Luego de las protestas del 21 de noviembre  de 2020, el presidente Alejandro Giammattei invocó la Carta Democrática Interamericana. Esto lo hizo, luego de asegurar que la estabilidad política e institucional del país “estaba en riesgo” y que se buscaba “forzar un golpe de Estado”. En respuesta, la Organización de Estados Americanos, cuyo Secretario General es Luis Almagro, dispuso una Misión Especial para evaluar la situación. 

Desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2020, los miembros de la Misión Especial, encabezada por Fulvio Pompeo, exSecretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, se reunieron con miembros de diferentes sectores para evaluar la situación política, social e institucional del país. El 12 de enero de 2021 se remitió un informe que recoge las observaciones. 

En 14 páginas, el jefe de la Misión Especial presenta las principales preocupaciones y recomendaciones para Guatemala en materia de instituciones, seguridad, justicia y corrupción. ¿Qué dice el informe? 

En resumidas cuentas, el informe detalla la debilidad de las instituciones políticas en nuestro país. Desde la percepción de corrupción e impunidad, la falta de transparencia en el gasto público, la preocupación que existe por las instituciones encargadas de garantizar Justicia en el país; hasta temas puntuales sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades en las protestas del 21 y 28 de noviembre de 2020. 

Una de las aristas que explora el informe es respecto al estado del sistema de justicia en el país. La no renovación de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia es una lamentable violación al Estado de Derecho. Pero más allá de eso, expone con preocupación la futura renovación de la Corte de Constitucionalidad y hace un llamado a la transparencia en el proceso. 

Con este informe es poco probable que la forma en la que se hace política en Guatemala se modifique. Mucho menos que los principales responsables del estado de las cosas se sientan aludidos. Pero lo cierto es que expone ante las Américas y el mundo el lamentable estado de las instituciones y la necesidad de hacer cambios profundos de manera urgente; entre ellos la Reforma a la Ley Electoral y la Ley de Servicio Civil. Ojalá que las autoridades de gobierno lean las palabras como un llamado de atención para asumir su responsabilidad de representar y responder a los ciudadanos. 

En el corto plazo es probable que el presidente Alejandro Giammattei evite de manera directa hacer declaraciones en relación al informe. El Canciller, Pedro Brolo, por su parte aseguró que se “tomó nota de las recomendaciones” y que se trabajará en una agenda conjunta con la OEA para resolver los problemas que nos persiguen desde hace décadas. 

El reto que enfrentamos autoridades, ciudadanos y sociedad civil es grande. En el largo plazo, el continuo detrimento de las instituciones políticas tiene por consecuencia la no garantía de nuestros derechos y libertades. Lo que es peor aún, que pone al país la bajo amenaza del populismo del Siglo XXI.

Al invocar la Carta Democrática Interamericana el gobierno del presidente Alejandro Giammattei pretendía justificar la terrible y lamentable forma en la que se ha hecho política en el país. Sin embargo, el informe terminó -no solo revelando los profundos daños institucionales que tiene el sistema- sino recetando varias medicinas para corregir el rumbo del país.