Existe un consenso generalizado sobre los ejes de una reforma.

La experiencia de los últimos años ha puesto en evidencia la decadencia de los partidos políticos, convertidos en meros vehículos para el saqueo. Los casos judiciales de alto impacto hicieron que actores relevantes reconocieran que en Guatemala la justicia no es pronta ni cumplida. Las compras y contrataciones públicas son el caldo de cultivo para la corrupción. El servicio público en Guatemala está diseñado para favorecer a personajes como Joviel Acevedo, en lugar de atraer a los mejores profesionales. Todo ello, impide al Estado cumplir con sus funciones mínimas.

Ahora más que nunca, se debe promover una agenda de reencauce de la institucionalidad y reforma profunda del Estado.

El punto de partida es la reforma electoral. Guatemala necesita un sistema que fomente la competencia electoral, que favorezca la formación de nuevas organizaciones políticas y que acerque al ciudadano con sus representantes. Para ello, es necesario reducir las barreras de ingreso y los requisitos de formación de partidos, para que los buenos ciudadanos puedan llegar a los espacios de toma de decisiones.

La representatividad del sistema debe mejorarse, revisando el diseño de los distritos electorales, y adecuarlos a las nuevas dinámicas demográficas. Pero más urgente aún, es modificar el sistema de elección de diputados: permitir que los ciudadanos elijan por nombre y no por listados.

En materia del sistema de justicia, es urgente revisar el sistema de elección de magistrados. Si nos quejamos que la justicia se politiza, ¿acaso no es un contrasentido que los diputados elijan a los magistrados de las altas cortes del país? El modelo de comisiones de postulación, que ha llevado a la politización de la academia y de los gremios profesionales debe refundarse  en su totalidad.

Se debe apostar por un sistema de carrera judicial, en la que los jueces mejor capacitados, con mejor desempeño y honorabilidad, puedan ascender por los escalafones del sistema. Y que las más altas cortes se integren por los mejores juristas del país.

De suma urgencia es revisar el funcionamiento de la justicia. Una reforma que descongestione el sistema, a través de figuras como la Aceptación de Cargos, la revisión de plazos procesales, los requisitos para la recusación de jueces o de tramitación de amparos. También hay que reformar las condiciones para la prisión preventiva e implementar formas alternas de detención.

A nivel de gestión pública, el sistema de servicio civil requiere de un rediseño profundo. Es importante generar los mecanismos de evaluación y remuneración adecuados para atraer a los mejores profesionales a integrar el servicio público. Es importante revisar la estructuración de los pactos colectivos. El sistema de contrataciones públicas debe modernizarse, empezando por una separación funcional entre las compras y contrataciones. La estructura presupuestaria debe flexibilizarse: es imposible plantear política pública cuando más del 72% del presupuesto ya está comprometido en asignaciones pétreas. El listado geográfico de obras debe suprimirse. Mientras que los procesos de planificación anual deben basarse en una metodología de presupuesto abierto, de carácter multianual con un sistema de inversión blindado a la corrupción.

Guatemala necesita urgentemente una reforma que le saque de cuidados intensivos. Es el momento para que los actores políticamente relevantes dejen de lado sus discursos vacíos y se comprometan con una agenda mínima que permita reencauzar el destino de la nación.