Moto and the 82 “purgeables”

Moto and the 82 “purgeables”
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
31 Jan 2021

No lo olvidemos: 82 diputados rompieron la ley para juramentar a marchas forzados a un cuestionado juez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses tan poderosos movieron a estos 82 diputados a hacerlo? Saque usted sus conclusiones. No hace falta darle muchas vueltas al asunto.

 

El martes, 26 de enero de 2021 es una fecha que debe quedar en la memoria de los guatemaltecos. Ese día, 82 diputados al Congreso de la República consumaron una ilegalidad grosera y dieron un golpe a la poca institucionalidad que aún queda en el país. Repasemos los hechos.

Mynor Moto resultó ganador en una elección para ser magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para completar el periodo que vence el 14 de abril próximo. Sin embargo, esa elección recibió al menos 6 impugnaciones en el Colegio de Abogados y que aún se deben resolver.

El artículo 156 de la Ley de Amparo nos dice que en cuanto a la elección del Colegio de Abogados que “mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”. En tal sentido, el Colegio aún no enviaba los resultados de la elección de Moto al Congreso porque las impugnaciones no están aun resueltas.

No obstante, toda la operación del 26 de enero fue fruto de un plan muy bien orquestado. Primero, una Sala de Apelaciones otorgó un amparo a favor de Moto y le ordenó al Congreso que en un plazo de 4 horas enviara los resultados de la elección al Congreso.

Esta Sala se integró por personajes cuestionables, un magistrado que tuiteó a favor de Mynor Moto hace unos meses con lo cual debió abstenerse de conocer el caso y un magistrado suplente que “misteriosamente” integra todos los tribunales que revocan los casos que lleva la FECI contra personajes corruptos.

Mientras corría el plazo para que el Colegio de Abogados enviara los resultados de la elección al Congreso, los diputados se encontraban reunidos para celebrar una sesión en la que debían interpelar al Ministro de Gobernación por la brutalidad policial que empleó durante las protestas de noviembre.

Al llegar los resultados, la Junta Directiva del Congreso decidió anteponer la juramentación de Mynor Moto a la interpelación del Ministro de Gobernación. Encima, para evitar “molestias”, resolvieron por mayoría limitar a 5 minutos el uso de la palabra para evitar que existiera debate sobre la juramentación de Moto.

La ilegalidad no se agota ahí. El oficio que remitió el Colegio de Abogados efectivamente reflejaba los resultados de la elección, pero también hacía ver que había 6 impugnaciones que aún no eran resueltas. La Junta Directiva hizo caso omiso de lo que se le informó y de forma ilegal procedió a abrir a votación el acuerdo que resolvía juramentar a Mynor Moto como magistrado de la CC.

82 diputados votaron a favor de dicho acuerdo cometiendo una ilegalidad manifiesta y descarada y a marchas forzadas consumaron su fechoría. Si fuésemos un país decente, en primer lugar, los miembros de la Junta Directiva ya estarían procesados por cometer semejante y crasa ilegalidad.

Mientras tanto sobre Moto pesan muchas sombras. Como juez ha favorecido a personajes de la corrupción como Felipe Alejos. Resolvió archivar un caso contra Mirza Arreaga pese a que existía un video donde ella misma confesaba sus crímenes y se rehúso a dictar una orden de captura contra el ex ministro Benito permitiendo su fuga para que luego el Ministerio Público hallara caletas con Q122 millones.

El juez Moto además apoya abiertamente al abogado Mario Cano para su elección como presidente del Colegio de Abogados. Esto constituye una falta grave a la ética si tomamos en cuenta que Cano es abogado defensor y puede tener interés en casos que se ventilan en el juzgado de Moto. Sin dejar del lado que Cano está imputado por lavado de dinero. Para colmo de males, sobre Moto pesan 3 solicitudes de antejuicio por imputaciones como prevaricato y obstrucción de justicia.

No lo olvidemos: 82 diputados rompieron la ley para juramentar a marchas forzados a un cuestionado juez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses tan poderosos movieron a estos 82 diputados a hacerlo? Saque usted sus conclusiones. No hace falta darle muchas vueltas al asunto.