¿Tiene posibilidades reales de asumir la investidura?

Antes de analizar el 10E2025, revisemos algunos conceptos clave de teoría política:

En oportunidades anteriores, hablamos de la soberanía, que en términos realistas es el nomos de la tierra, es decir, la capacidad de establecer un orden político de mando-obediencia sobre un territorio, idealmente a través del derecho. Esta concepción de soberanía (Hobbes, Bodino) se aleja de la idea liberal de "soberanía popular" (Suárez, Rousseau), antecedente iluminista de la legitimidad democrática a través de elecciones que asumimos contemporáneamente como incuestionable y eterna.

En Venezuela, lamentablemente, la situación actual muestra la manifestación más trascendental y ahistórica de lo político: el poder reside en quien tiene el control efectivo del Estado-territorio. En este contexto, la “soberanía popular” del pueblo venezolano, al estar confiscada en la práctica, pasa a un segundo plano frente a quien ejerce el mando real del espacio político.

Con esto claro, ¿Qué significa el 10 de enero de 2025 para González Urrutia?

Analicemos dos escenarios:

Escenario 1: Toma de posesión simbólica desde el exilio

• Una investidura simbólica, similar a la de la Segunda República Española en los años 30, le brindaría una "legitimidad" en el ámbito internacional, pero sin control del territorio venezolano. Este escenario implicaría emprender cuanto antes un trabajo político de largo aliento en varios países con el objetivo de que nos brinden un apoyo efectivo (económico, presión con sanciones, inteligencia, etc.) para restituir nuestra soberanía popular, más allá de declaraciones diplomáticas de salón.

Escenario 2: Intento de ingresar a Venezuela para la toma de posesión

• Este escenario presenta retos que pondrían a prueba el compromiso de varios gobiernos con la defensa de la democracia venezolana:

1. Pérdida del estatus de asilado político de González Urrutia en España: Según la Convención de Ginebra de 1951, si el asilado regresa al país del que huyó, pierde automáticamente su estatus de asilo en el país que se lo otorgó. Y aunque Edmundo González asuma el costo de perder el asilo en España, colocando a ese gobierno en un impasse con el régimen chavista debido a las negociaciones que tuvieron lugar para permitir su exilio, nos enfrentamos a otro escenario a continuación.

2. Las autoridades venezolanas pueden bloquear su ingreso por rutas aéreas, como ha sucedido en otras oportunidades con ex presidentes de la región (Fox, Quiroga, Moscoso y Rodríguez este año, en los días previos al 28J), e incluso con presidentes en funciones (Alejandro Giammattei en 2020), que han querido ingresar a territorio venezolano y les ha sido negada la entrada. Y en el caso de que se intente ingresar por vía terrestre, habría una posible profundización de la tensión diplomática con los gobiernos de Colombia y Brasil (de por sí ya distanciados de Maduro) por permitirle a Edmundo González el acceso a Venezuela a través de sus fronteras.

Además de lo antes descrito, juega en contra otro factor y es el desfase entre los tiempos de la crisis venezolana con los tiempos de la transmisión de poder en Estados Unidos. Básicamente, gane quien gane la elección presidencial en la potencia del norte, todo apunta a que no disminuirá la polarización en ese país y habrá una transición de mando compleja el 20 de enero de 2025. Hasta esa fecha, 10 días después de la toma de posesión en Venezuela, Estados Unidos no revisará su postura hacia el país y eso le compra tiempo a Nicolás Maduro para que pueda imponerse por todas las vías y tener controladas las variables que necesita para gobernar.

De manera que, a poco más de 2 meses, las probabilidades de que Edmundo González Urrutia logre tomar posesión como presidente de la República en territorio venezolano el 10 de enero de 2025 son escasas, por no decir nulas.

¿Tiene posibilidades reales de asumir la investidura?

Antes de analizar el 10E2025, revisemos algunos conceptos clave de teoría política:

En oportunidades anteriores, hablamos de la soberanía, que en términos realistas es el nomos de la tierra, es decir, la capacidad de establecer un orden político de mando-obediencia sobre un territorio, idealmente a través del derecho. Esta concepción de soberanía (Hobbes, Bodino) se aleja de la idea liberal de "soberanía popular" (Suárez, Rousseau), antecedente iluminista de la legitimidad democrática a través de elecciones que asumimos contemporáneamente como incuestionable y eterna.

En Venezuela, lamentablemente, la situación actual muestra la manifestación más trascendental y ahistórica de lo político: el poder reside en quien tiene el control efectivo del Estado-territorio. En este contexto, la “soberanía popular” del pueblo venezolano, al estar confiscada en la práctica, pasa a un segundo plano frente a quien ejerce el mando real del espacio político.

Con esto claro, ¿Qué significa el 10 de enero de 2025 para González Urrutia?

Analicemos dos escenarios:

Escenario 1: Toma de posesión simbólica desde el exilio

• Una investidura simbólica, similar a la de la Segunda República Española en los años 30, le brindaría una "legitimidad" en el ámbito internacional, pero sin control del territorio venezolano. Este escenario implicaría emprender cuanto antes un trabajo político de largo aliento en varios países con el objetivo de que nos brinden un apoyo efectivo (económico, presión con sanciones, inteligencia, etc.) para restituir nuestra soberanía popular, más allá de declaraciones diplomáticas de salón.

Escenario 2: Intento de ingresar a Venezuela para la toma de posesión

• Este escenario presenta retos que pondrían a prueba el compromiso de varios gobiernos con la defensa de la democracia venezolana:

1. Pérdida del estatus de asilado político de González Urrutia en España: Según la Convención de Ginebra de 1951, si el asilado regresa al país del que huyó, pierde automáticamente su estatus de asilo en el país que se lo otorgó. Y aunque Edmundo González asuma el costo de perder el asilo en España, colocando a ese gobierno en un impasse con el régimen chavista debido a las negociaciones que tuvieron lugar para permitir su exilio, nos enfrentamos a otro escenario a continuación.

2. Las autoridades venezolanas pueden bloquear su ingreso por rutas aéreas, como ha sucedido en otras oportunidades con ex presidentes de la región (Fox, Quiroga, Moscoso y Rodríguez este año, en los días previos al 28J), e incluso con presidentes en funciones (Alejandro Giammattei en 2020), que han querido ingresar a territorio venezolano y les ha sido negada la entrada. Y en el caso de que se intente ingresar por vía terrestre, habría una posible profundización de la tensión diplomática con los gobiernos de Colombia y Brasil (de por sí ya distanciados de Maduro) por permitirle a Edmundo González el acceso a Venezuela a través de sus fronteras.

    

Además de lo antes descrito, juega en contra otro factor y es el desfase entre los tiempos de la crisis venezolana con los tiempos de la transmisión de poder en Estados Unidos. Básicamente, gane quien gane la elección presidencial en la potencia del norte, todo apunta a que no disminuirá la polarización en ese país y habrá una transición de mando compleja el 20 de enero de 2025. Hasta esa fecha, 10 días después de la toma de posesión en Venezuela, Estados Unidos no revisará su postura hacia el país y eso le compra tiempo a Nicolás Maduro para que pueda imponerse por todas las vías y tener controladas las variables que necesita para gobernar.

De manera que, a poco más de 2 meses, las probabilidades de que Edmundo González Urrutia logre tomar posesión como presidente de la República en territorio venezolano el 10 de enero de 2025 son escasas, por no decir nulas.

Es fundamental que las democracias liberales formulen una respuesta coherente y efectiva.

Mientras Occidente enfrenta divisiones políticas, los regímenes totalitarios están forjando alianzas estratégicas que amenazan la estabilidad global. Este fenómeno no solo pone en riesgo el orden internacional, sino que también evidencia la fragilidad de las democracias liberales. 

Rusia, China, Irán y Corea del Norte

Casi tres años después de la invasión rusa a Ucrania, las repercusiones de este conflicto han desestabilizado la geopolítica mundial. Las normas internacionales que protegen la soberanía y la integridad territorial están siendo desafiadas, revelando desacuerdos en alianzas clave, como la OTAN y la Unión Europea.

La situación en Taiwán se agrava con la presidencia de Lai Ching-te, quien ha defendido firmemente la soberanía de la isla. China, viéndolo como un “peligro separatista”, intensifica su retórica y sus acciones militares, lo que genera un clima de creciente inestabilidad en la región.

Irán no solo ha atacado a Israel en abril de 2024, llevando a ambos países a una confrontación directa, sino que también ha fortalecido sus alianzas con grupos terroristas como Hezbolá y Hamás. Con objetivos de debilitar la influencia de Estados Unidos en la región y desestabilizar a Israel.

Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur han entrado en mayor tensión. Aunque los expertos consideran que un conflicto bélico es poco probable, la situación ha llevado a ambos ejércitos a un estado de alerta constante. 

Cooperación militar y económica

Lo que resulta inquietante de estos conflictos es la cooperación entre estos regímenes, que comparten una clara tendencia a desafiar los valores occidentales. En el ámbito militar, la decisión de Corea del Norte de enviar soldados a Rusia, junto con los ejercicios conjuntos entre China y Rusia, demuestra una estrategia coordinada. Rusia también ha aumentado su suministro de equipos militares a Irán.

En el ámbito económico, China e Irán han fortalecido sus lazos a través de exportaciones de petróleo y acuerdos de inversión. Además, China es el mayor socio comercial de Corea del Norte. La creciente colaboración entre Rusia y China, a través de grupos como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, demuestra el esfuerzo por contrarrestar la influencia occidental.

¿Hacia dónde vamos?

Estos ejemplos, aunque no exhaustivos, revelan una estrategia común: contrarrestar la influencia occidental y afirmar su presencia en la arena internacional, lo que representa una amenaza no solo para la democracia, sino también para la seguridad global.

Ante este panorama alarmante, es fundamental que las democracias liberales formulen una respuesta coherente y efectiva. La vigilancia y la acción colectiva son más importantes que nunca, ya que el orden internacional tal como lo conocemos está en juego.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

La población busca soluciones a sus problemas.

El Gobierno cumplió nueve meses en el poder, lo que nos permite hacer una evaluación preliminar de su trabajo. En general, se puede decir que ha sido muy similar a otros gobiernos durante su primer año, en cuanto a una ejecución baja del presupuesto.

Durante los primeros meses, los nuevos funcionarios públicos se están adaptando y aprendiendo el trabajo que les toca hacer. Las instituciones de gobierno son complejas de manejar y hay muchos interesados en tratar de influir en las decisiones; desde los sindicatos, hasta contratistas del Estado que desean ganar contratos. Todos los gobiernos pasan por ese proceso de aprendizaje durante los primeros meses.

Sin embargo, a partir de cierto punto, los nuevos funcionarios tienen que pasar del aprendizaje a la acción. La población necesita obtener respuestas en seguridad, carreteras, educación, salud y otros servicios básicos.

La “luna de miel” termina y las personas comienzan a dejar de ser comprensivas y exigen soluciones.  Es probable que el Gobierno haya llegado a ese punto y de ahora en adelante, la población les exigirá mayores resultados, sobre todo después de la ampliación presupuestaria.

Uno de los puntos más críticos y visibles ha sido la infraestructura. Por años el Ministerio de Comunicaciones ha sido centro de corrupción y se han hecho muy malas obras. Eso explica la crisis que estamos pasando. Pero las autoridades actuales tienen que encontrar una solución y levantar de nuevo las carreteres y puentes afectados en los últimos meses.

Sin carreteras en buen estado, a las personas se les dificulta trabajar, transportar sus productos, hacer compras, entre otras actividades. Esto provoca gran malestar y termina desgastando al Gobierno.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 24 de octubre de 2024.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

La población busca soluciones a sus problemas.

El Gobierno cumplió nueve meses en el poder, lo que nos permite hacer una evaluación preliminar de su trabajo. En general, se puede decir que ha sido muy similar a otros gobiernos durante su primer año, en cuanto a una ejecución baja del presupuesto.

Durante los primeros meses, los nuevos funcionarios públicos se están adaptando y aprendiendo el trabajo que les toca hacer. Las instituciones de gobierno son complejas de manejar y hay muchos interesados en tratar de influir en las decisiones; desde los sindicatos, hasta contratistas del Estado que desean ganar contratos. Todos los gobiernos pasan por ese proceso de aprendizaje durante los primeros meses.

Sin embargo, a partir de cierto punto, los nuevos funcionarios tienen que pasar del aprendizaje a la acción. La población necesita obtener respuestas en seguridad, carreteras, educación, salud y otros servicios básicos.

La “luna de miel” termina y las personas comienzan a dejar de ser comprensivas y exigen soluciones.  Es probable que el Gobierno haya llegado a ese punto y de ahora en adelante, la población les exigirá mayores resultados, sobre todo después de la ampliación presupuestaria.

Uno de los puntos más críticos y visibles ha sido la infraestructura. Por años el Ministerio de Comunicaciones ha sido centro de corrupción y se han hecho muy malas obras. Eso explica la crisis que estamos pasando. Pero las autoridades actuales tienen que encontrar una solución y levantar de nuevo las carreteres y puentes afectados en los últimos meses.

Sin carreteras en buen estado, a las personas se les dificulta trabajar, transportar sus productos, hacer compras, entre otras actividades. Esto provoca gran malestar y termina desgastando al Gobierno.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 24 de octubre de 2024.

Recientemente se han instalado las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales estarán en funciones para el periodo 2024-2029.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso interno en la CSJ, la presidencia ha sido asumida de forma interina por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso a los presentes.

Me llamó la atención una parte de su intervención: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.

No cabe duda de que la justicia guatemalteca ha sido politizada e instrumentalizada como un mecanismo de control social para silenciar opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han llevado casos contra poderosas figuras de la política nacional. 

Lo irónico es que, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público logró que un juez emitiera una orden de captura contra Ramiro Muñoz, quien fuera registrador de ciudadanos y que se disponía a asumir como magistrado de la Corte de Apelaciones.

No tiene sentido debatir los méritos de la acusación, pues resulta evidente que la forma y el momento de su detención tenían un tinte de castigo por no haberse plegado en 2023 para operar la cancelación del partido del actual gobierno, durante la intentona de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.

Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. De manera similar, el diputado Luis Aguirre y otros políticos se han pronunciado sobre la necesidad de poner un freno a dicha politización. Este sería el primer paso para comenzar la restauración de la confianza en una justicia que tiene muchas deudas pendientes con la población.

Recientemente se han instalado las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales estarán en funciones para el periodo 2024-2029.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso interno en la CSJ, la presidencia ha sido asumida de forma interina por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso a los presentes.

Me llamó la atención una parte de su intervención: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.

No cabe duda de que la justicia guatemalteca ha sido politizada e instrumentalizada como un mecanismo de control social para silenciar opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han llevado casos contra poderosas figuras de la política nacional. 

Lo irónico es que, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público logró que un juez emitiera una orden de captura contra Ramiro Muñoz, quien fuera registrador de ciudadanos y que se disponía a asumir como magistrado de la Corte de Apelaciones.

No tiene sentido debatir los méritos de la acusación, pues resulta evidente que la forma y el momento de su detención tenían un tinte de castigo por no haberse plegado en 2023 para operar la cancelación del partido del actual gobierno, durante la intentona de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.

Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. De manera similar, el diputado Luis Aguirre y otros políticos se han pronunciado sobre la necesidad de poner un freno a dicha politización. Este sería el primer paso para comenzar la restauración de la confianza en una justicia que tiene muchas deudas pendientes con la población.

Guatemala necesita hacer cambios, pero no revoluciones.

Es innegable que la Revolución de Octubre trajo cambios al país. Guatemala adoptó tendencias que se estaban dando en todo el mundo. Por ejemplo, se estableció la seguridad social, que había sido adaptado por Estados Unidos una década antes, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt. Además, la Constitución de 1945 reconoció el derecho de las mujeres a votar, lo que había sucedido en Inglaterra diecisiete años antes.

Y así podría citarse otros cambios que se dieron en Guatemala en el contexto de lo que sucedía a nivel mundial. El mismo derrocamiento de Jorge Ubico y de Ponce Vaides ocurrió en una ola democrática en América Latina.

La Revolución fracasó cuando Árbenz implementó la reforma agraria y expropió fincas, irrespetando la propiedad privada. Algunos indican que se estaba siguiendo el modelo de Taiwán, que había aplicado una reforma agraria a finales de los cuarenta. Pero en el caso de ese país, las tierras se las quitaron principalmente a los japoneses, que habían invadido la Isla durante décadas.

En ese sentido, los taiwaneses no pusieron resistencia, porque las tierras se las quitaron a los “invasores” japoneses y no a sus mismos ciudadanos. Pero en el caso de Guatemala, se les estaba quitando su propiedad a ciudadanos guatemaltecos, que tenían todo el derecho a la propiedad privada.

En Guatemala no necesitamos otra revolución, sino cambios al Sistema de Justicia para que funcione, lo que nos traería paz y prosperidad. Para ello, no es necesario convocar una Asamblea Constituyente y hacer una nueva Constitución. La que tenemos no es perfecta, pero funciona.

Los cambios a la Constitución vigente deben ser mínimos, solo para mejorar nuestro Sistema de Justicia y, que al fin, logremos tener un auténtico Estado de Derecho, la condición indispensable para el desarrollo.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 17 de octubre de 2024.

La inteligencia artificial y el uso de armas automatizadas están redefiniendo la guerra moderna.

La guerra siempre evoluciona, y hoy el uso de la inteligencia artificial (IA) en el campo de batalla marca un cambio radical. Sin embargo, este avance carece de la regulación internacional necesaria. El uso creciente de drones y el desarrollo de sistemas automatizados amplía las capacidades militares, pero también plantea serias preocupaciones.

Expertos advierten que la militarización de la IA recuerda la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría. El presidente ruso ha declarado que “la nación que lidere en IA dominará el mundo.” Actualmente, casi todos los miembros de la OTAN tienen capacidad para utilizar drones, y actores no estatales también pueden acceder a esta tecnología.

​​Beneficios y desventajas

El uso de armas automatizadas podría ofrecer ciertos beneficios, como operaciones más eficientes y menor riesgo para el personal militar. Sin embargo, los riesgos éticos son significativos. La incapacidad de estos sistemas para distinguir entre civiles y combatientes puede resultar en tragedias humanitarias. Además, la automatización elimina el juicio humano en decisiones letales, lo que plantea dilemas éticos graves.

La falta de regulación internacional permite que tanto Estados como grupos terroristas utilicen estas armas sin restricciones adecuadas. A pesar de que existen convenios que incluyen a grupos no estatales en conflictos, su eficacia se ve limitada por la dificultad de hacer cumplir estos principios contra estos.

Implicaciones legales y éticas

El vacío legal sobre el uso de armas automatizadas podría resultar en su uso desmedido. La ética varía entre países, complicando la creación de un marco regulatorio unificado. Aunque ha habido intentos de abordar el tema, como el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Letales Automatizadas, estos esfuerzos son insuficientes.

Mientras tanto, muchos países están aumentando sus presupuestos para investigar y desarrollar estas tecnologías, lo que intensifica las preocupaciones sobre una nueva carrera armamentista. La posibilidad de que la IA se utilice en la toma de decisiones sobre armas nucleares es especialmente inquietante. Estados Unidos, en 2022, indicó que en el caso de armas nucleares “siempre mantendrían a un humano al tanto” en sus decisiones, al igual que el Reino Unido. Sin embargo, Rusia y China han mostrado poca disposición a regular este aspecto.

Conclusión

La inteligencia artificial y el uso de armas automatizadas están redefiniendo la guerra moderna. Es urgente que la comunidad internacional colabore para establecer regulaciones que garanticen el uso responsable de estas tecnologías. Sin un marco regulatorio claro y efectivo, el riesgo de una catástrofe humanitaria aumenta, y la responsabilidad ética en su desarrollo es más crucial que nunca para evitar un futuro desastroso.

Los nuevos magistrados pueden cambiar el destino del país.

La semana pasada trascendió la noticia de que liberaron a los integrantes de una peligrosa estructura criminal, llamados “Los Oajaca”, que habían sido condenados a más de 200 años de prisión por asesinato y otros delitos graves.

Esto provocó una lluvia de críticas en redes sociales hacia el tribunal que tomó esta terrible decisión. A los pocos días de dejarlos en libertad, el líder de esta banda criminal fue detenido nuevamente cuando intentaba ingresar armas a la cárcel Pavoncito. ¿Alguna duda de la pésima decisión de este tribunal?

En los últimos años, el sistema de justicia de Guatemala ha dejado en libertad a una gran cantidad de personas acusadas de diversos delitos y crímenes. Pareciera que quienes tienen suficientes recursos económicos e influencia lograrán comprar impunidad.

Un sistema de justicia que está al servicio de la corrupción, la criminalidad y el narcotráfico solo provoca pobreza, violencia y conflictos sociales. No se puede vivir en paz si no se tiene un sistema de justicia que funcione, castigando a los malos y trayendo justicia a los buenos ciudadanos.

Ante este panorama desolador, los nuevos magistrados tienen la oportunidad de hacer historia y traer nueva esperanza de justicia al país.  Deben demostrar independencia de cualquier grupo de interés o de cualquier grupo político. Solo así lograrán emitir sentencias apegadas a derecho, que traigan paz a los guatemaltecos.

Pero, además, deben trabajar en aspectos prácticos, como aumentar la cantidad de tribunales a nivel nacional para reducir el tiempo de los juicios, entre otras medidas administrativas.

Existe la percepción que la justicia de Guatemala sirve para proteger criminales y perseguir inocentes. Ojalá esto cambie con los nuevos magistrados. La historia los juzgará.

 Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de octubre de 2024.