El actual modelo de construcción colapsó.

La infraestructura del país entró en una grave crisis. Derrumbes, puentes colapsados y carreteras en muy mal estado, lo que significa largas colas y mayores costos de transporte.

Es probable que esto implique un aumento de precios en el futuro. La situación es crítica, porque termina afectando a las familias más necesitadas. Sin embargo, estamos cosechando lo que se ha hecho mal en las últimas décadas.

A mediados de los años noventa la infraestructura del país también entró en crisis. La Dirección General de Caminos había colapsado por los altos niveles de corrupción y entonces se creó COVIAL, una nueva unidad dentro del Ministerio de Comunicaciones que contrataría a empresas para que se hicieran cargo de la infraestructura del país.

La idea era que las empresas privadas harían un mejor trabajo que Caminos. Sin embargo, con el tiempo, muchos diputados, alcaldes, gobernadores y personas con conexiones políticas comenzaron a crear empresas para conseguir los contratos de COVIAL. Para conseguirlos, pagaban altos porcentajes en “mordida”, lo que resultaba en infraestructura de muy mala calidad.

COVIAL terminó siendo atrapado por una red de corrupción inmensa que ha ganado dinero haciendo pésimos trabajos de conservación vial, que se cae en los inviernos y que hay que reconstruirla constantemente. Y el problema se extiende a todo el MICIVI.

Actualmente, se está discutiendo en el Congreso una Ley de Infraestructura, que pretende corregir los graves problemas en el actual modelo de construcción. Esa ley debe aprobarse, aunque deben analizarse muy bien los detalles de varios artículos para evitar los errores del pasado.

No podemos darnos el lujo de aprobar un nuevo marco legal que termine teniendo los mismos vicios de Caminos o COVIAL. El Congreso tiene la palabra.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 31 de octubre de 2024.

El actual modelo de construcción colapsó.

La infraestructura del país entró en una grave crisis. Derrumbes, puentes colapsados y carreteras en muy mal estado, lo que significa largas colas y mayores costos de transporte.

Es probable que esto implique un aumento de precios en el futuro. La situación es crítica, porque termina afectando a las familias más necesitadas. Sin embargo, estamos cosechando lo que se ha hecho mal en las últimas décadas.

A mediados de los años noventa la infraestructura del país también entró en crisis. La Dirección General de Caminos había colapsado por los altos niveles de corrupción y entonces se creó COVIAL, una nueva unidad dentro del Ministerio de Comunicaciones que contrataría a empresas para que se hicieran cargo de la infraestructura del país.

La idea era que las empresas privadas harían un mejor trabajo que Caminos. Sin embargo, con el tiempo, muchos diputados, alcaldes, gobernadores y personas con conexiones políticas comenzaron a crear empresas para conseguir los contratos de COVIAL. Para conseguirlos, pagaban altos porcentajes en “mordida”, lo que resultaba en infraestructura de muy mala calidad.

COVIAL terminó siendo atrapado por una red de corrupción inmensa que ha ganado dinero haciendo pésimos trabajos de conservación vial, que se cae en los inviernos y que hay que reconstruirla constantemente. Y el problema se extiende a todo el MICIVI.

Actualmente, se está discutiendo en el Congreso una Ley de Infraestructura, que pretende corregir los graves problemas en el actual modelo de construcción. Esa ley debe aprobarse, aunque deben analizarse muy bien los detalles de varios artículos para evitar los errores del pasado.

No podemos darnos el lujo de aprobar un nuevo marco legal que termine teniendo los mismos vicios de Caminos o COVIAL. El Congreso tiene la palabra.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 31 de octubre de 2024.

¿Tiene posibilidades reales de asumir la investidura?

Antes de analizar el 10E2025, revisemos algunos conceptos clave de teoría política:

En oportunidades anteriores, hablamos de la soberanía, que en términos realistas es el nomos de la tierra, es decir, la capacidad de establecer un orden político de mando-obediencia sobre un territorio, idealmente a través del derecho. Esta concepción de soberanía (Hobbes, Bodino) se aleja de la idea liberal de "soberanía popular" (Suárez, Rousseau), antecedente iluminista de la legitimidad democrática a través de elecciones que asumimos contemporáneamente como incuestionable y eterna.

En Venezuela, lamentablemente, la situación actual muestra la manifestación más trascendental y ahistórica de lo político: el poder reside en quien tiene el control efectivo del Estado-territorio. En este contexto, la “soberanía popular” del pueblo venezolano, al estar confiscada en la práctica, pasa a un segundo plano frente a quien ejerce el mando real del espacio político.

Con esto claro, ¿Qué significa el 10 de enero de 2025 para González Urrutia?

Analicemos dos escenarios:

Escenario 1: Toma de posesión simbólica desde el exilio

• Una investidura simbólica, similar a la de la Segunda República Española en los años 30, le brindaría una "legitimidad" en el ámbito internacional, pero sin control del territorio venezolano. Este escenario implicaría emprender cuanto antes un trabajo político de largo aliento en varios países con el objetivo de que nos brinden un apoyo efectivo (económico, presión con sanciones, inteligencia, etc.) para restituir nuestra soberanía popular, más allá de declaraciones diplomáticas de salón.

Escenario 2: Intento de ingresar a Venezuela para la toma de posesión

• Este escenario presenta retos que pondrían a prueba el compromiso de varios gobiernos con la defensa de la democracia venezolana:

1. Pérdida del estatus de asilado político de González Urrutia en España: Según la Convención de Ginebra de 1951, si el asilado regresa al país del que huyó, pierde automáticamente su estatus de asilo en el país que se lo otorgó. Y aunque Edmundo González asuma el costo de perder el asilo en España, colocando a ese gobierno en un impasse con el régimen chavista debido a las negociaciones que tuvieron lugar para permitir su exilio, nos enfrentamos a otro escenario a continuación.

2. Las autoridades venezolanas pueden bloquear su ingreso por rutas aéreas, como ha sucedido en otras oportunidades con ex presidentes de la región (Fox, Quiroga, Moscoso y Rodríguez este año, en los días previos al 28J), e incluso con presidentes en funciones (Alejandro Giammattei en 2020), que han querido ingresar a territorio venezolano y les ha sido negada la entrada. Y en el caso de que se intente ingresar por vía terrestre, habría una posible profundización de la tensión diplomática con los gobiernos de Colombia y Brasil (de por sí ya distanciados de Maduro) por permitirle a Edmundo González el acceso a Venezuela a través de sus fronteras.

Además de lo antes descrito, juega en contra otro factor y es el desfase entre los tiempos de la crisis venezolana con los tiempos de la transmisión de poder en Estados Unidos. Básicamente, gane quien gane la elección presidencial en la potencia del norte, todo apunta a que no disminuirá la polarización en ese país y habrá una transición de mando compleja el 20 de enero de 2025. Hasta esa fecha, 10 días después de la toma de posesión en Venezuela, Estados Unidos no revisará su postura hacia el país y eso le compra tiempo a Nicolás Maduro para que pueda imponerse por todas las vías y tener controladas las variables que necesita para gobernar.

De manera que, a poco más de 2 meses, las probabilidades de que Edmundo González Urrutia logre tomar posesión como presidente de la República en territorio venezolano el 10 de enero de 2025 son escasas, por no decir nulas.

¿Tiene posibilidades reales de asumir la investidura?

Antes de analizar el 10E2025, revisemos algunos conceptos clave de teoría política:

En oportunidades anteriores, hablamos de la soberanía, que en términos realistas es el nomos de la tierra, es decir, la capacidad de establecer un orden político de mando-obediencia sobre un territorio, idealmente a través del derecho. Esta concepción de soberanía (Hobbes, Bodino) se aleja de la idea liberal de "soberanía popular" (Suárez, Rousseau), antecedente iluminista de la legitimidad democrática a través de elecciones que asumimos contemporáneamente como incuestionable y eterna.

En Venezuela, lamentablemente, la situación actual muestra la manifestación más trascendental y ahistórica de lo político: el poder reside en quien tiene el control efectivo del Estado-territorio. En este contexto, la “soberanía popular” del pueblo venezolano, al estar confiscada en la práctica, pasa a un segundo plano frente a quien ejerce el mando real del espacio político.

Con esto claro, ¿Qué significa el 10 de enero de 2025 para González Urrutia?

Analicemos dos escenarios:

Escenario 1: Toma de posesión simbólica desde el exilio

• Una investidura simbólica, similar a la de la Segunda República Española en los años 30, le brindaría una "legitimidad" en el ámbito internacional, pero sin control del territorio venezolano. Este escenario implicaría emprender cuanto antes un trabajo político de largo aliento en varios países con el objetivo de que nos brinden un apoyo efectivo (económico, presión con sanciones, inteligencia, etc.) para restituir nuestra soberanía popular, más allá de declaraciones diplomáticas de salón.

Escenario 2: Intento de ingresar a Venezuela para la toma de posesión

• Este escenario presenta retos que pondrían a prueba el compromiso de varios gobiernos con la defensa de la democracia venezolana:

1. Pérdida del estatus de asilado político de González Urrutia en España: Según la Convención de Ginebra de 1951, si el asilado regresa al país del que huyó, pierde automáticamente su estatus de asilo en el país que se lo otorgó. Y aunque Edmundo González asuma el costo de perder el asilo en España, colocando a ese gobierno en un impasse con el régimen chavista debido a las negociaciones que tuvieron lugar para permitir su exilio, nos enfrentamos a otro escenario a continuación.

2. Las autoridades venezolanas pueden bloquear su ingreso por rutas aéreas, como ha sucedido en otras oportunidades con ex presidentes de la región (Fox, Quiroga, Moscoso y Rodríguez este año, en los días previos al 28J), e incluso con presidentes en funciones (Alejandro Giammattei en 2020), que han querido ingresar a territorio venezolano y les ha sido negada la entrada. Y en el caso de que se intente ingresar por vía terrestre, habría una posible profundización de la tensión diplomática con los gobiernos de Colombia y Brasil (de por sí ya distanciados de Maduro) por permitirle a Edmundo González el acceso a Venezuela a través de sus fronteras.

    

Además de lo antes descrito, juega en contra otro factor y es el desfase entre los tiempos de la crisis venezolana con los tiempos de la transmisión de poder en Estados Unidos. Básicamente, gane quien gane la elección presidencial en la potencia del norte, todo apunta a que no disminuirá la polarización en ese país y habrá una transición de mando compleja el 20 de enero de 2025. Hasta esa fecha, 10 días después de la toma de posesión en Venezuela, Estados Unidos no revisará su postura hacia el país y eso le compra tiempo a Nicolás Maduro para que pueda imponerse por todas las vías y tener controladas las variables que necesita para gobernar.

De manera que, a poco más de 2 meses, las probabilidades de que Edmundo González Urrutia logre tomar posesión como presidente de la República en territorio venezolano el 10 de enero de 2025 son escasas, por no decir nulas.

Es fundamental que las democracias liberales formulen una respuesta coherente y efectiva.

Mientras Occidente enfrenta divisiones políticas, los regímenes totalitarios están forjando alianzas estratégicas que amenazan la estabilidad global. Este fenómeno no solo pone en riesgo el orden internacional, sino que también evidencia la fragilidad de las democracias liberales. 

Rusia, China, Irán y Corea del Norte

Casi tres años después de la invasión rusa a Ucrania, las repercusiones de este conflicto han desestabilizado la geopolítica mundial. Las normas internacionales que protegen la soberanía y la integridad territorial están siendo desafiadas, revelando desacuerdos en alianzas clave, como la OTAN y la Unión Europea.

La situación en Taiwán se agrava con la presidencia de Lai Ching-te, quien ha defendido firmemente la soberanía de la isla. China, viéndolo como un “peligro separatista”, intensifica su retórica y sus acciones militares, lo que genera un clima de creciente inestabilidad en la región.

Irán no solo ha atacado a Israel en abril de 2024, llevando a ambos países a una confrontación directa, sino que también ha fortalecido sus alianzas con grupos terroristas como Hezbolá y Hamás. Con objetivos de debilitar la influencia de Estados Unidos en la región y desestabilizar a Israel.

Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur han entrado en mayor tensión. Aunque los expertos consideran que un conflicto bélico es poco probable, la situación ha llevado a ambos ejércitos a un estado de alerta constante. 

Cooperación militar y económica

Lo que resulta inquietante de estos conflictos es la cooperación entre estos regímenes, que comparten una clara tendencia a desafiar los valores occidentales. En el ámbito militar, la decisión de Corea del Norte de enviar soldados a Rusia, junto con los ejercicios conjuntos entre China y Rusia, demuestra una estrategia coordinada. Rusia también ha aumentado su suministro de equipos militares a Irán.

En el ámbito económico, China e Irán han fortalecido sus lazos a través de exportaciones de petróleo y acuerdos de inversión. Además, China es el mayor socio comercial de Corea del Norte. La creciente colaboración entre Rusia y China, a través de grupos como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, demuestra el esfuerzo por contrarrestar la influencia occidental.

¿Hacia dónde vamos?

Estos ejemplos, aunque no exhaustivos, revelan una estrategia común: contrarrestar la influencia occidental y afirmar su presencia en la arena internacional, lo que representa una amenaza no solo para la democracia, sino también para la seguridad global.

Ante este panorama alarmante, es fundamental que las democracias liberales formulen una respuesta coherente y efectiva. La vigilancia y la acción colectiva son más importantes que nunca, ya que el orden internacional tal como lo conocemos está en juego.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

La población busca soluciones a sus problemas.

El Gobierno cumplió nueve meses en el poder, lo que nos permite hacer una evaluación preliminar de su trabajo. En general, se puede decir que ha sido muy similar a otros gobiernos durante su primer año, en cuanto a una ejecución baja del presupuesto.

Durante los primeros meses, los nuevos funcionarios públicos se están adaptando y aprendiendo el trabajo que les toca hacer. Las instituciones de gobierno son complejas de manejar y hay muchos interesados en tratar de influir en las decisiones; desde los sindicatos, hasta contratistas del Estado que desean ganar contratos. Todos los gobiernos pasan por ese proceso de aprendizaje durante los primeros meses.

Sin embargo, a partir de cierto punto, los nuevos funcionarios tienen que pasar del aprendizaje a la acción. La población necesita obtener respuestas en seguridad, carreteras, educación, salud y otros servicios básicos.

La “luna de miel” termina y las personas comienzan a dejar de ser comprensivas y exigen soluciones.  Es probable que el Gobierno haya llegado a ese punto y de ahora en adelante, la población les exigirá mayores resultados, sobre todo después de la ampliación presupuestaria.

Uno de los puntos más críticos y visibles ha sido la infraestructura. Por años el Ministerio de Comunicaciones ha sido centro de corrupción y se han hecho muy malas obras. Eso explica la crisis que estamos pasando. Pero las autoridades actuales tienen que encontrar una solución y levantar de nuevo las carreteres y puentes afectados en los últimos meses.

Sin carreteras en buen estado, a las personas se les dificulta trabajar, transportar sus productos, hacer compras, entre otras actividades. Esto provoca gran malestar y termina desgastando al Gobierno.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 24 de octubre de 2024.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

La población busca soluciones a sus problemas.

El Gobierno cumplió nueve meses en el poder, lo que nos permite hacer una evaluación preliminar de su trabajo. En general, se puede decir que ha sido muy similar a otros gobiernos durante su primer año, en cuanto a una ejecución baja del presupuesto.

Durante los primeros meses, los nuevos funcionarios públicos se están adaptando y aprendiendo el trabajo que les toca hacer. Las instituciones de gobierno son complejas de manejar y hay muchos interesados en tratar de influir en las decisiones; desde los sindicatos, hasta contratistas del Estado que desean ganar contratos. Todos los gobiernos pasan por ese proceso de aprendizaje durante los primeros meses.

Sin embargo, a partir de cierto punto, los nuevos funcionarios tienen que pasar del aprendizaje a la acción. La población necesita obtener respuestas en seguridad, carreteras, educación, salud y otros servicios básicos.

La “luna de miel” termina y las personas comienzan a dejar de ser comprensivas y exigen soluciones.  Es probable que el Gobierno haya llegado a ese punto y de ahora en adelante, la población les exigirá mayores resultados, sobre todo después de la ampliación presupuestaria.

Uno de los puntos más críticos y visibles ha sido la infraestructura. Por años el Ministerio de Comunicaciones ha sido centro de corrupción y se han hecho muy malas obras. Eso explica la crisis que estamos pasando. Pero las autoridades actuales tienen que encontrar una solución y levantar de nuevo las carreteres y puentes afectados en los últimos meses.

Sin carreteras en buen estado, a las personas se les dificulta trabajar, transportar sus productos, hacer compras, entre otras actividades. Esto provoca gran malestar y termina desgastando al Gobierno.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 24 de octubre de 2024.

Recientemente se han instalado las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales estarán en funciones para el periodo 2024-2029.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso interno en la CSJ, la presidencia ha sido asumida de forma interina por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso a los presentes.

Me llamó la atención una parte de su intervención: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.

No cabe duda de que la justicia guatemalteca ha sido politizada e instrumentalizada como un mecanismo de control social para silenciar opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han llevado casos contra poderosas figuras de la política nacional. 

Lo irónico es que, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público logró que un juez emitiera una orden de captura contra Ramiro Muñoz, quien fuera registrador de ciudadanos y que se disponía a asumir como magistrado de la Corte de Apelaciones.

No tiene sentido debatir los méritos de la acusación, pues resulta evidente que la forma y el momento de su detención tenían un tinte de castigo por no haberse plegado en 2023 para operar la cancelación del partido del actual gobierno, durante la intentona de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.

Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. De manera similar, el diputado Luis Aguirre y otros políticos se han pronunciado sobre la necesidad de poner un freno a dicha politización. Este sería el primer paso para comenzar la restauración de la confianza en una justicia que tiene muchas deudas pendientes con la población.

Recientemente se han instalado las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales estarán en funciones para el periodo 2024-2029.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso interno en la CSJ, la presidencia ha sido asumida de forma interina por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso a los presentes.

Me llamó la atención una parte de su intervención: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.

No cabe duda de que la justicia guatemalteca ha sido politizada e instrumentalizada como un mecanismo de control social para silenciar opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han llevado casos contra poderosas figuras de la política nacional. 

Lo irónico es que, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público logró que un juez emitiera una orden de captura contra Ramiro Muñoz, quien fuera registrador de ciudadanos y que se disponía a asumir como magistrado de la Corte de Apelaciones.

No tiene sentido debatir los méritos de la acusación, pues resulta evidente que la forma y el momento de su detención tenían un tinte de castigo por no haberse plegado en 2023 para operar la cancelación del partido del actual gobierno, durante la intentona de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.

Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. De manera similar, el diputado Luis Aguirre y otros políticos se han pronunciado sobre la necesidad de poner un freno a dicha politización. Este sería el primer paso para comenzar la restauración de la confianza en una justicia que tiene muchas deudas pendientes con la población.

Guatemala necesita hacer cambios, pero no revoluciones.

Es innegable que la Revolución de Octubre trajo cambios al país. Guatemala adoptó tendencias que se estaban dando en todo el mundo. Por ejemplo, se estableció la seguridad social, que había sido adaptado por Estados Unidos una década antes, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt. Además, la Constitución de 1945 reconoció el derecho de las mujeres a votar, lo que había sucedido en Inglaterra diecisiete años antes.

Y así podría citarse otros cambios que se dieron en Guatemala en el contexto de lo que sucedía a nivel mundial. El mismo derrocamiento de Jorge Ubico y de Ponce Vaides ocurrió en una ola democrática en América Latina.

La Revolución fracasó cuando Árbenz implementó la reforma agraria y expropió fincas, irrespetando la propiedad privada. Algunos indican que se estaba siguiendo el modelo de Taiwán, que había aplicado una reforma agraria a finales de los cuarenta. Pero en el caso de ese país, las tierras se las quitaron principalmente a los japoneses, que habían invadido la Isla durante décadas.

En ese sentido, los taiwaneses no pusieron resistencia, porque las tierras se las quitaron a los “invasores” japoneses y no a sus mismos ciudadanos. Pero en el caso de Guatemala, se les estaba quitando su propiedad a ciudadanos guatemaltecos, que tenían todo el derecho a la propiedad privada.

En Guatemala no necesitamos otra revolución, sino cambios al Sistema de Justicia para que funcione, lo que nos traería paz y prosperidad. Para ello, no es necesario convocar una Asamblea Constituyente y hacer una nueva Constitución. La que tenemos no es perfecta, pero funciona.

Los cambios a la Constitución vigente deben ser mínimos, solo para mejorar nuestro Sistema de Justicia y, que al fin, logremos tener un auténtico Estado de Derecho, la condición indispensable para el desarrollo.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 17 de octubre de 2024.