El actual modelo de construcción colapsó.

La infraestructura del país entró en una grave crisis. Derrumbes, puentes colapsados y carreteras en muy mal estado, lo que significa largas colas y mayores costos de transporte.

Es probable que esto implique un aumento de precios en el futuro. La situación es crítica, porque termina afectando a las familias más necesitadas. Sin embargo, estamos cosechando lo que se ha hecho mal en las últimas décadas.

A mediados de los años noventa la infraestructura del país también entró en crisis. La Dirección General de Caminos había colapsado por los altos niveles de corrupción y entonces se creó COVIAL, una nueva unidad dentro del Ministerio de Comunicaciones que contrataría a empresas para que se hicieran cargo de la infraestructura del país.

La idea era que las empresas privadas harían un mejor trabajo que Caminos. Sin embargo, con el tiempo, muchos diputados, alcaldes, gobernadores y personas con conexiones políticas comenzaron a crear empresas para conseguir los contratos de COVIAL. Para conseguirlos, pagaban altos porcentajes en “mordida”, lo que resultaba en infraestructura de muy mala calidad.

COVIAL terminó siendo atrapado por una red de corrupción inmensa que ha ganado dinero haciendo pésimos trabajos de conservación vial, que se cae en los inviernos y que hay que reconstruirla constantemente. Y el problema se extiende a todo el MICIVI.

Actualmente, se está discutiendo en el Congreso una Ley de Infraestructura, que pretende corregir los graves problemas en el actual modelo de construcción. Esa ley debe aprobarse, aunque deben analizarse muy bien los detalles de varios artículos para evitar los errores del pasado.

No podemos darnos el lujo de aprobar un nuevo marco legal que termine teniendo los mismos vicios de Caminos o COVIAL. El Congreso tiene la palabra.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 31 de octubre de 2024.

¿Tiene posibilidades reales de asumir la investidura?

Antes de analizar el 10E2025, revisemos algunos conceptos clave de teoría política:

En oportunidades anteriores, hablamos de la soberanía, que en términos realistas es el nomos de la tierra, es decir, la capacidad de establecer un orden político de mando-obediencia sobre un territorio, idealmente a través del derecho. Esta concepción de soberanía (Hobbes, Bodino) se aleja de la idea liberal de "soberanía popular" (Suárez, Rousseau), antecedente iluminista de la legitimidad democrática a través de elecciones que asumimos contemporáneamente como incuestionable y eterna.

En Venezuela, lamentablemente, la situación actual muestra la manifestación más trascendental y ahistórica de lo político: el poder reside en quien tiene el control efectivo del Estado-territorio. En este contexto, la “soberanía popular” del pueblo venezolano, al estar confiscada en la práctica, pasa a un segundo plano frente a quien ejerce el mando real del espacio político.

Con esto claro, ¿Qué significa el 10 de enero de 2025 para González Urrutia?

Analicemos dos escenarios:

Escenario 1: Toma de posesión simbólica desde el exilio

• Una investidura simbólica, similar a la de la Segunda República Española en los años 30, le brindaría una "legitimidad" en el ámbito internacional, pero sin control del territorio venezolano. Este escenario implicaría emprender cuanto antes un trabajo político de largo aliento en varios países con el objetivo de que nos brinden un apoyo efectivo (económico, presión con sanciones, inteligencia, etc.) para restituir nuestra soberanía popular, más allá de declaraciones diplomáticas de salón.

Escenario 2: Intento de ingresar a Venezuela para la toma de posesión

• Este escenario presenta retos que pondrían a prueba el compromiso de varios gobiernos con la defensa de la democracia venezolana:

1. Pérdida del estatus de asilado político de González Urrutia en España: Según la Convención de Ginebra de 1951, si el asilado regresa al país del que huyó, pierde automáticamente su estatus de asilo en el país que se lo otorgó. Y aunque Edmundo González asuma el costo de perder el asilo en España, colocando a ese gobierno en un impasse con el régimen chavista debido a las negociaciones que tuvieron lugar para permitir su exilio, nos enfrentamos a otro escenario a continuación.

2. Las autoridades venezolanas pueden bloquear su ingreso por rutas aéreas, como ha sucedido en otras oportunidades con ex presidentes de la región (Fox, Quiroga, Moscoso y Rodríguez este año), e incluso con presidentes en funciones (Giammattei en 2019), que han querido ingresar a territorio venezolano y les ha sido negada la entrada. Y en el caso de que se intente ingresar por vía terrestre, habría una posible profundización de la tensión diplomática con los gobiernos de Colombia y Brasil (de por sí ya distanciados de Maduro) por permitirle a Edmundo González el acceso a Venezuela a través de sus fronteras.

Además de lo antes descrito, juega en contra otro factor y es el desfase entre los tiempos de la crisis venezolana con los tiempos de la transmisión de poder en Estados Unidos. Básicamente, gane quien gane la elección presidencial en la potencia del norte, todo apunta a que no disminuirá la polarización en ese país y habrá una transición de mando compleja el 20 de enero de 2025. Hasta esa fecha, 10 días después de la toma de posesión en Venezuela, Estados Unidos no revisará su postura hacia el país y eso le compra tiempo a Nicolás Maduro para que pueda imponerse por todas las vías y tener controladas las variables que necesita para gobernar.

De manera que, a poco más de 2 meses, las probabilidades de que Edmundo González Urrutia logre tomar posesión como presidente de la República en territorio venezolano el 10 de enero de 2025 son escasas, por no decir nulas.

Es fundamental que las democracias liberales formulen una respuesta coherente y efectiva.

Mientras Occidente enfrenta divisiones políticas, los regímenes totalitarios están forjando alianzas estratégicas que amenazan la estabilidad global. Este fenómeno no solo pone en riesgo el orden internacional, sino que también evidencia la fragilidad de las democracias liberales. 

Rusia, China, Irán y Corea del Norte

Casi tres años después de la invasión rusa a Ucrania, las repercusiones de este conflicto han desestabilizado la geopolítica mundial. Las normas internacionales que protegen la soberanía y la integridad territorial están siendo desafiadas, revelando desacuerdos en alianzas clave, como la OTAN y la Unión Europea.

La situación en Taiwán se agrava con la presidencia de Lai Ching-te, quien ha defendido firmemente la soberanía de la isla. China, viéndolo como un “peligro separatista”, intensifica su retórica y sus acciones militares, lo que genera un clima de creciente inestabilidad en la región.

Irán no solo ha atacado a Israel en abril de 2024, llevando a ambos países a una confrontación directa, sino que también ha fortalecido sus alianzas con grupos terroristas como Hezbolá y Hamás. Con objetivos de debilitar la influencia de Estados Unidos en la región y desestabilizar a Israel.

Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur han entrado en mayor tensión. Aunque los expertos consideran que un conflicto bélico es poco probable, la situación ha llevado a ambos ejércitos a un estado de alerta constante. 

Cooperación militar y económica

Lo que resulta inquietante de estos conflictos es la cooperación entre estos regímenes, que comparten una clara tendencia a desafiar los valores occidentales. En el ámbito militar, la decisión de Corea del Norte de enviar soldados a Rusia, junto con los ejercicios conjuntos entre China y Rusia, demuestra una estrategia coordinada. Rusia también ha aumentado su suministro de equipos militares a Irán.

En el ámbito económico, China e Irán han fortalecido sus lazos a través de exportaciones de petróleo y acuerdos de inversión. Además, China es el mayor socio comercial de Corea del Norte. La creciente colaboración entre Rusia y China, a través de grupos como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, demuestra el esfuerzo por contrarrestar la influencia occidental.

¿Hacia dónde vamos?

Estos ejemplos, aunque no exhaustivos, revelan una estrategia común: contrarrestar la influencia occidental y afirmar su presencia en la arena internacional, lo que representa una amenaza no solo para la democracia, sino también para la seguridad global.

Ante este panorama alarmante, es fundamental que las democracias liberales formulen una respuesta coherente y efectiva. La vigilancia y la acción colectiva son más importantes que nunca, ya que el orden internacional tal como lo conocemos está en juego.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

La población busca soluciones a sus problemas.

El Gobierno cumplió nueve meses en el poder, lo que nos permite hacer una evaluación preliminar de su trabajo. En general, se puede decir que ha sido muy similar a otros gobiernos durante su primer año, en cuanto a una ejecución baja del presupuesto.

Durante los primeros meses, los nuevos funcionarios públicos se están adaptando y aprendiendo el trabajo que les toca hacer. Las instituciones de gobierno son complejas de manejar y hay muchos interesados en tratar de influir en las decisiones; desde los sindicatos, hasta contratistas del Estado que desean ganar contratos. Todos los gobiernos pasan por ese proceso de aprendizaje durante los primeros meses.

Sin embargo, a partir de cierto punto, los nuevos funcionarios tienen que pasar del aprendizaje a la acción. La población necesita obtener respuestas en seguridad, carreteras, educación, salud y otros servicios básicos.

La “luna de miel” termina y las personas comienzan a dejar de ser comprensivas y exigen soluciones.  Es probable que el Gobierno haya llegado a ese punto y de ahora en adelante, la población les exigirá mayores resultados, sobre todo después de la ampliación presupuestaria.

Uno de los puntos más críticos y visibles ha sido la infraestructura. Por años el Ministerio de Comunicaciones ha sido centro de corrupción y se han hecho muy malas obras. Eso explica la crisis que estamos pasando. Pero las autoridades actuales tienen que encontrar una solución y levantar de nuevo las carreteres y puentes afectados en los últimos meses.

Sin carreteras en buen estado, a las personas se les dificulta trabajar, transportar sus productos, hacer compras, entre otras actividades. Esto provoca gran malestar y termina desgastando al Gobierno.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 24 de octubre de 2024.

Recientemente se han instalado las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales estarán en funciones para el periodo 2024-2029.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso interno en la CSJ, la presidencia ha sido asumida de forma interina por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso a los presentes.

Me llamó la atención una parte de su intervención: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.

No cabe duda de que la justicia guatemalteca ha sido politizada e instrumentalizada como un mecanismo de control social para silenciar opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han llevado casos contra poderosas figuras de la política nacional. 

Lo irónico es que, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público logró que un juez emitiera una orden de captura contra Ramiro Muñoz, quien fuera registrador de ciudadanos y que se disponía a asumir como magistrado de la Corte de Apelaciones.

No tiene sentido debatir los méritos de la acusación, pues resulta evidente que la forma y el momento de su detención tenían un tinte de castigo por no haberse plegado en 2023 para operar la cancelación del partido del actual gobierno, durante la intentona de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.

Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. De manera similar, el diputado Luis Aguirre y otros políticos se han pronunciado sobre la necesidad de poner un freno a dicha politización. Este sería el primer paso para comenzar la restauración de la confianza en una justicia que tiene muchas deudas pendientes con la población.

Los nuevos magistrados pueden cambiar el destino del país.

La semana pasada trascendió la noticia de que liberaron a los integrantes de una peligrosa estructura criminal, llamados “Los Oajaca”, que habían sido condenados a más de 200 años de prisión por asesinato y otros delitos graves.

Esto provocó una lluvia de críticas en redes sociales hacia el tribunal que tomó esta terrible decisión. A los pocos días de dejarlos en libertad, el líder de esta banda criminal fue detenido nuevamente cuando intentaba ingresar armas a la cárcel Pavoncito. ¿Alguna duda de la pésima decisión de este tribunal?

En los últimos años, el sistema de justicia de Guatemala ha dejado en libertad a una gran cantidad de personas acusadas de diversos delitos y crímenes. Pareciera que quienes tienen suficientes recursos económicos e influencia lograrán comprar impunidad.

Un sistema de justicia que está al servicio de la corrupción, la criminalidad y el narcotráfico solo provoca pobreza, violencia y conflictos sociales. No se puede vivir en paz si no se tiene un sistema de justicia que funcione, castigando a los malos y trayendo justicia a los buenos ciudadanos.

Ante este panorama desolador, los nuevos magistrados tienen la oportunidad de hacer historia y traer nueva esperanza de justicia al país.  Deben demostrar independencia de cualquier grupo de interés o de cualquier grupo político. Solo así lograrán emitir sentencias apegadas a derecho, que traigan paz a los guatemaltecos.

Pero, además, deben trabajar en aspectos prácticos, como aumentar la cantidad de tribunales a nivel nacional para reducir el tiempo de los juicios, entre otras medidas administrativas.

Existe la percepción que la justicia de Guatemala sirve para proteger criminales y perseguir inocentes. Ojalá esto cambie con los nuevos magistrados. La historia los juzgará.

 Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de octubre de 2024.

Centroamérica debe evitar asociarse con dictadores

La semana pasada, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó que Rusia fuera agregado como observador permanente de este órgano regional. China y Venezuela también están como observadores permanentes que, al igual que Rusia, son gobernados por dictadores. Estas son pésimas noticias para Centroamérica, que está luchando por conservar su débil democracia.

El Parlacen fue fundado en 1991 y el objetivo es promover la integración de Centroamérica. Está conformado por diputados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. En el caso de Costa Rica y Belice, decidieron no formar parte.

Las decisiones que se toman en el Parlacen no tienen efecto en ningún país y, en ese sentido, su papel ha sido irrelevante en el avance de la integración regional. Lamentablemente, esta institución es vista como refugio de expresidentes acusados de corrupción, y se percibe que los diputados que la conforman hacen poco o nada a cambio de jugosos sueldos. Son cuatro años de vacaciones pagadas por los tributarios de nuestros países.

El rechazo al Parlacen ha crecido en los últimos años, y en cada elección surgen las promesas de sacar a Guatemala de esta institución. Pero cuando llegan al poder, se olvidan, y los guatemaltecos seguimos gastando en una institución inútil. El colmo es que quienes prometieron en campaña cerrar el Parlacen hoy forman parte de este.

La integración regional es importante. Centroamérica debe avanzar en la libre circulación de productos, personas y capitales en la región. Es importante para el desarrollo económico y social. Pero el Parlacen no contribuye en nada a este objetivo.

La incorporación de China y Rusia al Parlacen es un gran peligro para nuestros países. Es el momento que Guatemala siga el ejemplo de Costa Rica y nos salgamos del Parlacen.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 3 de octubre de 2024.

El Congreso debe cumplir los plazos de ley.

Luego de varias semanas, las Comisiones de Postulación han terminado su trabajo y ya entregaron al Congreso de la República las listas de los aspirantes a las Altas Cortes del país.

Ahora queda en manos de los diputados elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 260 magistrados de las Cortes de Apelaciones. El Congreso tiene la responsabilidad de elegirlos a más tardar el 12 de octubre, para que se cumpla con la renovación de las Cortes de Justicia el 13 de octubre.

Los plazos que establece la Constitución deben respetarse para garantizar que ni presidentes, diputados o magistrados pretendan quedarse en el poder. Los tres poderes del Estado deben renovarse cada cierto tiempo para que la Democracia Republicana funcione adecuadamente.

Desde 1985 hemos cumplido con los plazos constitucionales en el caso de presidentes y diputados. Sin embargo, en el 2019, se quebrantó la Constitución al prolongar por más de cuatro años el período de la Corte Suprema de Justicia que solo debía durar de 2014 a 2019. Esa Magistratura duró 9 años, lo cual fue totalmente inconstitucional.

En esta ocasión no debe repetirse el error de 2019. Las Comisiones de Postulación ya cumplieron con su labor y el Congreso debe actuar con prontitud.

Como en 2019, un grupo de abogados ya interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad para invalidar el trabajo de las Comisiones de Postulación. Lo más probable es que se interpongan más amparos en los próximos días.

Sin embargo, se esperaría que la actual Corte de Constitucionalidad sea diferente a la anterior y que no permita que se quebrante nuevamente la Constitución de la República.

Tanto el Congreso, como la Corte de Constitucionalidad tienen una responsabilidad histórica con los guatemaltecos. No nos fallen. 

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de septiembre.}

Recientemente, las comisiones de postulación concluyeron su labor, dejando el futuro de las cortes en manos del Congreso.

Agradezco a los comisionados que lucharon desde el principio por la transparencia, comenzando por definir la sede y excluir a candidatos cuestionados. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la minoría, el proceso actual solo resalta las fallas de un modelo ya agotado.

Cada comisión estaba integrada por 37 miembros. Una debía seleccionar 312 candidatos para las Salas de Corte de Apelaciones (SdCdA) de una lista de más de 1,300 aspirantes, y otra, 26 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre más de 300 candidatos.

Uno de los mayores problemas es el conflicto de interés dentro de las comisiones. Existen dos: una para la CSJ, compuesta por magistrados de las Salas de Apelaciones, y otra para las Salas de Apelaciones, integrada por magistrados de la CSJ.

Además, las limitaciones legales, el gran número de candidatos y el escaso tiempo disponible impiden una evaluación profunda. Una comisión ad honorem no puede revisar 1,300 aspirantes en solo unos días. Esta restricción compromete la calidad e integridad del proceso. Incluso con la mejor intención de los comisionados, sería imposible hacer más en estas condiciones. 

Para agravar el problema, el modelo de evaluación de perfiles es absurdo. El marco normativo premia a quienes presentan títulos de doctorado y más de 15 o 20 años de colegiación activa. El resultado: una proliferación de doctorados de dudosa calidad y el incremento automático de las “notas” por mera “existencia profesional”, no por calidad. Este mecanismo es, en esencia, inoperante y va más allá de lo que los comisionados pueden cambiar.

Urge una reforma constitucional que optimice el sistema de selección y distribución de magistrados, garantizando equilibrio de poder y mayor eficacia en el funcionamiento de la CSJ y las Salas de Apelaciones. Si Guatemala quiere recuperar su justicia, estas deben ser las últimas comisiones de postulación que tengamos para elegir las altas cortes.

En 2022, la producción económica de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares. 

Con las elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, la emigración desde América Latina ha cobrado una gran relevancia. Aunque la emigración irregular puede representar un desafío, es crucial que Estados Unidos reconozca la contribución económica de la comunidad laina. Al mismo tiempo, los países latinoamericanos deben asumir su responsabilidad y crear las condiciones necesarias para que sus ciudadanos encuentren oportunidades en sus propias naciones. 

En 2022, la producción económica de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares. Si este grupo demográfico fuera un país, se posicionaría como la quinta economía más grande del mundo, superando a India, Reino Unido y Francia.

Además, entre 2019 y 2022, los latinos fueron responsables del 41.4 % del crecimiento del PIB estadounidense, a pesar de representar solo el 19 % de la población total del país. 

Un estudio de UCLA y la Universidad Luterana de California identifica cuatro factores clave del rápido crecimiento económico de la comunidad latina en Estados Unidos:

1. Educación: Desde 2010, el número de latinos que cursan estudios superiores ha crecido tres veces más rápido que el de los no latinos. Esto incrementa el capital humano y, a su vez, las oportunidades económicas.
2. Crecimiento poblacional: Desde 2010, la población latina en Estados Unidos creció un 26.2 %, en comparación con un 4.1 % de la población no latina. Aunque los latinos constituyen el 19.2 % de la población total, fueron responsables de más del 50 % del crecimiento población entre 2010 y 2022. 
3. Participación en la fuerza laboral: Con una edad media de 30.7 años frente a los 41.1 años de los no latinos, los latinos tienen una mayor participación en la fuerza laboral. Desde 2010, la fuerza laboral latina creció un 34.1 %, en contraste con un 4.5 % en poblaciones no latinas, lo que representa el 58 % del crecimiento total de la fuerza laboral en Estados Unidos.
4. Participación activa en la búsqueda de empleo: Además de su mayor proporción en la población en edad laboral, los latinos también participan de manera más activa en el mercado laboral. En 2022, tenían un 6.3 % más de probabilidades de estar en búsqueda activa de empleo que sus contrapartes no latinas.

Los datos de Latino Donor Collaborative, UCLA y la Universidad Luterana de California demuestran que la comunidad latina tiene un inmenso potencial. Si bien es cierto que Estados Unidos enfrenta desafíos relacionados con la migración irregular y la capacidad de integrar a quienes desean ingresar al país, la migración es un fenómeno que perdurará. Sería más beneficioso que Estados Unidos reconozca y aproveche el potencial de la población latina en su economía.

Por otro lado, los gobiernos de América Latina deben implementar políticas públicas que generen las condiciones adecuadas para que sus ciudadanos no sientan la necesidad de emigrar. Fomentar un entorno donde puedan invertir en su capital humano y desarrollarse profesionalmente es fundamental para el crecimiento económico que la región tanto necesita.