La Corte de Constitucionalidad parece haberse decantado por una lectura literal de la ley en tres casos: Zury Ríos tiene prohibición constitucional, Thelma Aldana no tiene finiquito y  Mauricio Radford tiene un proceso penal en su contra.

Nunca antes en la historia electoral de Guatemala las Cortes jugaron un papel tan importante como lo están haciendo en esta ocasión. En elecciones anteriores, las Cortes tuvieron que decidir sobre las candidaturas de Efraín Ríos Mont, Harold Caballeros y Sandra Torres. También fueron situaciones  altamente polémicas, pero la incidencia en esta ocasión no tiene  precedentes. 

La Corte de Constitucionalidad decidió esta semana dejar fuera a tres candidatos presidenciales, que juntos sumaban poco más de  un quinto de la intención de voto, según la última encuesta de CID Gallup. Algunos consideran que se ha cometido una injusticia y que en última instancia quienes tienen que decidir son los votantes, no las Cortes.

La lógica de que el votante tiene la última palabra, no importando lo que diga la ley, supone que las instituciones republicanas solo están como elementos decorativos. Lo cierto es que las Cortes de un país tienen que cumplir su rol de contrapeso y balance, indispensable en cualquier República Democrática. En esta oportunidad, la Corte Constitucionalidad parece haberse decantado por una lectura literal de la ley en los tres casos: Zury Ríos tiene prohibición constitucional, Thelma Aldana no tiene finiquito y  Mauricio Radford tiene un proceso penal en su contra. Es evidente que los órganos de justicia debían intervenir en estos casos. ¿O acaso debe darse vía libre a candidatos a la presidencia, o a cualquier otro cargo público, que no cumplen con lo que establece la ley?

Claramente existe el riesgo de que se utilice la legislación de forma arbitraria y antojadiza para impedir que un candidato participe. Para evitar esa situación, es indispensable que la ley sea lo más clara  posible y que deje muy poco margen para la arbitrariedad.  Además, es indispensable que los procesos de elección en las Cortes sean transparentes y garanticen que no sean cooptadas por grupos políticos o de interés. Sólo así los Órganos de Justicia irán ganando mayor credibilidad, tendrán el peso necesario y cumplirán la función para la que fueron creadas.

En ese sentido, es importante recordar que  las Cortes aún tienen en sus manos el caso de la candidata Sandra Torres. El proceso contra ella es igual o más grave que el que se planteó en contra de Thelma Aldana o Mauricio Radford. Aun así,  hay una evidente demora en como camina este proceso en las distintas instancias judiciales. La candidata Torres tiene 21% de intención de voto, según la encuesta antes mencionada. Si corriera la misma suerte que los tres candidatos defenestrados esta semana, se llegaría a eliminar el 43% de la intención de voto. Sin duda provocaría una reconfiguración aún mayor del proceso electoral.

En ninguna democracia es deseable que las Cortes dejen fuera a los tres candidatos a la presidencia que lideran las encuestas. ¿Pero acaso no es peor que accedan al poder personas con procesos penales en su contra, o que no cumplen con los requisitos establecidos por la constitución? Si algo ha demostrado la historia, es que muchos  dictadores y caudillos que destruyeron países enteros, accedieron al poder a través del voto popular. Los órganos de control de una República Democrática tienen que ejercer su función, aun cuando ello implique dejar fuera a candidatos con alta simpatía popular.

La vergüenza más grande que hemos pasado como guatemaltecos en este proceso electoral es que Estados Unidos arrestó a un candidato presidencial por conspiración de tráfico de drogas en ese país. En este caso, el Sistema de Justicia guatemalteco y el mismo Tribunal Supremo Electoral fueron incapaces de ejercer su función. Sería inadmisible  pensar que con el arresto de este candidato, se daña la legitimidad del proceso electoral. Al contrario, se fortalece.

Lo que vivimos en Guatemala en estas elecciones no tiene precedentes. Pero si logramos consolidar el sistema de justicia, podremos aspirar a un sistema político más transparente.

Columna publicada originalmente en El Periódico.