre peticiones de amparo dictadas por los tribunales en 2016, el 73% —o 2.405 peticiones— fueron denegadas y el 27% —u 878 peticiones— fueron otorgadas»[9].

La perversión del amparo tiene el efecto avieso de destruir el funcionamiento del organismo judicial, entorpecer el sistema de justicia y mermar la calidad de la misma, ya de por sí precaria. Por ello, es innegable la responsabilidad de los jueces, Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, en tanto que esta perversión solo es posible «porque los tribunales lo permiten».

De hecho, «Los jueces podrían desestimar peticiones de amparo infundadas o innecesarias, pero casi nunca lo hacen. Los tribunales pueden discrecionalmente seguir dando trámite a los procedimientos mientras no haya riesgo de daño irreparable, pero rara vez lo hacen. En lugar de ello, las cortes suelen admitir solicitudes infundadas y los juzgados suspenden los procesos penales hasta que se resuelven dichas solicitudes»[10].

Esta absurda interpretación prevaleciente, hostil, a rechazar las pretensiones de amparo que no cumplan con los requisitos de admisibilidad, para darles trámite porque la ley «no establece expresamente que una petición que no cumple con esos requisitos no es admisible», es algo que los jueces pueden cambiar pero que no hacen; debido a las vetustas técnicas de interpretación jurídica que tienen los jueces en el país, con las excepciones del caso.

La reticencia a cambiar la interpretación sobre el amparo, e incluso, a los esquemas de funcionamiento judicial, se explica por la ausencia de independencia e imparcialidad de los jueces, los cuales no se atreven a declarar la inadmisibilidad de las pretensiones porque se podría entender como «desestimación de facto» o una «falta administrativa».

Sobre el tema de la posible «falta administrativa», es menester destacar que se agrava cada día, producto de la tesis que conceptualiza a los jueces como funcionarios administrativos, lo que incentiva la práctica de la «amparitis», puesto que en un sistema de sanciones judiciales vago y violatorio de estándares a derechos humanos, es previsible que los jueces no sean independientes e imparciales a la hora de interpretar el derecho.

Si bien la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) es una ley constitucional, ello no equivale a sostener que es la Constitución, por lo que su reforma (basado en el art. 175 de la Constitución) es indispensable para mejorar la práctica del amparo en el país y reforzar otros mecanismos procesales de protección de derechos adicionales al amparo, mediante reformas sustanciales a los códigos procesales.

Referencias:

[1]Antes del informe que se comenta en este escrito se abordó el tema en ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «La ´amparítis´ en Guatemala», Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2017, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-amparitis-en-guatemala

[2] Human Rights Watch, USA, 2017.

[3] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «Justicia a la orden del mejor postor» Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2016 enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/justicia-la-orden-del-mejor-po...

[4] Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, Human Rights Watch, USA, 2017.

[5] Ibíd., párr. 242.

[6] Véase el voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, de fecha de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf. En dicho voto el magistrado se refirió al «control de convencionalidad» que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional” (párr. 27). Véase Jaime Orlando SANTOFIMIO GAMBOA y Allan R. BREWER-CARÍAS, Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013.

[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, de fecha 24 de Noviembre de 2009, párr. 153 y 238.

[8] Véase Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad fe fecha 9 de diciembre de 2013 (art. 26).

[9] Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, op. cit., p. 11

[10] Ibíd., p. 4

Las actividades ciudadanas de las semanas pasadas fueron exitosas, principalmente porque nos ayudaron a darnos cuenta que no estamos solos y que podemos darnos la mano en temas importantes sin traicionar nuestros principios.

Dos eventos importantes marcaron la agenda de la discusión pública nacional de las últimas semanas; el primero fue la convocatoria al Frente Ciudadano contra la Corrupción y el segundo, el Tercer Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Ambos eventos tenían como propósito dar un apoyo valiente, público y sonoro a los esfuerzos de la lucha anticorrupción, abanderada por el Ministerio Público de Thelma Aldana y la CICIG de Iván Velásquez. Ambos eventos lograron su objetivo.

Dos cosas llaman la atención de estas actividades ciudadanas:

La primera es que los guatemaltecos seguimos siendo una sociedad tribal. No superamos esos años escolares en los que teníamos un grupo cercano de amigos e infantilmente celamos a quienes se relacionaban con el grupo que consideramos contrario.

Basta ver los comentarios de rechazo que se lanzaron en contra de quienes valientemente se pararon en la tarima del Frente contra la corrupción o se sentaron a discutir en el Encuentro Ciudadano.

Ejemplos de esta actitud tribal hay muchos, veamos los casos de Lenina García y varios activistas de izquierdas que fueron y están siendo criticados por presentarse al lado de los empresarios; también esos mismos empresarios recibieron críticas por sentarse al lado de los líderes indígenas, supuestos enemigos naturales del sector privado. Lo interesante es que las críticas no venían únicamente de sus detractores, como sería de esperar, también vinieron de personas cercanas a su misma tribu.

Ojo que el problema no es la crítica, sino la mezquindad disfrazada de crítica con la que se cuestiona a quienes se atreven a asumir el costo político de ser moderados y participar en una discusión multisectorial. Pareciera que hay quienes se alimentan del conflicto y son más felices cuando pueden seguir viendo al país en la incertidumbre y desconfianza; mientras pregonan que el país debe cambiar, pero solo si cambia a su manera.

El segundo punto que llama la atención, es el debilitamiento que el discurso anti CICIG ha sufrido en las última semanas. Ya queda muy poco de aquellos vociferantes opositores de la lucha anticorrupción. El “para cuándo este o aquel” y las quejas de justicia selectiva se fueron diluyendo con los casos presentados, no les ha quedado más que recluirse en quejas sobre la forma como se desarrolla el proceso, las conferencias de prensa y las fotos de los capturados en los medios son el nuevo objetivo.

Llegará el día en el que los opositores bienintencionados, que todavía existen, se darán cuenta que sus preocupaciones y miedos están siendo utilizados por la mafia, los corruptos y sus mercenarios para entorpecer un importante proceso de limpieza institucional. Ojalá lo vean a tiempo y su tozudez no les impida ponerse del lado correcto de la historia. Sus dudas y críticas sobre un proceso que es perfectible, pueden ser de mucha utilidad; pero primero, debemos lograr un acuerdo mínimo sobre el apoyo que se necesita para que esto llegue a las últimas consecuencias.

Esta puede ser una oportunidad para que quienes tienen dudas legítimas, pero apoyan la lucha anticorrupción, puedan separarse de quienes jamás estarán de acuerdo porque sus intereses o los de sus conocidos se ven afectados con el fortalecimiento de la justicia.

Como decía el comisionado Iván Velásquez en la entrevista presentada durante el Tercer Encuentro Ciudadano, la verdad puede ser liberadora para quien está dispuesto a aceptar su culpa. Las personas que han cometido errores pueden salir redimidas de este proceso y ayudar en el camino de reconstrucción institucional que vamos a necesitar. Ejemplos hay y se vale soñar.

Lo que no se vale es continuar apañando corruptos por el miedo a la incertidumbre y sostener un sistema con políticos y funcionarios que se hacen ricos a costa de la pobreza de otros. El diálogo entre actores de la sociedad puede servir para diluir esa incertidumbre y ojalá comenzar el proceso de reconstrucción.

Las actividades ciudadanas de las semanas pasadas fueron exitosas, principalmente porque nos ayudaron a darnos cuenta que no estamos solos y que podemos darnos la mano en temas importantes sin traicionar nuestros principios. Debemos afrontar cualquier situación con honestidad, como se hizo en la actividad del Frente contra la corrupción y en el Encuentro Ciudadano, eso inevitablemente apartará a los deshonestos del camino.

Publicado originalmente en República.

El punto de partida de cualquier cambio es reconocer que el sistema que fue construido simplemente fracasó.

Durante décadas el Estado de Guatemala ha sido saqueado de forma sistemática. Ya sea a través de robarse los fondos públicos directamente; repartir plazas entre familiares, amigos y allegados políticos; o de contratos anómalos, poco transparentes y/o lesivos para el Estado, entre otras formas “ingeniosas”; cada grupo político en el poder logró o intentó amasar fortunas.

Por supuesto que en medio de la descomposición del Estado hay funcionarios correctos que han hecho su trabajo con compromiso y dedicación. Muchos de ellos (en mandos medios o bajos) han visto desfilar decenas de saqueadores que llegan a dirigir las instituciones públicas solo para dejarlas en peores condiciones de como las encontraron. También hemos tenido altos funcionarios públicos honestos. Eso no se puede negar.

Sin embargo, la degradación del Estado ha sido evidente. Con el paso de los años, los diferentes gobiernos mostraron una mayor voracidad para quedarse con los recursos públicos. Los procesos de extinción de dominio contra las principales figuras políticas de la última década, dan cuenta que eran personas sin el menor escrúpulo. Su único objetivo era volverse millonarios saqueando el Estado. Esos eran los gobernantes que teníamos o que aspiraban a serlo.

Lo que han hecho la CICIG y el MP en lo últimos años es mostrarnos la podredumbre que nos negábamos a ver, ya sea por miedo o por simple comodidad. Ese era el sistema que teníamos antes que estas dos instituciones comenzaran a funcionar adecuadamente. Lo que menos deberíamos sentir ahora es nostalgia por un sistema que estaba colapsando y que nos llevaba a parecernos cada vez más a Haití.

La pregunta que nos debemos hacer ahora como guatemaltecos es ¿Cómo permitimos que un sistema tan perverso se instalara en Guatemala? ¿Qué responsabilidad implica el momento histórico que vive el país en estos momentos? ¿Por qué Estados Unidos ha tenido que apoyar un ente externo al país, para tratar de rescatarlo de la situación decadente en que se encontraba, y no fuimos nosotros por nuestra propia iniciativa quiénes lo impulsamos?

Las sociedades más exitosas del planeta son aquellas que lograron cuestionar el sistema que les mantenía sumidos en la pobreza y la miseria. Europa Occidental tuvo que transitar del feudalismo de la Edad Media, a la Democracia Liberal de hoy en día, por un proceso de autocrítica y evolución que implicó grandes costos, pero que actualmente les permite disfrutar de altos estándares de vida. ¿Qué sería de Europa si se hubiera quedado sumida en el feudalismo?

Los ingleses tuvieron un proceso de cambio menos traumático que el resto de países europeos, debido al pragmatismo que les caracteriza. Sin embargo, el fanatismo de los franceses hizo que ese proceso de cambio fuera sumamente sangriento; un escenario que debe evitarse a toda costa en Guatemala. Las posiciones radicales y desinformadas no deben acaparar la discusión pública.

El punto de partida de cualquier cambio es reconocer que el sistema que fue construido simplemente fracasó. Y allí es en donde todavía no nos ponemos de acuerdo. Comencemos por reconocer que Guatemala está muy lejos de ser una Democracia Republicana y que millones de ciudadanos viven en la miseria. ¿Acaso no nos duele ver a millones de niños que no tendrán futuro porque sufren desnutrición y no asisten a la escuela? No podemos ser tan indolentes y cerrar los ojos a esta realidad.

La corrupción es el cáncer que nos ha matado como sociedad. Debemos tener la madurez para aceptarlo. Ningún plan de reactivación económica puede ponerse en marcha exitosamente si no logramos construir un Estado administrado por personas que tengan el incentivo correcto. No perdamos el tiempo defendiendo el sistema anterior. Nuestro deber es dar un paso al frente para lograr consensos sobre cómo construir una auténtica Democracia Republicana, en donde exista Estado de Derecho y el alto crecimiento económico no sea coyuntural, sino estructural.

Publicación orignal en El Periódico.

América Latina sigue perdida en su laberinto y en su historia, con unas élites “light” que no se enteran que el futuro de nuestro continente depende de ellas.

Los números económicos y sociales de Centro América y el momento político que vive cada uno de nuestros países permiten hacer análisis y proyecciones que deberían comprometer a las élites de la región a identificar los consensos necesarios, tomar las decisiones impostergables y embarcarse en los esfuerzos indispensables para enderezar el rumbo y poner a nuestros países, de una vez por todas, en dirección a la estabilidad política, la certeza jurídica y el desarrollo.

Nuestra región, como la mayor parte de América Latina, desentona con lo que sucede en el resto del Occidente democrático y próspero. Solo Chile, Argentina, Uruguay y tal vez Panamá se salvan hoy de no ser calificados como típicos países subdesarrollados, sobre todo, en su cultura cívica y en la política.

Colombia y Perú iban bien pero su vida política se complicó y están en peligro de comprometer el buen crecimiento que traían. Brasil y México están paralizados por su dinámica electoral y corren riesgo de caer en manos del populismo. Maduro y su banda de criminales convirtieron a Venezuela en el infierno del continente y el mundo hace gala de su indiferencia.

En Centro América, Costa Rica está perdiendo los exámenes en materias como gasto público financiado con deuda, déficit fiscal y débil infraestructura. La finca de Ortega viene de muy abajo, y por eso, sus números sorprenden; pero, es la finca de un señor. Y los 3 del norte no saben a dónde van, la amenaza populista es real y sus números son muy malos en prácticamente todo, excepto en remesas familiares.

Con esos números y realidades políticas y sociales “se puede vivir”. Incluso, algunos ven el presente y el futuro con gran optimismo. Especialmente porque ellos están bien. Pero la realidad para millones de seres humanos en América Latina es muy distinta. El optimismo es bueno, pero también lo es la responsabilidad.

El problema es el estancamiento, las crisis recurrentes, la inestabilidad y la lentitud en llevar soluciones sólidas y permanentes a las decenas de millones de latinoamericanos que, cada día, pierden fe en la democracia y la libertad. Hoy, México y Brasil don dos claros ejemplos.

América Latina sigue perdida en su laberinto y en su historia, con unas élites “light” que no se enteran que el futuro de nuestro continente depende de ellas. Sí, de la academia, del sector empresarial, del sector profesional, de los grupos de jóvenes y de la sociedad civil.

Es de estos grupos de donde deben salir los nuevos funcionarios públicos, los nuevos tecnócratas y los nuevos líderes políticos para América Latina. Así es, una nueva élite política que rompa con la cultura de la incompetencia, con el cáncer de la corrupción y con el venero de la indiferencia.

Las economías desarrolladas están creciendo a buen ritmo, y en los foros mundiales y las cumbres hablan de un optimismo cauteloso, pues se sabe que el planeta sigue padeciendo problemas y amenazas que pueden convertirse en crisis con relativa facilidad: guerras, terrorismo, malos gobiernos, problemas sociales y fenómenos climáticos.

Centro América debe cambiar los ingredientes en su fórmula para alcanzar el desarrollo. Tenemos cosas buenas en la región, pero son insuficientes. Necesitamos una nueva clase dirigente y una cultura política más propicia para el desarrollo. Necesitamos élites mucho más comprometidas con la política, pues ahí está la clave del éxito. Debemos gobernarnos mejor. Y no podemos perder de vista que necesitamos altas dosis de creatividad para articular alianzas y acuerdos económicos que nos permitan acelerar el crecimiento, resolver los graves problemas sociales y consolidar las instituciones de nuestras democracias para garantizar continuidad a los consensos, consecuencia a las decisiones y resultados positivos y permanentes a los esfuerzos que logremos emprender.

Lo que hemos visto es que funcionarios públicos de todo nivel han realizado actos de corrupción, con lo cual han “expropiado” a los ciudadanos de los fondos que deberían haberse dedicado al desarrollo del país.

Daron Acemoglu y Simon Johnson publicaron un estudio en 2005 titulado “Unbundling Institutions”. En el mismo se pretende diferenciar entre dos tipos de instituciones: las que protegen los derechos de propiedad, que evitan que el Estado y quienes lo controlan expropien a los ciudadanos comunes; y las instituciones que regulan los contratos entre ciudadanos comunes. Los autores encuentran evidencia que el primer tipo de instituciones son fundamentales para el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo financiero de largo plazo; mientras que el segundo tipo no tienen un efecto significativo en estas variables. ¿Por qué es importante este hallazgo? ¿Qué implicancia tiene para Guatemala?

Acemoglu y Johnson explican que la diferenciación de estos dos tipos de instituciones es fundamental, ya que si las instituciones que regulan los contratos privados entre ciudadanos no funcionan, existen opciones para protegerse de esta situación. Por ejemplo, en el caso de un préstamo entre privados, si existe una alta probabilidad que el deudor no pague, y las instituciones que hacen cumplir los contratos son deficientes, entonces se pueden ajustar ciertas cláusulas para incorporar este riesgo. Sin embargo, cuando las instituciones que deberían proteger al ciudadano común del poder discrecional del Estado no funcionan, entonces no hay mucho que se pueda hacer. Dado que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza, el ciudadano queda completamente desprotegido y a merced de quienes controlan el Estado en ese momento.

Es interesante notar que los autores mencionan que en algunos países se considera que sería “virtualmente imposible” que el Estado utilice su poder para expropiar a los ciudadanos; sin embargo, en países de África Subsahariana y de América Central es considerado “muy probable”. Es decir, a los países de Centroamérica internacionalmente se les considera tan riesgosos como a los de África Subsahariana. Algunos podrían considerar injusta la comparación, pero los bajos niveles de inversión extranjera directa que históricamente ha recibido la región (a excepción de Costa Rica y Panamá), parece confirmar esta percepción.

Lo que indica este artículo es que la causa del subdesarrollo de muchos países, en el que podemos incluir a Guatemala, es que hemos sido incapaces de construir un Estado con los suficientes pesos y contrapesos que protejan al ciudadano común. Aun cuando el Estado de Guatemala pueda ser considerado pequeño, tiene tal nivel de discrecionalidad, que puede ser utilizado para destruir o expropiar a los ciudadanos y a las empresas que considere sus enemigas. Por esa razón, las elecciones presidenciales en Guatemala pueden ser consideradas muy riesgosas por los inversionistas y los ciudadanos comunes. El poder ejecutivo tiene tan pocas restricciones que puede tomar control de todo el sistema, poniendo en riesgo la integridad física y la propiedad de los ciudadanos.

En los más de treinta años de democracia que llevamos, el sistema de contrapeso que deberían ejercer el poder legislativo y el poder judicial ha sido inoperante para detener la alta discrecionalidad del poder ejecutivo. Más bien se convirtieron en cómplices. En la práctica, lo que hemos visto es que funcionarios públicos de todo nivel han realizado actos de corrupción, con lo cual han “expropiado” a los ciudadanos de los fondos que deberían haberse dedicado al desarrollo del país. Y esto lo han hecho con total impunidad. Una minoría que se hace con el poder del Estado, finalmente termina dañando los intereses de la mayoría de ciudadanos comunes. Y eso ha sido la constante.

La ventana de oportunidad que se abre hoy para Guatemala es que podamos construir un Estado moderno, para que se nos deje de percibir como un país plagado de corrupción e impunidad; y que finalmente se brinde la certeza del cumplimiento de la ley y un auténtico Estado de Derecho para los ciudadanos y los inversionistas.

Publicado orignalmente en El Periódico

La mente es el epicentro de la acción humana y la política el medio para afectar, para bien o para mal, a más seres humanos.

La mayoría de científicos coinciden en que el universo y la mente son los elementos más complejos y difíciles de entender en esta creación de la que somos parte. Sobre la mente hay mucho que decir, empezando porque nuestro cerebro tiene más o menos 100 mil millones de neuronas -- el mismo número de estrellas que tiene nuestra galaxia -- interconectadas que son capaces de procesar información, emociones y decisiones con un nivel de complejidad con el que no existe computador que pueda competir.

Entre las habilidades de la mente está crear escenarios ficticios a los que damos valor de realidad. Es un mecanismo de defensa que también ayuda a calmar la conciencia. Esto pasa con el optimismo y el pesimismo, en la toma de decisiones con premisas falsas y con la indiferencia y la negación para hacer los sacrificios o esfuerzos, a veces indispensables, para salvar el futuro. Por eso explotan las crisis.

No es casualidad que vivamos en un mundo lleno de ideas innovadoras y soluciones eficaces a los crecientes desafíos de la modernidad; mentes brillantes y generosas, que en cabeza de genios, científicos y emprendedores están logrando avances extraordinarios.

Lo que viene de 2020 en adelante en la medicina, educación, transporte, comunicación, robótica, inteligencia artificial, mecanización y energía entre otros, traerá un nivel de disrupción en nuestras vidas que nos obligará a hacer ajustes y esfuerzos que hoy, no podemos siquiera imaginar.

Tampoco es casualidad ver mentes enfermas, generadoras de conflicto y destrucción, capaces de someter y esclavizar a millones de seres humamos. Así, vemos en África personajes como Mugabe, Biya, Nguema o las milicias que se matan en Sudan del Sur por el poder, quienes por décadas han sido los tiranos de millones de africanos. En Asia, Kim Jong Un, Mansur o al Ásad, asesinan ciudadanos por deporte; y no muy lejos, les siguen Maduro, Castro y algunos otros en América Latina, que son capaces de secuestrar el poder en sus países y robarse la democracia, la libertad y la esperanza de millones de seres humanos.

La ambición, la corrupción y la ineptitud son vicios muy comunes entre muchas de las personas que buscan el poder político. La incapacidad y la indiferencia son el denominador común en millones de ciudadanos que terminan de víctimas de los primeros. Y a través de la historia, vemos cómo estos fenómenos se repiten una y otra vez. Antes, los tiranos y los corruptos llegaban al poder por un golpe de Estado o por un fraude electoral. Hoy es común que los pueblos elijan a sus verdugos.

En América Latina cambiará la mitad de presidentes en los próximos 18 meses. Los pronósticos no son buenos. Centro América es noticia solo para el escándalo, la corrupción, los fraudes electorales, la elección de mediocres para gobernar y el tráfico de drogas. Su futuro sigue comprometido. Sus élites siguen “mia”.

Pocas economías del mundo avanzan con salud. Las potencias están enrocadas y sin consensos indispensables para el futuro.

Estos fenómenos, los buenos y los malos, seguirán en 2018.

A las oportunidades por las que luchamos y los desafíos que enfrentamos se suma un nuevo reto: ¿Qué está sucediendo con la mente y con la integridad emocional del ser humano?

Estamos más interconectados que nunca, pero al mismo tiempo, vivimos una era creciente de soledad personal y de sálvese quien pueda. Algo está fallando en la dinámica entre la evolución de la mente, la revolución tecnológica y la vida supersónica.

La mente es el epicentro de la acción humana y la política el medio para afectar, para bien o para mal, a más seres humanos.

Más que la ficción o la complejidad, aprendamos a manejar la información, las emociones y las decisiones para mejorar el rumbo de la humanidad.

El optimismo es bueno para la salud. Es vital creer y sentir que todo está bien, pero es más importante hacerlo realidad.

Llegamos al final de 2017 y no logramos aliviar las amenazas que desafían la región, corregir los problemas que más nos afectan, ni activar los liderazgos que nos puedan guiar.

En los próximos 18 meses, más de la mitad de países de América Latina celebrará elecciones Presidenciales: México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Brasil, ¡Venezuela!, Colombia, Paraguay, Bolivia y algunas islas del Caribe. Y otra lista similar de países tendrá elecciones parlamentarias.

En América Latina, cada 17 años coinciden un número importante de elecciones generales en un período corto de tiempo.

En la última ronda electoral de la región vimos a Argentina liberarse de uno de los gobiernos más corruptos e incompetentes de su historia. Luego vinieron Perú y otros que están luchando por su estabilidad, pero es evidente que nos cuesta gobernarnos con efectividad para lograr tracción y consolidar.

En este momento, Honduras pasa la vergüenza de ver a sus políticos perdidos en la ambición y el irrespeto a los ciudadanos. Chile, con sus altas y bajas, sigue adelante con su proyecto de Estado y su respeto ejemplar a la democracia.

En los años de “commodities” a buenos precios, tuvimos países gobernados por aquel grupo de iluminados que se autodenominaron miembros del bloque socialista del Siglo XXI, y que se dedicaron a despilfarrar sus recursos, hipotecar sus reservas y corromper su sistema político.

Encabezados por el chavismo en Venezuela, una de las aberraciones sociopolíticas más tóxicas del último siglo, ese grupo de “gobiernos” se dedicó a construir sistemas clientelares, politiqueros, autoritarios y corruptos, que hoy, les pasan la factura a sus pueblos.

Para Estados Unidos, América Latina está formada por México, Brasil, Argentina y Chile, que representan el 73% del PIB de la región. Luego, vienen Colombia y Perú que son importantes, pero el resto somos una molestia.

Ortega y Gasset decía: “No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa”. Y en realidad, cuando vemos la mayor parte de la oferta política de América Latina, tenemos que reconocer con mucha humildad que las élites hemos fracasado de manera brutal en formar cuadros para que administren, protejan y lideren lo más importante en una nación, que es su gobierno y sus sistemas político y económico.

Los años 2018 y 2019 podrían traer una época oscura y de grandes amenazas para América Latina. Si en México gana AMLO, en Brasil regresa el PT, en Colombia se les cuela un terrorista, en Honduras, donde, lo que hay es malo, pero, lo que podría venir es peor, como también le sucede a Guatemala; Evo, que quiere quedarse con Bolivia como su finca al mejor estilo “orteguiano” y el FMLN que, se asegura la reelección en El Salvador al mejor estilo chavista; la verdad es que se puede afirmar que América Latina sigue perdida en su laberinto.

Dicen que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y en demasiados países de nuestra América Latina vemos síntomas que no son buenos. Las democracias se debilitan, las economías no crecen a la velocidad que hace falta y las elites miran ITunes, DIRECTV TV y viajan a Miami.

Llegamos al final de 2017 y no logramos aliviar las amenazas que desafían la región, corregir los problemas que más nos afectan, ni activar los liderazgos que nos puedan guiar.

Todo está de moda, menos la política y el buen gobierno, pero, el derecho a tener mejor liderazgo político se gana a pulso, con mucho trabajo y no en poco tiempo.

A veces, da la impresión que vivimos la decadencia de la cultura y que la superficialidad y el juicio rápido la han secuestrado; y nos preguntamos ¿cuál es el motor de la civilización en qué vivimos? ¿A dónde nos va a llevar?

Desarrollemos la capacidad para procesar ideas complejas y articular propuestas inteligentes; y construyamos debates de más nivel, intelectual y político. Este sería el mejor regalo para América Latina, cuando está a las puertas de un nuevo capítulo de su historia que puede ser de pronóstico reservado.

CONAMIGUA necesita a un candidato con experiencia, comprometido con la lucha de los migrantes, que entregue resultados y que sepa articularse con otras organizaciones para preparar una propuesta de política pública.

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA- “es la instancia nacional que reúne a las autoridades del Estado de Guatemala responsables de la atención y protección de los derechos humanos y garantías individuales del guatemalteco en el extranjero, con el objetivo de propiciar y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y el cumplimiento de Guatemala a los convenios, tratados y otras obligaciones internacionales en la materia."[1]

Dentro de sus objetivos podemos encontrar: Preparar, supervisar y proponer las acciones necesarias en planes y políticas públicas de atención al guatemalteco en el extranjero; asegurar la protección de los derechos humanos, civiles y laborales de los migrantes y de los trabajadores guatemaltecos en el extranjero; mantener un sistema actualizado de información sobre los guatemaltecos en el extranjero y sus organizaciones o asociaciones.[2]

Sin embargo, a casi diez años desde su nacimiento, no ha logrado cumplir con estos objetivos. En cambio el consejo, se ha especializado en acciones como: dar asesoría legal a migrantes con problemas familiares en Guatemala o a certificar cursos que hayan recibido en el extranjero para facilitar la búsqueda de trabajo al ser deportados. Esto no necesariamente está mal, pero no cumple con la labor para la cual fue concebido, ser la institución que impulse la política pública en temas de migración y que fiscalice a las instituciones del Estado sobre sus acciones en el tema.

El 5 de agosto del 2016, se publicó la convocatoria[3] para llenar la plaza de Secretario de CONAMIGUA, siendo esta la primera vez que hacen una convocatoria pública. Se sospecha que tiene que ver con la relevancia que tomaron los migrantes en el tema electoral por las reformas a la LEPP[4]. Melanie Müller, asumió la secretaría en febrero, para luego ser retirada del cargo por un amparo provisional de la CC, otorgado a diputados de la UNE y Winaq, quienes argumentaron vicios en la integración de la terna y elección de candidatos.

Según el artículo 11 de la Ley de Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, el Secretario Ejecutivo “será nombrado por el Pleno del Congreso de la República, de una lista de cinco personas con experiencia mínima comprobada de tres años en el tema migrantes.” La ley habla de la designación de una persona con “experiencia” en el tema migrantes, pero no especifica qué tipo de experiencia, ni exige mejores mecanismos para asegurar la idoneidad, más allá del filtro de la Comisión de Migrantes en la selección de los cinco perfiles que se presentan al pleno.

Según directivos de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG- esta persona debería tener, como mínimo, conocimientos de derechos humanos y de política exterior; así como experiencia en trato con diplomáticos y excelentes habilidades de negociación.

Las mismas organizaciones del Estado encargadas del tema migrante han asegurado que la coordinación que CONAMIGUA brinda al tema, no es la adecuada. Incluso, desde el Congreso y el Ministerio de Gobernación han surgido propuestas de eliminar este consejo y crear un viceministerio o secretaria enfocada en temas migratorios. Pero este tipo de propuestas volverían a caer en el mismo vacío sin un buen liderazgo al frente, que conozca la problemática y que este comprometido a mejorar las condiciones de los migrantes guatemaltecos.

CONAMIGUA nos está demostrando la fragilidad del servicio civil en el Gobierno de Guatemala, donde la meritocracia no ha alcanzado los niveles de madurez esperados y la arbitrariedad en las personas que se designan en puestos claves, tiene mucho que ver con fuerzas políticas y favores.

La discusión en el pleno sigue en pie sobre la persona que será el o la secretaria ejecutiva de CONAMIGUA, siguen aplazando esta decisión sin dar una explicación. La comunidad de Guatemala en el extranjero necesita a un candidato idóneo, con experiencia, que esté comprometido con la lucha de los migrantes, que entregue resultados y que sepa articularse con otras organizaciones para preparar el camino a una propuesta de política pública; exijamos a esa persona.

Referencias:

[1] Artículo número 4 de la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

[2] http://www.wpanet.org/uploads/News-Zonal-Representatives/wpa-policy-pape...

[3] Convocatoria para la elección del secretario y subsecretario ejecutivo de CONAMIGUA. Recuperado de http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=2222

[4] https://www.tse.org.gt/images/descargas/decreto262016.pdf

¿Si la canasta básica que se calculaba anteriormente estaba sobrestimando los precios, qué pasa con la línea de pobreza en el país?

Recientemente el INE actualizó la Canasta Básica Alimentaria, que constituye el conjunto de alimentos que brinda el mínimo de energía y calorías que necesita una familia. El cambio consistió en aumentar el número de productos de 26 a 34; y en agregar un componente de consumo fuera del hogar. Además se actualizó el número de miembros de la familia de 5.38 a 4.77 miembros, atendiendo a la reducción en el número de hijos por mujer que ha experimentado Guatemala en las últimas décadas. Por último, se incrementó el número de calorías mínimas que necesita una persona al día.

Sin embargo, el cambio vino con una noticia perturbadora. La canasta que se calculaba anteriormente estaba sobrestimando los precios, por lo que aun cuando se adicionan productos y se incluye un 28% de consumo fuera del hogar, la nueva canasta para octubre cuesta Q 3,549.40; mientras que la anterior en el mes de septiembre costaba Q 4,211.40. Y es más, si se le colocan los precios correctos a la canasta anterior, el costo sería aproximadamente Q 2,004.8. El costo de la canasta estaba sobreestimado en más de 100%.

Este error por parte del INE provocó distorsiones en una política clave como el salario mínimo. Siempre se había argumentado que el salario mínimo no cubría la Canasta Básica Alimentaria y por eso se incrementó de forma consistente en los últimos años. Sin embargo, cuando se colocan los valores reales a la canasta antigua, resulta que el salario mínimo actual sobrepasaba dicha canasta. La nueva canasta también tiene un elemento cuestionable y es que se considere que las familias estén dispuestas a gastar Q 1,000 para adquirir alimentos cocinados fuera del hogar. Esto representa un 28% del total del costo de la canasta, lo cual resulta poco creíble para el contexto del país. Si se considerara que todo se cocina en casa, el costo de la nueva canasta estaría muy cercano a los Q 2, 900, lo que implicaría una reducción de casi 20%.

Pero el error que estaba cometiendo el INE en colocar sobreprecios a la Canasta Básica Alimentaria, también podría estar afectando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En principio son dos canastas distintas. La canasta con el que se calcula el IPC está compuesta por 12 divisiones y 440 productos e incluye bienes que no necesariamente son indispensables para las familias como licores y tabaco. Lo que importa en el IPC es que represente, de forma aproximada, lo que las familias consumen en la práctica. Sin embargo, cuando se compara la división de alimentos del IPC con la Canasta Básica Alimentaria antigua, se comportan de forma muy similar, lo que implicaría que también se está sobrestimando la inflación en el país. Esto estaría distorsionando las políticas monetarias implementadas por el Banco Central.

Por último, queda la duda. ¿Qué pasa con la línea de pobreza? ¿También se está sobrestimando? La canasta con la que se mide la línea de pobreza es distinta a la Canasta Básica de Alimentos. Así que no necesariamente el error en una implica un error en la otra. Sin embargo, los precios de la canasta de Línea de Pobreza se actualizan con el Índice de Precios al consumidor (IPC), que pareciera tener el mismo error de la Canasta Básica. Así, lo más probable es que también estemos sobrestimando la pobreza en el país.

¿Es esta discusión trivial? De ninguna manera. Aún con el desastre institucional que tenemos, es sumamente importante que tengamos medida correctamente la pobreza, la inflación y el costo de la Canasta Básica Alimentaria. Si queremos tomar decisiones técnicas de políticas públicas, no podemos partir de datos alterados. Es simplemente inaceptable. Quiénes ven en esta discusión una agenda perversa, no están siendo honestos intelectualmente y se acogen a la tradición muy guatemalteca de desestimar los datos que no se acoplan al propio discurso.

El INE debe abrir sus bases de datos y permitir que sean auditados. Solo así se puede garantizar que no existan manipulaciones.

Publicación original en El Periódico