Pocos han sido los gobiernos que han denunciado los atropellos de Ortega en su delirio autoritario.

Los niveles de represión y persecución a los que ha llegado la tiranía de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en función de asegurarse la elección presidencial del 7 de noviembre de este año son de una saña insospechada.

Al momento de escribir este resumen se contabilizan ya 37 presos políticos y de conciencia por parte del régimen de Managua. Entre mayo y septiembre han sido detenidos arbitrariamente varios aspirantes presidenciales, periodistas, líderes sociales e intelectuales en una de las arremetidas más violentas de los Ortega frente a la oposición desde 2018.

Tanto la ONG Human Rights Watch, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han exigido la liberación inmediata de los presos políticos y que la tiranía retroceda en sus intenciones totalitarias. Las peticiones han sido desoídas y el régimen sigue adelante en su cruel aplanadora de libertades.

Entre los casos más notorios se encuentra el joven estudiante Lesther Alemán, quien se hiciera conocido en las protestas de 2018 por su famosa intervención en la que confrontó a Daniel Ortega y su reclamo frente al dictador por la represión a los estudiantes universitarios que pedían libertades políticas. Hoy Lesther se encuentra preso y en grave estado de deterioro sufriendo todo tipo de torturas físicas y psicológicas sin poderse incluso mantener en pie por sí mismo.

Pero esta oleada represiva no se detiene allí. En las últimas semanas ha sido ampliamente reseñada la persecución al escritor y Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, quien tras la publicación de su más reciente novela Tongolele no sabía bailar, inspirada en las protestas en Nicaragua de 2018, ha tenido que salir al exilio tras una ignominiosa orden de captura en su contra. Y también la famosa poeta Gioconda Belli se encuentra fuera del país por temor a represalias en su contra. Se puede decir que una tiranía llega a los peores niveles de degradación moral cuando arremete contra la cultura y los intelectuales y los Ortega han llegado a ese fondo pantanoso del que la historia no los dejará salir.

Mientras todo esto pasa, el mundo pareciera aguardar un silencio cómplice. Aunque en los últimos meses han comenzado a levantarse algunas voces. En junio, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, alertó sobre el “preocupante y acelerado deterioro” de los Derechos Humanos y denunció las detenciones selectivas de opositores en ese país de cara a las elecciones de fin de año.

Pocos han sido los gobiernos que han denunciado los atropellos de Ortega en su delirio autoritario. Uno de ellos ha sido el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, quien en una valiente intervención en la cumbre de la CELAC del pasado 18 de septiembre en México, manifestó su descontento frente a la presencia en la jornada de las delegaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por no respetar normas democráticas ni los Derechos Humanos. Luego, el 22 de septiembre, sorpresivamente, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresó su “profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua”, y manifestó “sentirse angustiado por el encarcelamiento de opositores políticos, periodistas y estudiantes”.

Unas horas después, ese mismo día, ha salido una declaración conjunta de ocho países entre los que figuran Estados Unidos, Francia, Canadá y Reino Unido, entre otros; alertando sobre la situación de Nicaragua, donde se vive una "situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas". También, estos países exhortan al régimen nicaragüense a garantizar las condiciones para los comicios de noviembre y han solicitado que se permita la observancia de la comunidad internacional en las votaciones.

En un giro lamentable, que refleja la pasividad de la comunidad internacional frente a este tipo de rogue states (o “Estados canallas”), el FMI ha premiado al régimen de los Ortega con más de 350 millones de dólares supuestamente destinados para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19 en ese país. La entrega de tipo de ayudas sin ningún tipo de condicionantes de respeto a principios democráticos ni a los Derechos Humanos, lo que hacen más bien es agravar la situación institucional de la región, porque se evidencia que no existen consecuencias para gobiernos que violan las garantías más elementales.

Por su parte, tanto el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y varios congresistas han denunciado la destrucción de la democracia en Nicaragua y se han emitido varias sanciones y anulaciones de visados a varios personeros del régimen.

Esperemos que mientras se acerca el proceso electoral en Nicaragua, el volumen de las denuncias sobre la grave situación política siga subiendo y haciendo eco en el resto del mundo y que la voz de los exiliados y presos políticos siga diseminándose para que todos pongamos la mirada sobre el ambiente de las libertades en ese país. Y si ocurre lo predecible y es que los Ortega logran hacerse con el poder en un proceso fraudulento y amañado, esperemos que la comunidad internacional desconozca esos resultados y reaccione de forma contundente y no repita los mismos errores de 2019 en Venezuela y Bolivia donde la ambivalencia de la región en torno a la transición a la democracia en estos países, contribuyó a la consolidación del chavismo y el moralismo (y con ello, la metástasis del socialismo del siglo XXI en el continente) por varios años más.