El periódico La República realizó una publicación, en el año 1996, sobre la carrera de Dionisio Gutiérrez.

Rompiendo los tabús de la no participación de empresarios en los asuntos políticos, Dionisio Gutiérrez se ha destacado por sus fuertes críticas hacia las acciones de diversos gobiernos del país. A lo largo de su carrera, ha realizado importantes aportes para la democracia y paz en Guatemala, siendo uno de los más importantes, el programa Libre Encuentro. Este ha sido uno de los programas con debates televisivos más importantes, donde se logró abrir canales de comunicación con distintos sectores.

A continuación el artículo del periódico La República, publicada en diciembre de 1996:

Algunos congresistas en Estados Unidos buscan frenar el autorismo que vive Nicaragua y que ha fracturado gravemente la institucionalidad de este país.

La proximidad de la votación en Nicaragua para escoger al Presidente de la República a celebrarse el día 6 de noviembre y la amplia ventaja con que cuenta el actual Presidente con más de 65.7% de las preferencias sobre sus más cercanos competidores, Maximino Rodríguez del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Pedro Reyes del Partido Liberal Independiente (PLI), ha ocasionado gran preocupación en el ámbito internacional.

Luego de las maniobras ilegales e inconstitucionales del gobierno, con el objeto de impedir una competencia democrática sana en conformidad con la Constitución del país y los instrumentos internacionales, en Nicaragua se ha generado un clima de inestabilidad política y económica, que se ha agudizado con las sanciones impuestas por los Estados Unidos de América[1].

La previsión de la «reelección indefinida», la captura del poder judicial, la persecución política a opositores al gobierno, la ausencia de transparencia en el ejercicio del poder y de las condiciones electorales en Nicaragua, han fracturado gravemente la institucionalidad, lo que ha motivado a que diversos congresistas en Estados Unidos tomen la iniciativa de frenar el avance del autoritarismo del gobierno de ese país.

De hecho, la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Foundation (HRF), ha planteado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplique la Carta Democrática Interamericana [2] por las recurrentes violaciones a los derechos humanos, siendo la última, la destitución arbitraria de 28 diputados de la oposición democrática de ese país, electos en los comicios nacionales de noviembre de 2011[3]. Esto ha permitido que el gobierno acabe todo vestigio de control al poder, esencial en todo Estado de Derecho y sistema democrático.

La posición de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, de que las votaciones sean transparentes y competitivas en Nicaragua, garantizando los derechos de todos los ciudadanos, han sido ignoradas, al punto que en las fricciones con los organismos internacionales, el gobierno de Nicaragua ha pedido la renuncia del Secretario General [4] .

La ausencia de «Estado de Derecho»[5] y de democracia en Nicaragua[6], ha ocasionado que representantes en Estados Unidos discutan sanciones al gobierno de Nicaragua, como represalia por las violaciones a los derechos humanos y el retroceso de la democracia y del «Estado de Derecho»[7]. La «Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) of 2016»[8], rápidamente aprobada por los representantes del Congreso de Estados Unidos de América, debe ser ratificada por el Senado, teniendo como finalidad que el gobernante y el régimen entero, sean responsables «por la violación a los derechos humanos y la manipulación del proceso electoral para su propia ganancia»y sean sancionados.

La Nica Act impone sanciones al gobierno de ese país, prohíbe que Estados Unidos vote a favor de préstamos solicitados por Nicaragua ante las organizaciones internacionales de las que forma parte tales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros, lo que puede repercutir negativamente en la economía del país centroamericano[9].

Tal y como refiere la Carta Democrática Interamericana «Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universaly secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos» (art.3).

Con una economía pequeña, con una institucionalidad fracturada, y con sanciones de la comunidad internacional, Nicaragua tiene problemas serios a corto plazo.

Referencias:

[1]http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/404097-76-esta-dispuesto-votar/

[2]https://humanrightsfoundation.org/news/hrf-to-oas-secretary-general-appl...

[3]http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36929366

[4]http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/23/venezuela-bolivi...

[5] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «De la institucionalidad al desarrollo» en Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2015 enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/estado-

de-derecho-un-ideal-pol...

[6] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «Democracia y Estado de Derecho en Nicaragua» en Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 16 de agosto de 2016

enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/democracia-y-estado-de-derecho...

[7] Como dato inverosímil puede destacarse como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, nombró a René Núñez, diputado fallecido el 10 de septiembre, como presidente del

Parlamento, véase enhttp://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/22/america/1474498...

[8]https://foreignaffairs.house.gov/legislation/h-r-5708-nicaragua-investme...

[9]http://www.nytimes.com/es/2016/09/22/el-congreso-de-estados-unidos-propo...

De todas las propuestas de reformas que el país está discutiendo en este momento, la atención se ha dirigido hacia la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin embargo poco se ha dicho sobre la reforma a la Ley de Servicio Civil la cual, si se hace correctamente, podría tener un efecto importante en la administración pública.

Guatemala cuenta con un Estado sumamente frágil y disfuncional, que no es capaz de cumplir con su propósito primordial de brindar seguridad y justicia a todos los ciudadanos. Tampoco es capaz de proveer educación y salud de calidad a la población más necesitada del país. El resultado es que Guatemala ocupa los últimos lugares en América Latina en cuanto a desarrollo social, capital humano, estado de derecho y crecimiento económico.

Lo que más preocupa del Estado guatemalteco es el deterioro que ha experimentado en las últimas décadas. Si bien se ha incrementado ligeramente el peso del gobierno dentro de la economía del país, al pasar el gasto gubernamental de 10.3% del PIB en 1995 a 13.4% en el 2014, la calidad de los servicio públicos pareciera estar disminuyendo. La crisis en varios hospitales nacionales, las carreteras en mal estado y la precariedad en la que operan las fuerzas de seguridad; son algunos ejemplos del fracaso del Estado de Guatemala.

La situación lamentable a la que ha llegado el país se debe, en gran medida, a que los puestos de trabajo dentro del gobierno se han utilizado para pagar favores políticos. No se ha seguido un proceso ordenado, riguroso y de alta calidad para contratar a los funcionarios encargados de administrar el Estado guatemalteco. Tampoco se ha desarrollado una política salarial unificada que incentive a los trabajares públicos a realizar un trabajo eficiente. Los sueldos no premian la experiencia, la formación educativa o el desempeño de los empleados estatales, sino que obedecen a criterios discrecionales y poco transparentes.

“En diciembre de 2014 se reportaban 348,540 empleados estatales”
ONSEC  

 

El desorden en la administración del Estado de Guatemala es tal, que no se sabe con certeza cuántos trabajadores laboran en las distintas dependencias e instituciones del gobierno. Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, en diciembre de 2014 se reportaban 348,540 empleados estatales. Sin embargo, esta cifra no incluye a todos los trabajadores, ya que usualmente las entidades gubernamentales contratan a técnicos y profesionales para realizar consultorías temporales, los cuales no son reportados a las Oficina Nacional de Servicio Civil.

La situación crítica del servicio civil en Guatemala ha llevado a que ocupemos el penúltimo lugar de Centroamérica en el Índice de Desarrollo Burocrático, publicado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En la región centroamericana, Costa Rica ocupa el primer lugar y Honduras ocupa el último lugar. De cien puntos, Guatemala obtuvo una puntuación de 24, lo cual, además de vergonzoso, es sumamente preocupante.

Bajo los criterios opacos que han regido el servicio público en las últimas décadas, el Estado guatemalteco se ha debilitado y cada vez tiene menor capacidad de responder a las necesidades de la población. En la actual crisis que atraviesa el país, es necesario discutir a profundidad las reformas a la Ley de Servicio Civil, para revertir la situación de decadencia del servicio público en Guatemala. Es una discusión que no podemos postergar más, ya que tiene la misma urgencia que el resto de reformas que se están discutiendo en la actualidad.

Para analizar este tema invitamos a Marco Tulio Cajas, ex gerente del INAP; Luis Linares, ASIES, Leonel Lira, diputado al Congreso de Guatemala; y Javier Calderón, historiador e investigador.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

En este momento crítico de la historia de Guatemala en el que muchos casos de corrupción están siendo expuestos ante la opinión pública, nos dimos a la tarea de analizar el tema desde una perspectiva académica y de largo plazo para poder comprender el daño que este fenómeno hace a la sociedad.

En sociedades con altos niveles de corrupción los Estados son capturados para estar al servicio de intereses que lucran con los fondos públicos de forma ilimitada, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la viabilidad política de los países. 

La corrupción ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, causando miseria y desesperanza.  Sin embargo, es con el inicio de la democracia moderna y el respeto de los derechos individuales que los ciudadanos tienen la oportunidad de exigir transparencia a sus respectivos gobiernos. En las democracias más avanzadas, la transparencia es uno de los elementos más exigidos y valorados por la ciudadanía Los actos de corrupción no son tolerados y los funcionarios que incurren en ella usualmente son llevados a la cárcel y su carrera política es enterrada para siempre.

 Por el contrario, en las democracias incipientes o poco desarrolladas, los  ciudadanos usualmente tienen niveles muy altos de tolerancia hacia la corrupción.  Aun cuando esta  resulta evidente, los funcionarios públicos continúan ejerciendo el poder, dañando seriamente la legitimidad del Estado e imposibilitando el desarrollo de los países. La indolencia de la ciudadanía antes tales actos de corrupción se debe en parte al poco nivel educativo de la mayoría, pero también a la creencia que nada que se realice logrará cambiar el sistema. La ciudadanía cae en la desesperanza y la desmoralización, lo cual contribuye a perpetuar el círculo vicioso de corrupción y subdesarrollo.

“El precio de la transparencia es la eterna vigilancia de la ciudadanía.”

 

Esto se debe traducir en una constante vigilancia a la ejecución del presupuesto público, considerando que cada quetzal que se pierde en corrupción, tendrá como consecuencia menos educación, salud y seguridad para toda la ciudadanía. Con los recursos limitados que cuenta un país pobre como Guatemala, no podemos darnos el lujo de perder un solo centavo en actos de corrupción.

El precio de la transparencia es la eterna vigilancia de la ciudadanía. Si la población no ejerce una ciudadanía activa y responsable, el Estado difícilmente llegará a ser transparente. Es hora que aprendamos la lección que nos han dado otras naciones. No podemos seguir siendo indiferentes ante la corrupción y los efectos desastrosos que está teniendo sobre nuestra incipiente democracia. 

Para analizar este tema estuvieron con nosotros: Daniel Hearing, profesor universitario; Cristhians Castillo, analista político; Enrique Maldonado, investigador de ICEFI; Edgar Ortiz, Director Ejecutivo del CEES y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

Estudiantes de cuatro universidades nos comparten cómo se han activado como ciudadanos frente a la coyuntura crítica del país.
Para el programa de Dimensión de este domingo, tuvimos la visita de los estudiantes: Ana Raquel Aquino de la Universidad Rafael Landívar, María Wer de la Francisco Marroquín, Carlos Bianchi de la USAC y Daniel Conde de la Universidad del Valle; con quienes conversamos sobre los nuevos movimientos estudiantiles y la responsabilidad del estudiante universitario frente a la situación del país.

Además del análisis que hicimos con nuestro panel de invitados, el documental de la semana revela el contexto en el que se desarrollan estos movimientos.

La actual crisis política e institucional que atraviesa el país, representó un punto de inflexión en la vida cívica y política de muchos universitarios. La indignación que sintieron al tener evidencia de una importante cantidad de actos de corrupción, que involucran a muchos funcionarios públicos en el país, provocó que salieran unidos a las calles, a expresar su indignación y enojo.

Ejemplos de la participación activa de movimientos estudiantiles podemos encontrar en muchas partes del mundo y en muchas épocas de la historia, desde España hasta Egipto, México, Venezuela y Chile; todas las manifestaciones estudiantiles tienen una característica en común: son la expresión de generaciones que están dispuestas a dejar la apatía y tomar las riendas de su futuro.  

A través de la participación cívica, los universitarios guatemaltecos se han dado cuenta de la gran responsabilidad que tienen, pues en un futuro cercano, serán ellos los llamados a ser los profesionales, empresarios, activistas, políticos y funcionarios públicos que el país necesita.

Sintoniza el programa completo este domingo a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:

Dimensión

En este programa continuamos analizando la falta de un de modelo de desarrollo en nuestro país y proponemos algunos primeros pasos para diseñarlo

Panelistas:

-Paul Boteo (Fundación Libertad y Desarrollo)

-Luis Linares (ASIES)

-Víctor Moscoso (Economista)

-Hugo Maúl (CIEN)

Otros invitados:

-Álvaro García (Ex Ministro Secretario General de la Presidencia, Chile)

-Paulo de León (CABI)

Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de analistas sobre la problemática de la conflictividad social en el país.

La conflictividad social en Guatemala es un tema de creciente preocupación, principalmente debido a la rapidez con la que se reproducen los conflictos sociales.Existen muchas formas de conflictividad y todas son síntomas de una sociedad que no logra resolver sus diferencias.

De hecho, la conflictividad es natural en cualquier sociedad; sin embargo las sociedades más avanzadas tienen instituciones que logran resolver estos conflictos exitosamente, evitando la violencia y haciendo que se respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Hasta noviembre del 2017, el Observatorio de la Conflictividad registraba un total de 6 mil 523 conflictos a nivel nacional. Una cifra seis veces mayor que la que se registraba en 2016 y con una clara tendencia hacia el alza.

Las causas de estos conflictos son muchas y tiene diferentes grados de antigüedad. Existen problemas por la utilización de los recursos naturales, protestas por la nacionalización de la energía eléctrica y disputas por tierras, entre otros y los tres sectores productivos con mayores problemas de conflictividad en el país son la agroindustria, la industria energética y la industria extractiva; lo que ha generado una enorme desconfianza en las condiciones que ofrece el país para las inversiones.

El nivel de intensidad de cada conflicto varía pero se han visto diversas acciones violentas como bloqueos de carreteras, invasiones a fincas, ataques en contra de empresas privadas y toma de edificios públicos que ponen en riesgo la vida, propiedad e integridad de muchas personas en diversas regiones del país.

La mayoría de conflictos sociales son prevenibles y pueden ser solucionados, pero para ello es indispensable que el Estado asuma el papel que le corresponde brindando certeza jurídica, siendo un mediador efectivo e imparcial; y proveyendo servicios básicos, como salud, educación y seguridad; que brinden bienestar a las comunidades.

Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de analistas sobre la problemática de la conflictividad social en el país.

Panelistas:

- Claudia Villagran (Analista política y especialista en resolución de conflictos)

- Juan Carlos Tefel (Presidente de la Cámara de Industria)

- Miguel Castillo (Politólogo)

Sintonice el programa completo este domingo a partir de las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntrelo aquí el lunes por la mañana:

Dimensión

Este domingohablamoscon expertossobre la consulta popular que Guatemala realizará el próximo domingo 15 de abril de 2018 sobre el diferente territorial, marítimo e insular con Belice.

El diferendo territorial, marítimo e insular entre Guatemala y Belice tiene muchos años de afectar las relaciones entre ambos países. Por esta razón, Guatemala intentará dar un paso para resolverlo al celebrar una consulta popular con la que pretenden avanzar en llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.

Los expertos que hablaron con Dimensión sobre el tema fueron:

• Estuardo Rodríguez (Internacionalista)
• Gustavo Orellana (abogado y exmiembro del Consejo de Belice y de la Comisión de Belice)
• Carlos Bran (Internacionalista)

Sintoniza el programa completo este domingo a partir de las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí el lunes por la mañana:

Dimensión

Libre Encuentro fue un programa de televisión dirigido por el Dr. Dionisio Gutiérrez. Se transmitió en Guatemala y otras partes de Centro América y Estados Unidos durante 20 años. 

Promoviendo la reflexión, el debate y principios como la libertad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo social y humano, se convirtió en un referente para la opinión pública guatemalteca, alcanzando ratings históricos y un amplio reconocimiento internacional.