Es un mal endémico del sistema legal guatemalteco que está diseñado para cumplir procedimientos, no para hacer justicia o resolver conflictos.

Hace pocos días se dieron a conocer dos noticias relevantes. Por una parte, que se culminaba el proceso de cancelación del partido UCN por infracción a normas de financiación electoral. Por otra parte, que se iniciaría el proceso de cancelación del partido UNE.

Quizás el lector suponga, razonablemente, que la cancelación de ambos partidos obedece a las múltiples acusaciones de financiamiento irregular de las que han sido objeto ambas organizaciones políticas. El excandidato presidencial de UCN fue condenado a prisión por conspiración para traficar drogas en EE. UU. y la excandidata presidencial de la UNE enfrenta proceso penal por financiamiento electoral irregular.

Sin embargo, la historia es un poco distinta. Por ejemplo, de acuerdo con una nota de prensa, el partido UCN sería cancelado porque “realizó gastos con fondos de financiamiento público entre 2014 y 2015, sin documentos de respaldo” y porque además “se identificaron cuentas por pagar no registradas y la emisión de cheques a nombre de ejecutivos del partido que no fueron documentados”.

Es decir, la cancelación de UCN nada tiene que ver con la escandalosa noticia de 2019. Más bien es resultado de un incumplimiento a las formas de rendir cuentas ante la autoridad electoral.

El caso de la UNE es aún más ilustrativo del punto que quiero hacer en esta columna. El anuncio que hiciera el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que iniciaría el proceso de cancelación de la UNE se debía a que esta organización política no tiene integrado su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ya que el número mínimo de integrantes es de 15 y no tiene suficientes miembros para integrarlo.

La razón es que varios miembros afines a Sandra Torres renunciaron al CEN en algún punto por desacuerdos con el partido. Algunos especulan que procuraron intencionalmente desintegrar el CEN para paralizar el funcionamiento del partido. Al fin y al cabo, el CEN es el órgano ejecutivo del partido y sin él no es posible tomar algunas decisiones clave.

Pues resulta ser que a la UNE le corresponde integrar nuevo CEN y para ello debe celebrar una asamblea nacional. Sin embargo, la literal “c” del artículo 29 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que es el CEN quien debe convocar a asamblea nacional. Pero como hemos dicho en el párrafo anterior: no existe un CEN conformado porque no tiene los 15 miembros que la LEPP exige como mínimo para su integración.

¿Qué nos ilustran el caso de UNE y UCN? Que el sistema legal guatemalteco descansa enteramente en el culto a las formas. Las graves acusaciones de financiación irregular o de vínculos con actividades criminales jamás han sido objeto de discusión en los expedientes que tienen abiertos ambas organizaciones políticas. Pero han incurrido en infracciones a obligaciones formales y esa es la única razón por la cual el aparato se ha activado y pone en jaque la existencia jurídica de ambas agrupaciones políticas.

Esto va más allá del actual TSE. Es un mal endémico del sistema legal guatemalteco que está diseñado para cumplir procedimientos, no para hacer justicia o resolver conflictos. En este sistema es bastante probable financiar campañas ilegalmente con dinero del crimen organizado, hacer dinero de la corrupción y no ser descubierto, pero no vaya a ser que escriba Pérez sin tilde que el registro equis rechaza su solicitud.

Desde luego que las formas importan. Pero importan en la medida que las formas han sido concebidas como mecanismos para garantizar la tutela de los derechos. Aquí funciona al revés: las formas son un fin en sí mismo.

Desconozco cómo se resuelvan finalmente lo casos de UNE y UCN, pero algún formalismo decantará la balanza en un sentido u otro. Mientras tanto el fondo quedará relegado a un segundo plano y el sistema no resolverá los problemas de fondo de financiación y de transparencia de los partidos político.