Al igual que un reactor, una sociedad no estalla o implosiona de la noche a la mañana, y sin previo aviso.

Sobre el desastre nuclear de Chérnobyl mucho se ha escrito. Desde los errores de ingeniería hasta las falencias sistémicas propias del modelo soviético. Sin embargo, quizá resulte interesante como un modelo explicativo de una “crisis a cámara la lenta” o qué pasa cuando los tomadores de decisión actúan con soberbia y chambonería, aún cuando en su tablero de alertas, la sirena avisa sobre el inminente estallido.

En Guatemala, la sirena sonó por primera vez en 2015. Una ciudadanía urbana, descontenta con la conducción de los asuntos públicos, con la rampante corrupción y la degradación de los servicios públicos, salió masivamente a la plaza a demandar un cambio de rumbo. El enojo era catalizado por los casos presentados por MP y CICIG, que evidenciaban la magnitud de un sistema cleptocrático, donde la acción pública no servía nada más que para generar enriquecimiento ilícito para políticos y sus cómplices.

Al igual que en Chérnobyl, en lugar de atender las causas de la alerta, los tomadores de decisión -por chambonería, soberbia o auto-protección- sólo contribuyeron a agudizar la crisis. Jimmy Morales, el outsider que debía representar la alternativa a la vieja política, se convirtió en el principal operador de la cleptocracia. Los últimos dos Congresos resultaron peor en cuanto a sus intenciones de legislar impunidad, capturar el sistema de justicia y continuar con el saqueo sistémico, mientras rehúyen de legislar sobre temas de interés público como la economía nacional.

Si bien el despertar ciudadano decayó como consecuencia de la aparición de los fantasmas de las “derechas e izquierdas”, la decapitación de la lucha contra la corrupción ahogó una de las pocas válvulas de escape de esa olla de presión, que es el rechazo social al sistema político. La siguiente señal de alarma se manifestó en junio 2019, cuando el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) alcanzó 10% de votos. En un país donde la izquierda nunca había obtenido más de 3%, ese resultado reflejaba que el discurso “anti-sistema” ganaba terreno.

La contraofensiva del stablishment contra la lucha contra la corrupción, al igual que las acciones de los ingenieros Dyatlov y Akimov en Chernobyl, pecaron de chambonas o soberbias. En el proceso, contribuyeron a agudizar la crisis y acercar el reactor al peligroso punto de fisión. El hostigamiento a fiscales, jueces y funcionarios independientes fue evidente. Los esfuerzos por bloquear casos, procurar impunidad, por elegir cortes ad hoc, o apachar los clavos de decenas de sindicados, fueron burdos. Tanto así que, en más de una decena de ocasiones, altos funcionarios norteamericanos comunicaron su preocupación ante tales extremos.

Una serie de variables externas vinieron a acelerar la velocidad de la reacción: la pandemia Covid-19, los efectos económicos negativos sobre los estratos medios y medios-bajos, y la lentitud e ineficiencia gubernamental en cuanto a la gestión de las vacunas, han agudizado los niveles de rechazo y descontento.

Hoy Guatemala se encuentra en el equivalente de la 1:16 am de aquel 26 de abril de 1986. El reactor funciona. A pesar del incremento en la temperatura, todavía nadie se imagina que en menos de 10 minutos el núcleo entraría en punto de fisión. En ese contexto, la reciente destitución de Juan Francisco Sandoval y el paro rural del 29 de julio fueron dos episodios más en la cadena que aumentan la temperatura del núcleo y acercan al país al peligroso punto de fisión. Pero aún faltan 10 minutos.

Los siguientes minutos de la trama pasan ahora a los tomadores de decisión. En Chérnobyl, los ingenieros creyeron que el sistema “no fallaría”, o incluso, por soberbia o chambonería, prefirieron profundizar las decisiones incorrectas antes que aceptar culpas y reconocer que era momento de apagar el reactor.

En los siguientes 10 minutos, élites y políticos tendrán en sus manos el futuro del reactor. Las élites parecen contentas con esperar a que mengue el ciclo de la crisis, bajo la premisa que “el sistema no falla”. Por su parte, políticos y operadores del sistema cleptocrático, están convencidos que la venganza contra fiscales, jueces, funcionarios independientes y periodistas debe continuar, sin importar si en su soberbia o chambonería, contribuyen a aumentar la temperatura del núcleo y acercarlo al peligroso punto de fisión.

En Chérnobyl el colapso del reactor y la subsecuente fisión, provocaron un estallido de gas y la liberación de material radioactivo. En Guatemala, el colapso del reactor y la subsecuente fisión puede materializarse en 2023 con la victoria de una opción anti-sistema. O quizá antes, con movimientos similares a los de Chile o Colombia en meses recientes.  El tablero de control nos dice que no estamos lejos.

Si un fiscal (quien sea) comete alguna infracción que tenga como consecuencia última su remoción, debe ser sujeto de un proceso disciplinario con todas las garantías del caso.

La semana pasada expresé mi preocupación por el debilitamiento institucional que trae consigo la destitución del ex titular de la FECI. Cité alguna jurisprudencia que muestra por qué la forma de la destitución no era legal. Básicamente el argumento para remover al ex fiscal Sandoval se basó en que era “personal de confianza” y eso “legitimaba” a la fiscal general para removerlo.

Quisiera poner énfasis en lo grave que es para la independencia de los operadores de justicia este precedente. Para tener un poco más de perspectiva, existen dos modelos de reclutamiento de los fiscales: el anglosajón y el continental europeo.

En el modelo anglosajón, como es el caso de EE. UU. y el Reino Unido, los fiscales son reclutados por nombramiento profesional. A su vez, dado que el modelo de persecución penal anglosajón es esencialmente adversarial o acusatorio, los fiscales tienen un grado de discrecionalidad más grande de lo que estamos acostumbrados en nuestra tradición.

Los fiscales en el sistema anglosajón tienen mayor discreción para elegir qué casos perseguir e incluso pueden pedir la desestimación del caso si lo consideran oportuno. Es frecuente que los fiscales sean abogados que sirven durante un tiempo en la fiscalía y otro tiempo en el sector privado.

Por su parte, en el modelo continental europeo, los fiscales son reclutados mediante concurso público y los ascensos siguen también una lógica de carrera fiscal. Esto tiene que ver, en parte, con el rol que se concibe al fiscal. Éste tiene el objetivo de implementar políticas estatales sin consideración específica de la víctima o del acusado. Su tarea es orientar al juez para que descubra la verdad y no condenar al acusado. Al menos teóricamente.

Para que los fiscales puedan hacer su trabajo de forma independiente, es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Especialmente las referentes al respeto de la carrera fiscal en el modelo continental europeo. Es frecuente que los fiscales en este sistema permanezcan durante muchos años trabajando para la institución y asciendan por sus méritos dentro de ésta.

La Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) se inclina por un sistema de carrera. El artículo 76 enumera los principios de ésta y entre ellos (literal “f”) refiere a la estabilidad y dice: “El sistema de carrera profesional garantizará la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en causal legal para el cese del mismo”.

Dentro de esa lógica, la propia LOMP estipula el proceso disciplinario en su artículo 60. Dentro de sus principios está el de legalidad que establece que los funcionarios y empleados del MP solo podrán ser sancionados cuando realicen “acciones u omisiones previstas como falta en la ley y siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley y sus reglamentos”.

Es decir, si un fiscal (quien sea) comete alguna infracción que tenga como consecuencia última su remoción, debe ser sujeto de un proceso disciplinario con todas las garantías del caso. Tal extremo jamás ocurrió con el ex titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Su remoción, además de ilegal, debilita la independencia de los operadores de justicia y por tanto el Estado de Derecho.

Poco se ha escrito sobre la génesis de la captura del Estado de Guatemala.

Sabemos que prácticamente desde su nacimiento a la vida independiente, la política en el país se revistió de características patrimonialistas: el uso del poder político como oportunidad para obtener prebendas, privilegios y oportunidades de negocio. Sabemos también que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el patrimonio del Estado (dígase fincas estatales, frecuencias radioeléctricas, etc.) fue objeto de una constante repartición entre allegados a los gobernantes de turno y a los amigos permanentes del poder.

Sabemos también que, con la adopción de un modelo de Estado de corte subsidiario, siguiendo las recomendaciones del Plan de Ajuste Estructural a principios de los noventa, la adquisición de bienes por el Estado y la prestación de servicios públicos se convirtieron en la mayor oportunidad de negocio del país. Con el paso del tiempo, ese modelo dio lugar a ese círculo vicioso de concebir el financiamiento de campañas como el ticket de ingreso para participar en la repartición de los negocios públicos, que en el mercado local, parecieran ser lo que generan los márgenes de utilidad más atractivos.

Sin embargo, poco se ha dicho sobre la génesis de algunas de las redes de poder enquistadas en espacios relevantes de la administración pública.

En esta historia, el Gobierno del FRG (2000-2004) generó una especie de “circulación de élites” en cuanto al acceso a las esclusas del poder patrimonial. El modelo de construir un partido sobre una suerte de “federación de caciques locales” dio origen a muchos de los cacicazgos legislativos que han perdurado durante décadas. Las dinastías de los Quej en Alta Verapaz, los López en Quiché, López Villatoro en Huehuetenango, los Arévalo en Totonicapán o Crespo en Escuintla encuentran su denominador común en el paso de estos personajes por el FRG.

Atrás de ellos, como los casos judiciales recientes han demostrado, vienen aparejadas las viejas prácticas de controlar plazas en el Estado, traficar influencias en la gestión de contratos de obra gris, o influencias indebidas sobre otras instituciones públicas.

Pero esto no se queda ahí. El primer gran saqueo del IGSS lo encontramos en la administración de Carlos Wohlers y César Sandoval por allá del 2002-2003. Gustavo Herrera, uno de los poderes silenciosos detrás de las cortes, saltó a la palestra precisamente durante este período gracias a los negocios de compra-venta de propiedades con el IGSS. O qué decir de Roberto López Villatoro, otro personaje relevante en los últimos 15 años del gremio de juristas, también salió a la luz durante el periodo en cuestión.

Y así, podemos reseñar durante horas la forma en que redes patrimonialistas que han ejercido control directo o indirecto sobre ciertas municipalidades, COCODES, la Dirección de Caminos, COVIAL, el Ministerio de Agricultura tienen su génesis durante la administración del FRG.

Hay quienes se han referido a este período como la fase de la “horizontalización de la corrupción”, un momento en donde las llaves de los negocios se abrieron a más actores, a poderes locales y a élites emergentes. Sin duda, ningún régimen contribuyó más a generar un proceso de acumulación de nuevos capitales y el surgimiento de nuevas chequeras en política, como el eferregismo.

La paradoja de la historia es que gran parte de la depuración judicial 2015-2019 afectó precisamente a un grueso de los actores, redes y personajes cuyos orígenes en política los encontramos entre el 2000 y el 2004. Y aún así, actores tradicionales, a quienes se les había empezado a desplazar luego de la circulación de élites generada por el eferregismo, parecieran empecinados en defender un modelo que hace 20 años cuestionaron, y que en el fondo todos sabemos, que les deplazará tarde o temprano.

¿Qué pasó con las ilusiones y esperanzas de democracia, desarrollo y libertad?

La democracia es un instrumento más o menos nuevo en América Latina. En los últimos 50 años, la mayoría de nuestros países transitaron de dictaduras militares a dar sus primeros pasos en el mundo de la democracia.

Le democracia republicana no es perfecta, pero es el sistema menos malo entre las opciones conocidas.

La historia, y no solo la de América Latina, nos enseña que las naciones que han alcanzado mayores niveles de desarrollo y bienestar han caminado por la senda de un orden establecido que se respeta, que se defiende, que se cuida.

Para muchos pueblos, los valores que construyen esa senda, ese orden establecido, ese camino que permite a las naciones avanzar; esos valores, son su tesoro más preciado.

Las libertades civiles, el respeto a la ley, la división de poderes, instituciones públicas administradas con capacidad, honor y honradez, y un modelo de desarrollo efectivo son esos valores que construyen la democracia republicana de verdad.

En los 50 años que llevamos aprendiendo sobre la democracia y sus valores en América Latina, hemos visto lo peor del ser humano en figuras de tiranos, déspotas y criminales que logran acceder al poder político; y hemos visto cómo, en muchos casos, al ciudadano se le ha reducido a condiciones de súbdito, siervo o esclavo.  

Cuba, Venezuela, Nicaragua, los intentos persistentes en Bolivia, Ecuador y ahora Perú, o las constantes amenazas con que viven México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Brasil, son un ejemplo claro del populismo autocrático y destructivo que estamos viviendo en pleno Siglo XXI.    

La corrupción y la incompetencia de la derecha y de la izquierda, la indiferencia de las élites, la ausencia de convicciones democráticas, la falta de Estado de Derecho y la inexistencia de modelos de desarrollo han abierto las puertas a engendros dictatoriales y criminales que se disfrazan de políticos demócratas, pero en realidad, lo que buscan es hacer de países sus fincas y a los pueblos sus esclavos. En pleno Siglo XXI.  

¿Qué pasó con las ilusiones y esperanzas de democracia, desarrollo y libertad para los pueblos de América Latina?

Algunos expertos dicen que es “El Ciudadano” el que no pasó. El verdadero garante de la democracia, la justicia y la libertad en primera y en última instancia no está. Por eso, es El Ciudadano el gran proyecto pendiente en nuestro continente.

Vienen años difíciles para América Latina. Con Estados débiles y disfuncionales, la pandemia aceleró nuestras desgracias y está sirviendo de plataforma a la locura populista. La democracia y la libertad están en peligro y lo está también el futuro.

Los demócratas, los liberales, los hombres y mujeres que creen en el Estado de Derecho y la libertad deben salir de sus trincheras y unir esfuerzos para rescatar el espíritu y los compromisos que nuestros antepasados se trazaron hace 50 años cuando los sueños de democracia y libertad eran eso, sueños; y que hoy, con el camino andado, las lecciones aprendidas y las cicatrices adquiridas, debiéramos evitar repetir los dolores de 5 décadas y acceder con voluntad, compromiso y decisión al único camino que desarrolla, moderniza y libera naciones: la democracia liberal, la república y el ciudadano presente.   

Si los centroamericanos queremos construir una región en la que nuestros hijos, en lugar de aspirar y suspirar por emigrar al norte, tengan una oportunidad de vida en la tierra que los vio nacer, las tareas incompletas están claras, las cuentas por pagar son evidentes y nuestro compromiso con Centroamérica y con la historia hace tiempo que es una deuda pendiente.

Lo más probable es que el régimen cubano sobreviva a estas protestas, utilizando la brutalidad de siempre. Y por su parte, Chile no se convertirá en Noruega, sino en un país decadente. La mesa está servida para el radicalismo de izquierda.

América Latina atraviesa por un período convulso. Las manifestaciones en Chile y Colombia, las controversiales elecciones en Perú, la brutal represión en Nicaragua y el incipiente autoritarismo en El Salvador, son algunos ejemplos de lo tiempos turbulentos que azotan a la región. La semana pasada le llegó el turno a Cuba, con multitudinarias manifestaciones, pidiendo libertad y el fin de la longeva dictadura. ¿Qué sucede en la región? ¿Hacia dónde vamos?

Lo de Chile tomó por sorpresa al continente. En todos los indicadores sociales, económicos e institucionales, este país se encuentra entre los primeros tres puestos de la región junto con Uruguay y Costa Rica. Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile había sido la envidia de América Latina, no sólo por sus avances económicos y sociales, sino además por su solidez institucional y democrática. Sin duda, es un país con sus propios problemas, como cualquier otro, pero nadie podría haber previsto el fuerte estallido social que sucedió hace casi dos años.

A pesar de la retórica de sus críticos, Chile no es un país de “neoliberalismo salvaje”. El Estado subsidia la salud, vivienda y educación de gran parte de la población. Y la desigualdad ha bajado consistentemente desde los años ochenta. Chile había desarrollado un sistema capitalista, con alto crecimiento económico, sólidas instituciones de gobernanza y una amplia política social. ¿Qué sucedió entonces? Un factor clave podría ser que la economía parece estancada desde el 2013 y la clase media dejó de percibir las mejoras que le había brindado el sistema desde hacía más de treinta años.

Desafortunadamente, los cambios que se vienen para ese país, lo llevarán al despeñadero. La izquierda radical ganó la mayoría en la Asamblea Constituyente y el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, encabeza las encuestas presidenciales del próximo mes de noviembre. El futuro de Chile podría ser la decadencia de Argentina, en el “mejor” de los casos; o la tragedia de Venezuela, en el peor escenario.

Por su parte, Cuba está enfrentando las protestas más grandes desde mediados de los años noventa. Al grito de “libertad” y “patria y vida”, los cubanos parecen haber perdido el miedo a la brutalidad del régimen. Los informes de prensa señalan que la escasez de alimentos, la caída del turismo, la mala cosecha de azúcar y la mala gestión de la pandemia, ha provocado un nivel de desesperación tan extremo que lanzó a las calles a miles de cubanos.

Contrario a Chile, el modelo cubano tiene poco o nada de qué presumir. Mientras que Chile fue el receptor de cientos de miles de migrantes de América Latina en las últimas décadas; todos los años, miles de cubanos tratan de llegar a Estados Unidos, huyendo de la miseria y la represión. Y mientras que Chile logró instaurar un modelo democrático desde 1990, Cuba mantiene un sistema dictatorial, que impide la disidencia política.

Lo triste de hacer estos contrastes, es que todavía hay una parte significativa de la izquierda latinoamericana que adora el modelo cubano, aun cuando se sabe de los atropellos a los derechos humano que ocurren en esa isla. ¿Cómo es posible, que en pleno siglo XXI, aún existan intelectuales que defiendan un sistema represivo tan brutal, como el cubano? Sin duda, América Latina necesita evolucionar en su pensamiento político y económico.

Y lo que más preocupa, es que esa izquierda latinoamericana que no ha evolucionado, es la que parece estar tomando el control político de la región. Pedro Castillo, cuyo movimiento político se identifica como Marxista-Leninista, definirá el futuro del Perú en los próximos años y las consecuencias podrían ser desastrosas.

Lo más probable es que el régimen cubano sobreviva a estas protestas, utilizando la brutalidad de siempre. Y por su parte, Chile no se convertirá en Noruega, sino en un país decadente. La mesa está servida para el radicalismo de izquierda.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

El 13 de julio la presidencia de la República publicó el decreto 5-2021 en el cual declara estado de prevención en todo el territorio nacional. Ninguno de los artículos decretados dispone enviar al Congreso dicho acuerdo para su ratificación. Ya hay acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) al respecto.

La Ley de Orden Público (LOP) vigente se promulgó en noviembre de 1965 y sufrió reformas en 1970. Todo bajo la vigencia de la Constitución de 1965. En ese sentido, el artículo 8 de la LOP dice que el presidente puede decretar estado de prevención sin necesidad de aprobación del Congreso “como lo dispone el artículo 151 de la Constitución”. ¿De cuál Constitución? De la de 1965.

Aquella Constitución en su artículo 151 establecía: “El estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de quince días”. No es el caso de nuestra actual Constitución, que en su artículo 138 establece que, al momento de declarar un estado de excepción se emitirá el decreto que corresponda en el cual “(…) se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique o impruebe”.

En 2018 la CC resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la LOP. Declaró la acción improcedente, pero emitió una denominada “sentencia interpretativa” en la que hizo ver que la LOP no era inconstitucional siempre que se hiciera de ella una “interpretación conforme”.

En términos muy generales, “interpretación conforme” se refiere a que, ante distintas interpretaciones posibles del texto legal, debe optarse por aquella que mejor se acople al texto constitucional. En este orden de ideas, el tribunal constitucional razonó que los estados de excepción deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 138 antes mencionado y ser aprobados por el Congreso.

En un dictamen derivado de una iniciativa de ley para reformar la LOP (expediente 919-2016) la CC fue aún más específica. En un pasaje del dictamen hace una acotación sobre el artículo 8 de la LOP y estableció que “el decreto que apruebe el estado de prevención por el Presidente de la República, también está sujeto a la ratificación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República”. No parece haber lugar a dudas.

Pasando al fondo del estado de prevención, cabe mencionar que hay restricciones que podrían estar fuera de lo permitido por la LOP y la Constitución. La ley del alcohol, por ejemplo, permite regular horario de expendio de licor entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Este ha sido la base legal para la denominada “ley seca”. Sin embargo, el nuevo horario que dispone el estado de prevención está fuera de dicho rango y se convierte en una restricción a la libertad de industria, comercio y trabajo, algo inviable mediante un estado de prevención.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

En 2021, el desgaste de las democracias y la represión a las libertades es cada vez más evidente en el hemisferio occidental. Todo pareciera apuntar a que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más autoritario y la pandemia del Covid-19, ha venido a acelerar ese proceso. Los regímenes que ya eran híbridos o abiertamente autoritarios se han consolidado y han salido fortalecidos frente al manejo de la crisis; mientras que las democracias —en apariencia más caóticas por su dinámica deliberativa en la toma de decisiones— se han debilitado.

Frente a este escenario, cuatro países pertenecientes a la cuenca del Caribe latinoamericano plantean retos importantes para la comunidad internacional:

♦ El primero es Cuba, donde finalmente el 12 de julio, estallaron las protestas más grandes desde 1994. Debido a la férrea censura dentro de la isla y los cortes masivos a las telecomunicaciones, al día de hoy se desconoce todavía el saldo exacto de la represión, pero se sabe que ya hay varios muertos y desaparecidos por las protestas. Deberemos seguir de cerca los acontecimientos en los próximos días.

♦ También Haití, donde el 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, lo que desató una lucha sin cuartel entre varias fracciones políticas por la toma del poder, y en donde el fin de semana ocurrió una inusual petición el Primer Ministro encargado a la comunidad internacional: que Estados Unidos envíe tropas y Naciones Unidas fuerzas de paz al país para restablecer el orden público. Las señales de que Haití finalmente se convierta en un Estado fallido son cada vez más claras y preocupantes.

♦ Luego tenemos a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega desde hace varias semanas ha tenido una arremetida brutal contra los opositores que lo adversan, mientras se prepara para unas cuestionadas elecciones presidenciales a finales de año que a todas luces serán fraudulentas. En los últimos dos meses, el régimen de Ortega incrementó la persecución, apresando (hasta el momento) a 21 personas, entre ellas cinco candidatos opositores y algunos periodistas. Las detenciones han sido completamente arbitrarias, sin respeto a ninguna garantía procesal, por lo que deberían calificarse más bien de “secuestros”. Sobre este respecto, la OEA ha exigido la liberación de los presos políticos, la CIDH ha alertado sobre una “asfixia intensa” a las libertades políticas y civiles y también el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 100 funcionarios del régimen nicaragüense.

♦ Finalmente está Venezuela, donde si bien desde este año el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido dar una apariencia de “apertura”, aún sigue apelando a la represión, al encarcelamiento de la disidencia y todavía siguen persistiendo fuertes violaciones a los DDHH, como expresó hace varios días la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Cabe acotar que estos cuatro países de la cuenca del Caribe, también se encuentran entre las naciones de la región con los índices sociales más bajos del continente, con más emigración forzada, con los peores niveles de transparencia y Estado de derecho y con menos desarrollo humano. La pregunta es ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente esta espiral indetenible de desgaste institucional y regresión democrática? ¿Cuáles son sus límites y cuál es su margen de maniobra?

Vale la pena analizar estos dilemas para abrir el debate en torno a temas torales como los límites de la soberanía y los límites de la acción internacional frente a la emergencia cada vez más significativa en América Latina (y a escasos kilómetros de los Estados Unidos) de “rogue states”, que son Estados que amenazan la paz mundial por sus sistemas totalitarios, promoción del terrorismo y violación de los DDHH (como Cuba, Nicaragua y Venezuela); pero también de “failed states”, que son Estados incapaces de ejercer control dentro de su propio territorio (como Haití) y que también representan amenazas graves a la seguridad hemisférica.

Con relación a América Latina, la administración de Biden ha mostrado mayor interés por el tema del Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, la situación en el Área Circuncaribe presenta una inestabilidad y un deterioro tan pronunciado en estos momentos, que merece ponerle atención. Mientras la política de los Estados Unidos en la región es de repliegue y de apelar a que cada país resuelva internamente sus crisis, Rusia ha ofrecido redoblar su ayuda (incluso militar) a Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a amenazas externas.

Alejándonos de ideas fantasiosas del garrote y las intervenciones unilaterales de los Estados Unidos, una ruta a tomar que sería poco dolorosa, poco cuestionada y con buenas posibilidades de ser efectiva, es apelar al “soft power” y aprovechar el desgaste que está provocando la crisis del Covid-19 en los gobiernos de la región para proponer un plan de rescate económico, condicionado a reformas de apertura política creíbles y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Sin embargo, esto necesita de un gran compromiso del gobierno de los Estados Unidos hacia la región (y viceversa) y de una ingente asignación de recursos para invertir en esas capacidades que sólo verán fruto en el mediano y largo plazo y que, de todas formas, no garantizarán una transición democrática ni una re-institucionalización. Pero hay que comprender que esta es la factura de años de indiferencia hacia la región. La gran pregunta es si ahora que el vecindario comenzó a incendiarse ¿Habrá un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región o seguirán pateando el balón hacia delante?

Una agenda de estabilidad social y desarrollo económico.

James Harrington, uno de los padres del republicanismo moderno, escribió hacia finales del siglo XVII que la clave para la estabilidad política en una sociedad, era la difusión de la riqueza y de la propiedad. Por difusión de la riqueza, Harrington entendía como aquel estadío ideal en el cual la gran mayoría de ciudadanos alcanzarían la condición de propietarios, y tuvieran acceso a oportunidades de desarrollo que les permitirá alcanzar un nivel de vida digno.

La Guatemala del siglo XXI debe voltear a ver a las enseñanzas de Harrington. Los guatemaltecos tenemos vocación de propietarios y de emprendedores, y nos caracterizamos por el empeño que le ponemos al trabajo. No obstante, la vocación y el espíritu trabajador no han sido suficientes para generar un nivel de vida digno para las grandes mayorías.

Por ello, la institucionalidad debe promover una mayor difusión de la propiedad. Resulta de interés primordial adoptar políticas y legislación que permitan generar certeza sobre la propiedad de la gran mayoría de guatemaltecos. La regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resulta una necesidad estratégica para facilitar la legalización de la propiedad de miles de pequeños agricultores, y que de esta forma, puedan acceder a crédito.  

Debemos también fomentar el desarrollo y difusión de sistemas de ahorro y crédito. Facilitar que emprendedores tengan acceso a capital semilla, y que los pequeños productores puedan acceder a capital de trabajo. Debemos flexibilizar el mercado financiero, y reconocer y adoptar modalidades de financiamiento más horizontal. Propuestas normativas como tasas de interés preferencial para la adquisición de vivienda social constituyen mecanismos para abaratar el crédito y facilitar el acceso a la propiedad. También debe considerar la participación de más guatemaltecos en proyectos de inversión y en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valores que favorezca la inversión y el ahorro productivo.

Como país debemos fomentar también otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión productiva comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos horizontales y verticales, deben promoverse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

Además, debemos trabajar en fortalecer el desarrollo de las capas medias. Debemos reconocer que la enseñanza técnica y la educación universitaria pública constituyen uno de los elevadores sociales más efectivos en las sociedades modernas. Apostar por Institutos de Capacitación y el desarrollo de centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural, resulta un imperativo de país para fortalecer a su clase media.

El objetivo es aspirar a alcanzar un Capitalismo más horizontal y competitivo: un sistema en el que la gran mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad de crecimiento para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad para todos.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

Que la vacunación contra la COVID-19 está siendo un auténtico fracaso no admite demasiadas dudas. Al 7 de julio el portal de Our World in Data reflejaba que solo el 4.62% de la población guatemalteca había recibido al menos una dosis de la vacuna.

De acuerdo, no podemos compararnos con los países ricos que han llegado antes a comprar vacunas, que cuentan con más recursos o que incluso financiaron la I+D de algunas vacunas. Pero lo cierto es que Nicaragua es el único país latinoamericano que está detrás de Guatemala. Luego, todos los países latinoamericanos tienen mejores cifras que nosotros en cuanto a ritmo de vacunación.

Aunque el presidente ha culpado del retraso a sus autoridades sanitarias por “insistir” en el mecanismo COVAX, lo cierto es que desde un principio estaba claro que este mecanismo únicamente garantizaba vacunas para el 20% de la población para finales de 2021. Así que esto no parece una excusa válida. Para colmo, para recibir donaciones era necesario aprobar una ley para eximir de responsabilidad a las farmacéuticas. Fue hasta el 1 de julio que el Congreso aprobó el decreto 8-2021 que se publicó el 6 de juilio en el Diario Oficial.

En cambio, el gobierno optó por poner todos los huevos en una sola canasta y celebró un contrato para obtener 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con el Fondo Ruso de Inversión Directa (FIDR). El contrato ha recibido duras críticas desde la inicial cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el contrato se filtrara.

Algunas críticas no son centrales y nos distraen del verdadero problema. Por ejemplo, se reclama haber firmado el contrato con un supuesto intermediario, Human Vaccine. Sin embargo, no parece ser el caso. Según vemos, aparentemente se trata de la compañía rusa que comercializa las vacunas Sputnik. Para muestra el acuerdo que suscribió la propia UNICEF para suministro de vacunas con Human Vaccine.

También Hungría, Eslovaquia u Honduras celebraron contratos de compra de vacunas con Human Vaccine como se puede leer. Tampoco le pondría importancia a las cláusulas relativas a propiedad intelectual o a la reventa. Son cláusulas relativamente estándar en una negociación de ese tipo.

Lo que queda claro es que fue una torpeza absoluta apostar a comprarle el 80% de las dosis necesarias a un solo proveedor. Sobre todo, por hacerlo con condiciones absolutamente desfavorables: la compañía rusa no es responsable por retrasos en producción (como efectivamente es el caso), pagar por anticipado US$79.8 millones, entre otras.

Bolivia, que no es precisamente un modelo de éxito en la vacunación, con una población de 11.5 millones, compró desde diciembre de 2020 a Rusia vacunas para 2.6 millones. Bolivia, además está dentro del mecanismo COVAX, compró también a Sinopharm y recién canceló su contrato con Astra Zeneca ante incumplimiento de entregas.

Incluso Honduras, que está dentro de los países más atrasados en la vacunación (aunque ha vacunado al 8.54% de su población, más que Guatemala) y que tampoco es un modelo a seguir, diversificó su portafolio de compras mejor que nosotros.

Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿qué opciones hay para agilizar la compra de vacunas? El decreto 1-2021 otorgó Q1,500 millones para la compra de vacunas. Con el contrato de Sputnik V se comprometieron Q1,229 millones. Ya no quedaría más que unos Q270 millones o US$34 millones.

En algún caso se ha planteado declarar lesivo el contrato. Es una ruta que se debe analizar con mucha atención. En el caso entre Railroad Development Co. V. República de Guatemala, el caso de la ferroviaria, Guatemala perdió el arbitraje al declarar lesivo un contrato de usufructo que había otorgado a la empresa porque el tribunal arbitral consideró que se violó el estándar mínimo de protección.

Son casos distintos, pero habrá que consultar con los expertos las posibles implicaciones de una salida como esta. El acuerdo de protección de inversión con la Federación Rusa aun no se ha ratificado.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

El Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Alexis de Tocqueville lo definió como “la decadencia del Antiguo Régimen”. Hegel, y más adelante los dialécticos, calificaban dichos episodios como “la aceleración de las contradicciones”. Duverger y Michels lo conceptualizaron hablando sobre la “estasiología del cambio”.

Llámele como usted prefiera y bajo la interpretación doctrinaria que más le guste. Pero al final, los tres hacen referencia a un mismo momento en todo proceso de crisis, transformación política o revolución: la pérdida de legitimidad de un sistema a los ojos de la ciudadanía.

Pasemos de lo abstracto a lo concreto. En la historia reciente de Guatemala, el año 2015 constituyó lo más cercano a un quiebre de lo viejo con lo nuevo; o por lo menos constituye la crisis de mayor envergadura desde el Serranazo. Esa crisis estuvo precedida por una fase de “decadencia”, “aceleración de contradicciones” o “estasiología del cambio”. Entre 2013 y 2015, el país vivió un colapso de su sistema de salud pública, mientras la corrupción rampante de la administración Patriota generaba niveles históricos de rechazo al Gobierno. En ese momento, Roxana Baldetti se convirtió en la personificación de un sistema utilizado para el saqueo y el enriquecimiento ilícito por unos pocos, en detrimento de muchos.

Ese contexto sirvió de antesala a la experiencia de la depuración judicial por la vía de los casos de corrupción. No podemos entender la plaza y las históricas manifestaciones del 2015 sin entender el hartazgo social con la corrupción, la degradación criminal de los partidos y la decadencia en la calidad de los servicios públicos de los años anteriores.

Hoy, la sensación parece repetirse, con algunos agravantes. Ya en 2019, los 450,000 votos a favor de Thelma Cabrera y el MLP mostraba la existencia de un sentimiento anti-sistema en estratos medios y medios-bajos del corredor urbano y rur-urbano de Guatemala hacia el Occidente. En 2020, la pandemia Covid-19 provocó la peor crisis económica internacional, la pérdida de más de 60,000 empleos formales y una merma en el nivel de ingresos (y por ende en calidad de vida) para cientos de miles de personas de estratos medios urbanos. En este sentido, las manifestaciones de noviembre 2020 y el rechazo tan visceral al Presupuesto 2021 no pueden entenderse sin ver ese contexto inmediato.

Con tales antecedentes, la chambonería sistémica en la conducción del proceso de vacunación y la cuarta ola de Covid-19 se convierte en una especie de catalizador de esta volátil solución sociopolítica.

Las clases medias hoy muestran un nivel de desesperanza que no se veía en años. A pesar de la disponibilidad de recursos, el Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Dicho en jerga más académica, las condiciones propicias para vivir “la decadencia del Antiguo Régimen”, “la aceleración de las contradicciones” o “la estasiología del cambio” están más que presentes.

Cual tonel de combustible, el riesgo es que cualquier evento exógeno pueda constituir el fosforazo que convierta la energía potencial del rechazo en energía cinética de movilizaciones. En 2015, el evento exógeno fue el caso la Línea. En 2020, fue la golpeada y oscura aprobación del Presupuesto. En ambos casos, nadie los vio venir. Pero el combustible siempre estuvo ahí.