El pasado 9 de octubre un tribunal condenó a prisión a diez personas por su participación en el famoso caso "Agua mágica".  

Entre las nueve personas condenadas destaca la condena a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, a pasar 15 años en prisión. Tres días después, el tribunal resolvió que los condenados en este caso deben pagar Q34 millones por concepto de reparación digna de los delitos cometidos.

La condena tiene un significado importante para los guatemaltecos por tratarse de la primera condena de los grandes casos de corrupción que se han presentado desde 2015.  Sin embargo, los guatemaltecos debemos entender que esto fue posible gracias a una serie de cambios que ocurrieron tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito institucional de nuestro país. Me gustaría destacar tres de estos aspectos que considero claves para entender lo sucedido.

1.     Leyes anticorrupción.

En el 2012 se aprobó el decreto 31-2012, Ley Contra la Corrupción. Esto cambió algunos delitos en materia de corrupción que, o bien tenían penas muy bajas o que no castigaban algunas conductas que son propias de los actos que consideramos corrupción. Por ejemplo, dos de los delitos por el que el tribunal condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron el de fraude y el de tráfico de influencias. El primero tenía antes de esta reforma una pena menor y era menos claro. Gracias a la reforma hecha por la ley contra la corrupción, los jueces tuvieron más elementos para condenar el fraude ocurrido en el caso del Lago de Amatitlán. El segundo delito, tráfico de influencias, no existía antes de esta reforma. Si este caso hubiera ocurrido antes de 2012, la pena que recibió la señora Baldetti habría sido considerablemente menor porque quizá se le habría logrado demostrar el fraude, pero no se habría podido castigar el tráfico de influencias. Esto explica por qué para el MP y la CICIG ha sido mucho más difícil iniciar investigaciones a hechos de corrupción ocurridos con anterioridad al 2012, ya que tienen menos herramientas legales para castigar los actos de corrupción porque la ley no es retroactiva.

2.     Métodos especiales de investigación.

En el 2006 se aprobó la, no exenta de polémica, Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta ley creó delitos nuevos, pero también le dio nuevas herramientas al MP para investigar la comisión de delitos. También uno de los delitos por los que fueron condenados Baldetti y los demás procesados fue el de asociación ilícita, creado por esta ley. Pero lo que cambió la dinámica fueron los métodos especiales de investigación que creó esta ley. Esto incluye las operaciones encubiertas, las interceptaciones telefónicas, entre otras herramientas. Sin estos elementos al MP le habría sido muy difícil demostrar la participación de los condenados en estos delitos. Es verdad que la curva de aprendizaje ha sido alta, pero hay que tener en cuenta que el apoyo de CICIG en el fortalecimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a jugado un rol muy importante.

3.     El apoyo de CICIG.

No puede obviarse que el apoyo de CICIG ha sido crucial en este proceso que inició con alta intensidad desde 2015. Ha habido un soporte importante, especialmente en materia de manejo de pruebas como las descritas en el numeral anterior. Sin duda, el respaldo que ha dado CICIG fue crucial para que las autoridades del MP tuvieran un respaldo “moral” frente al poder político al que se enfrentaban.

4.     La reparación digna.

En 2011 se aprobó el decreto 7-2011 en el que se hicieron reformas al Código Procesal Penal. Una de las reformas fue cambiar la “acción civil” e introducir la reparación digna. Este cambio les da a los jueces más flexibilidad para determinar cuál debe ser la reparación que deban pagar los culpables de la comisión de un delito. Además, hace que el proceso sea más expedito que antes. Gracias a esto se resolvió en el caso agua mágica que los culpables deben pagar Q34 millones al Estado.