Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral
El 29 de junio de 2023, dos ciudadanos interpusieron una denuncia contra los magistrados del TSE, acusándolos de sobreprecio en la adquisición de software para la transmisión de resultados electorales. Debido a que los magistrados del TSE tienen derecho a antejuicio, la denuncia se envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 7 de noviembre decidió remitirla al Congreso.
Según el artículo 124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los magistrados del TSE tienen las mismas inmunidades que los de la CSJ. Además, el artículo 13 de la Ley en Materia de Antejuicio (LMA) establece que corresponde al Congreso abordar estos casos.
La LMA determina que, al tratar un antejuicio, el Congreso debe formar una Comisión Pesquisidora. Esta Comisión, encargada de escuchar a los promotores del antejuicio y a los funcionarios implicados, así como de llevar a cabo las diligencias solicitadas, debe presentar un informe al Congreso para decidir si se retira o no la inmunidad (artículo 17).
Esta Comisión, conformada por sorteo, quedó integrada el 15 de noviembre e incluye a Enrique Montano (Unionista, presidente), Julio Longo (FCN Nación, secretario), Flavio Muñoz y Douglas Rivero del Partido Humanista, y Osmundo Ponce (URNG-MAÍZ) como vocales.
Con un ajustado margen de 3 a 2 votos, la Comisión estableció un cronograma apresurado para entregar su informe el 28 de noviembre de 2023, concluyéndolo finalmente el 29 de noviembre. Esto se debe a que, según la literal “f” del artículo 13 de la LMA, el informe solo puede discutirse en sesiones ordinarias del pleno. Dado que el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre y se reanuda hasta el 14 de enero de 2024, había prisa para influir en el resultado electoral o en la confianza en él.
Este punto conlleva una reflexión crítica. El antejuicio tiene como propósito evitar acusaciones sin fundamento o motivadas políticamente. Sin entrar en el mérito del caso, es claro que el objetivo de retirar la inmunidad a los magistrados no es tanto investigar la verdad como desestabilizar al TSE. Incluso el presidente de la Comisión Pesquisidora destacó que el objetivo final del movimiento era impedir la toma de posesión del presidente electo.
Este movimiento surge en un momento clave para la estabilidad institucional y la confianza pública. Si la verdad fuera el objetivo principal, se habrían explorado otras vías, como la Contraloría General de Cuentas, antes de optar por acciones precipitadas.
Es importante recordar que el antejuicio no busca determinar la inocencia o culpabilidad, sino evaluar la oportunidad de proceder. Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral.
Parece improbable que el Congreso consiga los 107 votos necesarios para retirar la inmunidad. Incluso si lo lograra, los magistrados solo serían sujetos a proceso penal y no serían destituidos a menos que un juez penal ordene su prisión preventiva tras una primera declaración. Hasta entonces, el TSE continúa en funciones.
