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Analizamos los primeros 100 días del gobierno de Jimmy Morales y el rumbo que podría tomar el país en los próximos meses.

Cien días han pasado desde que el presidente Jimmy Morales tomó posesión del cargo; y durante estos meses la crisis política e institucional que estalló en 2015 continúa afectando el funcionamiento de las instituciones del Estado

En medio de esta crisis el Congreso de la República ha tomado mayor protagonismo y es la institución sobre la que ha recaído la responsabilidad de dirigir la agenda de reformas que la ciudadanía pedía en las protestas. La respuesta del Congreso al clamor ciudadano ha sido preocupante: desde reformas y leyes que han sido aprobadas sin el objetivo de mejorar la situación actual, hasta el comportamiento cuestionable de algunos diputados que parecieran no entender el momento político que viven. Es poco lo que se ha avanzado hasta ahora en el fortalecimiento institucional que necesita Guatemala.

Además de los conflictos políticos, el país también enfrenta serias dificultades en la administración pública. Los problemas financieros del Estado han provocado que existan pocos avances en la difícil tarea de rescatar las instituciones gubernamentales, especialmente aquellas que brindan servicios importantes para la población como salud, educación y seguridad. A pesar de los esfuerzos del Ministerio Público y la CICIG, las instituciones siguen estando cooptadas por redes delictivas que buscan la forma de apropiarse de los recursos de los contribuyentes e impiden su correcto funcionamiento.

Es en este panorama complejo que el presidente Jimmy Morales debe buscarestrategias y consensos que le permitan dar respuestas certeras a los serios problemas que enfrenta el país. Todavía hay suficiente tiempo para retomar el rumboy construir un legado de cambios importantes para Guatemala.

¿Podrá el presidente Jimmy Morales y su gabinete de gobierno responder positivamente a la enorme responsabilidad que enfrentan?

Esta semana en Dimensión analizaremos los primeros 100 días del gobierno de Jimmy Morales y el rumbo que podría tomar el país en los próximos meses.

Panelistas:

- Christians Castillo (Investigador de IPNUSAC)

- Maria Dolores Arias (Conductora del programa “Más negocios” y “Contravía PM” en Libertópolis)

- Roberto Wager (Analista político y catedrático universitario)

Sintoniza el programa completo este domingo a a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del lunes por mañana:

Dimensión

Hipoteca su dignidad a cambio de un hueso.

En tiempos coloniales, el concepto náhuatl de achichincle era utilizado para referirse a los indígenas que servían voluntariamente a los españoles, y seguían sus órdenes ciegamente. La idea no se enmarcaba dentro del racismo sistémico de la pigmentocracia, sino constituía una expresión de rechazo de los mismos indígenas en contra de aquellos que se plegaban a los conquistadores con el fin de obtener algún privilegio social o económico. 

En El Señor Presidente, Miguel Ángel Asturias utilizó dicho concepto para describir a los funcionarios de Estrada Cabrera que agachaban la cabeza y seguían sus designios sin cuestionar sus directrices. Cual relación amo-siervo del medioevo, el servidor intercambiaba su lealtad a cambio de la protección y beneficios del dictador. 

Hoy la idea mantiene la connotación social de la colonia, y el carácter político que le impregnó nuestro Premio Nobel. El achichincle es aquel activista o servidor público que hipoteca su dignidad, tolera humillaciones y maltratos a cambio de un hueso. Es una relación utilitaria, pues en nuestro sistema clientelar, una plaza, un contrato, o mejor aún, el reconocimiento “del jefe”, son beneficios deseados por muchos. 

El servilismo es la característica que le define. Idolatra a su patrón, por lo que mueve cielo y tierra para agradarle, aún si en el proceso atenta contra la sensatez. Se ofende cuando cuestionan a su patrón: reniega de las críticas y publicaciones que señalan las insolvencias de su señor. 

Está dispuesto todo, incluso, a acatar y ejecutar órdenes sinsentido o ilegales, aún si esto implica violentar la ley y enfrentar las consecuencias. No importa; todo sea por adular a su jefe.

La experiencia 2015-2018 ha demostrado que la cultura del achichincle acarrea riesgos. Testaferros, prestanombres, asistentes o asesores de funcionarios públicos enfrentan proceso penal o están en prisión por haber seguido las insolvencias del señor. Bueno. Alguno que otro ha logrado romper las cadenas que le ataban al señor, y se han convertido en colaborador eficaz.

La cultura del achichincle es el complemento del caudillismo y la corrupción. Así como el conquistador y el dictador representaban la decadencia de antaño, el patrón hoy es referente de la degradación del sistema. Generalmente “el jefe” es un mandatario, ministro, diputado, dirigente partidista o director de una institución, carente de visión de Estado y para quien la política no es más que negocio o auto-promoción.

Si se quiere construir institucionalidad, es imperativo sustituir la obtención de cargos públicos vía la cultura del achichincle, por un régimen de servicio civil que sustente una burocracia profesional. A nivel social, implica reconocer que el “jefe” no es infalible; que sus órdenes pueden ser ilegales y que acatarlas puede acarrear consecuencias graves.

El domingo, 8 de octubre de 2018, se celebraron las elecciones en Brasil. Jair Bolsonaro obtuvo 46% de los votos y el profesor Haddad del Partido de los Trabajadores (PT) apenas llegó a un 29.3%. Todo se decidirá en una segunda vuelta electoral.

Pero hace tan solo unos meses, las encuestas colocaban en primer lugar al expresidente izquierdista, Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT). Algo sorprendente si tenemos en cuenta que Lula da Silva guarda prisión por su participación en el famoso caso Operação Lava Jato. Como segundo lugar aparecía Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) quien se posicionaba como exponente de la extrema derecha brasileña.  ¿Qué fue lo que cambió?

En septiembre el Tribunal Electoral resolvió que Lula no podía ser candidato debido a su situación legal. En vista de las circunstancias, el PT decidió postular como presidenciable a Fernando Haddad, un profesor de ciencias políticas que fue alcalde de São Paulo (un candidato con una clara inclinación a la izquierda radical y para nada exento de señalamientos de corrupción). Como vicepresidenciable postularon a Manuela d'Ávila, una joven periodista afiliada al Partido Comunista de Brasil. El binomio propuesto por el PT carecía de la popularidad de Lula pese a respaldo de éste y Bolsonaro se posicionó en poco tiempo como el candidato con mayor intención de voto.

Ahora bien, ¿quién es Jair Bolsonaro? Se trata de un ex militar de reserva y diputado brasileño.  Ha mantenido un discurso lleno de polémica que lo coloca en la extrema derecha del espectro político con un tono que raya en lo antidemócrata, en el racismo y la xenofobia.

En primer lugar, Bolsonaro ha sido muy indulgente con la dictadura brasileña que gobernó entre 1964 y 1985 e incluso llegó a afirmar que el error de la dictadura fue torturar y no matar. En otra oportunidad llamó a los refugiados que venían de países africanos, Haití y Bolivia, “escoria humana” y aseguró que Brasil no tenía por qué tener fronteras abiertas para recibirlos. En otra ocasión al hablar de los cimarrones (quilombolas en portugués los afrodescendientes de esclavos que huyeron del trabajo forzoso para formar pequeños pueblos) aseguró que “no servían ni para procrear” y que eran unos holgazanes. Palabras que no deberían salir de la boca de ninguna persona, menos aún de un candidato.

En estos momentos Brasil vive momentos difíciles. Tras los fracasos de los gobiernos de izquierda del PT de Lula y Dilma, empañados por los enormes escándalos de corrupción que rodearon dichas gestiones, no extraña que un candidato de corte populista como Bolsonaro sea la reacción. Una nota de la BBC recoge la declaración de un votante que afirma “prefiero un presidente homofóbico o racista a uno que sea ladrón".

Quizá a los ojos del votante medio brasileño, cansado del fracaso del “establishment político”, Bolsonaro sea una esperanza. Pero la preocupación radica en que Bolsonaro representa un populismo que además tiene un corte autoritario. Lula fue un populista que dio resultados muy pobres, pero al menos no tenía un sesgo antidemócrata como los populismos de izquierdas en Venezuela o Bolivia. Bolsonaro parece tener un sesgo antidemócrata que puede representar un peligro para las débiles instituciones democráticas y republicanas del Brasil.

La ausencia de un debate sobre el futuro del sistema político nacional

En estas épocas de postemporada de béisbol, recordé una frase coloquial que bien aplica a la situación actual de Guatemala. Desde relaciones amorosas hasta dinámicas laborales o de trabajo en equipo, cuando se encuentra a una persona negativa, que no propone soluciones, y que únicamente se dedica a bloquear las ideas y propuestas de terceros, se dice que ni picha, ni cacha, ni deja batear.

Pues bien. Resulta que esa frase sirve para definir el rol actual de las élites políticas en Guatemala en relación a la transformación política 2015-2018.

Una reflexión que se ha repetido hasta la saciedad es que la lucha contra la corrupción no se limita a la persecución penal de personajes vinculados a casos de corrupción o la desarticulación de estructuras que, durante años, se han dedicado al sistemático saqueo de las arcas públicas.

Un verdadero combate a la corrupción requiere –necesariamente- de un proceso de modernización normativa, de actualización de políticas públicas y de cambios en patrones de comportamiento. Sin esas fases ulteriores, el sistema patrimonialista permanecerá intacto en el tiempo, y los corruptos de ayer –algunos presos y otros prófugos- serán sustituidos por los corruptos de hoy y los de mañana.

Sin embargo, la acción de las élites políticas en Guatemala se limita a “no dejar batear”. Oponerse sistemáticamente a la continuación de la fase de depuración judicial de Ministerio Público y CICIG. La discusión de las reformas ulteriores para evitar un “retorno al pasado” está ausente.

Por ejemplo. Para nadie es un secreto que la mayor debilidad del sistema de justicia es la falta de autonomía de las autoridades judiciales frente al poder político y económico. Sin embargo, hoy no vemos una discusión racional sobre una necesaria reforma encaminada a modificar el sistema de comisiones de postulación, a fortalecer la carrera judicial o a aumentar el período de los jueces y magistrados. O peor aún, si nos quejamos que la justicia se politiza, ¿acaso no es un contrasentido que a los magistrados de las altas cortes los elija el Congreso mediante un proceso político? Obvio. Hablar de una reforma constitucional para fortalecer la justicia es un tema tabú.

Lo mismo ocurre con el sistema de contrataciones públicas. Si se sabe que los procesos de licitación han estado sujetos a amaños, trampas y corruptelas, ¿por qué no iniciar un proceso profundo de reforma a la ley de contrataciones? ¿O qué decir del servicio civil y la profesionalización del servicio público? ¿O de las contrataciones de obra gris y la necesaria reforma del Fondo de Conservación Vial (COVIAL)? Estos temas, y muchos otros más, están ausentes en la agenda política del país. De ahí que las élites políticas tampoco “pichen.”

Pero este proceso no se queda aquí. Porque cuando las propuestas provienen de diversos actores, se dejan en la congeladora. Sólo en materia de reforma constitucional están pendientes de atenderse las propuestas de ProReforma del 2008, del Consorcio ASIES-URL-USAC del 2011, y de la gran plataforma nacional por la reforma a la justicia del 2016. La apuesta es al statu quo. Cualquier cosa que implique cambiar las reglas del juego para limitar los espacios de la corrupción, es mejor dejarlos en el olvido. De ahí que las élites políticas tampoco “bateen”.

Por ello, en este juego, el proceso ha degenerado en un mero conflicto de poder. Entre quienes quieren detener de una y para siempre, el proceso de cambio político que inició en 2015. Y quienes quieren que la depuración judicial continúe, sin siquiera reflexionar sobre los puntos pendientes de la agenda. Y en medio, una élite política que no picha, no cacha ni deja batear.

“Si en todos los países y edades la unión es la fuerza de los pueblos, en el presente es más que en todos los tiempos precisa y necesaria (…) Que haya divisiones cuando la ley misma divide en dos sociedades a los individuos de una sociedad, que las haya cuando la ley eleva a unos pueblos sobre la ruina de otros; pero en un gobierno libre, en un gobierno que debe ser instituido por la voluntad misma de los representantes de los pueblos, deben cesar los motivos de división, triunfar la unión y desaparecer la causa de los partidos…” ¹

- Acta de Independencia de Guatemala. 15 de septiembre de 1821.

La atomización es un proceso químico mediante el cual la materia se divide en partículas sumamente pequeñas. Sin embargo, a pesar de ser este un término propio de las ciencias naturales, es apropiado a la hora de describir el fraccionamiento de los procesos políticos latinoamericanos en el contexto de creación de los Estados-nación a inicios del siglo XIX, es decir, de las llamadas independencias.

En vísperas de un año más de celebración independentista en Centroamérica es necesario volver a los textos fundacionales de la república. Tal vez mirar el pasado con ojos críticos y agudos pueda arrojar luces sobre ciertas interpretaciones de un presente que se muestra cada vez más vertiginoso e ininteligible.

Sobre esta balcanización, son esclarecedoras las ideas del prócer de la independencia centroamericana, José Cecilio del Valle, con respecto a la falta de unidad y de una dirección clara y de largo plazo en las élites nacionales en la consolidación las nacientes repúblicas de la América Española, tan sumidas en discrepancias internas (incluso guerras como en Suramérica), que hacían inviable cualquier proyecto republicano:

“La unidad de tiempo es en los grandes planes la que multiplica la fuerza y asegura el suceso; la que hace que dos tengan más poder que un millón. Cien mil fuerzas obrando en períodos distintos sólo obran como una. Diez fuerzas obrando simultáneamente obran como diez” ²

Las raíces de esta desintegración en toda América Latina se hallan en la propias élites nacionales y son, a nuestro juicio, estructurales y transversales a todos los procesos de continuación y ruptura desde la conquista hasta la actualidad. El historiador británico John Lynch habla de una independencia “por defecto” al referirse a Centroamérica,³ pues si bien la élite criolla quería reformas económicas y fiscales, se mostraba dividida ante la cuestión del cambio político.

En Guatemala, tenemos que para ese momento aparecían al menos dos grupos evidentes: los que eran favorables al gobierno central y a la monarquía, formado por actores de las capas medias ilustradas y peninsulares pudientes; y los partidarios de la independencia, formados por miembros de la aristocracia nacional e intelectuales de las capas medias de la sociedad. 

En los inicios de la república (hacia 1825), estas posiciones se cimentan en dos facciones (que modernamente podríamos considerar partidos políticos) que iban de lo moderado a lo radical. Según el propio Del Valle el espectro político de aquellos años se componía de aquellos más cercanos al antiguo régimen, los afectos a “doctrinas envejecidas”, temerosos a lo novedoso y al nuevo orden de las cosas, al cual denominó oposición retrógrada. Y otro grupo que quería un movimiento más rápido, una “convulsión más activa”, afectos a “doctrinas exageradas” y con “necesidad de sangre” a quienes llamó oposición por exceso.⁴ No obstante, para Del Valle, ambos bandos convergían en el aislamiento de lo que sucedía en Europa, América del Norte y Suramérica.

Prosigue Del Valle:

“los retrógrados quieren poder sin libertad y los exagerados, libertad sin poder; y ambos estados, además de ser imposibles en las naciones cultas y civilizadas, son resultados del triunfo efímero de una facción; y no constituyen la situación constante y permanente de la sociedad…” ⁵

Con esto se refiere a que no existía una formulación de proyecto nacional,⁶ es decir, no había un plan de Estado con grandes líneas estratégicas que todos los actores políticos del gobierno (independientemente de los partidos) acordaran seguir y cumplir, como sí lo hubo en Norteamérica.⁷ Probablemente una respuesta a esta miopía histórica de las élites se refiera a lo que se ha denominado absolutismo originario,⁸ que tiene que ver con la permanencia y continuidad en el tiempo de ciertas instituciones, patrones de comportamiento y actitudes que tienen sus orígenes en el pasado colonial⁹ y también a las condiciones materiales tan dramáticas (pocos pobladores, economías de subsistencia, además del tema indígena), que hacían impensable pensar en el largo plazo; de manera que, históricamente, las decisiones tendieron a lo inmediato y a la improvisación:

“Esta indecisión, que es un mal durante la lucha, es un verdadero bien si se atiende a que el momento de la convulsión, no es más a propósito para tomar una resolución prudente. Desgraciada la nación que se decide con ligereza. Es verdad que ninguna se decide, sino cuando la atacan en lo más vivo de su existencia…” ¹⁰

En ese sentido, si no hay una idea de Estado, ni un proyecto nacional con líneas estratégicas independiente de líneas partidistas, ni un pacto en las élites; la política estará destinada a servir exclusivamente intereses individuales, extractivos y de corto plazo. Sobre esto, Del Valle es elocuente:

“De aquí se infiere que todo partido puede contar que labra su propia ruina cuando su delirio llega al punto de comprometer los intereses más amados de la nación. No hay fuerza ni poder sino cuando se defienden intereses nacionales” ¹¹

Para el historiador John Lynch “no existía una nación”¹². Centroamérica para ese momento tenía una idea vaga de identidad nacional con élites “atomizadas” en regiones e intereses. Sin la unidad impuesta por España no había cohesión alguna y sin el absolutismo español no había ninguna autoridad central. En el período colonial la Corona había sido una fuente de legitimidad política y sus agentes habían arbitrado las disputas entre las élites. Ahora, las redes de familias regionales luchaban simultáneamente por hegemonía, recursos e inmunidad. Tampoco había Estado en el sentido de que entre 1823 y 1826 el gobierno central se abstuvo de actuar como tal, al no reclutar un ejército ni cobrar impuestos,¹³ características esenciales del Estado moderno.

Estas son las razones por las que no había un gobierno que pudiera hacer frente a ambas lides. Y mientras esta dialéctica se daba en el seno de las élites:

“existe la gran masa nacional, como un escollo eminente e inmoble, contra el cual vienen a estrellarse las olas encontradas que quieren dominarlo. Esta masa sosegada y, por así decirlo, inerte, ve las agitaciones, los furores, las injusticias de los partidos; estudia en silencio los hombres, las instituciones y los acontecimientos…” ¹⁴

En ese sentido, básicamente doscientos años de historia republicana no son más que una dilatada recopilación de intentos fallidos de lograr consensos y de acuerdos frustrados. La pregunta es cuándo se logrará ese anhelado concierto de intereses que establezca reformas de Estado tan urgentes como necesarias.

Referencias:

[1]  “Acta de Independencia de Guatemala”. Pensamiento político de la emancipación. Tomo II. Caracas. Biblioteca Ayacucho. Pp. 243-247

[2] DEL VALLE, José Cecilio. “Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé soñar”. Ibídem. Pp. 253. En este texto, Valle expone su proyecto de unidad americana. El título alude a una difundida obra del abate de Saint Pierre, escrita a principios del siglo XVIII, en la que proponía la formación de una federación europea.

[3] LYNCH, John. “Centroamérica, la independencia por defecto”. Las revoluciones hispanoamericanas. Barcelona. Editorial Ariel. 2001. Pp. 325

[4]  DEL VALLE, José Cecilio. “Gobierno representativo y oposición”. Obra Escogida. Caracas. Biblioteca Ayacucho. Pp. 54-55

[5] DEL VALLE, José Cecilio. Ibídem. Pp. 57

[6] Esta es una categoría del historiador Germán Carrera Damas que se refiere a los arreglos políticos, jurídicos y sociales que se fundaron esencialmente en la noción de soberanía nacional durante los procesos de independencia y la creación de repúblicas en América Latina. (CARRERA DAMAS, Germán (coord..) Formación histórico-social de América Latina. Caracas. UCV-CENDES. 1982. Pp. 193-194)

[7] El caso de los Estados Unidos de Norteamérica es elocuente porque ellos sí se plantearon −más allá de los intereses partidistas entre federalistas y anti-federalistas− qué nación querían ser y cómo lograrlo. En relación a lo primero, lo cual tiene que ver con los fines y objetivos, está la doctrina del “Destino Manifiesto”, que se basa en la creencia de que Estados Unidos de América era una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico, de allí la forma de Estado federal y la expansión territorial. Y en segundo lugar, en relación a los medios para alcanzar esos fines, están las ideas de Alexander Hamilton sobre la industrialización en su famoso Informe sobre manufacturas de 1790.

[8] Más allá de las continuidades y rupturas, la sociedad latinoamericana se conforma bajo el ámbito socio-político y espiritual de la modalidad colonial de la monarquía absoluta (CARRERA DAMAS, Germán. Ibídem. Pp. 122-123)

[9] STANLEY, J. / STEIN, Barbara. La herencia colonial de América Latina. Madrid. Siglo XXI Editores. 1993. Pp- 7-29

[10] DEL VALLE, José Cecilio. Ob. Cit. Pp. 58v

[11] Ídem. 

[12]  LYNCH, John. Ob Cit. Pp. 329

[13]  LYNCH, John. Ibídem. Pp. 331

[14]  Ídem.

Tomarse el debido proceso en serio debe ser una de las cuestiones básicas cuando se quiere construir una institucionalidad ceñida al ideal político de Estado de Derecho.

El eminente profesor de Harvard Ronald Dworkin irrumpió en el ámbito de la teoría del derecho con el libro cuyo título se toma en préstamo a efectos de nuestro propósito: Taking Rights Seriously (1977). Todo el mundo habla del debido proceso, pero mucho de lo que se dice sobre la garantía no es verdad y es muy superficial.

Tres errores principales dominan la discusión sobre el debido proceso en Guatemala. El primero, reduce el debido proceso al derecho a la defensa, eludiendo el haz de derechos que conforman la garantía con arreglo a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El segundo, simplifica la noción de derecho a la llamada presunción de inocencia, muchas veces poca comprendida, máxime si se analizan otros derechos rivales como el de libertad de expresión etc.

El tercero, supone que el ordenamiento jurídico de Guatemala satisface los requerimientos del debido proceso con arreglo a estándares internacionales y que las violaciones al debido proceso solo son producto de malas actuaciones por parte de determinados funcionarios o jueces. Estas tres visiones son erróneas como se tendrá ocasión de comprobar.

En una serie de entradas semanalmente me propongo analizar la garantía constitucional del debido proceso, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. En Guatemala pese a que se menciona constantemente la palabra«debido proceso», no hay literatura constitucional especializada que analice el tópico. Por ello, trataré en la medida de lo posible, de soportar mi investigación con fuentes documentales del derecho comparado, jurisprudencia nacional e internacional, sin menoscabo de mi propia perspectiva.

En el transcurso de las semanas criticaré con contundencia aquellas opiniones académicas y políticas expresadas por otros en el país. A pesar de que en el debate político se emplea constantemente la palabra «debido proceso» para apelar a su existencia en los distintos casos que se someten a los tribunales, o bien para criticar el comportamiento de los tribunales de justicia, Ministerio Público o CICIG, ello no ha estimulado la producción de libros, artículos, informes o entradas específicas para analizar la situación jurídica.

Es menester destacar que el uso de la palabra ha trascendido del ámbito judicial y se ha convertido en tema de conversación en la televisión, prensa escrita, universidades, centros de pensamiento y hogares. Este hecho singular solo viene a mostrar el interés ciudadano en casos judiciales básicamente relacionados con temas de corrupción o cuando no, con una especie de judicialización de la política.

Al ser la corrupción un problema de Estado[1], no es en rigor un fenómeno eminentemente político, ligado a la estructura de poder, a menos que se quiera referir que el sistema político constitucional se hizo para la corrupción. Es ante la corrupción, un fenómeno politizado que sin tener naturaleza o fines políticos, determina la dinámica política y en muchos casos podría llegar a tener significación e impacto político, en campañas, legislaciones etc.[2]

La mayoría de los casos judiciales mediatizados por la prensa son penales y han desencadenado que el vocabulario judicial sea asumido por “legos” formando parte de los discursos políticos. Uno de estos términos usados es el debido proceso.

Con una larga historia que se remonta a la Magna Carta Libertatum (1215), el debido proceso tiene eco en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969 entre otras.

La referida garantía del debido proceso, implica un haz de derechos que no siempre se analizan en su conjunto. Tales derechos son a título enunciativo y no taxativo, la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia[3]; derecho a ser oído públicamente por un tribunal competente; garantías institucionales que favorezcan independencia e imparcialidad judicial e incluso presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Con arreglo a la tradición constitucional occidental, la garantía implica a su vez, el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Además, protege a los individuos a no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, en tanto la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Además de los derechos antes referidos que conforman ese haz antes mencionado, debe incluirse el derecho a ser notificado en el idioma que la persona comprenda o si fuere el caso, asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; el derecho a ser informado en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada e incluso la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de una defensa; la obtención de un defensor, inclusive gratuito, si careciere de medios suficientes para pagarlo; y el ser juzgado sin dilaciones indebidas.

De igual modo, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, es decir, un derecho de apelación. En el procedimiento judicial aplicable a los menores de edad a efectos penales, se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

Conforme al principio de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

Por último, conforme al principio non bis in ídem, nadie podrá ser juzgado, ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Sobre todos estos derechos nos referiremos en las sucesivas entradas sobre este tema.

Referencias

[1] Njaim, Humberto, La corrupción, un problema de estado, Dirección de Cultura, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1995.

[2] García Pelayo, Manuel Idea de la política, Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas, 1999.

[3] Art. 14.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Llevamos en el país ya varios meses de movilización ciudadana como no habíamos visto en las últimas décadas, aunque los motivos que llevaron a las calles a las capas medias urbanas están presentes, desafortunadamente, desde hace ya mucho tiempo en nuestro país.

La corrupción, el fraude, el engaño, los abusos de poder en un sinfín de expresiones, la indolencia, la desvergüenza de una buena parte de la clase política, son males que venimos arrastrando y con los cuales nos hemos acostumbrado a convivir desde hace varios gobiernos. Si unos han robado más que otros ya resulta anecdótico. Es risible, cuando no ofensivo, que personajes de la política nacional hoy se quieran dar baños de pureza cuando ellos han sido parte y hasta protagonistas de esta podredumbre. Valga decir , que todos los sectores, de alguna u otra manera, tenemos nuestra cuota de responsabilidad en este estado de cosas.

“Pareciera que la CICIG de la mano del MP, nos aplicó una especie de terapia de choque, y nos enfrentó cara a cara con nuestros males” 

Pero en abril de este año algo pasó. Ese algo pareciera que despertó nuestra conciencia ciudadana o al menos la empezó a hacer reaccionar. Sí, pareciera que la CICIG de la mano del MP, nos aplicó una especie "terapia de choque", y nos enfrentó cara a cara con nuestros males; lo que viene pasando desde entonces es alentador. La CICIG sacudió el sistema pero también como decimos en buen chapín, nos pegó una gran sacudida a los ciudadanos… buena falta que nos hacía.

Quiero pensar que los guatemaltecos estamos inaugurando una nueva etapa en nuestra historia, marcada ahora ya no por la tolerancia a tanto desmán, sino más bien marcada por la continua vigilancia de los ciudadanos hacia sus autoridades. Ya no marcada por la apatía y el desdén con que acostumbramos ver todo lo relacionado con el quehacer político, sino más bien, marcada por la conciencia que la política nos incumbe a todos. Una etapa donde tomemos pleno conocimiento que el estado desastroso de los hospitales nacionales -esos mismos donde las carencias son inimaginables y motivo de pérdida de vidas humanas- y los enormes déficits en las escuelas del sector público, tienen su raíz principalmente en un sistema corrupto que hemos permitido por años.

¿Cómo es posible que los funcionarios públicos, o una buena parte de ellos, hagan con el erario público (despilfarro, gastos superfluos, etc.) lo que nunca harían con sus propios recursos? De ahora en adelante debemos exigir cuentas claras, publicidad y transparencia en la ejecución del gasto público. Exigir que la ley de acceso a la información pública se cumpla a cabalidad. Ya no más licitaciones públicas hechas “a la medida”.

En este momento no podemos ni debemos dar un paso atrás. Necesitamos continuar con la protesta ciudadana pacífica y responsable. Si ya hemos visto que los corruptos no se cansan, y es más, saquean con mucha velocidad, ¿por qué hemos de claudicar nosotros en nuestra lucha legítima?

Decencia y dignidad es lo que debemos exigir a la clase política, pero también como ciudadanos nos corresponde actuar bajos los mismos parámetros que exigimos.

El mensaje sigue siendo claro y fuerte: ¡nos cansamos! Queremos y merecemos otro país.

Hoy tomo prestadas las palabras de Celia Recinos: “Poner de moda la virtud”, eso es lo que necesitamos.

-“Espero que pronto amanezca en Guatemala”, me dijo recientemente un gran conocedor de este país, que merece todo mi respeto. Yo sólo pude suspirar y pensar, ojalá, ojalá…

El linchamiento ocurrido el fin de semana en Sololá, ha desnudado nuevamente la precariedad del Estado de Derecho en Guatemala.

Linchar a un ser humano es una de las expresiones más salvajes que puede manifestar cualquier sociedad. Significa retroceder siglos en la evolución de la civilización, ya que desatiende principios básicos como la presunción de inocencia de cualquier acusado, así como el derecho a la legítima defensa y a un proceso libre de vicios. Una turba decide, guiados más por emociones primitivas que por razones válidas, que la persona acusada debe morir.

Algunos defienden este tipo de actos, argumentando que la violencia ha llegado a niveles insoportables y que por tanto la población no tiene más remedio que tomar cartas en el asunto. Aducen que si entregan a los supuestos criminales a la policía o al sistema judicial, muy pronto saldrán libres, por lo que la única opción es tomar la justicia por las propias manos, como un acto de legítima defensa.

No dudo que estos argumentos hacen eco de la desesperación de la población, ante la impunidad con la que actúan los criminales en el país. Efectivamente, contamos con un Estado que no ha cumplido con la función básica de proteger la vida y la propiedad de las personas, lo que puede llevar a que la población tome medidas extremas.

“El linchamiento es una venganza, pero bajo ningún término significa justicia.”

Sin embargo, los linchamientos tienen efectos nocivos para una sociedad. En primer lugar, se presta para que personas inocentes sean víctimas de turbas enardecidas. En medio de un linchamiento no se escuchan razones. Las personas pueden acusar injustamente a un individuo de cometer actos criminales, sin que éste tenga el derecho de defenderse. ¿A cuántas personas inocentes se habrán linchado en este país?

En segundo lugar, aun cuando una persona sea culpable de un delito, éste debe ser juzgado por un sistema de justicia que le garantice un proceso adecuado, y también debe recibir una condena acorde al delito cometido. ¿Qué legitimidad tiene un grupo de personas cegadas por la furia de juzgar a un conciudadano? ¿Podrán ser justos y ecuánimes cuando lo que guía su actuar son las emociones? El linchamiento es una venganza, pero bajo ningún término significa justicia. Ésta última debe cumplir una serie de requisitos que garanticen ciertos derechos básicos al acusado y que al mismo tiempo atienda prontamente a las víctimas.

En tercer lugar, apoyar los linchamientos significa promover el caos. En una sociedad avanzada, el Estado es el único que debe tener el monopolio de la fuerza. Si cada quién busca la justicia por su propia mano, más pronto que tarde, tendremos matanzas indiscriminadas. Cualquiera podría ser víctima de un linchamiento, promovido por enemistades, más que por delitos cometidos.

Por último, los linchamientos pueden dañar seriamente la salud emocional de los individuos y afectar los tejidos sociales. Las personas que presencian un linchamiento pierden sensibilidad hacia el dolor del prójimo. Muchos niños han presenciado cómo una persona es quemada viva, con el jolgorio de las turbas que le rodean. ¿Qué traumas pueden dejar estas imágenes en la mente frágil de un niño? ¿Qué es lo que está aprendiendo de ese acto? ¿Cómo afectará esta experiencia su forma de relacionarse con el prójimo y la sociedad?

Fortalecer el sistema de justicia puede resultar un proceso demasiado complejo y demorado para muchas personas. Sin embargo, la convivencia pacífica depende en que sigamos ciertos principios y procesos que se aplican en sociedades más avanzadas que la nuestra. Nada justifica que una persona sea linchada. Eso es un crimen, jamás un acto de justicia.