Legados institucionales y de política pública.

Guatemala ha mantenido una polarización que nubla la vista y eleva las pasiones.

Evaluar la gestión de Jimmy Morales sigue siendo un juego binario: Si en su momento fui pro-Gobierno me hago de la vista gorda y reconozco que Morales quizá no fue “tan malo después de todo”. Si en su momento fui anti-Gobierno, caracterizo a Morales como el peor Presidente de la era democrática.

Sólo la historia juzgará fielmente lo ocurrido en Guatemala entre 2015 y 2019, y particularmente, el período agosto 2017-septiembre 2019. Cual Tiempos Recios, seguramente en seis décadas seguiremos debatiendo si todo aquello fue una conspiración del soviet de la calle 42 o si efectivamente se persiguió a los responsables de capturar el Estado guatemalteco para fines criminales.  Esa conclusión, sin duda, vendrá aparejada con la lectura de la historia sobre lo que realmente representó Jimmy Morales: el defensor de la soberanía y de la sociedad guatemalteca; o el defensor del statu quo y cómplice de las redes que han capturado al Estado de Guatemala.

Como ese debate resulta polémico para el contexto actual, quizá valga la pena evaluar la gestión de Jimmy Morales sobre otras variables. Por ejemplo, las políticas públicas y sus legados institucionales.

A nivel institucional, resulta alarmante lo ocurrido con la Policía Nacional Civil y el servicio diplomático. En el caso del primero, un esfuerzo de más de una década, con apoyo norteamericano, fue echado por la borda por el interés de tener mandos policiales “leales políticamente”. A nivel de la Cancillería, el daño fue mucho peor. Una institución que estuvo relativamente blindada de los vaivenes políticos, fue utilizada como un burdo botín. Embajadores y funcionarios de carrera sustituidos por amigos personales o personajes a quienes había que devolver favores políticos.

Los avances en indicadores económicos y sociales también son nulos. Los indicadores sobre desnutrición no se redujeron. La cobertura escolar no se amplió sustancialmente. La violencia homicida mantiene su tendencia decreciente, pero hasta hoy, no hay explicaciones de las razones detrás de este avance. Y todos ellos, fueron promesas -escuetas- de campaña de FCN y Jimmy Morales.

Quizá dos avances concretos es la recuperación de la red vial y superar la crisis de abastecimiento hospitalario de los años 2013-2015. Pero ambos casos se limitan a buenos ejercicios de gestión administrativa más que a políticas públicas de Gobierno.

En infraestructura, el legado anunciado con bombos y platillos es la inauguración del Libramiento de Chimaltenango. No hay ninguna obra de relevancia estratégica o innovadora de alcance nacional. Aunque, también es importante resaltar los avances mostrados a nivel de la gestión del Aeropuerto Internacional La Aurora, caso que al igual que los reseñados anteriormente, parece estar más relacionado con gestión individual que con políticas de gobierno.

A nivel de servicios públicos, poco ha mejorado. Guatemala sigue siendo un país sin correo, como lo era a principios de 2016. Por poco, estuvimos a punto de retornar al Ancien Regime en la emisión de licencias, y aunque se evitó una crisis inmediata, hace falta solución de largo pazo.

A nivel de política pública, un conteo reciente publicado por personeros de la Asociación Diálogos, señalaba que el Gobierno de Morales únicamente aprobó 6 nuevas políticas. Mientras que los últimos tres, aprobaron entre 19 y 36. Es decir, la producción de nuevas líneas de acción normativa y política fue muy deficiente en comparación con gestiones de gobiernos anteriores.

Y quizá estas pinceladas permitan esbozar una gran conclusión de la gestión de Morales: los avances que se identifican en estos cuatro años parecen más vinculados a la gestión individual de Ministros o Directores de instituciones, y no a nivel de política de gobierno. Mientras que a nivel macro, la gestión inter-institucional, los indicadores económicos y sociales o los legados institucionales parecen estar igual o peor que como se encontraban cuando Morales asumió la jefatura del Estado.