La tarea para Gabriel García Luna y su equipo es titánica y las expectativas ciudadanas no podrían ser más altas.
La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de mantener firme el proceso de renovación del fiscal general, al rechazar los amparos e inconstitucionalidades que buscaban frenarlo, marca un punto de inflexión. Consuelo Porras y su equipo dejan tras de sí una estela de destrucción institucional profunda. Ahora, la tarea para Gabriel García Luna y su equipo es titánica y las expectativas ciudadanas no podrían ser más altas.
Los números ayudan a dimensionar la magnitud del daño que dejan Consuelo Porras y su equipo en la institución. Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con base en datos oficiales del propio Ministerio Público, la efectividad institucional cayó de 14.03% entre 2018 y 2019 a apenas 6.44% en 2024 y 2025, una reducción del 54%. En delitos de alto impacto —homicidios, femicidios, extorsiones y corrupción— la impunidad alcanza el 93.69%, lo que significa que apenas seis de cada cien casos reciben una respuesta efectiva. En promedio, cada fiscal o auxiliar resuelve menos de un caso efectivo por mes.
Lo más preocupante es que este colapso ocurrió mientras el presupuesto del Ministerio Público crecía de manera acelerada. En 2018, la institución contaba con Q1,842 millones; para 2025, el presupuesto ascendió a Q4,828 millones, un incremento del 162%. Más recursos no se tradujeron en mejores resultados. Al contrario: la brecha entre gasto y desempeño evidencia una crisis de gestión, de prioridades y, posiblemente, de integridad institucional
A ello se suma una denuncia especialmente grave: la manipulación estadística. Según el mismo reporte, el Ministerio Público habría contabilizado archivos y desestimaciones como “casos resueltos” para inflar artificialmente sus indicadores de eficiencia, llegando incluso a reportar cifras superiores al 100% en varios departamentos.
A este fracaso administrativo se suman los 118 casos de persecución política contra exoperadores de justicia, periodistas, activistas y voces críticas que dejaron una huella política y humana imposible de ignorar. Estos procesos han sido opacos, abusando de la figura de "reserva" para criminalizar voces críticas. Esta estructura convirtió al Ministerio Público en un instrumento de intimidación y control.
El momento más crítico de la gestión de Consuelo Porras llegó con el intento de intervenir en el proceso electoral de 2023, cuestionando la voluntad popular expresada en el voto y alimentando narrativas de fraude sin sustento. En cualquier democracia funcional, una fiscalía debe proteger el orden constitucional, no convertirse en un actor que comprometa su estabilidad.
Por eso, el desafío de la nueva administración no es detener un supuesto "péndulo ideológico", sino detener el proceso sistemático de destrucción institucional de los últimos ocho años.
La reconstrucción institucional exigirá auditorías internas, revisión de prácticas procesales, fortalecimiento de capacidades técnicas, depuración de estructuras y, sobre todo, señales claras de independencia. También demandará algo políticamente incómodo, pero indispensable: esclarecer los abusos cometidos desde la propia institución y garantizar justicia para quienes fueron víctimas de persecución arbitraria durante la gestión de Consuelo Porras.
