Algunos presidentes quieren quedarse en el poder para siempre.

El alto costo de la vida es un tema que nos preocupa. Los precios suben y nuestro dinero cada día vale menos.

La violencia también nos entristece y nos aflige. Vivimos en un país en donde a diario matan a padres, madres, hijos, estudiantes y muchas personas inocentes. Así hemos vivido desde hace más de treinta años.

La falta de trabajo afecta a la mayoría de los jóvenes. Por esa razón, miles de paisanos, todos los años, se van a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, y las encuentran.

Pero hay un tema que le ponemos poca atención y es igualmente importante: la pérdida de libertades en el mundo.

Cada día hay más presidentes que desean tener todo el poder y quedarse allí para siempre. Ejemplos sobran. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, lleva 17 años en el poder; Vladimir Putin, el presidente de Rusia, lleva 24 años gobernando ese país; el chavismo en Venezuela lleva 24 años, y el castrismo en Cuba ha estado 65 años en el poder.

Esos presidentes al inicio parecían muy buenos y la gente los adoraba. Entonces aprovecharon para quedarse con el control del Congreso, las Cortes de Justicia, el Ejército, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Cuando ya controlaban todo, no les importó que el pueblo los rechazara. Si las personas manifiestan en contra de ellos, los mandan a la cárcel, al exilio o los matan.

Vivir bajo una dictadura es horrible. Por esa razón, jamás debemos renunciar a nuestra libertad. Hay que rechazar cualquier gobierno que quiera quedarse en el poder para siempre. No heredemos a nuestros hijos gobiernos tiranos y asesinos.

  ^{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario, 22 de agosto 2024.}

La CIDH señaló que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que dañan la institucionalidad democrática en Guatemala.

La reciente visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, del 22 al 26 de julio de 2024, dejó observaciones importantes sobre la democracia y los derechos humanos en el país. Estas visitas permiten a la CIDH evaluar de cerca la situación, con el consentimiento del Gobierno, recogiendo información directa sobre posibles violaciones de derechos humanos, reuniéndose con autoridades, sociedad civil y revisando lugares como centros de detención y comunidades afectadas.

El objetivo es obtener evidencia para elaborar informes con recomendaciones que mejoren la protección de los derechos humanos.

Durante su visita, la CIDH se reunió con más de 78 actores, incluidos representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, académicos y organismos internacionales.

En la conferencia de prensa del 26 de julio, la CIDH señaló que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que dañan la institucionalidad democrática en Guatemala. Esto no es nuevo para los guatemaltecos. Lo más relevante fue la denuncia sobre la instrumentalización de la justicia.

La CIDH identificó cinco patrones que lo evidencian: múltiples denuncias contra la misma persona para complicar su defensa, denuncias anónimas o infundadas para intimidar, aplicación de tipos penales ambiguos contra defensores de derechos humanos, abuso de prisión preventiva con fines punitivos y violaciones al debido proceso, como negar acceso a expedientes y dilatar los procesos.

Estas prácticas no solo violan derechos fundamentales, sino que también empujan a muchos al exilio o la clandestinidad, creando un clima de miedo que pretende paralizar la lucha por justicia y democracia en el país. Vale la pena identificar las causas de esta deplorable situación.

Han pasado quince días desde que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció los fraudulentos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y la nación sigue sumida en una profunda crisis política. El fraude electoral, evidente en los números absurdos y las maniobras burdas del régimen de Nicolás Maduro, ha generado un rechazo internacional sin precedentes, convirtiéndose en un cisma insalvable en la izquierda, cuya vertiente democrática, ha pedido transparencia y peritaje independiente de los resultados. 

El anuncio por parte del rector del CNE, Elvis Amoroso, proclamando entre gallos y medianoche a Nicolás Maduro como ganador con un 51.2% de los votos frente al 44.2% de Edmundo González Urrutia, fue inmediatamente cuestionado dentro y fuera de Venezuela. La cifra total de votos sumaba un imposible 132.2% y los porcentajes exactos de cuatro ceros a la derecha, entre otros disparates matemáticos, expusieron la magnitud del fraude. La negativa del órgano electoral a presentar las actas de escrutinio a la fecha (violando la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela) y la judialización de la elección a través de una proclamación espúrea ante el Tribunal Supremo de Justicia, dan cuenta de un encubrimiento monumental de los verdaderos resultados  de la elección por parte del Estado venezolano. La respuesta de la ciudadanía fue categórica al exigir transparencia durante los días subsiguientes en las calles. Por su parte, la arremetida de las fuerzas de seguridad del Estado, ha resultado en la trágica cifra de 20 de muertos y casi dos mil de detenidos a la fecha. Además de un bloqueo de las redes sociales y las telecomunicaciones en el país. 

En este contexto, las fuerzas democráticas del país lograron una gesta impensable, gracias a la coordinación de alrededor de 600mil testigos de mesa voluntarios. Con más del 80% de las actas en su poder, la oposición demostró ante el mundo que González Urrutia ganó con 67% de los votos a favor, frente a un 30% de votos para Maduro. Esta información ha sido puesta a disposición del público en la web, donde se puede hacer el desglose de cada acta por estado, e incluso centro de votación y mesa. Los expertos en temas electorales afirman que la forma en que el sistema automatizado de votación emite el acta, con un código QR y un hash con tecnología blockchain, hace prácticamente imposible que se alteren más de 30 mil actas con las firmas de los testigos en 24 horas, que fue el tiempo transcurrido entre la emisión de resultados hasta que esta herramienta estuvo disponible para el público. E incluso expertos en fraudes electorales y estadísticos han comprobado que las actas en poder de la oposición (que son emitidas centralizadamente por el propio CNE al cierre de las máquinas de votación), no presentan ningún tipo de alteración. Es decir, el golpe al régimen de Nicolás Maduro y su troika ha sido tremendo y sus consecuencias aún son insospechadas. 

De manera que, incuestionablemente, el 28 de julio de 2024 pasará a la historia al ser el primer caso probado de un fraude electoral de una forma tan contundente en la región y probablemente del mundo. 

La comunidad internacional también reaccionó con rapidez. Los presidentes de Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos han exigido transparencia y un recuento justo de los votos. El Centro Carter, los únicos observadores permitidos en el país para las elecciones, han declarado que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerado democrático.

Sin embargo, a pesar de la irrefutable evidencia de fraude y el apoyo internacional, los desafíos que enfrenta la oposición venezolana aún son enormes. El régimen de Maduro ha mostrado que no les tiembla el pulso para utilizar la fuerza si eso significa mantenerse en el poder y evitar un cambio político.

A la fecha, se han manejado varias matrices de opinión sobre posibles desenlaces: 

1. En un momento, circuló la información de que la negociación planteada por Brasil, Colombia y México tenía que ver con una posible repetición de elecciones. Este escenario, aunque posible, es problemático por varias razones: primero, ya Maduro se robó una elección con mucha menos observación y aún con la credulidad de la comunidad internacional de que respetaría los resultados ¿cuál sería sería entonces su incentivo para robarse otra elección por segunda vez y con más ojos vigilando el proceso? Pero además, incluso teniendo el control del CNE nuevamente, sería volver a arriesgarse a que le ganen e incurrir en el mismo desgaste que tiene precisamente ahora. Es como pedirle al ladrón de bancos que devuelva el dinero para que se robe el banco otra vez. Por esta razón, desde la perspectiva de Nicolás Maduro, es preferible no negociar y seguir adelante con la tesis del hackeo y apostar a que la oposición se debilite y se divida en los próximos meses. 
2. Una fractura en el ejército venezolano por parte de la oficialidad media de las Fuerzas Armadas. Este escenario también es posible, pero no está exento de dificultades. Aunque existe descontento dentro de las filas militares, el alto mando está estrechamente vinculado al régimen de Maduro mediante incentivos económicos y lealtades políticas. Por esta razón, la cohesión interna necesaria para un golpe exitoso es débil. Al momento, han sido detenidos alrededor de 70 militares, de manera que quienes consideren un golpe enfrentan el riesgo de represalias extremas no solo para ellos, sino también para sus familias, lo cual disuade intentos de sublevación.
3. Una acción de fuerza de los Estados Unidos mediante una operación selectiva. A pesar de los discursos políticos vociferantes, este escenario es el menos probable, ya que cualquier acción externa puede desencadenar una respuesta internacional adversa, aumentando las tensiones de Estados Unidos con potencias como Rusia y China. Esto podría llevar a una escalada militar y a una crisis internacional de grandes proporciones. También está el costo interno del propio Estados Unidos que se halla en medio de unas elecciones sumamente polarizadas. Además, ya Estados Unidos está involucrado en múltiples frentes internacionales y enfrentaría un desgaste significativo al involucrarse directamente en Venezuela. 
4. ¿Otra negociación pensando fuera de la caja? Tal y como dijo recientemente la historiadora y analista política Margarita López Maya, podría recurrirse a una nueva negociación de alto nivel con Estados Unidos y las potencias occidentales, pero este nuevo canal de comunicación debe incluir también los intereses de Rusia y China, principales aliados internacionales de Maduro, a quienes se les debe convencer de que también ganarán facilitando una transición en Venezuela. 

Así las cosas, a dos semanas del fraude electoral en Venezuela, no cabe duda que el 28 de julio del 2024 es un parteaguas para el país. El camino hacia una solución parece cada vez más complejo e incierto, pero el desenlace de esta crisis será crucial para determinar el rumbo de la región en las próximas décadas.

Han pasado quince días desde que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció los fraudulentos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y la nación sigue sumida en una profunda crisis política. El fraude electoral, evidente en los números absurdos y las maniobras burdas del régimen de Nicolás Maduro, ha generado un rechazo internacional sin precedentes, convirtiéndose en un cisma insalvable en la izquierda, cuya vertiente democrática, ha pedido transparencia y peritaje independiente de los resultados. 

El anuncio por parte del rector del CNE, Elvis Amoroso, proclamando entre gallos y medianoche a Nicolás Maduro como ganador con un 51.2% de los votos frente al 44.2% de Edmundo González Urrutia, fue inmediatamente cuestionado dentro y fuera de Venezuela. La cifra total de votos sumaba un imposible 132.2% y los porcentajes exactos de cuatro ceros a la derecha, entre otros disparates matemáticos, expusieron la magnitud del fraude. La negativa del órgano electoral a presentar las actas de escrutinio a la fecha (violando la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela) y la judialización de la elección a través de una proclamación espúrea ante el Tribunal Supremo de Justicia, dan cuenta de un encubrimiento monumental de los verdaderos resultados  de la elección por parte del Estado venezolano. La respuesta de la ciudadanía fue categórica al exigir transparencia durante los días subsiguientes en las calles. Por su parte, la arremetida de las fuerzas de seguridad del Estado, ha resultado en la trágica cifra de 20 de muertos y casi dos mil de detenidos a la fecha. Además de un bloqueo de las redes sociales y las telecomunicaciones en el país. 

En este contexto, las fuerzas democráticas del país lograron una gesta impensable, gracias a la coordinación de alrededor de 600mil testigos de mesa voluntarios. Con más del 80% de las actas en su poder, la oposición demostró ante el mundo que González Urrutia ganó con 67% de los votos a favor, frente a un 30% de votos para Maduro. Esta información ha sido puesta a disposición del público en la web, donde se puede hacer el desglose de cada acta por estado, e incluso centro de votación y mesa. Los expertos en temas electorales afirman que la forma en que el sistema automatizado de votación emite el acta, con un código QR y un hash con tecnología blockchain, hace prácticamente imposible que se alteren más de 30 mil actas con las firmas de los testigos en 24 horas, que fue el tiempo transcurrido entre la emisión de resultados hasta que esta herramienta estuvo disponible para el público. E incluso expertos en fraudes electorales y estadísticos han comprobado que las actas en poder de la oposición (que son emitidas centralizadamente por el propio CNE al cierre de las máquinas de votación), no presentan ningún tipo de alteración. Es decir, el golpe al régimen de Nicolás Maduro y su troika ha sido tremendo y sus consecuencias aún son insospechadas. 

De manera que, incuestionablemente, el 28 de julio de 2024 pasará a la historia al ser el primer caso probado de un fraude electoral de una forma tan contundente en la región y probablemente del mundo. 

La comunidad internacional también reaccionó con rapidez. Los presidentes de Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos han exigido transparencia y un recuento justo de los votos. El Centro Carter, los únicos observadores permitidos en el país para las elecciones, han declarado que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerado democrático.

Sin embargo, a pesar de la irrefutable evidencia de fraude y el apoyo internacional, los desafíos que enfrenta la oposición venezolana aún son enormes. El régimen de Maduro ha mostrado que no les tiembla el pulso para utilizar la fuerza si eso significa mantenerse en el poder y evitar un cambio político.

A la fecha, se han manejado varias matrices de opinión sobre posibles desenlaces: 

1. En un momento, circuló la información de que la negociación planteada por Brasil, Colombia y México tenía que ver con una posible repetición de elecciones. Este escenario, aunque posible, es problemático por varias razones: primero, ya Maduro se robó una elección con mucha menos observación y aún con la credulidad de la comunidad internacional de que respetaría los resultados ¿cuál sería sería entonces su incentivo para robarse otra elección por segunda vez y con más ojos vigilando el proceso? Pero además, incluso teniendo el control del CNE nuevamente, sería volver a arriesgarse a que le ganen e incurrir en el mismo desgaste que tiene precisamente ahora. Es como pedirle al ladrón de bancos que devuelva el dinero para que se robe el banco otra vez. Por esta razón, desde la perspectiva de Nicolás Maduro, es preferible no negociar y seguir adelante con la tesis del hackeo y apostar a que la oposición se debilite y se divida en los próximos meses. 
2. Una fractura en el ejército venezolano por parte de la oficialidad media de las Fuerzas Armadas. Este escenario también es posible, pero no está exento de dificultades. Aunque existe descontento dentro de las filas militares, el alto mando está estrechamente vinculado al régimen de Maduro mediante incentivos económicos y lealtades políticas. Por esta razón, la cohesión interna necesaria para un golpe exitoso es débil. Al momento, han sido detenidos alrededor de 70 militares, de manera que quienes consideren un golpe enfrentan el riesgo de represalias extremas no solo para ellos, sino también para sus familias, lo cual disuade intentos de sublevación.
3. Una acción de fuerza de los Estados Unidos mediante una operación selectiva. A pesar de los discursos políticos vociferantes, este escenario es el menos probable, ya que cualquier acción externa puede desencadenar una respuesta internacional adversa, aumentando las tensiones de Estados Unidos con potencias como Rusia y China. Esto podría llevar a una escalada militar y a una crisis internacional de grandes proporciones. También está el costo interno del propio Estados Unidos que se halla en medio de unas elecciones sumamente polarizadas. Además, ya Estados Unidos está involucrado en múltiples frentes internacionales y enfrentaría un desgaste significativo al involucrarse directamente en Venezuela. 
4. ¿Otra negociación pensando fuera de la caja? Tal y como dijo recientemente la historiadora y analista política Margarita López Maya, podría recurrirse a una nueva negociación de alto nivel con Estados Unidos y las potencias occidentales, pero este nuevo canal de comunicación debe incluir también los intereses de Rusia y China, principales aliados internacionales de Maduro, a quienes se les debe convencer de que también ganarán facilitando una transición en Venezuela. 

Así las cosas, a dos semanas del fraude electoral en Venezuela, no cabe duda que el 28 de julio del 2024 es un parteaguas para el país. El camino hacia una solución parece cada vez más complejo e incierto, pero el desenlace de esta crisis será crucial para determinar el rumbo de la región en las próximas décadas.

Los jóvenes guatemaltecos tienen una perspectiva de un futuro complejo. El país debe hacer un esfuerzo consciente para promover el desarrollo, aprovechar el bono demográfico y procurar bienestar para sus habitantes dentro de sus fronteras.   

La organización World Vision con apoyo de USAID, presentó en estos días la Encuesta Juvenil 2023 con la que pretende contribuir a la comprensión del fenómeno de la juventud en el país, presentando datos de los temas que más afectan y preocupan a los jóvenes guatemaltecos.

Según el informe, desde el siglo XXI, uno de los rasgos distintivos del país ha sido la transformación de su estructura poblacional, que presenta un aumento significativo en el porcentaje de jóvenes, tendencia que se prevé continúe al menos durante los próximos 25 años. 

Para el año 2023, de los 17.6 millones de habitantes que tiene el país, 10.6 millones son menores de 29 años, esto es el 60.4% de la población. El 29.8% de la población tiene entre 15 y 29 años. Comparando con datos de hace 23 años, en el año 2000 el 72% de la población tenía menos de 29 años.  

Guatemala tiene algunos años de estar viviendo lo que se conoce como un bono demográfico, que se entiende como el período durante el cual la población económicamente activa supera a la población económicamente no activa en un país. Para poder aprovechar este momento es necesario acelerar las condiciones sociales y políticas que permitan el desarrollo con el objetivo de hacerlo sostenible.

Para poder aprovechar este momento es necesario acelerar las condiciones sociales y políticas que permitan el desarrollo con el objetivo de hacerlo sostenible.

La encuesta también presenta datos de identificación étnica entre los jóvenes. Se estima que existe paridad de 45.7% entre la población que se autoidentifica como ladina y maya, para un total de 91.4%. Un total de 1.3 millones de jóvenes se identifican como mayas y 1.3 millones como como ladinos o mestizos. Por otra parte, 0.6% son garífunas, 0.2% xinkas, 0.3% extranjeros, 7.3% respondieron no saberlo y 0.1% no respondieron. Además, el 61.9% de los jóvenes encuestados manifestaron que el español es su idioma materno. 

La encuesta también presenta datos sobre el nivel socioeconómico en el que se encuentran los jóvenes del país. El 49% de jóvenes pertenece a los sectores socioeconómicos más precarios, de ellos el 16% está en el estrato bajo y el 33% en el medio bajo. El 49% pertenece a los estratos medio y medio alto, el 40% están en el estrato medio y 9% el medio alto. El restante 2% corresponde al estrato alto. En el estudio se puede encontrar una descripción del modelo ESOMAR, utilizado para estimar el nivel socioeconómico de los encuestados.

El estudio también preguntó a los jóvenes qué plataformas físicas o digitales utilizan para obtener información. El 42.1% de los jóvenes dicen utilizar las redes sociales como su principal fuente de información, el 23% dice usar el internet, el 18.1% dice todavía ver noticieros en televisión, el 10.4% escucha la radio y solo el 1% dice consumir periódicos impresos. El 3.2% mencionó a la familia y amigos como su principal fuente de información. Como era de esperarse, mientras más urbana la población, el porcentaje de jóvenes que dicen utilizar las redes sociales como principal fuente de información sube a 54.1%.

La dinámica migratoria es otro de los temas de interés para el estudio de la juventud en el país, principalmente porque esta se ha convertido en una de las principales estrategias de sobrevivencia para las familias guatemaltecas en los últimos años. Como parte de este análisis, el estudio identificó que el 64.9% de los jóvenes encuestados dice recibir remesas de parte de familiares que viven fuera del país.

El 64.9% de los jóvenes encuestados dice recibir remesas de parte de familiares que viven fuera del país.

El 40.9% de los jóvenes dice que considera necesario migrar para salir adelante. El país presenta un panorama muy desolador cuando se ve una juventud que no ve futuro posible en su hogar y su comunidad.

En materia educativa, los jóvenes guatemaltecos presentan importantes rezagos, el 31.7% ha concluido solo el nivel primario, el 27.5% terminó el ciclo básico y el 31.1% el diversificado. Solo el 7.3% dice tener una licenciatura y el 2.1% nunca ha estudiado.

El 58% de los jóvenes estudia en el sector educativo público, de ahí la importancia que tiene el rescate del Ministerio de Educación y el magisterio, el 35.3% estudia en establecimientos educativos privados, el 5% en establecimientos por cooperativa y solo el 1.6% en establecimientos educativos municipales. 

Podrían usarse en este texto más datos de la encuesta realizada por World Vision para seguir ahondando en el diagnóstico de la juventud guatemalteca, sin embargo, el objetivo no es hacer una síntesis exhaustiva del estudio sino dar unas ideas de un panorama que se presenta sombrío y ha cambiado poco en los últimos 20 o 30 años. 

Con los cambios políticos en Estados Unidos, la llegada de nuevas tecnologías y un mundo que cada día se vuelve más conflictivo, los jóvenes guatemaltecos tienen una perspectiva de un futuro complejo. El país debe hacer un esfuerzo consciente para promover el desarrollo, aprovechar el bono demográfico y procurar bienestar para sus habitantes dentro de sus fronteras.   

Más allá de ser una celebración del deporte, las Olimpiadas se convierten en un escenario de juego político, cultural y económico. 

El 26 de julio dieron inicio los Juegos Olímpicos de París 2024, el evento multideportivo más grande del mundo, en el cual participarán 206 países y se reunirán 10,500 atletas que competirán en 45 disciplinas. 

Con sus emblemáticos aros olímpicos, el evento busca reflejar la unidad entre los continentes, así como los valores de amistad y respeto. Su diseñador, Pierre de Coubertin, expresó que este símbolo también representa la disposición de los países del mundo a “aceptar sus fecundas rivalidades”. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Los Juegos Olímpicos no se salvan de jugar un papel político, geopolítico y ser una herramienta de poder blando, que no necesariamente deja de lado las rivalidades de la arena internacional. 

Aspectos políticos
En términos políticos, los Juegos de París 2024 son la primera edición en la que se impusieron cuotas de género en la clasificación de los atetlas. Es decir, de los 10,500 atletas compitiendo, 5,250 son hombres y 5,250 son mujeres. Las cuotas de género, cuyo fin es aumentar la representación de la mujer en distintos ámbitos, son esencialmente políticas. 

Los Juegos de París 2024 son la primera edición en la que se impusieron cuotas de género en la clasificación de los atetlas.

También podemos recordar un ejemplo más cercano. En el 2022, el Comité Olímpico Internacional ―COI― suspendió al Comité Olímpico Nacional de Guatemala por “injerencia política en el proceso de reelección del presidente.” Dicha resolución inhabilitó a los atletas guatemaltecos para competir bajo el nombre del país en competencias internacionales, y el Comité Nacional dejó de recibir financiamiento del Movimiento Olímpico. Incluso, de no haberse encontrado una solución al problema, los guatemaltecos que representan a Guatemala en París podrían haberlo hecho sin portar el nombre del país.

Aspectos geopolíticos
Por otro lado, en términos geopolíticos, en esta edición los delegados de Rusia y Bielorrusia no competirán bajo sus banderas ni sus nacionalidades. La participación de estos países en las Olimpiadas fue prohibida en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. A pesar de que los atletas podrán participar en los eventos como Atletas Individuales Neutrales ―AIN―,  las condiciones para hacerlo incluyen “competir sin banderas, emblemas e himnos de sus respectivos países” y no participaron en la ceremonia de apertura. Si ganan medallas, estas no contarán en el tablero de medallas, y la bandera que se despliegue y el himno que se toque en el podio serán los de los AIN.

Los delegados de Rusia y Bielorrusia no competirán bajo sus banderas ni sus nacionalidades.

El conflicto entre Palestina e Israel ha sido también un tema geopolítico que ha despertado emociones entre las delegaciones y los locales. La delegación palestina pidió al COI que prohibiera la participación de Israel en esta edición. Sin embargo, el Comité indicó que no sancionaría al país en cuestión, y en respuesta a su participación, se han desencadenado protestas anti-Israel en París e incluso se han recibido amenazas de bombas. Ante esta situación, los atletas israelíes cuentan con seguridad las 24 horas del día.

Poder blando
Por último, el poder blando se refiere a la capacidad de influir de un país sobre otros sin utilizar medios coercitivos. Por ejemplo, los países buscarán influir en otros por medio de ideas, valores y cultura, a través de medios como la ciencia, la música, el cine y los deportes. Asimismo, las herramientas de poder blando también suelen mejorar la habilidad de un país para expandir sus relaciones con otros países y socios. 

El medallero olímpico es representativo del poder blando, ya que obtener muchas medallas refleja la capacidad de un país para desarrollar y formar a sus ciudadanos en diversas disciplinas deportivas, posicionándolos como líderes a nivel mundial y proyectando una imagen positiva del país en el escenario internacional, lo cual fortalece su prestigio.

El medallero olímpico es representativo del poder blando.

En el caso específico de los países anfitriones, los países buscan mejorar su imagen, su reputación y atraer turismo, aumentando su visibilidad global. El poder económico y cultural de un país anfitrión se refleja no solo en toda logística que conlleva el evento, sino también de manera más directa en la ceremonia de inauguración. 

Otro ejemplo de la relación entre las Olimpiadas de París y el poder blando es la decisión que el Gobierno francés tomó para reforzar su imagen en estos juegos: haber “subido a miles de inmigrantes sin hogar a autobuses”, enviándolos fuera de París antes del inicio de los juegos. Esto con el fin de dar una buena imagen ante los turistas y delegados: “El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió que los Juegos Olímpicos mostrarían la grandeza del país. Pero la Villa Olímpica se construyó en uno de los suburbios más empobrecidos de París, donde miles de personas viven en campamentos callejeros, refugios o edificios abandonados.”

Conclusión
Los Juegos Olímpicos son una plataforma en la cual la comunidad internacional ejerce poder blando, promoviendo la diplomacia cultural y divulgando valores como la excelencia y el respeto. Más allá de ser una celebración del deporte, se convierten en un escenario de juego político, cultural y económico. Desde la implementación de cuotas de género hasta decisiones geopolíticas que llevan a la suspensión de naciones, las Olimpiadas reflejan las complejidades y tensiones del mundo contemporáneo.

La reforma también amplió el reconocimiento del derecho de antejuicio a todas “las secretarías de la presidencia” y no únicamente a la Secretaría General, como lo establecía originalmente el literal h del artículo 165.

Recientemente comenté en un hilo de X por qué el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) goza de derecho de antejuicio, en respuesta a varios comentarios que surgieron a raíz de una interpretación de un fallo de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 760-2003. Este fallo declaró inconstitucionales varias frases de la Ley en Materia de Antejuicio por extender indebidamente el derecho de antejuicio a funcionarios que no gozan de tal privilegio por disposición constitucional.

En mi hilo, expliqué que tanto el SCSP como los demás secretarios gozan de derecho de antejuicio según los artículos 11, 12, 14 y 14Ter de la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE).

Ahora bien, este privilegio no se otorga arbitrariamente por la LOE. Aunque el artículo 202 de la Constitución únicamente establece que “Los secretarios General y Privado de la Presidencia de la República, deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades” (resaltado propio), es necesario hacer la siguiente acotación:

El artículo 202 de la Constitución no ha sido reformado, pero el artículo 165 sí. Originalmente, su literal h establecía como competencia del Congreso:

“h) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, ministros, Viceministros de Estado cuando estén encargados del Despacho, Secretario General de la Presidencia y el Subsecretario que lo sustituya, Procurador General de Nación y diputados al Congreso;” (resaltado propio)

Sin embargo, a raíz de la reforma constitucional de 1993, el texto dice ahora:

“h) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, Ministros, Vice-Ministros de Estado cuando estén encargados del despacho, Secretarios de la Presidencia de la República, Sub-Secretarios que los sustituyan, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Procurador General de la Nación.” (resaltado propio)

La diferencia principal entre ambos textos es que el original establecía que el Congreso debía declarar si había lugar o no a formación de causa contra una lista más amplia de funcionarios, incluyendo a los diputados al Congreso y al Procurador General de la Nación. En cambio, el texto reformado redujo esta lista, excluyendo a los diputados y al Procurador General de la Nación, y añadió a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y al Procurador de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, y aquí la parte clave para nuestra discusión, la reforma también amplió el reconocimiento del derecho de antejuicio a todas “las secretarías de la presidencia” y no únicamente a la Secretaría General, como lo establecía originalmente el literal h del artículo 165. En tal sentido, lo establecido en los artículos 11, 12, 14 y 14Ter de la LOE es únicamente un desarrollo del precepto constitucional antes mencionado. Además, dichos artículos están vigentes y por tanto son de observancia obligatoria para la fiscalía y los tribunales de la república.

La historia reciente ofrece tres ejemplos.

A 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, muchos sienten escepticismo sobre si el régimen venezolano reconocerá la victoria de la oposición[1]. Es entendible que luego de 25 años en el poder, de éxodos masivos, crisis humanitaria, represión y violaciones sistemáticas a Derechos Humanos[2], la desconfianza se apodere de muchas personas dentro y fuera del país. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones al voto libre que existen y han sido denunciadas por años[3], estas votaciones están planteando un punto de inflexión en la lucha por la democracia y efectivamente este 28 de julio pueden darse circunstancias que desencadenen en una eventual transición política.

Tomando las célebres categorías de Guillermo O'Donnell, se han identificado por lo menos cinco formas de transición del autoritarismo a la democracia[4], siendo una de ellas la transición a través de elecciones. A continuación, analizaremos con más detalle esta variante a través de tres casos de la historia reciente y qué lecciones arrojan para la Venezuela del 2024. 

Polonia en 1989

En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, jugó un papel crucial en desafiar el régimen comunista, que para ese entonces tenía 44 años en el poder. Las elecciones de junio de 1989, intervenidas y tuteladas por el oficialismo, permitieron que Solidaridad ganara una cantidad significativa de escaños en el parlamento. Esta victoria condujo a negociaciones con el régimen y, eventualmente, a la formación de un gobierno no comunista. 

Chile en 1989

La victoria del "No" en el plebiscito de 1988, llevó a la celebración de elecciones en 1989, en las cuales Patricio Aylwin fue el candidato opositor "potable" elegido por la Concertación de Partidos por la Democracia, luego de una negociación interna en donde, en un ejercicio de desprendimiento, los liderazgos de oposición más conocidos y enfrentados al régimen, como Ricardo Lagos, se apartaron de la contienda. Los resultados dieron como vencedor a Alwyn quien fue elegido presidente luego de 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, quien se mantuvo en la vida política chilena como senador vitalicio por la década siguiente. 

Sudáfrica en 1994

La transición a la democracia fue el resultado de un largo proceso de negociaciones entre el régimen del apartheid y los líderes del Congreso Nacional Africano (ANC), liderados por Nelson Mandela. Estas negociaciones permitieron la celebración de las primeras elecciones multirraciales en 1994. En esas elecciones, resultó ganador Mandela y su vicepresidente fue Frederick de Klerk, un liberalizador del régimen del apartheid. Estas elecciones marcaron el inicio de una nueva era de reconciliación nacional. 

Lecciones para Venezuela en 2024

Estos ejemplos históricos, descritos muy por encima, ofrecen varias lecciones importantes para la Venezuela de 2024. En primer lugar, es fundamental una oposición unida y organizada en torno a un objetivo común, una oposición que no pueda ser fácilmente fragmentada. En segundo lugar, el deseo de cambio compartido por la gran mayoría de la población que se moviliza el día de las elecciones para expresarse con el voto, es determinante para que haya una brecha significativa que no deje lugar a dudas del resultado electoral. En tercer lugar, la utilización de las propias reglas del régimen autoritario para promover la transición es clave para una eventual aceptación a lo interno de los factores del gobierno que estén dispuestos a encaminarse hacia una entrega del poder ordenada. 

Con este recuento, no estamos estableciendo una “fórmula” que aplique a todos los casos. Cada caso tiene sus complejidades y particularidades. Por ejemplo, en unos se dio primero una negociación que condujo a elecciones libres, y en otros, la contundente victoria en las urnas (a pesar de las restricciones) condujo a una transición negociada. Pero es muy importante destacar que para que efectivamente se dé una transición hacia la democracia, en todos los casos analizados, hubo una decisión del régimen autoritario de dejar el poder. En el caso venezolano no está claro si el chavismo está dispuesto de entregar el poder[5], aún habiendo permitido a la Plataforma Unitaria llegar hasta este punto[6].

Lo sabremos el 28J.

[1]  Los sondeos más confiables indican que existe una brecha de entre 20 y 25 puntos entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Si las elecciones fueran hoy, ganaría Edmundo González Urrutia con un 62%, frente a un Nicolás Maduro, que apenas tiene un 28% de intención de voto. Vía @herconsultore

[2] Al momento, el Foro Penal enumera 301 presos políticos, de los cuales 102 se vinculan a María Corina Machado y 71 de ellos han sido arrestados desde que comenzó la campaña electoral el 4 de julio de 2024. 

[3] La parcialización y desconfianza hacia el ente electoral, las irregularidades en el registro electoral, la falta de transparencia en el voto automatizado, sumado a la profunda judicialización de las elecciones a través de las inhabilitaciones, intervención de las tarjetas de los partidos, etc., la falta de observación internacional, el acarreo de votos, entre otros; son de los tantos cuestionamientos a la celebración de elecciones libres en Venezuela. 

[4] La primera forma es por la muerte del caudillo cuando no hay un mecanismo claro de sucesión, ejemplificada por los casos de República Dominicana en 1961 y España en 1975. La segunda forma es por la implosión del sistema, como ocurrió con la desintegración de la URSS entre 1989 y 1991, que dio lugar a la democratización en varias de sus ex-repúblicas. La tercera es la vía de fuerza o golpe de Estado militar clásico, como en el caso de Portugal en 1974 con la Revolución de los Claveles. La cuarta forma es a través de ocupación o tutela extranjera, como en Alemania en 1945 tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial y en Francia en 1946 después de la liberación. La quinta forma de transición a la democracia es a través de elecciones. 

[5] Recordemos que en dos oportunidades, el chavismo ha reconocido derrotas electorales: el referéndum de reforma constitucional de 2007 y las elecciones parlamentarias de 2015. En ambos casos, el papel de las Fuerzas Armadas fue clave. 

[6] Veamos los casos de Nicaragua en noviembre de 2021 y Rusia en marzo de 2024, donde se cerraron absolutamente todas las vías de participación de cualquier opción opositora incluso desde meses antes de la elección. 

A pesar de que el Partido Laborista obtuvo éxito en términos de escaños, los resultados sugieren que estas elecciones estuvieron marcadas más por un voto en contra de los conservadores que por un respaldo positivo hacia los laboristas.

El pasado 4 de julio, el Reino Unido celebró elecciones generales en las cuales el Partido Laborista, encabezado por Keir Starmer, obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. De 650 escaños, los laboristas ganaron 411 escaños, siendo esta su mayor victoria desde las elecciones en 1997 con Tony Blair como líder. El Partido Conservador, por otro lado, obtuvo tan solo 121 escaños, su peor resultado electoral desde la Segunda Guerra Mundial. Con estos números, los conservadores no solo perdieron 252 asientos en la Cámara, sino que también dejaron de gobernar tras 14 años en el poder. 

Es innegable que la impopularidad de los Tories venía de hace un tiempo, pero la caída en picada del Partido Conservador y el índice de aprobación de los laboristas se registraron, aproximadamente, a finales de 2021. Hablamos de un contexto post-Brexit de inestabilidad política, también con consecuencias derivadas de la COVID-19, la cual impactó de manera negativa en la economía; la disrupción de la cadena de suministros; la invasión de Ucrania por Rusia y sus consecuencias económicas y energéticas; la crisis en el sistema de salud público ―NHS por sus siglas en inglés―, y una crisis migratoria en el país. Ante este escenario, no es sorpresa para nadie que estas circunstancias generaran un mayor malestar y crisis en el costo de vida de muchos británicos. 

Los datos del índice de precios al consumidor ―Gráfico 1― muestran un aumento en el costo de vida en el Reino Unido durante 2021, con una tendencia a la baja en la inflación que comienza a manifestarse a principios de 2023. Sin embargo, es importante recordar que estos cambios suelen no ser percibidos de inmediato. Estos cambios llegan demasiado tarde para el Partido Conservador, pero los laboristas podrían aprovecharlos estando en el Gobierno. 

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia con datos del índice de precios al consumidor, Office for National Statistics.

Las razones de los malos resultados del Partido Conservador no son complicadas de entender. Los votantes buscan que los políticos atiendan y resuelvan sus demandas. Si no lo hacen, buscarán a otros que lo hagan o, al menos, que prometan hacerlo. 

Cuando el político de turno no cumple con las expectativas de los votantes, el costo de reelegirlo puede percibirse como mayor en comparación con los beneficios de votar por una alternativa que prometa mejores resultados durante la campaña. Además, el ciudadano promedio no suee dedicar tiempo a informarse y generalmente basa sus decisones políticas en su percepción de la realidad. Aunque los datos indiquen que las políticas implementadas por el Partido Conservador estaban comenzando a aliviar el costo de vida, los votantes lo perciben como incapaz de resolver los problemas actuales y, por lo tanto, optan por probar suerte con otro Partido que promete resultados diferentes. 

El Partido Laborista, por lo tanto, abordó dentro de sus prioridades los problemas anteriormente mencionados durante su campaña. Prometiendo proveer estabilidad económica; mejorar los salarios y las oportunidades laborales; acortar los tiempos de espera en el NHS; mejorar la seguridad en sus fronteras; buscar nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea, entre otros. 

A pesar de que el Partido Laborista obtuvo éxito en términos de escaños, los resultados sugieren que estas elecciones estuvieron marcadas más por un voto en contra de los conservadores que por un respaldo positivo hacia los laboristas. Esto se evidencia en el número de escaños obtenidos por Partidos más pequeños, que triunfaron en circunscripciones anteriormente dominadas por conservadores y laboristas.

Por ejemplo, Reform UK, el partido de derechas liderado por Nigel Farage y fundado en 2018 como el Partido Brexit, obtuvo 5 escaños, ingresando por primera vez a la Cámara de los Comunes. Otro ejemplo es el Partido Verde, que ganó 4 escaños, 3 más que en 2019, incluyendo 2 que anteriormente pertenecían a los conservadores y 1 a los laboristas. También destacó la tercera agrupación más grande, los Liberal Demócratas, que aumentaron su representación en 61 escaños respecto a 2019. Además, los candidatos independientes ganaron 6 escaños en la Cámara, principalmente provenientes del electorado musulmán o pro palestino que se sintió descontento con el Partido Laborista debido a su neutralidad durante la guerra de Gaza.

El Partido Laborista podrá disfrutar de las mejoras estadísticas que empiezan a notarse en el costo de vida del Reino Unido y de la confianza de los votantes en las promesas realizadas. Sin embargo, el nuevo primer ministro no goza de un alto porcentaje de aprobación y tiene problemas complejos por delante que resolver. Asimismo, los laboristas deberán tener en cuenta que se encuentran ante un electorado volátil dispuesto a ceder su voto a otro partido si no obtienen lo esperado en un futuro, si no inmediato, a mediano plazo.

Hint: El balón no está en la cancha de la plataforma unitaria ni de la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren un cambio. 

Cuando se habla de una transición democrática ¿exactamente a qué se está haciendo referencia?: una “transición”, es un período de tiempo en el que transcurre un cambio entre un régimen político y otro. Por “democrática” entendemos que el medio por el cual se materializa este cambio es a través del voto popular mayoritario. 

Que una transición política sea por la vía electoral, no significa que ésta se halle exenta de tensiones profundas. Si bien la transición a través del voto es la vía más pacífica para que ocurra un cambio de mando, cuando el gobierno saliente ve peligrar su supervivencia por la llegada del entrante, la decisión de quienes salen, lógicamente, será obstaculizar a toda costa que el enemigo obtenga todo el poder, optando muchas veces por profundizar el conflicto. Son los casos de México en el año 2000, Estados Unidos en el año 2020 y Guatemala en el año 2023. 

La propia historia de Venezuela ofrece un ejemplo interesante: en las elecciones de 1968, el partido oficial, Acción Democrática, apostaba por su segunda reelección. Los “adecos” estaban gobernando el país desde hacía una década donde, a pesar de haber restaurando las libertades políticas, controlaban prácticamente todas las instancias del gobierno. De manera que, el reto final que pondría a prueba el sistema democrático recién inaugurado en 1958, sería que se diera por primera vez la transmisión de mando a un opositor político. En aquellos comicios, resultó vencedor el socialcristiano Rafael Caldera. Dice Caldera que quienes jugaron un rol fundamental para que su investidura finalmente se diera, fueron los dos ex presidentes anteriores:

“Más de uno pensó que había que maniobrar y hacer quién sabe qué cosas para impedir que la transmisión del mando ocurriera. Y en ese momento, yo creo que Betancourt y Leoni tuvieron una importancia decisiva en que se reconociera y se admitiera el hecho. Y que aunque no les gustara que Acción Democrática perdiera el poder, no podían considerar, aún desde su punto de vista más identificado con el partido, como una desgracia para Venezuela el que yo hubiera sido electo presidente…” Rafael Caldera en entrevista con Marcel Granier el 5 de octubre de 1981.

En el caso de una transición del autoritarismo hacia la democracia, dice la historiadora y analista política venezolana Margarita López Maya que tiene que haber una negociación mucho más delicada. Por esta razón, el perfil del político transicional es diferente al del político en tiempos normales. Existen ejemplos de transiciones del autoritarismo hacia la democracia por la vía electoral en donde quien conduce la transición es un personaje neutral e incluso “gris”, que debe manejar magistralmente el tacto y la mediación. Pensemos en el caso de Chile para el año 1989, donde Patricio Alwyn será la figura que por consenso acepten todas las partes, tanto la oposición que en ese momento se agrupaba en la Concertación, como el oficialismo, para quien Alwyn era el candidato que menos incomodaba a la hora de medirse en una elección. 

Pareciera de momento que esa figura neutral en la Venezuela del 2024, puede ser el embajador Edmundo González Urrutia. González Urrutia es un diplomático de 75 años de edad, prácticamente desconocido hasta hace unos meses. La forma en la que se llegó a esa candidatura fue interesante: él mismo ha admitido que en su momento se trataba de una candidatura “tapa”, o provisional, mientras se resolvía la situación jurídica de María Corina Machado[1]. Será luego de una intensa negociación entre Machado y Manuel Rosales[2], quienes dejaron de lado sus aspiraciones personales, que la candidatura de González Urrutia se ratifica en el tarjetón de la Plataforma Unitaria, sin que el oficialismo presentara ninguna objeción. 

González Urrutia tiene un estilo político propio. Si bien ha acompañado a María Corina Machado en varias oportunidades, pareciera seguir su propia agenda. En su campaña, González Urrutia  prácticamente no ha salido del área metropolitana, dejándole la movilización en el interior del país a la enérgica María Corina Machado. Esta aparente división del trabajo entre los líderes, que ha sido criticada en los sectores más radicales del chavismo y la oposición, probablemente se debe a que González Urrutia no quiere presentarse como una amenaza existencial frente al régimen de Nicolás Maduro, quien ya ha desplegado su deslucida maquinaria de acarreo de votos en todo el país. 

El discurso de González Urrutia es conciliador y de consenso. Incluso ha afirmado que “el chavismo tendrá una puerta para participación”, de llegar a la presidencia. Eso manda una garantía de supervivencia para el día después a los perdedores en la contienda, lo cual es significativo ya que las encuestas más importantes del país le dan un 52% de ventaja a González Urrutia frente a Nicolás Maduro, que apenas cuenta con 18% de intención de voto, en el mejor de los casos. 

Así que, de momento, tenemos dos ingredientes fundamentales de la receta para una transición: a pesar de todos los obstáculos, el pueblo venezolano se expresará en las urnas y la oposición ya ha mandado las señales oportunas. 

¿Podemos entonces afirmar que ya ha comenzado una transición en Venezuela? A 23 días de las elecciones presidenciales, todavía el panorama es incierto. Falta que aparezcan varios factores en escena para que esto se pueda determinar con certeza: la actuación del sector privado, de la comunidad internacional y más importante, de las Fuerzas Armadas, serán cruciales en los próximos días. Allí estará el nudo gordiano de lo que pudiera ser eventualmente una transición a la democracia o una ruptura institucional que lleve al país a una agudización autoritaria. 

A pesar de la naturaleza autoritaria y criminal del actual régimen que gobierna Venezuela, habrá que confiar en que dentro de sus propias filas muchos estén pensando que dejar el poder pacíficamente es lo que más les conviene en estos momentos. Es innegable que hacer respetar los resultados de las elecciones de este próximo 28 de julio en Venezuela necesariamente pasará, en el mejor de los casos, por una apelación a la conciencia de los más moderados dentro del chavismo; y en el peor de los casos, por un cálculo utilitario interno para asegurarse su propia supervivencia en la Venezuela que vendrá.

[1] María Corina Machado es una política liberal de la capital que resultó ganadora en las elecciones primarias internas de la oposición para nombrar la candidatura de la Plataforma Unitaria en las elecciones presidenciales. En enero de este año, el régimen venezolano la inhabilitó para aspirar a cargos de elección popular por 15 años. 

[2] Manuel Rosales es un político socialdemócrata del occidente del país que actualmente es gobernador de uno de los estados más importantes de Venezuela y ha sido candidato presidencial de la oposición en varias oportunidades. Para las elecciones de 2024, inscribió su candidatura al margen de la tarjeta de la Plataforma Unitaria y la retiró poco después.