¿Qué significa que Guatemala acuerde con Estados Unidos ser tercer país seguro y por qué sería hipotecar al país?

Rumores «bien fundados» (?), como diría el presidente

Como es costumbre en este gobierno, los rumores corren antes que las comunicaciones oficiales. Primero, el presidente Trump dijo en un tuit de fecha 17 de junio que Guatemala se «preparaba» para convertirse en tercer país seguro. La prensa internacional reportó unos días más tarde que el Ministro de Gobernación consideraba que «el hecho de que un país como los EE. UU. nos vea como un país seguro en principio es sumamente positivo», como si de una ganga se tratase.

Lo que dio tracción al tema es que el lunes, 15 de julio, el presidente Morales se reuniría con el presidente Trump en la Casa Blanca, un suceso poco habitual que no se explicaba a no ser que existiera un gran acuerdo por celebrar. Lo reportado por CNN, The Wall Street Journal y también por The New Yorker en su momento es que era un hecho que la reunión era para convertir a Guatemala en tercer país seguro.

Naturalmente, el gobierno negó que la reunión tuviera ese propósito, pero también negó que iría a Argentina a comprar aviones para el ejército y nos enteramos por la prensa argentina de que el rumor era cierto y efectivamente iban a comprarlos (o a «adquirirlos», para usar la simpática nomenclatura que quiso emplear el Ministro de la Defensa para intentar sacar la pata).

¿Qué significa ser tercer país seguro y qué implicaría para Guatemala?

Todo nace en la Convención de Ginebra de 1951 que originalmente sirvió para atender a los refugiados de la Europa de la posguerra, luego ampliado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 a otras circunstancias. Ambos instrumentos fueron ratificados por Guatemala en 1983.

En términos muy sencillos y generales, esta normativa regula el derecho de asilo, al cual pueden recurrir una persona que busca protección en otro país si en su país de origen o residencia tiene temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, posiciones políticas, identidad de género o preferencia sexual.

En los últimos meses ha habido un incremento sustancial en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos que reclaman asilo. En noviembre de 2018 había 6,200 peticiones de asilo y para mayo de 2019 había casi 19,000, algo que además satura los juzgados. Trump respondió con su política de metering que consiste en limitar la cantidad de aplicantes de asilo que pueden entrar a diario a los Estados Unidos, lo cual ha llevado a miles de migrantes a esperar en México en condiciones precarias hasta que sea su «turno», algo que lo determinan ellos mismos o las autoridades mexicanas.

El concepto de «tercer país seguro» se refiere al hecho de que quienes busquen la protección de asilo en un segundo país, en este caso EEUU, éste pueda negarse a darles asilo y remitirlos a un tercer país, en este caso Guatemala, que pueda darles las mismas atenciones y tratos. Eso implica que, de llegar a un acuerdo, EEUU podría enviarnos centenares de personas que pidan asilo en EEUU hasta que su situación se resuelva.

Guatemala no es siquiera capaz de dar atención adecuada al flujo actual de migrantes en el albergue ubicado en la zona 5 de la Ciudad. Mucho menos será capaz de dar vivienda, seguridad social, servicios médicos esenciales, educación o empleo a los mismos, algo a lo que nos comprometería el presidente Morales. Mucho menos hablar de la incapacidad que tendría nuestro sistema de justicia de procesar la cantidad de solicitudes de asilo que podrían venir.

Es cierto, Estados Unidos nos daría dinero para hacer frente a estas obligaciones. Pero como lo ha expuesto mi colega Arturo Villagrán, Guatemala es signatario de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y está bajo la jurisdicción de la CIDH y de la Corte IDH. Si Guatemala llega a violar derechos humanos de refugiados, seríamos responsables como Estado y el gobierno de EEUU no respondería de ninguna manera por ello.

La experiencia europea de designar a Turquía como tercer país seguro ha sido objeto de señalamientos de violaciones de derechos humanos a refugiados, lo mismo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea que lo fue de Australia. Las organizaciones de derechos humanos en EEUU tienen claro que Guatemala no puede ser un país seguro.

La actitud de Morales y el revés que le dio la Corte de Constitucionalidad (CC)

La cuestión solo tiene una explicación: al presidente Morales le quedan poco menos de seis meses de mandato y piensa que una actitud servil con la Administración Trump le comprará impunidad. Se disponía a hipotecar al país y poco le importa el gran compromiso que asumiría Guatemala y que podría durar décadas. Se equivoca de todas formas. Trump solo piensa en las elecciones del 2020 y si no pudo construir un muro físico en México, Guatemala será su «muro» para enviar decenas de personas que piden asilo en EEUU. Mientras Morales sea útil, todo bien. Luego, lidiará con quien ocupe la presidencia.

Un grupo de colegas y el PDH interpusieron un amparo que buscaba evitar que el presidente Morales llegase a comprometer al Estado de Guatemala a través de un acuerdo simplificado. Esto quiere decir que Morales pretendía, presuntamente, comprometer al Estado de Guatemala, pero evitando pasar por el control del Congreso de la República como lo manda el artículo 171 de la Constitución. El domingo, 14 de julio, la CC resolvió otorgar amparo provisional y obliga al presidente a que, de asumir el compromiso de tercer país seguro, lo haga pasando por el control del Congreso, donde seguramente no la tendrá tan fácil.