En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

A principios de agosto pasado, Guatemala enfrentaba el quinto mes de la pandemia. Estaba vigente el toque de queda a las 9:00 pm; y salvo algunos sectores particulares, el proceso de reapertura había iniciado con la publicación del tablero de alertas sanitarias o “semáforo” por parte de la Coprecovid.

Para entonces, la devastación económica ya era de conocimiento popular. El Ministerio de Economía reportaba más de 170,000 trabajadores cuyos contratos habían sido suspendidos. El número de afiliados al seguro social presentaba una caída de más de 50,000 trabajadores menos en comparación con 2019. Los análisis macroeconómicos nos revelaban como el IMAE había caído entre 8 y 10% en el segundo trimestre 2019; mientras la recaudación tributaria había caído a niveles históricos en mayo y junio.

La conclusión era sencilla de extraer: la economía guatemalteca había sufrido significativamente por culpa de la pandemia y las medidas de contención sanitaria.

Las voces más agudas señalaban que el fenómeno económico escondía realidades más preocupantes: el incremento en el desempleo traería consigo un aumento en los niveles de pobreza urbana. La contracción económica afectaría a sectores vulnerables y el porcentaje de pobreza en el país habría de aumentar.

El llamado a la acción era claro. Las políticas de apertura y retorno a la normalidad debían facilitar la reactivación del sector privado. Pero como cualquier sociedad luego de un desastre, se necesitarían acciones extraordinarias para generar condiciones propicias para una rápida reactivación.

Gobierno, CACIF y tanques de pensamiento presentaron sus propuestas ideas para acelerar la reactivación. En caso todas las propuestas, había un elemento en común: la necesidad de impulsar una agenda legislativa que favoreciera medidas tendientes a la reactivación.

El Congreso empezaba el segundo período ordinario de sesiones, y con una mayoría que en el papel era afín al oficialismo, todo parecía indicar que la “agenda económica” habría de caminar.

La Ley de Leasing, la reforma a la Ley de Zonas Francas, la regulación del empleo a tiempo parcial, la ratificación de la Alianza Público-Privado para la Carretera a Puerto Quetzal, o la Ley de Tasa de Interés para facilitar el acceso a vivienda aparecían al frente de la lista. Medidas, todas, que contribuirían a estimular la inversión privada, a flexibilizar el mercado laboral o a hacer más competitivo a Guatemala.

Sin embargo, los meses pasaron y el Congreso quedó a deber. Atorado en discusiones anodinas o utilizando la justificación que no se quería elegir cortes, la legislatura pasó cuatro meses sin generar mayores resultados. Eso sí, el día que hubo que aprobar el Presupuesto 2021, los diputados alcanzaron consensos y suficientes votos para aprobar el paquete de urgencia nacional.

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.