La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

Corría el año 2018. Los casos impulsados por FECI y CICIG tenían al sistema en jaque. La administración bicéfala de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti había generado tal centralidad en la corrupción, que prácticamente cualquier camino de investigación provenía o culminaba en la pareja presidencial.

Con el paso de los meses, se develaron casos sobre corrupción en aduanas, en la proveeduría de medicamentos, en puertos, en la obra gris, etc., etc. y un largo etcétera. Diputados, ministros, secretarios, políticos opositores, gestores de negocios, uno a uno, fueron detenidos y presentados ante la justicia.

La otra cara de la moneda era entender la lógica del financiamiento de la política: el acceso al saqueo de fondos públicos requería el pago de un derecho de picaporte, mediante aportes a las campañas electorales. Sin embargo, el avance en las investigaciones sobre financiamiento electoral empezó a poner nerviosos a decenas de actores de las élites tradicionales.

Dos rutas tangenciales complementaban el esfuerzo anterior. Investigaciones sobre el despojo de propiedades en la zona de Izabal y Petén por parte de la Red de los Mendoza o la vinculación de personajes políticos con el cartel de los Huistas ponían en la picota el avance del narco en política. La otra ruta tangencial, eran los casos sobre violaciones a derechos humanos acaecidas durante el Conflicto Armado, casos que sentaban en el banquillo de acusados a prominentes elementos del estamento militar.

Así, para 2018, existía un abanico variopinto de actores interesados en poner fin a esta primavera judicial. Originalmente, esta amplia amalgama de actores encontró en el entonces alcalde Álvaro Arzú el estandarte de oposición. Luego de su fallecimiento, la estafeta pasó a manos del Presidente Jimmy Morales, quien desde abril 2018 lideró el esfuerzo por reducir el margen de actuación de MP-CICIG, ahogar a sus aliados políticos -nacionales e internacionales- y eventualmente, poner fin a la ofensiva judicial.

Esa fue la agenda común hasta septiembre 2019, cuando finalmente concluyó el mandato de la Comisión Internacional. El siguiente esfuerzo común era tomar control de las cortes. Razón por la cual la alineación de intereses se mantuvo intacta hasta el primer trimestre 2021.

Sin embargo, cual alianza ganadora en un proceso político, el interés común ha sido superado: La CICIG fue expulsada; las cortes tomadas; los aliados ahogados. Sin un nuevo interés en común, esa amalgama de actores diversos ya no tiene razón de mantener su cohesión.

La primera fuente de tensión es eminentemente sociológica. Para los actores de élite resulta incómodo compartir banqueta con actores provenientes del capital emergente, algunos grises otros abiertamente oscuros. Lo saben y la presión por marcar distancia sube con el paso de los días.

La segunda fuente de tensión es la repartición de las cuotas de poder dentro del sistema que defendieron. Así, la Ley de Infraestructura, la Alianza Público-Privada para la concesión de la Autopista a Puerto Quetzal o varias leyes necesarias para la reactivación económica quedan condenadas a dormir el sueño de los justos, puesto que los políticos no quieren ceder su control de espacios de negocios con actores de la élite.

De tal forma, una alianza que resultó funcional para cumplir con un interés en 2018-2021 pareciera que ha perdido su razón de ser. Quizá el temor a una supuesta marea roja sea suficiente como para mantener a los actores de la élite cerca de sus incómodos amigos coyunturales. Pero al final del día, todos sabemos que en el fondo esa supuesta marea no es más que una pesadilla surreal al puro estilo de Hitchcock.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.