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Freedom is in danger
31
Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
26 Ago 2024

Algunos presidentes quieren quedarse en el poder para siempre.

 

El alto costo de la vida es un tema que nos preocupa. Los precios suben y nuestro dinero cada día vale menos.

La violencia también nos entristece y nos aflige. Vivimos en un país en donde a diario matan a padres, madres, hijos, estudiantes y muchas personas inocentes. Así hemos vivido desde hace más de treinta años.

La falta de trabajo afecta a la mayoría de los jóvenes. Por esa razón, miles de paisanos, todos los años, se van a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, y las encuentran.

Pero hay un tema que le ponemos poca atención y es igualmente importante: la pérdida de libertades en el mundo.

Cada día hay más presidentes que desean tener todo el poder y quedarse allí para siempre. Ejemplos sobran. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, lleva 17 años en el poder; Vladimir Putin, el presidente de Rusia, lleva 24 años gobernando ese país; el chavismo en Venezuela lleva 24 años, y el castrismo en Cuba ha estado 65 años en el poder.

Esos presidentes al inicio parecían muy buenos y la gente los adoraba. Entonces aprovecharon para quedarse con el control del Congreso, las Cortes de Justicia, el Ejército, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Cuando ya controlaban todo, no les importó que el pueblo los rechazara. Si las personas manifiestan en contra de ellos, los mandan a la cárcel, al exilio o los matan.

Vivir bajo una dictadura es horrible. Por esa razón, jamás debemos renunciar a nuestra libertad. Hay que rechazar cualquier gobierno que quiera quedarse en el poder para siempre. No heredemos a nuestros hijos gobiernos tiranos y asesinos.

 

  

Afghanistan three years after the return of the Taliban
118
Licenciada en Ciencia Política con especialización en Políticas Públicas egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Se ha desempeñado en el área de comunicación estratégica y coordinación de proyectos. Se interesa por temas de desarrollo y de derechos humanos.
28 Ago 2024

En agosto de 2021, los talibanes retomaron el control total de Afganistán, marcando el fin de una intervención militar de casi dos décadas desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Tres años después, ¿cómo se encuentra el país?

 

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados ―ACNUR―, en 2023 había más de 6.4 millones de refugiados afganos bajo su mandato, una cifra que se ha triplicado desde 2021. Además, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en 33 mil personas. Irán y Pakistán son los principales países receptores de refugiados afganos. La reciente repatriación forzada de afganos desde Pakistán ha sumado al menos seiscientos mil retornados, exacerbando la crisis.

La actividad económica de Afganistán permanece estancada, afectada por sanciones internacionales, la falta de inversión extranjera y la escasa ayuda humanitaria. Como resultado, enfrentan altas tasas de desempleo y una capacidad reducida para estimular la economía.

Además, los talibanes prohibieron el cultivo de amapola y la producción de opio que, aunque asociada con la producción de drogas, era la principal fuente de ingresos para los agricultores. La reducción de estos cultivos en un 95% ha tenido un impacto severo en la economía local, resultando en una pérdida aproximada de mil millones de dólares.

En 2023 había más de 6.4 millones de refugiados afganos, una cifra que se ha triplicado desde 2021.

Hasta abril de 2024, “la pobreza afecta a la mitad de la población, con tasas de desempleo persistentemente elevadas y una contracción en las oportunidades laborales y empresariales.” Alrededor del 36% de la población enfrenta inseguridad alimentaria.

En términos de derechos humanos, las restricciones impuestas por el régimen talibán son severas, especialmente para las mujeres. Se les ha prohibido asistir a la escuela secundaria y universitaria, trabajar y, en algunos casos, hablar y movilizarse en público. Las libertades políticas y de prensa también han disminuido considerablemente, con la prohibición de partidos políticos y limitaciones a la socialización entre hombres y mujeres.

En el ámbito internacional, el régimen talibán aún no ha sido reconocido formalmente por ningún país o institución internacional. No obstante, países vecinos como Pakistán e India, comprendiendo la necesidad de estabilidad y seguridad regional, han establecido relaciones diplomáticas con Afganistán. Además, China, Rusia e Irán han mantenido relaciones diplomáticas y acreditado embajadores talibanes. Estos pasos podrían señalar un intento de establecer una relación más estable con el régimen talibán, a pesar de la falta de reconocimiento formal por parte de la comunidad internacional.

El régimen talibán aún no ha sido reconocido formalmente por ningún país o institución internacional.

En julio de este año, se realizó en Doha, Qatar, la tercera reunión organizada por la ONU sobre el futuro de Afganistán y su integración en la comunidad internacional, con la participación de los talibanes. Esta reunión ha suscitado críticas, con algunos países argumentando que podría otorgar legitimidad al régimen talibán sin exigir mejoras significativas en los derechos humanos. Otros temen que la falta de acción podría marginalizar aún más a los afganos, perpetuando la crisis humanitaria.

La situación en Afganistán refleja un presente complicado y un futuro incierto tanto para sus habitantes como para Asia Central. La crisis humanitaria sigue en aumento, y el estancamiento económico, junto con las sanciones, indican que esta tendencia podría continuar. 

Mientras la región de Asia Central prioriza la estabilidad en Afganistán, Occidente se enfoca en exigir el respeto a los derechos humanos. A pesar de las dificultades que enfrenta Occidente para actuar y relacionarse debido al carácter represivo de los talibanes, este aislamiento también brinda una oportunidad para que potencias como Rusia, China e Irán refuercen su influencia en Afganistán, consolidando su presencia e intereses geopolíticos en la región.

 

Afganistán tres años después del regreso de los talibanes
118
Licenciada en Ciencia Política con especialización en Políticas Públicas egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Se ha desempeñado en el área de comunicación estratégica y coordinación de proyectos. Se interesa por temas de desarrollo y de derechos humanos.
28 Ago 2024

En agosto de 2021, los talibanes retomaron el control total de Afganistán, marcando el fin de una intervención militar de casi dos décadas desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Tres años después, ¿cómo se encuentra el país?

 

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados ―ACNUR―, en 2023 había más de 6.4 millones de refugiados afganos bajo su mandato, una cifra que se ha triplicado desde 2021. Además, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en 33 mil personas. Irán y Pakistán son los principales países receptores de refugiados afganos. La reciente repatriación forzada de afganos desde Pakistán ha sumado al menos seiscientos mil retornados, exacerbando la crisis.

La actividad económica de Afganistán permanece estancada, afectada por sanciones internacionales, la falta de inversión extranjera y la escasa ayuda humanitaria. Como resultado, enfrentan altas tasas de desempleo y una capacidad reducida para estimular la economía.

Además, los talibanes prohibieron el cultivo de amapola y la producción de opio que, aunque asociada con la producción de drogas, era la principal fuente de ingresos para los agricultores. La reducción de estos cultivos en un 95% ha tenido un impacto severo en la economía local, resultando en una pérdida aproximada de mil millones de dólares.

En 2023 había más de 6.4 millones de refugiados afganos, una cifra que se ha triplicado desde 2021.

Hasta abril de 2024, “la pobreza afecta a la mitad de la población, con tasas de desempleo persistentemente elevadas y una contracción en las oportunidades laborales y empresariales.” Alrededor del 36% de la población enfrenta inseguridad alimentaria.

En términos de derechos humanos, las restricciones impuestas por el régimen talibán son severas, especialmente para las mujeres. Se les ha prohibido asistir a la escuela secundaria y universitaria, trabajar y, en algunos casos, hablar y movilizarse en público. Las libertades políticas y de prensa también han disminuido considerablemente, con la prohibición de partidos políticos y limitaciones a la socialización entre hombres y mujeres.

En el ámbito internacional, el régimen talibán aún no ha sido reconocido formalmente por ningún país o institución internacional. No obstante, países vecinos como Pakistán e India, comprendiendo la necesidad de estabilidad y seguridad regional, han establecido relaciones diplomáticas con Afganistán. Además, China, Rusia e Irán han mantenido relaciones diplomáticas y acreditado embajadores talibanes. Estos pasos podrían señalar un intento de establecer una relación más estable con el régimen talibán, a pesar de la falta de reconocimiento formal por parte de la comunidad internacional.

El régimen talibán aún no ha sido reconocido formalmente por ningún país o institución internacional.

En julio de este año, se realizó en Doha, Qatar, la tercera reunión organizada por la ONU sobre el futuro de Afganistán y su integración en la comunidad internacional, con la participación de los talibanes. Esta reunión ha suscitado críticas, con algunos países argumentando que podría otorgar legitimidad al régimen talibán sin exigir mejoras significativas en los derechos humanos. Otros temen que la falta de acción podría marginalizar aún más a los afganos, perpetuando la crisis humanitaria.

La situación en Afganistán refleja un presente complicado y un futuro incierto tanto para sus habitantes como para Asia Central. La crisis humanitaria sigue en aumento, y el estancamiento económico, junto con las sanciones, indican que esta tendencia podría continuar. 

Mientras la región de Asia Central prioriza la estabilidad en Afganistán, Occidente se enfoca en exigir el respeto a los derechos humanos. A pesar de las dificultades que enfrenta Occidente para actuar y relacionarse debido al carácter represivo de los talibanes, este aislamiento también brinda una oportunidad para que potencias como Rusia, China e Irán refuercen su influencia en Afganistán, consolidando su presencia e intereses geopolíticos en la región.

 

La libertad está en peligro
31
Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
26 Ago 2024

Algunos presidentes quieren quedarse en el poder para siempre.

 

El alto costo de la vida es un tema que nos preocupa. Los precios suben y nuestro dinero cada día vale menos.

La violencia también nos entristece y nos aflige. Vivimos en un país en donde a diario matan a padres, madres, hijos, estudiantes y muchas personas inocentes. Así hemos vivido desde hace más de treinta años.

La falta de trabajo afecta a la mayoría de los jóvenes. Por esa razón, miles de paisanos, todos los años, se van a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, y las encuentran.

Pero hay un tema que le ponemos poca atención y es igualmente importante: la pérdida de libertades en el mundo.

Cada día hay más presidentes que desean tener todo el poder y quedarse allí para siempre. Ejemplos sobran. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, lleva 17 años en el poder; Vladimir Putin, el presidente de Rusia, lleva 24 años gobernando ese país; el chavismo en Venezuela lleva 24 años, y el castrismo en Cuba ha estado 65 años en el poder.

Esos presidentes al inicio parecían muy buenos y la gente los adoraba. Entonces aprovecharon para quedarse con el control del Congreso, las Cortes de Justicia, el Ejército, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Cuando ya controlaban todo, no les importó que el pueblo los rechazara. Si las personas manifiestan en contra de ellos, los mandan a la cárcel, al exilio o los matan.

Vivir bajo una dictadura es horrible. Por esa razón, jamás debemos renunciar a nuestra libertad. Hay que rechazar cualquier gobierno que quiera quedarse en el poder para siempre. No heredemos a nuestros hijos gobiernos tiranos y asesinos.

 

  Columna publicada originalmente en Nuestro Diario, 22 de agosto 2024.

Lo que la visita in loco de la CIDH revela sobre Guatemala
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
19 Ago 2024

La CIDH señaló que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que dañan la institucionalidad democrática en Guatemala.

 

La reciente visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, del 22 al 26 de julio de 2024, dejó observaciones importantes sobre la democracia y los derechos humanos en el país. Estas visitas permiten a la CIDH evaluar de cerca la situación, con el consentimiento del Gobierno, recogiendo información directa sobre posibles violaciones de derechos humanos, reuniéndose con autoridades, sociedad civil y revisando lugares como centros de detención y comunidades afectadas.

El objetivo es obtener evidencia para elaborar informes con recomendaciones que mejoren la protección de los derechos humanos.

Durante su visita, la CIDH se reunió con más de 78 actores, incluidos representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, académicos y organismos internacionales.

En la conferencia de prensa del 26 de julio, la CIDH señaló que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que dañan la institucionalidad democrática en Guatemala. Esto no es nuevo para los guatemaltecos. Lo más relevante fue la denuncia sobre la instrumentalización de la justicia.

La CIDH identificó cinco patrones que lo evidencian: múltiples denuncias contra la misma persona para complicar su defensa, denuncias anónimas o infundadas para intimidar, aplicación de tipos penales ambiguos contra defensores de derechos humanos, abuso de prisión preventiva con fines punitivos y violaciones al debido proceso, como negar acceso a expedientes y dilatar los procesos.

Estas prácticas no solo violan derechos fundamentales, sino que también empujan a muchos al exilio o la clandestinidad, creando un clima de miedo que pretende paralizar la lucha por justicia y democracia en el país. Vale la pena identificar las causas de esta deplorable situación.

15 days after the electoral fraud in Venezuela: Where are we and what's next?
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
11 Ago 2024

Han pasado quince días desde que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció los fraudulentos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y la nación sigue sumida en una profunda crisis política. El fraude electoral, evidente en los números absurdos y las maniobras burdas del régimen de Nicolás Maduro, ha generado un rechazo internacional sin precedentes, convirtiéndose en un cisma insalvable en la izquierda, cuya vertiente democrática, ha pedido transparencia y peritaje independiente de los resultados. 

El anuncio por parte del rector del CNE, Elvis Amoroso, proclamando entre gallos y medianoche a Nicolás Maduro como ganador con un 51.2% de los votos frente al 44.2% de Edmundo González Urrutia, fue inmediatamente cuestionado dentro y fuera de Venezuela. La cifra total de votos sumaba un imposible 132.2% y los porcentajes exactos de cuatro ceros a la derecha, entre otros disparates matemáticos, expusieron la magnitud del fraude. La negativa del órgano electoral a presentar las actas de escrutinio a la fecha (violando la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela) y la judialización de la elección a través de una proclamación espúrea ante el Tribunal Supremo de Justicia, dan cuenta de un encubrimiento monumental de los verdaderos resultados  de la elección por parte del Estado venezolano. La respuesta de la ciudadanía fue categórica al exigir transparencia durante los días subsiguientes en las calles. Por su parte, la arremetida de las fuerzas de seguridad del Estado, ha resultado en la trágica cifra de 20 de muertos y casi dos mil de detenidos a la fecha. Además de un bloqueo de las redes sociales y las telecomunicaciones en el país. 

En este contexto, las fuerzas democráticas del país lograron una gesta impensable, gracias a la coordinación de alrededor de 600mil testigos de mesa voluntarios. Con más del 80% de las actas en su poder, la oposición demostró ante el mundo que González Urrutia ganó con 67% de los votos a favor, frente a un 30% de votos para Maduro. Esta información ha sido puesta a disposición del público en la web, donde se puede hacer el desglose de cada acta por estado, e incluso centro de votación y mesa. Los expertos en temas electorales afirman que la forma en que el sistema automatizado de votación emite el acta, con un código QR y un hash con tecnología blockchain, hace prácticamente imposible que se alteren más de 30 mil actas con las firmas de los testigos en 24 horas, que fue el tiempo transcurrido entre la emisión de resultados hasta que esta herramienta estuvo disponible para el público. E incluso expertos en fraudes electorales y estadísticos han comprobado que las actas en poder de la oposición (que son emitidas centralizadamente por el propio CNE al cierre de las máquinas de votación), no presentan ningún tipo de alteración. Es decir, el golpe al régimen de Nicolás Maduro y su troika ha sido tremendo y sus consecuencias aún son insospechadas. 

De manera que, incuestionablemente, el 28 de julio de 2024 pasará a la historia al ser el primer caso probado de un fraude electoral de una forma tan contundente en la región y probablemente del mundo. 

La comunidad internacional también reaccionó con rapidez. Los presidentes de Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos han exigido transparencia y un recuento justo de los votos. El Centro Carter, los únicos observadores permitidos en el país para las elecciones, han declarado que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerado democrático.

Sin embargo, a pesar de la irrefutable evidencia de fraude y el apoyo internacional, los desafíos que enfrenta la oposición venezolana aún son enormes. El régimen de Maduro ha mostrado que no les tiembla el pulso para utilizar la fuerza si eso significa mantenerse en el poder y evitar un cambio político.

A la fecha, se han manejado varias matrices de opinión sobre posibles desenlaces: 

  1. En un momento, circuló la información de que la negociación planteada por Brasil, Colombia y México tenía que ver con una posible repetición de elecciones. Este escenario, aunque posible, es problemático por varias razones: primero, ya Maduro se robó una elección con mucha menos observación y aún con la credulidad de la comunidad internacional de que respetaría los resultados ¿cuál sería sería entonces su incentivo para robarse otra elección por segunda vez y con más ojos vigilando el proceso? Pero además, incluso teniendo el control del CNE nuevamente, sería volver a arriesgarse a que le ganen e incurrir en el mismo desgaste que tiene precisamente ahora. Es como pedirle al ladrón de bancos que devuelva el dinero para que se robe el banco otra vez. Por esta razón, desde la perspectiva de Nicolás Maduro, es preferible no negociar y seguir adelante con la tesis del hackeo y apostar a que la oposición se debilite y se divida en los próximos meses. 
  2. Una fractura en el ejército venezolano por parte de la oficialidad media de las Fuerzas Armadas. Este escenario también es posible, pero no está exento de dificultades. Aunque existe descontento dentro de las filas militares, el alto mando está estrechamente vinculado al régimen de Maduro mediante incentivos económicos y lealtades políticas. Por esta razón, la cohesión interna necesaria para un golpe exitoso es débil. Al momento, han sido detenidos alrededor de 70 militares, de manera que quienes consideren un golpe enfrentan el riesgo de represalias extremas no solo para ellos, sino también para sus familias, lo cual disuade intentos de sublevación.
  3. Una acción de fuerza de los Estados Unidos mediante una operación selectiva. A pesar de los discursos políticos vociferantes, este escenario es el menos probable, ya que cualquier acción externa puede desencadenar una respuesta internacional adversa, aumentando las tensiones de Estados Unidos con potencias como Rusia y China. Esto podría llevar a una escalada militar y a una crisis internacional de grandes proporciones. También está el costo interno del propio Estados Unidos que se halla en medio de unas elecciones sumamente polarizadas. Además, ya Estados Unidos está involucrado en múltiples frentes internacionales y enfrentaría un desgaste significativo al involucrarse directamente en Venezuela. 
  4. ¿Otra negociación pensando fuera de la caja? Tal y como dijo recientemente la historiadora y analista política Margarita López Maya, podría recurrirse a una nueva negociación de alto nivel con Estados Unidos y las potencias occidentales, pero este nuevo canal de comunicación debe incluir también los intereses de Rusia y China, principales aliados internacionales de Maduro, a quienes se les debe convencer de que también ganarán facilitando una transición en Venezuela. 

 

Así las cosas, a dos semanas del fraude electoral en Venezuela, no cabe duda que el 28 de julio del 2024 es un parteaguas para el país. El camino hacia una solución parece cada vez más complejo e incierto, pero el desenlace de esta crisis será crucial para determinar el rumbo de la región en las próximas décadas.

A 15 días del fraude electoral en Venezuela: ¿Dónde estamos y qué sigue?
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
11 Ago 2024

Han pasado quince días desde que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció los fraudulentos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y la nación sigue sumida en una profunda crisis política. El fraude electoral, evidente en los números absurdos y las maniobras burdas del régimen de Nicolás Maduro, ha generado un rechazo internacional sin precedentes, convirtiéndose en un cisma insalvable en la izquierda, cuya vertiente democrática, ha pedido transparencia y peritaje independiente de los resultados. 

El anuncio por parte del rector del CNE, Elvis Amoroso, proclamando entre gallos y medianoche a Nicolás Maduro como ganador con un 51.2% de los votos frente al 44.2% de Edmundo González Urrutia, fue inmediatamente cuestionado dentro y fuera de Venezuela. La cifra total de votos sumaba un imposible 132.2% y los porcentajes exactos de cuatro ceros a la derecha, entre otros disparates matemáticos, expusieron la magnitud del fraude. La negativa del órgano electoral a presentar las actas de escrutinio a la fecha (violando la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela) y la judialización de la elección a través de una proclamación espúrea ante el Tribunal Supremo de Justicia, dan cuenta de un encubrimiento monumental de los verdaderos resultados  de la elección por parte del Estado venezolano. La respuesta de la ciudadanía fue categórica al exigir transparencia durante los días subsiguientes en las calles. Por su parte, la arremetida de las fuerzas de seguridad del Estado, ha resultado en la trágica cifra de 20 de muertos y casi dos mil de detenidos a la fecha. Además de un bloqueo de las redes sociales y las telecomunicaciones en el país. 

En este contexto, las fuerzas democráticas del país lograron una gesta impensable, gracias a la coordinación de alrededor de 600mil testigos de mesa voluntarios. Con más del 80% de las actas en su poder, la oposición demostró ante el mundo que González Urrutia ganó con 67% de los votos a favor, frente a un 30% de votos para Maduro. Esta información ha sido puesta a disposición del público en la web, donde se puede hacer el desglose de cada acta por estado, e incluso centro de votación y mesa. Los expertos en temas electorales afirman que la forma en que el sistema automatizado de votación emite el acta, con un código QR y un hash con tecnología blockchain, hace prácticamente imposible que se alteren más de 30 mil actas con las firmas de los testigos en 24 horas, que fue el tiempo transcurrido entre la emisión de resultados hasta que esta herramienta estuvo disponible para el público. E incluso expertos en fraudes electorales y estadísticos han comprobado que las actas en poder de la oposición (que son emitidas centralizadamente por el propio CNE al cierre de las máquinas de votación), no presentan ningún tipo de alteración. Es decir, el golpe al régimen de Nicolás Maduro y su troika ha sido tremendo y sus consecuencias aún son insospechadas. 

De manera que, incuestionablemente, el 28 de julio de 2024 pasará a la historia al ser el primer caso probado de un fraude electoral de una forma tan contundente en la región y probablemente del mundo. 

La comunidad internacional también reaccionó con rapidez. Los presidentes de Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos han exigido transparencia y un recuento justo de los votos. El Centro Carter, los únicos observadores permitidos en el país para las elecciones, han declarado que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerado democrático.

Sin embargo, a pesar de la irrefutable evidencia de fraude y el apoyo internacional, los desafíos que enfrenta la oposición venezolana aún son enormes. El régimen de Maduro ha mostrado que no les tiembla el pulso para utilizar la fuerza si eso significa mantenerse en el poder y evitar un cambio político.

A la fecha, se han manejado varias matrices de opinión sobre posibles desenlaces: 

  1. En un momento, circuló la información de que la negociación planteada por Brasil, Colombia y México tenía que ver con una posible repetición de elecciones. Este escenario, aunque posible, es problemático por varias razones: primero, ya Maduro se robó una elección con mucha menos observación y aún con la credulidad de la comunidad internacional de que respetaría los resultados ¿cuál sería sería entonces su incentivo para robarse otra elección por segunda vez y con más ojos vigilando el proceso? Pero además, incluso teniendo el control del CNE nuevamente, sería volver a arriesgarse a que le ganen e incurrir en el mismo desgaste que tiene precisamente ahora. Es como pedirle al ladrón de bancos que devuelva el dinero para que se robe el banco otra vez. Por esta razón, desde la perspectiva de Nicolás Maduro, es preferible no negociar y seguir adelante con la tesis del hackeo y apostar a que la oposición se debilite y se divida en los próximos meses. 
  2. Una fractura en el ejército venezolano por parte de la oficialidad media de las Fuerzas Armadas. Este escenario también es posible, pero no está exento de dificultades. Aunque existe descontento dentro de las filas militares, el alto mando está estrechamente vinculado al régimen de Maduro mediante incentivos económicos y lealtades políticas. Por esta razón, la cohesión interna necesaria para un golpe exitoso es débil. Al momento, han sido detenidos alrededor de 70 militares, de manera que quienes consideren un golpe enfrentan el riesgo de represalias extremas no solo para ellos, sino también para sus familias, lo cual disuade intentos de sublevación.
  3. Una acción de fuerza de los Estados Unidos mediante una operación selectiva. A pesar de los discursos políticos vociferantes, este escenario es el menos probable, ya que cualquier acción externa puede desencadenar una respuesta internacional adversa, aumentando las tensiones de Estados Unidos con potencias como Rusia y China. Esto podría llevar a una escalada militar y a una crisis internacional de grandes proporciones. También está el costo interno del propio Estados Unidos que se halla en medio de unas elecciones sumamente polarizadas. Además, ya Estados Unidos está involucrado en múltiples frentes internacionales y enfrentaría un desgaste significativo al involucrarse directamente en Venezuela. 
  4. ¿Otra negociación pensando fuera de la caja? Tal y como dijo recientemente la historiadora y analista política Margarita López Maya, podría recurrirse a una nueva negociación de alto nivel con Estados Unidos y las potencias occidentales, pero este nuevo canal de comunicación debe incluir también los intereses de Rusia y China, principales aliados internacionales de Maduro, a quienes se les debe convencer de que también ganarán facilitando una transición en Venezuela. 

 

Así las cosas, a dos semanas del fraude electoral en Venezuela, no cabe duda que el 28 de julio del 2024 es un parteaguas para el país. El camino hacia una solución parece cada vez más complejo e incierto, pero el desenlace de esta crisis será crucial para determinar el rumbo de la región en las próximas décadas.

Juventud en Guatemala ¿Qué futuro podemos proyectar?
35
Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
31 Jul 2024

Los jóvenes guatemaltecos tienen una perspectiva de un futuro complejo. El país debe hacer un esfuerzo consciente para promover el desarrollo, aprovechar el bono demográfico y procurar bienestar para sus habitantes dentro de sus fronteras.   

 

La organización World Vision con apoyo de USAID, presentó en estos días la Encuesta Juvenil 2023 con la que pretende contribuir a la comprensión del fenómeno de la juventud en el país, presentando datos de los temas que más afectan y preocupan a los jóvenes guatemaltecos.

Según el informe, desde el siglo XXI, uno de los rasgos distintivos del país ha sido la transformación de su estructura poblacional, que presenta un aumento significativo en el porcentaje de jóvenes, tendencia que se prevé continúe al menos durante los próximos 25 años. 

Para el año 2023, de los 17.6 millones de habitantes que tiene el país, 10.6 millones son menores de 29 años, esto es el 60.4% de la población. El 29.8% de la población tiene entre 15 y 29 años. Comparando con datos de hace 23 años, en el año 2000 el 72% de la población tenía menos de 29 años.  

Guatemala tiene algunos años de estar viviendo lo que se conoce como un bono demográfico, que se entiende como el período durante el cual la población económicamente activa supera a la población económicamente no activa en un país. Para poder aprovechar este momento es necesario acelerar las condiciones sociales y políticas que permitan el desarrollo con el objetivo de hacerlo sostenible.

Para poder aprovechar este momento es necesario acelerar las condiciones sociales y políticas que permitan el desarrollo con el objetivo de hacerlo sostenible.

La encuesta también presenta datos de identificación étnica entre los jóvenes. Se estima que existe paridad de 45.7% entre la población que se autoidentifica como ladina y maya, para un total de 91.4%. Un total de 1.3 millones de jóvenes se identifican como mayas y 1.3 millones como como ladinos o mestizos. Por otra parte, 0.6% son garífunas, 0.2% xinkas, 0.3% extranjeros, 7.3% respondieron no saberlo y 0.1% no respondieron. Además, el 61.9% de los jóvenes encuestados manifestaron que el español es su idioma materno. 

La encuesta también presenta datos sobre el nivel socioeconómico en el que se encuentran los jóvenes del país. El 49% de jóvenes pertenece a los sectores socioeconómicos más precarios, de ellos el 16% está en el estrato bajo y el 33% en el medio bajo. El 49% pertenece a los estratos medio y medio alto, el 40% están en el estrato medio y 9% el medio alto. El restante 2% corresponde al estrato alto. En el estudio se puede encontrar una descripción del modelo ESOMAR, utilizado para estimar el nivel socioeconómico de los encuestados.

El estudio también preguntó a los jóvenes qué plataformas físicas o digitales utilizan para obtener información. El 42.1% de los jóvenes dicen utilizar las redes sociales como su principal fuente de información, el 23% dice usar el internet, el 18.1% dice todavía ver noticieros en televisión, el 10.4% escucha la radio y solo el 1% dice consumir periódicos impresos. El 3.2% mencionó a la familia y amigos como su principal fuente de información. Como era de esperarse, mientras más urbana la población, el porcentaje de jóvenes que dicen utilizar las redes sociales como principal fuente de información sube a 54.1%.

La dinámica migratoria es otro de los temas de interés para el estudio de la juventud en el país, principalmente porque esta se ha convertido en una de las principales estrategias de sobrevivencia para las familias guatemaltecas en los últimos años. Como parte de este análisis, el estudio identificó que el 64.9% de los jóvenes encuestados dice recibir remesas de parte de familiares que viven fuera del país.

El 64.9% de los jóvenes encuestados dice recibir remesas de parte de familiares que viven fuera del país.

El 40.9% de los jóvenes dice que considera necesario migrar para salir adelante. El país presenta un panorama muy desolador cuando se ve una juventud que no ve futuro posible en su hogar y su comunidad.

En materia educativa, los jóvenes guatemaltecos presentan importantes rezagos, el 31.7% ha concluido solo el nivel primario, el 27.5% terminó el ciclo básico y el 31.1% el diversificado. Solo el 7.3% dice tener una licenciatura y el 2.1% nunca ha estudiado.

El 58% de los jóvenes estudia en el sector educativo público, de ahí la importancia que tiene el rescate del Ministerio de Educación y el magisterio, el 35.3% estudia en establecimientos educativos privados, el 5% en establecimientos por cooperativa y solo el 1.6% en establecimientos educativos municipales. 

Podrían usarse en este texto más datos de la encuesta realizada por World Vision para seguir ahondando en el diagnóstico de la juventud guatemalteca, sin embargo, el objetivo no es hacer una síntesis exhaustiva del estudio sino dar unas ideas de un panorama que se presenta sombrío y ha cambiado poco en los últimos 20 o 30 años. 

Con los cambios políticos en Estados Unidos, la llegada de nuevas tecnologías y un mundo que cada día se vuelve más conflictivo, los jóvenes guatemaltecos tienen una perspectiva de un futuro complejo. El país debe hacer un esfuerzo consciente para promover el desarrollo, aprovechar el bono demográfico y procurar bienestar para sus habitantes dentro de sus fronteras.   

 

Juegos Olímpicos de París 2024: Política, geopolítica y poder blando
118
Licenciada en Ciencia Política con especialización en Políticas Públicas egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Se ha desempeñado en el área de comunicación estratégica y coordinación de proyectos. Se interesa por temas de desarrollo y de derechos humanos.
26 Jul 2024

Más allá de ser una celebración del deporte, las Olimpiadas se convierten en un escenario de juego político, cultural y económico. 

 

El 26 de julio dieron inicio los Juegos Olímpicos de París 2024, el evento multideportivo más grande del mundo, en el cual participarán 206 países y se reunirán 10,500 atletas que competirán en 45 disciplinas. 

Con sus emblemáticos aros olímpicos, el evento busca reflejar la unidad entre los continentes, así como los valores de amistad y respeto. Su diseñador, Pierre de Coubertin, expresó que este símbolo también representa la disposición de los países del mundo a “aceptar sus fecundas rivalidades”. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Los Juegos Olímpicos no se salvan de jugar un papel político, geopolítico y ser una herramienta de poder blando, que no necesariamente deja de lado las rivalidades de la arena internacional. 

Aspectos políticos
En términos políticos, los Juegos de París 2024 son la primera edición en la que se impusieron cuotas de género en la clasificación de los atetlas. Es decir, de los 10,500 atletas compitiendo, 5,250 son hombres y 5,250 son mujeres. Las cuotas de género, cuyo fin es aumentar la representación de la mujer en distintos ámbitos, son esencialmente políticas. 

Los Juegos de París 2024 son la primera edición en la que se impusieron cuotas de género en la clasificación de los atetlas.

También podemos recordar un ejemplo más cercano. En el 2022, el Comité Olímpico Internacional COI suspendió al Comité Olímpico Nacional de Guatemala por “injerencia política en el proceso de reelección del presidente.” Dicha resolución inhabilitó a los atletas guatemaltecos para competir bajo el nombre del país en competencias internacionales, y el Comité Nacional dejó de recibir financiamiento del Movimiento Olímpico. Incluso, de no haberse encontrado una solución al problema, los guatemaltecos que representan a Guatemala en París podrían haberlo hecho sin portar el nombre del país.

Aspectos geopolíticos
Por otro lado, en términos geopolíticos, en esta edición los delegados de Rusia y Bielorrusia no competirán bajo sus banderas ni sus nacionalidades. La participación de estos países en las Olimpiadas fue prohibida en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. A pesar de que los atletas podrán participar en los eventos como Atletas Individuales Neutrales AIN,  las condiciones para hacerlo incluyen “competir sin banderas, emblemas e himnos de sus respectivos países” y no participaron en la ceremonia de apertura. Si ganan medallas, estas no contarán en el tablero de medallas, y la bandera que se despliegue y el himno que se toque en el podio serán los de los AIN.

Los delegados de Rusia y Bielorrusia no competirán bajo sus banderas ni sus nacionalidades.

El conflicto entre Palestina e Israel ha sido también un tema geopolítico que ha despertado emociones entre las delegaciones y los locales. La delegación palestina pidió al COI que prohibiera la participación de Israel en esta edición. Sin embargo, el Comité indicó que no sancionaría al país en cuestión, y en respuesta a su participación, se han desencadenado protestas anti-Israel en París e incluso se han recibido amenazas de bombas. Ante esta situación, los atletas israelíes cuentan con seguridad las 24 horas del día.

Poder blando
Por último, el poder blando se refiere a la capacidad de influir de un país sobre otros sin utilizar medios coercitivos. Por ejemplo, los países buscarán influir en otros por medio de ideas, valores y cultura, a través de medios como la ciencia, la música, el cine y los deportes. Asimismo, las herramientas de poder blando también suelen mejorar la habilidad de un país para expandir sus relaciones con otros países y socios. 

El medallero olímpico es representativo del poder blando, ya que obtener muchas medallas refleja la capacidad de un país para desarrollar y formar a sus ciudadanos en diversas disciplinas deportivas, posicionándolos como líderes a nivel mundial y proyectando una imagen positiva del país en el escenario internacional, lo cual fortalece su prestigio.

El medallero olímpico es representativo del poder blando.

En el caso específico de los países anfitriones, los países buscan mejorar su imagen, su reputación y atraer turismo, aumentando su visibilidad global. El poder económico y cultural de un país anfitrión se refleja no solo en toda logística que conlleva el evento, sino también de manera más directa en la ceremonia de inauguración. 

Otro ejemplo de la relación entre las Olimpiadas de París y el poder blando es la decisión que el Gobierno francés tomó para reforzar su imagen en estos juegos: haber “subido a miles de inmigrantes sin hogar a autobuses”, enviándolos fuera de París antes del inicio de los juegos. Esto con el fin de dar una buena imagen ante los turistas y delegados: “El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió que los Juegos Olímpicos mostrarían la grandeza del país. Pero la Villa Olímpica se construyó en uno de los suburbios más empobrecidos de París, donde miles de personas viven en campamentos callejeros, refugios o edificios abandonados.”

Conclusión
Los Juegos Olímpicos son una plataforma en la cual la comunidad internacional ejerce poder blando, promoviendo la diplomacia cultural y divulgando valores como la excelencia y el respeto. Más allá de ser una celebración del deporte, se convierten en un escenario de juego político, cultural y económico. Desde la implementación de cuotas de género hasta decisiones geopolíticas que llevan a la suspensión de naciones, las Olimpiadas reflejan las complejidades y tensiones del mundo contemporáneo.

Sobre el derecho de antejuicio de los secretarios de la presidencia
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
22 Jul 2024

La reforma también amplió el reconocimiento del derecho de antejuicio a todas “las secretarías de la presidencia” y no únicamente a la Secretaría General, como lo establecía originalmente el literal h del artículo 165.

 

Recientemente comenté en un hilo de X por qué el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) goza de derecho de antejuicio, en respuesta a varios comentarios que surgieron a raíz de una interpretación de un fallo de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 760-2003. Este fallo declaró inconstitucionales varias frases de la Ley en Materia de Antejuicio por extender indebidamente el derecho de antejuicio a funcionarios que no gozan de tal privilegio por disposición constitucional.

En mi hilo, expliqué que tanto el SCSP como los demás secretarios gozan de derecho de antejuicio según los artículos 11, 12, 14 y 14Ter de la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE).

Ahora bien, este privilegio no se otorga arbitrariamente por la LOE. Aunque el artículo 202 de la Constitución únicamente establece que “Los secretarios General y Privado de la Presidencia de la República, deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades” (resaltado propio), es necesario hacer la siguiente acotación:

El artículo 202 de la Constitución no ha sido reformado, pero el artículo 165 sí. Originalmente, su literal h establecía como competencia del Congreso:

“h) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, ministros, Viceministros de Estado cuando estén encargados del Despacho, Secretario General de la Presidencia y el Subsecretario que lo sustituya, Procurador General de Nación y diputados al Congreso;” (resaltado propio)

Sin embargo, a raíz de la reforma constitucional de 1993, el texto dice ahora:

“h) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, Ministros, Vice-Ministros de Estado cuando estén encargados del despacho, Secretarios de la Presidencia de la República, Sub-Secretarios que los sustituyan, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Procurador General de la Nación.” (resaltado propio)

La diferencia principal entre ambos textos es que el original establecía que el Congreso debía declarar si había lugar o no a formación de causa contra una lista más amplia de funcionarios, incluyendo a los diputados al Congreso y al Procurador General de la Nación. En cambio, el texto reformado redujo esta lista, excluyendo a los diputados y al Procurador General de la Nación, y añadió a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y al Procurador de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, y aquí la parte clave para nuestra discusión, la reforma también amplió el reconocimiento del derecho de antejuicio a todas “las secretarías de la presidencia” y no únicamente a la Secretaría General, como lo establecía originalmente el literal h del artículo 165. En tal sentido, lo establecido en los artículos 11, 12, 14 y 14Ter de la LOE es únicamente un desarrollo del precepto constitucional antes mencionado. Además, dichos artículos están vigentes y por tanto son de observancia obligatoria para la fiscalía y los tribunales de la república.