Recientemente, las comisiones de postulación concluyeron su labor, dejando el futuro de las cortes en manos del Congreso.
Agradezco a los comisionados que lucharon desde el principio por la transparencia, comenzando por definir la sede y excluir a candidatos cuestionados. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la minoría, el proceso actual solo resalta las fallas de un modelo ya agotado.
Cada comisión estaba integrada por 37 miembros. Una debía seleccionar 312 candidatos para las Salas de Corte de Apelaciones (SdCdA) de una lista de más de 1,300 aspirantes, y otra, 26 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre más de 300 candidatos.
Uno de los mayores problemas es el conflicto de interés dentro de las comisiones. Existen dos: una para la CSJ, compuesta por magistrados de las Salas de Apelaciones, y otra para las Salas de Apelaciones, integrada por magistrados de la CSJ.
Además, las limitaciones legales, el gran número de candidatos y el escaso tiempo disponible impiden una evaluación profunda. Una comisión ad honorem no puede revisar 1,300 aspirantes en solo unos días. Esta restricción compromete la calidad e integridad del proceso. Incluso con la mejor intención de los comisionados, sería imposible hacer más en estas condiciones.
Para agravar el problema, el modelo de evaluación de perfiles es absurdo. El marco normativo premia a quienes presentan títulos de doctorado y más de 15 o 20 años de colegiación activa. El resultado: una proliferación de doctorados de dudosa calidad y el incremento automático de las “notas” por mera “existencia profesional”, no por calidad. Este mecanismo es, en esencia, inoperante y va más allá de lo que los comisionados pueden cambiar.
Urge una reforma constitucional que optimice el sistema de selección y distribución de magistrados, garantizando equilibrio de poder y mayor eficacia en el funcionamiento de la CSJ y las Salas de Apelaciones. Si Guatemala quiere recuperar su justicia, estas deben ser las últimas comisiones de postulación que tengamos para elegir las altas cortes.
