Esta semana en Razón de Estado hablamos sobre las acciones del gobierno en contra de Cicig y las amenazas a un rompimiento del orden constitucional en Guatemala.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez indicó: “Los guatemaltecos estamos atrapados en medio de una lucha de intereses y de un conflicto ideológico lleno de excusas, señalamientos y descalificación, promovidos por las mismas instituciones de la democracia, con el aplauso, la indiferencia o la complicidad de las elites y de las organizaciones que viven del conflicto”.

Explicó que si bien en el 2015, la elección del presidente Morales no permitió que llegara al gobierno uno de los dos proyectos políticos más oscuros de nuestra historia, “Morales y su equipo, además de que saben que dejarán el poder con un saldo muy negativo; hoy, siguen la narrativa de un gobierno autoritario y con la tentación de seguir violando la constitución; para aumentar las cuentas por las que tendrán que responder el 14 a las 14 en enero de 2020”.

Exigió que “se respeten la Constitución, la división de poderes y el Estado de Derecho” y aseguró que “las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad pueden no gustarnos, pero es el orden establecido. No respetarlas nos lleva a la jungla. Al todo se vale y todo se puede; al golpe de Estado”.

Por último recordó a los ciudadanos que “si no queremos intervención extranjera, es importante involucrarse” y exigir “las reformas políticas del Estado que gobierno, Congreso y élites nunca promovieron; y las reformas al sistema de justicia que han sido negadas”.

Después, Dionisio Gutiérrez entrevistó al economista Fritz Thomas y al politólogo Pedro Trujillo sobre el saldo de la labor de la Cicig hasta el momento.

Fritz Thomas explicó que la problemática con Cicig radica en el involucramiento de Iván Velásquez en la política nacional:  “Se convirtió  en mucho más que un asesor del MP, se convirtió en un actor político, presentando reformas a la constitución y cooptando al Tribunal Supremo Electoral. Además de cometer el error de acorralar al hijo y al hermano del presidente; no era necesario hacerlo por las faltas cometidas, se pudo manejar de otra manera”.

Para Pedro Trujillo, Cicig hizo un buen trabajo: “cometió una legalidad que fue vista como torpeza” refiréndose al juicio contral el hijo y el hermano del presidente.  Aseguró que Iván Velásquez no acusó a nadie, sino que “lo acusó el Ministerio Público, así como a cualquier individuo que es acusado de otros delitos y que están en prisión. Lo que no gusta, es que es el hijo del presidente.”

Ambos coincidieron en que “hay grandes mafias incustradas en el gobierno que tienen al presidente en una dinámica delictiva”, enfocándose únicamente en el tema de Cicig y sin ningún interés en resolver los grandes males del país como la pobreza o la desnutrición.

En el último segmento, Edgar Ortiz moderó un debate entre los abogados Andy Javalois, Alfredo García Siekavizza y Omar Barrios Osorio sobre el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad.

Si bien tuvieron diferencias sobre el proceso para ponerle fin al acuerdo de Cicig, los tres abogados coincidieron en que el presidente debe cumplir la última orden de la CC, que evita que esta institución salga del país, antes de septiembre del 2019.

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