Entre el sentido de urgencia y la desesperación

Desde hace semanas, el Pacto de Corruptos ha dejado de lado las formas. La prisa y el sentido de urgencia revela que detrás hay también un poco de desesperación. La razón es sencilla: juegan contra el reloj de una burocracia norteamericana en reorganización tras el interregnum Trump.

Los eventos de los últimos días reflejan el “estira y encoge” de ese pulso entre una mafia desenfrenada y un poder geopolítico en proceso de reconstruir espacios de influencia y poder real.

Entre 2018 y 2020, el Pacto de Corruptos dejó de temer al poder norteamericano. Entre una Casa Blanca menos comprometida con la agenda anti-corrupción, el apoyo local a las políticas irracionales de Trump, junto al lobby con congresistas conservadores, la capacidad de poder real de la Embajada Americana en Guatemala quedó atada de manos y gradualmente se erosionó. Los mensajes de altos funcionarios del State, los comunicados oficiales o las solicitudes formales e informales caían en oídos sordos. Para muestra, las reiteradas solicitudes al Congreso para elegir cortes nunca fueron atendidas por el poder político local. Incluso, llegamos al extremo de ver a una designada Delia Back responder despreocupada que “hay otros países que visitar”, luego que le revocaran el privilegio de poder visitar a Mickey Mouse.

Sin embargo, en el radar de las mafias, el 20 de enero constituía un punto de inflexión. Entre el Presidente que mejor conoce la realidad centroamericana y la llegada de Juan González al Consejo de Seguridad Nacional, era esperable que el poder del coloso americano volviera a hacerse presente en la región. Bueno, sin olvidar tampoco que para algunos actores locales, el haber jugado abiertamente política partidaria en Washington entre 2017 y 2020 acarreará otros costos en el futuro.

Por eso la urgencia de tomar control de la Corte de Constitucionalidad a la brevedad. Mynor Moto, electo por el CANG a base de financiamiento opaco, clientelismo y acarreo, es el peso que mueve la balanza en el tribunal constitucional. Con una correlación “más amigable” en CC, los órganos electores tendrían carta blanca para designar impresentables al tribunal constitucional para el período 2021-2026. Capturando la CC, la mafia política, patrimonialista y cleptocrática podría elegir cortes a su sabor y antojo, anular casos penales de alto impacto y, finalmente, poner los últimos clavos al ataúd de la lucha contra la corrupción

De ahí se entiende entonces la necesidad de apresurar la juramentación y toma de posesión de Moto.

Para ello, recurrieron a algunos viejos confiables. Una Sala de Apelaciones integrada por el Magistrado Wilber Castellanos, bajo antejuicio por el caso Comisiones Paralelas II; y por el Magistrado Suplente, César Najarro. Este último, por cierto, ha participado de otras resoluciones descaradas: El 31 de diciembre, resolvió anular el caso contra Armando Escribá, ex diputado y protagonista del saqueo sistemático a COVIAL durante la última década; y recién el viernes, anuló el Caso Fénix, donde se procesaba a Gustavo Herrera, procesado por el desfalco de Q300 millones en el IGSS y conocido operador para capturar cortes.

Por si fuera poco, el mismo Congreso donde las leyes de reactivación económica están estancadas, procedió a juramentar a Moto en cuestión de minutos, evidenciando así la burda operación política.

Sin embargo, a diferencia de la gestión republicana, la reacción del coloso americano se hizo sentir. Entre comunicaciones de Departamento de Estado y una aguda entrevista de González, quedó muy claro que Washington no quiere a Moto en el máximo tribunal constitucional.

Y no es para menos. En casos de corrupción, Moto ha beneficiado a personajes como José Luis Benito, a la exdiputada Mirza Arreaga, además de anular el caso Botín Bufete de la Impunidad. O qué decir de su esfuerzo por hacerse del control del caso Comisiones Paralelas II, por el cual hoy pesa una orden de captura en su contra. Pero también para los pelos algunas de sus resoluciones en causas de narcotráfico, específicamente beneficios otorgados a miembros de la banda de Marvin Alvaro, alias Stuart (en proceso de extradición) y otro caso de una narco-avioneta en la costa sur.

Estados Unidos ha dejado claro que quiere una CC independiente. Y en días recientes, ha decidido mostrar nuevamente el músculo del poder. La pregunta es si aún dará tiempo para revertir la estrategia de una mafia desesperada por terminar de consolidar el reino de la eterna corrupción e impunidad.