No podemos seguirle dando la espalda a los grupos de guatemaltecos que viven dentro de centros y hogares con derechos violentados.

En el Día Internacional de la Mujer, la paradoja se cumple cuando un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cobra la vida de niñas y adolescentes. Como si la historia quisiera recordar la lucha de las mujeres y la tragedia en Nueva York.

La indignación no tardó mucho en llegar, cuando las primeras noticias de la muerte de más de 30 niñas eran anunciadas en medios de comunicación. Sin embargo, no es la primera vez que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es escenario de trágicas noticas. Plaza Pública[1] publicó el año pasado un reportaje donde describen una realidad llena de abusos, violaciones y humillaciones para todo aquel que ingresa a este centro. Hasta el 2015, el Hogar había recibido hasta 28 tipo de demandas. Incluso en diciembre del año pasado, el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana condenó al Estado de Guatemala por las violaciones contra los derechos de los menores de edad resguardados en el Hogar.

Tuve la oportunidad de hablar con una psiquiatra que ofrecía sus servicios a una familia de las muchas que salieron afectadas en esta tragedia. Ella contó sobre cómo una de las víctimas, Estela*, había ingresado al hogar por un cuadro de consumo de drogas (tenía 15 años).

“Necesitábamos un lugar para alejar a esta chica de las calles que la estaban destruyendo. Un centro privado especializado en mujeres te cuesta Q8,000 al mes, pero la familia es de escasos recursos. Lo único que podíamos hacer, era confiar en la institución pública que se supone debe resguardar los derechos de los menores de edad que ahí ingresan.”

Estela era una de las chicas que tenía el respaldo de su familia y que utilizaba este centro para un fin específico; no tenía mucho tiempo de estar dentro del Hogar seguro. Sin embargo, en la última visita habló con su abuela y su tía de los abusos que recibía, incluso de sus mismas compañeras. Peleas, castigos y una historia sobre una monitora que se burlaba de ella, fueron los detonantes para que la familia se acercara a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a presentar la denuncia correspondiente. Buscaban sacar a la joven del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pues si bien no tenían los recursos, su casa era un ambiente mucho más adecuado para asegurar su recuperación. La PDH tomó la denuncia, pero no se acercó al lugar. Esto sucedió el martes 7 de marzo.

Algunos medios de comunicación también narran que, semanas anteriores a esta tragedia, personas avisaron a la PNC sobre el amotinamiento que desde adentro querían hacer y esta no atendió el lugar, hasta que fue demasiado tarde. Las chicas se fugaron, las regresaron al hogar, las encerraron y el incendio cobró las vidas.

La negligencia de la administración pública es lo que indigna en estas circunstancias. La responsabilidad de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP) por la vida de estas menores no es discutible. Según una voluntaria entrevistada, los mismos monitores del centro no son personas certificadas para el trabajo: "No saben como controlarlas. Las mismas niñas son causantes de muchos de los problemas que hay dentro. Estos lugares necesitan personas comprometidas." Se supone que se trata un refugio destinado a la protección de menores víctimas de agresiones, pero la fuga de 60 niñas, en un intento desesperado de escapar de la situación de violencia y maltrato que viven diariamente, demuestra el riesgo que están dispuestas a tomar para tener una vida mejor.

La poca prioridad que grupos vulnerables como este tienen en la agenda de Gobierno es desconsoladora. Incluso, que el mismo presidente haya dado declaraciones sobre el caso hasta el final del día, envía un mensaje a la población.

Cerrar “temporalmente” el centro no soluciona la muerte de las niñas, ni soluciona las miles de violaciones y abusos que se cometen diariamene en otros albergues y centros de ciudado para niños. La cola de denuncias sigue apilándose y los culpables siguen sin ser castigados.

Las autoridades intentaron limpiarse las manos, pero una persecución penal por la responsabilidad de la vida de más de 30 niñas, es lo menos que podemos exigir como sociedad indignada. No podemos seguirle dando la espalda a grupos de guatemaltecos que viven dentro de centros y hogares con derechos violentados.

[1] Reportaje de Plaza Pública

* Se cambió el nombre de la joven para resguardar la seguridad de la familia.