La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento.

Con los casos de corrupción que están dirimiéndose en los tribunales, hay muchas discusiones en el ambiente sobre algunos derechos fundamentales, principalmente la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Discutir sobre la importancia o pertinencia de estos derechos es una perogrullada en una sociedad occidental, como la guatemalteca, en donde la mayoría de las personas acepta y vive bajo ciertos valores considerados universales. Sin embargo, al parecer existen algunas confusiones sobre cuáles son los límites que tienen estos derechos porque, guste o no, ningún derecho es absoluto.

El tema de los límites a la libertad de expresión ha sido esgrimido por algunos de los acusados y sus allegados, como una forma de intentar que la prensa reduzca su cobertura de los detalles y nombres que salen a luz en las audiencias públicas y las conferencias de prensa del Ministerio Público por los casos de corrupción que están saliendo a luz desde el 2015. Si en algo tienen razón los acusados, es que la libertad de expresión tiene límites y estos límites están establecidos en la Constitución Política de la República, en la Ley de Emisión del Pensamiento (Decreto número 9), en el Código Penal y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El elemento más importante que comparte la legislación sobre el tema, es que el ejercicio del derecho a la expresión no puede estar sujeto a censuras previas sino a responsabilidades ulteriores. En el caso de Guatemala, cualquier persona que, haciendo uso de su derecho a expresarse, falte el respeto a la vida privada o a la moral, será sancionada de acuerdo a lo expresado en la ley y los agraviados tendrán el derecho a publicaciones de sus defensas o rectificaciones.

Dicho esto, debemos tener cuidado al momento de pedirle a la prensa que se censure o, peor aún, sugerir la creación de instituciones de control y monitoreo de medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento, afrontando de forma responsable las consecuencias. Países como Guatemala pecan de exceso de legislación respecto a la libertad de expresión; además, es y ha sido peligroso ejercer el periodismo en el país, por lo que no es conveniente limitarla aún más.

En países como Estados Unidos el funcionario está totalmente expuesto a la crítica, tanto en lo privado como en lo público. Es la idea abstracta de mercado la que rige el actuar de los medios, a través del principio que afirma que el público preferirá aquellos medios que le proporcionan información más certera y descartará los que mienten o son inexactos. Un sistema que está lejos de ser perfecto pero que pareciera funcionar relativamente bien en el país del norte.

La legislación guatemalteca procura la construcción de un periodismo responsable y profesional estableciendo la idea de que existen consecuencias detrás de todo lo que se dice. Con esto, las fuentes de financiamiento o las características de los propietarios de los medios deberían ser irrelevantes, pues existe un acuerdo social asentado en la responsabilidad de las acciones. Para hacerlo, es necesario un sistema de justicia que pueda resolver de forma expedita y transparente los casos que conozca y esto, inevitablemente nos recuerda la importancia de fortalecer a todos los elementos de la cadena de justicia.

La libertad de expresión es pieza clave del sistema democrático y un valor fundamental de la vida en sociedad. Que la conveniencia del momento no se lleve nuestro deseo de defender siempre y a toda costa los derechos humanos más elementales.

El éxito de América Latina pasa por la reivindicación del ser humano y la redención de la política. Debemos rescatar el presente y asegurar el futuro.

Através de la historia de la humanidad, dos elementos lograron desarrollar naciones exitosas. El primero es un código individual de valores, que al ser compartido por un número suficiente de ciudadanos tiene un efecto multiplicador que hace la diferencia. El segundo elemento es la forma en que se gobiernan. La política, quienes participan en ella y los valores con que la ejercen, define la clase de sociedad que construyen.

El discurso que escuchamos en América Latina sostiene que con crecimiento económico alcanzaremos el desarrollo; no es tan sencillo. El mundo de hoy sufre un peligroso proceso de desvalorización y el ser humano está exteriorizando una serie de síntomas que, al proyectarlos en el tiempo y al analizar sus tendencias, hace evidente que, si no cambiamos la forma y el fondo en muchas de las cosas que hacemos hoy, llegaremos a situaciones muy negativas para la raza humana.

Hay descontento y desencuentro con la política y la democracia. Algunos países crecen económicamente bien unos años pero no tienen el fundamento institucional, ni la cultura para navegar en las crisis. Por eso los bandazos y la inestabilidad.

En lo que respecta al ser humano, la depresión se está convirtiendo en la epidemia del Siglo XXI. Hoy se suicida una persona – de 20 que lo intentan – cada 40 segundos y se estima que en el en el 2020 habrá un suicidio cada 20 segundos. Esta es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. Los trastornos alimenticos y las enfermedades que estos provocan están desbordados, el consumo de drogas sigue aumentando. El estrés, crisis de identidad, inestabilidad laboral, ausencia de liderazgo y pérdida de respeto a la autoridad son fenómenos crecientes en las nuevas generaciones como lo es también el creciente descrédito a los valores e instituciones tradicionales. Y por si esto fuera poco, el sistema educativo del planeta está atrasado 10 años en el mundo desarrollado y 20 en el subdesarrollado. No formamos técnicos y profesionales para las demandas del mundo de hoy.

Esta realidad humana está provocando devastadores efectos en nuestras sociedades, a los cuales se suman otros problemas, como la incapacidad del mundo para generar suficientes oportunidades de trabajo a los jóvenes que llegan al mercado laboral cada año; o la reducción de las clases medias y medias altas que se están viendo afectadas y minimizadas por la situación económica del mundo.

Este complejo crucigrama está aumentando de forma desproporcionada la desigualdad y la conflictividad social. Y encima, los políticos y las elites económicas y académicas, no son parte de la solución. Los primeros son parte fundamental del problema, y los otros, con escasas excepciones, testigos pasivos y aislados, si no cómplices, de una realidad que se puede tornar explosiva en muchos países.

La corrupción de los políticos, la falta de una plataforma institucional de partidos políticos con cuadros técnicos y dirigentes honestos y capaces, la indiferencia de las élites y la poca participación ciudadana tienen a América Latina en riesgo de peligrosos retrocesos.

Nuestra región necesita menos partidos y más ciudadanos activos y comprometidos, exigentes con sus derechos e intolerantes con la corrupción y la incompetencia. Conscientes de que el buen gobierno y el éxito de las naciones pasan por los partidos políticos y que solo desde sus entrañas, se pueden construir los proyectos de Estado que América Latina necesita.

Para generar esta cultura, primero hay que reivindicar al ser humano. Abrir los espacios para que recupere la claridad y las herramientas que le devuelvan la fuerza innata y la confianza para rescatar su presente y asegurar su futuro.

El uso de una tarjeta de crédito no es sinónimo de deudas impagables y de acoso permanente por parte de sus emisores, pero la cultura financiera del país necesita una propuesta educativa para que justos no paguen por pecadores.

El 31 de marzo la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la Ley de Tarjetas de Crédito por demostrarse la inconstitucionalidad que contenía, según varias impugnaciones presentadas por entidades financieras y bancarias (principalmente a arts. 4, 11, 12, 41 –Decreto 7-2015). Esto supondría una regresión inmediata en cuanto a los servicios prestados a los usuarios, pero ya hace una semana que no han anunciado ningún cambio.

La ley desde sus inicios resultó controversial por artículos que afectaban directamente dinámicas bancarias como la tasa de intereses, el acceso a este tipo de crédito para los usuarios e incluso la emisión de reglamentos por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB). Incluso varios bancos del sistema enviaron comunicados a sus tarjehabientas explicando que el servicio sufriría alteraciones “mínimas” como cobros de membresía, seguros que en algunos casos traspasaban los Q150 mensuales y cambios en la fecha de corte y pago para demostrar su inconformidad con la ley. Por supuesto, esto no puso contento a los usuarios que utilizaban responsablemente su tarjeta de crédito y la popular ola de #CortaTuTarjeta se extendió en las redes sociales.

Los tijeretazos de hoy #cortaTuTarjeta: pic.twitter.com/7sxuGdPAqq

— Paola Hurtado (@hurtadopaola) 5 de marzo de 2016

El sacabocados estaba más a la mano que la tijera. #CortaTuTarjeta pic.twitter.com/1bl8MI37bo

— Diegotch (@Diegotch) 9 de marzo de 2016

#cortaTuTarjeta porque siguen haciendo cargos abusivos @An0nymousGT pic.twitter.com/mb19tpGXJB

— Beto (@betox_velmax) 15 de marzo de 2016

Sin embargo el problema de raíz que existe con el servicio de tarjetas de créditos, no es en realidad una ley, sino la falta de educación financiera con la que cuenta el guatemalteco promedio y la oportunidad que encontraron en esto los bancos del sistema. La misma ley en el artículo 38 explica que los emisores de tarjetas deberán implementar anualmente programas de educación financiera. Pero en cuanto a temas financieros ¿quién tiene la responsabilidad de formar a los usuarios? La SIB en el año 2012 presentó una iniciativa al Ministerio de Educación para incluir en el pensum de estudios algún tipo de formación sobre presupuestos y manejos de créditos, pero esta propuesta se ha visto truncada por dinámicas internas en el ministerio.

El uso de una tarjeta de crédito no es sinónimo de deudas impagables y de acoso permanente por parte de sus emisores. El buen uso de éstas incluso impacta de forma positiva en la vida de muchas familias guatemaltecas que acceden con esto a bienes y servicios; esto crea un record crediticio positivo, que luego puede ser utilizando para aplicar a créditos más grandes y de largo plazo. El problema entonces que hay con las tarjetas, es que algunos de sus usuarios no las manejan de forma adecuada, acumulando intereses y cayendo en deudas impagables.

Mecanismos de formación financiera son importantes en sociedades como la nuestra, pues creer que los padres de familia deberán instruir a sus hijos en temas de este tipo, es perpetuar un círculo vicioso de analfabetismo financiero. La SIB incluso tiene información al respecto colgada en su sitio, que imparte en algunos talleres(1), pero que no se propaga a nivel nacional por falta de recursos y de alianzas. Es algo grave creer que esto solamente tiene relación con profesionales especializados como contadores o economistas, cuando el uso del recurso alcanza la cifra de casi dos millones de plásticos en circulación(2). La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) confirmó que el consumo por medio de tarjetas de crédito estaba creciendo a un ritmo del 8% anual, lo cual desde marzo bajó un 15%, haciendo que justos pagaran por pecadores.

El Ministerio de Educación, en conjunto con la SIB, debería implementar algún tipo de programa, al menos en áreas urbanas para mejorar la cultura financiera y mejorar las dinámicas comerciales del país, pero hasta no tener recursos esta meta sigue en papel. Una revisión eficaz por parte de la CC a la ley contribuiría a mejorar la cultura financiera del país, pero hasta entonces las visacuotas siguen lejanas en el horizonte y la pregunta de si ¿es la obligación del emisor formar a los guatemaltecos en el manejo de las tarjetas de crédito? queda todavía sin respuesta.

1. http://www.sib.gob.gt/web/sib/educacion-financiera/Tarjeta-de-Credito

2. http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/898224-330/emisores-d...

Sus partidos políticos son cascarones electoreros y sus instituciones no funcionan. En muchas, la corrupción tomó el control y hace que las cosas “anden”, pero solo para unos pocos.

Desde la independencia, en los países de América Latina hemos vivido momentos de democracia, dictaduras, falsas democracias y esfuerzos importantes por avanzar en el proceso de desarrollo político y económico. Hemos tenido estadistas, hombres de Estado con visión, capacidad y honradez, que han alcanzado metas respetables en muchos países, y hemos visto una colección de forajidos y sátrapas que han dañado y retrocedido naciones, a veces, hasta la época de las cavernas, como vemos hoy a Venezuela, cayendo en extremos impensables. Y aunque en este caso será temporal, pues ese modelo es insostenible, el pueblo venezolano lo está pasando muy mal. Y el silencio y la hipocresía de la mayor parte de la comunidad internacional, además de vergonzoso, no ayuda.

Si vemos la historia de nuestro continente en el marco de los últimos cinco siglos, los avances y el desarrollo han sido extraordinarios. En especial, en las últimas cinco décadas tuvimos gran crecimiento económico, un aumento considerable en las clases medias y reducción de la pobreza. Un problema son los ciclos y las dinámicas en las que a veces caemos los pueblos, y el otro, es que los seres humanos vemos la vida y el mundo en función de nuestro tiempo útil de vida, y esto nos da un marco reducido y temporal. Insuficiente, la mayoría de veces, para alcanzar las expectativas que tenemos.

Argentina es un referente notable. Uno de los tres países más ricos del continente, con muy malas costumbres democráticas. Los 12 años de los Kirchner fueron un desastre, y veremos ahora si el presidente Macri, quien tiene las ideas, los valores y el compromiso, logra rescatar la cordura y la coherencia para devolver a Argentina al pedestal que merece. Las naciones de las que somos parte, en mayor o menor medida, están formadas por una pequeña capa de la sociedad que es rica y próspera, y en la mayoría de casos indiferente a los procesos políticos. Y por eso, sin darse cuenta, vive en peligro constante de incluso perder lo que ha logrado, aunque sea a base de trabajo y honradez. Y esto, sin profundizar en el daño que hace a las naciones esa nueva clase de ricos que han hecho y siguen haciendo fortunas a base de corrupción, negocios con el Estado y narcotráfico.

“Desarrollar naciones y consolidar democracias toma una generación de ciudadanos comprometidos. ”

Estas dinámicas han contaminado la política a niveles que han provocado la captura del Estado y la inoperancia política. Esto se refleja en la debilidad institucional de estas democracias que, aunque tengan elecciones libres, sus partidos políticos son cascarones electoreros y sus instituciones no funcionan. Es la corrupción la que toma control y hace que las cosas “anden” pero solo para unos, destruyendo, en forma lenta pero segura, los fundamentos y los valores que hacen posible una democracia, una república.

La inacción y la falta de voluntad para resolver los problemas crean las condiciones para que estos se agraven. Esta es una forma común de “solventar” problemas en muchos países. Las amenazas de retrocesos, populismos y graves caídas siguen presentes en unos países más que en otros; y estas amenazas crecen cuando se toma conciencia de que varios de nuestros países ocupan los primeros lugares del mundo en pobreza, violencia, corrupción e impunidad y los últimos en estado de derecho, crecimiento económico y solidez democrática. En este grupo están los tres países del norte de Centroamérica y Haití.

América Latina tiene un futuro prometedor, pero no vendrá solo y sin sacrificios, valores e ideas claras. La clave es que identifiquemos las malas costumbres que hemos adquirido y hagamos el esfuerzo necesario por devolver brillo y eficacia a nuestras instituciones, convencer a la juventud y a las élites de que deben participar en política, para rescatarla.

El reto que tenemos como país es construir un Estado que permita la convivencia pacífica y libre de todas las personas que habitan su territorio sin importar su adscripción religiosa (o la falta de).

En 2014 Pew Research publicó el estudio “Religión en América Latina” en el que revelaba que en el país el 91% de las personas decían ser católicos o evangélicos. Por otro lado Latinobarómetro publicó el estudio “Las religiones en tiempos del Papa Francisco” en donde concluían que en Guatemala el 87% de las personas decían ser católicos o evangélicos.

Ante esta realidad, el reto que tenemos como país es construir un Estado que permita la convivencia pacífica y libre de todas las personas que habitan su territorio sin importar su adscripción religiosa (o la falta de).

¿Pueden construirse instituciones de un Estado laico en una sociedad con fuertes valores religiosos?

La respuesta a esta interrogante es sí. Sin embargo al observar algunas críticas hechas a determinados funcionarios públicos pareciera que existe una confusión entre el concepto de Estado “no confesional” y Estado laicista.

Por un lado, el Estado “no confesional” o laico considera que la religión es una dimensión esencial en la vida de las personas pero la aparta de ser el motor de la vida en sociedad. Un verdadero Estado laico distingue entre la neutralidad de las políticas públicas y el derecho inherente que todos los ciudadanos tienen de vivir de acuerdo a sus creencias.

Por el contrario, un Estado laicista es aquel que según el investigador de la UNAM Jorge Adame, es en realidad un Estado despótico que pretender imponer al pueblo una visión agnóstica o a-religiosa de la vida y del mundo.

Y es que Estado laico sin libertad religiosa es una contradicción. La libertad religiosa es un derecho humano lo cual, según Fernando Savater, tiene mucho sentido pues la base de la tolerancia democrática fue religiosa antes que política.

Cuando un país ha logrado separar a sus instituciones públicas de la religión, podemos afirmar con tranquilidad que un Estado con instituciones seculares puede tener gobernantes y gobernados que sean creyentes y lo expresen públicamente.

El único requisito verdaderamente indispensable es que todos entiendan que para que pueda existir un Estado democrático en el que se respeten y acepten todas las formas de pensar es necesaria la libertad religiosa, es decir ninguna práctica religiosa puede ser impuesta o prohibida.

¿Es una afrenta contra el Estado laico que el Presidente salga un sábado a orar al Parque Central? El Presidente como cualquier otro ciudadano tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado como lo establece la Constitución.

Fuente: www.guatevision.com

¿Es una afrenta contra el Estado laico que ciertos diputados decreten la lectura obligatoria de la Biblia? La educación pública está abierta para todos y debe respetar los valores de una sociedad democrática. Ésta debiera limitarse a impartir conocimiento científico y formación en valores (no religiosos) socialmente aceptados.

Tanto las personas que critican al Presidente de la República por orar en público o asistir a un acto religioso como las que proponen leyes que pretende obligar al estudio de la Biblia en las escuelas caen en distintos tipos de fanatismo. Parafraseando nuevamente a Savater, para el fanático, la fe (o la falta de) no es un derecho sino un deber que quiere imponer en los demás y esto es contrario a los valores de un Estado democrático y laico.

Respetar la libertad religiosa de todos los ciudadanos es el primer peldaño en la construcción de un Estado verdaderamente democrático y laico. No se puede pretender imponer en los ciudadanos o en los funcionarios públicos una visión agnóstica del mundo sino más bien exigir que las políticas públicas que de ellos emanen sean democráticas e incluyentes y que la religión no sea utilizada como instrumento durante las campaña política.

Más allá de los problemas globales, si en nuestra región, queremos darle al 2016 sabor a progreso y victoria, América Latina tendrá que redoblar esfuerzos para consolidar sus democracias y promover que sus ciudadanos se empoderen para defender con más orgullo, fuerza y determinación sus libertades civiles y su derecho al progreso y el bienestar.

Hay 4 países de América Latina que terminaron el 2015 con circunstancias extraordinarias y tienen todos los ingredientes para tener un 2016 lleno de sobresaltos, desafíos y oportunidades. En el resto de la región se mantienen ciertas tendencias y escenarios en la política y la economía que prolongan el status quo.

Estados Unidos entra de lleno al año electoral, y dadas las características de algunos de sus candidatos y la situación del mundo, sin duda alguna, será un año para recordar.

Guatemala podría estar en el inicio de una nueva era si se mantiene el apoyo de Naciones Unidas con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG; si la Fiscal General sigue “a la carga” contra corruptos y bandidos, que son muchos; si los ciudadanos mantienen la vigilancia, la presión y la presencia en las calles cuando sea necesario; y, si, en especial, los guatemaltecos logran hacer realidad las reformas que su país necesita. Si los guatemaltecos son capaces de estas hazañas, podríamos ver en este importante país centroamericano la revolución política que quisiéramos para toda América Latina.

Venezuela fue la sorpresa de diciembre. La oposición a la dictadura chavista y probablemente más de tres millones de sus seguidores se cansaron de la mentira y la locura del “chavismo”, y decidieron votar masivamente contra el gobierno, dando mayoría opositora al Congreso para cambiar el modelo autoritario que tiene secuestrada la democracia venezolana.

Es evidente que la dictadura no esperaba semejante derrota, y el tirano y sus secuaces ya están manipulando, retorciendo y estirando la pita hasta que la romperán. La era del “chavismo” está en la etapa final pero habrá que ver el costo que tendrá terminar con esa pesadilla.

Brasil, el gigante del sur, hizo evidente la debilidad de su modelo político, la ausencia de Estado de Derecho y el daño que hacen la corrupción y el populismo. Si pasan el 2016 sin que pase nada, Brasil estaría entrando a un período de profundo deterioro político y económico. Brasil necesita rescatar su sistema político, vitalizar su sistema de justicia y arrancar la gran maquinaria económica que tiene, para ser, como le corresponde, una potencia económica mundial. Y para esto, hará falta gente “importante” en la cárcel, la participación de sus mejores técnicos y estadistas, y mucha participación ciudadana.

Argentina terminó bien el 2015. Haber liquidado la desquiciada y decadente presidencia de la dama es una buena noticia para el mundo. El presidente Macri tiene una oportunidad histórica pues los desvíos de los Kirchner casi destruyen Argentina; hoy, necesitada de reformas de fondo y liderazgo.

Estados Unidos, en año electoral, dará mucho de que hablar; en especial, porque el mundo pasa por un momento delicado. La economía no levanta. La amenaza terrorista aumenta. Hay tensiones entre países que deben ser aliados para enfrentar los arrebatos de Rusia, los excesos de China y los locuras de Corea del Norte. Pero en especial, el mundo civilizado debe unir esfuerzos para enfrentar al “estado islámico” y a otros grupos terroristas o incluso “países” de Medio Oriente, que buscan la destrucción de occidente.

Más allá de los problemas globales, si en nuestra región, queremos darle al 2016 sabor a progreso y victoria, América Latina tendrá que redoblar esfuerzos para consolidar sus democracias y promover que sus ciudadanos se empoderen para defender con más orgullo, fuerza y determinación sus libertades civiles y su derecho al progreso y el bienestar. Sus élites deberán despertar y dar valor agregado a sus economías, combatir la pobreza, formar bloques económicos más grandes y asumir los liderazgos que hace tiempo, América Latina, espera de ellas.

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Todos estamos conscientes que el Presupuesto Nacional está completamente desfinanciado. Bueno, todos menos la Magistrada Porras, a quien le importó muy poco el llamado a la austeridad del presidente Maldonado y lo que sufren nuestros hermanos guatemaltecos debido a las carencias en el sistema de salud pública. Porras decidió, en medio de la crisis que atravesamos, autorizar a todo el personal un bono de productividad denominado “bono revolucionario”, con lo cual erogó más de Q3.2 millones.

Además, este “gol” de la magistrada, sucede en un contexto en el que nuestro estimado presidente electo, decide tirar la toalla con el presupuesto y la Comisión de Finanzas. “El gobierno electo de Jimmy Morales se retira del análisis del presupuesto 2016“, declara su comunicado en el que confirman que los asesores designados por Morales no continuarán más en las discusiones del presupuesto con los diputados. ¡Qué servicio el que recibimos los guatemaltecos a cambio de nuestro dinero! ¿No es cierto?

Me parece que uno de mis súper héroes, Iván Velásquez, subestimó el nivel de traición que sentimos los guatemaltecos en cuanto a lo que se ha hecho con nuestro dinero, al sugerir un impuesto temporal. Y con muestras como la de Porras, no puede esperar que estemos emocionados de desembolsar un poco más y desearle buena suerte a nuestra inversión. No es que no confiemos en el MP, pero gente como la señora magistrada sigue siendo parte del sistema de justicia. Cabe entonces preguntarse, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina?

escena política se presta para impuesto específico para seguridad y justicia (contra la impunidad y anti-corrupción) hay q fortalecer Estado

— Carlos A. Mendoza A. (@camendoza72) 11 de noviembre de 2015

Por qué no creo que la idea de un impuesto específico para justicia sea buena: https://t.co/j9h1YmcxyM

— MarioE.Archila (@marioeagle) 11 de noviembre de 2015

Soy una fiel creyente en que un sistema de justicia que funciona, en el que quien la hace la paga, es la base para cualquier sociedad que anhela desarrollarse. No estoy en el más mínimo desacuerdo en que sea esa la priorización del gasto. Sin embargo, quienes en estos días estaban llamados a hacer efectiva esa priorización, han decidido que ahora los desprestigiados diputados del PP y Líder, quienes conforman la Comisión de Finanzas son de fiar, y les ha valido tres roscas y dos narices si actúan conforme a lo que desea el pueblo de Guatemala o no.

La discusión que se plantea no es discusión. El MP tiene una cobertura de apenas 33% en todo el país, y según el informe de ICEFI ocupamos el sexto lugar a nivel mundial en la tasa de homicidios, alcanzando hasta un 95% de impunidad en los crímenes. Asimismo, Guatemala destina tan solo 1.5 por ciento del PIB en las principales instancias de justicia. Al conocer estos datos, ¿estará alguien en desacuerdo con que existen graves deficiencias que necesitan ser solventadas con urgencia? No lo creo.

La clave es el orden en que se pretenden abordar los temas. Cuánto quisiera que la discusión se tratara PRIMERO sobre la priorización del gasto en el Presupuesto Nacional, y que quien liderara esa conversación fuera nada más y nada menos que el equipo de nuestro presidente electo asesorado –por qué no- por la CICIG e ICEFI quienes pueden aportar con datos y hechos como lo hicieron en su presentación el día de ayer.

Necesitamos explorar las alternativas viables para fortalecer nuestro sistema de justicia, aunque no nos gusten, a pesar de la inacción del presidente electo y las tranzas de las mafias internas. No podemos darnos el lujo que este esfuerzo de todo 2015 se debilite en las manos del miedo a revolver un poco las aguas.

Por demás está decir que el 25 de octubre marca para nuestro país una fecha memorable, para bien o para mal.

¿Memorable? Sí, no tengo la menor duda. Fue la culminación de un proceso electoral marcado por importantes eventos que no son poca cosa (Presidente y Vicepresidente ligados a procesos y en prisión por corrupción, varios diputados con procesos de antejuicios, candidaturas inhabilitadas por el TSE, y por supuesto un vigoroso movimiento ciudadano que salió a las calles a exigir justicia y transparencia). También marca el inicio de otro proceso para el país, todavía más complejo y trascendental, que puede definir el futuro.

Tan sólo hace unos meses, a inicio de año por señalar un punto de partida, pocos dudábamos que el próximo Presidente del país sería el candidato que encarnaba todos los males con los que tristemente ya nos hemos acostumbrado a convivir en la cultura política guatemalteca. Manuel Baldizón representaba la trampa y la transa, el irrespeto a la ley, las prácticas clientelares, el abuso, la compra de voluntades y la ofensa a la inteligencia ciudadana. Pero la ciudadanía le dijo NO.

Por el sufragio la ciudadanía también le dijo NO a quien representaba también los abusos en el ejercicio del poder, la falta de transparencia y la ausencia de escrúpulos en el intento por llegar a la primera magistratura. La ciudadanía le dijo NO a Sandra Torres.

25 de Octubre 2015 se define próximo gobernante de #Guatemala #SegundaVuelta entre Jimmy Morales y Sandra Torres.http://t.co/ojTCMKJpDk

— Ligia Herrera (@LiHerrera_GTV) 15 de septiembre de 2015

Contra todo pronóstico, la asistencia a las urnas fue una de las más altas de la historia y contra todo pronóstico el voto nulo y en blanco se mantuvo dentro de los parámetros de elecciones pasadas y hoy tenemos un presidente electo legítimo.

Pero una vez finalizado el proceso electoral, hay otro proceso que debe seguir su curso y que para mí, tiene que ver con la lucha contra la corrupción, la depuración del sistema político y una nueva cultura en el quehacer del ejercicio público.

Aunque el TSE, el MP de la mano de la CICIG y la ciudadanía a través de las manifestaciones en la plaza y a través del voto han aportado para depurar el sistema político, es importante que ese proceso de limpieza continúe. Falta ver en qué terminan los procesos que se están llevando a cabo en contra de algunos diputados. Y es necesario además, que se profundice en toda la administración pública y en todo el país, empezando desde el poder local -donde los presupuestos municipales son derrochados en cualquier ocurrencia que nada tiene que ver con las necesidades de la población- pasando por el Congreso y el Ejecutivo e instituciones autónomas y semiautónomas.

El Presidente electo sabe que la lucha contra la corrupción DEBE ser su cruzada y que no le quede duda que la ciudadanía le apoyará en ello; como tampoco le debe quedar duda que esa misma ciudadanía está dispuesta a ser implacable en vigilarle a él y a su gobierno. De hecho, ya empezó. El Presidente electo no puede mandar mensajes equivocados de su compromiso con la transparencia y con una nueva forma de hacer gobierno.

¿Qué sigue?

Es importante que luego de las elecciones, las expectativas se ordenen. Los retos del país son de tal magnitud que sería ingenuo creer que un nuevo gobierno será capaz de revertir por completo la situación actual del país. Pero lo que sí es posible para el nuevo gobierno con Jimmy Morales a la cabeza es “inaugurar” una nueva forma de conducir la administración pública

“Los guatemaltecos necesitamos y añoramos que la decencia sea la marca del nuevo gobierno.”

Los guatemaltecos necesitamos y añoramos que la decencia sea la marca del nuevo gobierno. Que los funcionarios incorruptibles ya no sean una especie de criaturas extrañas incrustadas en las instituciones.

Necesitamos que el nuevo gobierno lidere la depuración de las instituciones estatales, respaldados por una ciudadanía que en los últimos meses demostró que ya no está dispuesta a tolerar más abusos y sinvergüenzadas por parte de los políticos y los funcionarios públicos.

Lo que sigue es que la euforia por el triunfo electoral de paso a la sensatez en la integración del mejor equipo de gobierno posible.

Lo que sigue es que el nuevo gobierno con total claridad nos informe en enero el estado en que recibe el gobierno en las diferentes áreas y que no demore en empujar con decisión las tres o cuatro reformas que en estos cuatro años podrán marcar una diferencia para la posteridad: las reformas a la Ley de Servicio Civil, a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y las reformas al sector justicia.

Lo que sigue es que a partir del 14 de enero el Presidente Jimmy Morales no deje lugar a dudas que su lema de campaña “ni corrupto, ni ladrón” será el sello de su administración. Y nosotros los ciudadanos debemos encargarnos de recordárselo todos los días.

Quiero pensar que el 25 de octubre será memorable, para bien, porque marcará para la historia el inicio de una nueva forma de hacer las cosas en el país.

Será para mal si Jimmy Morales pasa a la historia como un Presidente más, a los que les faltó voluntad política para empujar e iniciar los cambios que este sufrido país demanda. Será para mal, si aquí pasó de todo, para que finalmente no pase nada.

El escaso crecimiento, la falta de solución a los problemas más sentidos de la población, la fragilidad democrática, mantienen una “espada de Damocles” sobre la región.

A las elites centroamericanas les cuesta reconocer que en sus países hay problemas estructurales serios y porcentajes muy altos de población en condiciones de pobreza. Mientras esto no cambie, son millones de seres humanos los que se mantendrán así porque la región tiene un problema crónico de crecimiento económico insuficiente y sistemas políticos corruptos y disfuncionales. Las clases altas de la región dan la impresión a la sociedad civil de centro y centro izquierda y a la comunidad internacional, de que por ellos estar bien, no ven la realidad social de sus países. La extrema izquierda usa ese argumento con fines muy distintos a construir sociedades democráticas.

“Las clases altas de la región dan la impresión a la sociedad civil de centro y centro izquierda y a la comunidad internacional, de que por ellos estar bien, no ven la realidad social de sus países.”

El problema de fondo es que las elites, sobre todo la económica, hacen poco para cambiar esa percepción, y los proyectos e iniciativas que apoyan y promueven, aunque algunos sean valiosos, son a todas luces insuficientes, y por eso, su imagen es de superficialidad y poco compromiso. Si la situación no cambia en la región y si no se empieza a gobernar de manera distinta a la forma improvisada y deshonesta como hoy se hace, estos millones de pobres centroamericanos tienen probabilidades muy bajas de dejar de serlo en los próximos 25 años.

El escaso crecimiento, la falta de solución a los problemas más sentidos de la población, la debilidad institucional y por lo tanto la fragilidad democrática, mantienen una “espada de Damocles” sobre las libertades civiles y la estabilidad política de la región.

El Salvador parece un país en guerra. Su gobierno no encuentra el camino para dar rumbo, sentido y confianza a su gestión. La economía está paralizada y no se ven esfuerzos serios por rescatar el sistema, el proceso democrático y el futuro del país.

Honduras presenta problemas similares a los de Guatemala. La corrupción desbordada, la violencia, la debilidad institucional y la desconfianza han llevado a sectores de la sociedad hondureña a pedir una comisión internacional auspiciada por la ONU, como la que opera en Guatemala, y hoy, con resultados extraordinarios.

Nicaragua, sin democracia no tiene futuro y contamina con el virus autoritario a otros políticos de la región que creen que al llegar al poder les corresponde quedarse con él.

“Es cierto que su proyecto es uno improvisado, sin plan de gobierno y sin equipo. No muy distinto a los demás.”

Guatemala, desde abril, está en un despertar cívico. Los ciudadanos luchan por liberar el Estado de la compleja organización criminal que le tiene secuestrado. El 25 de octubre se disputarán el poder en segunda vuelta electoral, un partido que ya hizo gobierno y fue un desastre, y Jimmy Morales, un desconocido en la política que atrae el voto de protesta y rechazo a la clase política dominante. Según las encuestas es muy probable que el próximo presidente de Guatemala sea Jimmy Morales. Es cierto que su proyecto es uno improvisado, sin plan de gobierno y sin equipo. No muy distinto a los demás. Pero así como esto es un problema y una amenaza, también es una oportunidad. Si Morales incluye en su proyecto a técnicos capaces y honestos, si se une al clamor nacional y promueve y apoya las reformas que el país necesita, y si hace un gobierno basado en la honradez, la transparencia y el trabajo responsable por sacar adelante al país, podría pasar a la historia como un gran Presidente y el que permitió la transición a una nueva era para Guatemala.

Centroamérica está en un punto de inflexión. Guatemala tiene una oportunidad histórica a la que deben sumarse los países de la región para articular propuestas, lograr consensos mínimos y ejecutar acciones que liberen, ordenen y den rumbo a la Centroamérica próspera, libre y democrática que todos queremos vivir.

Y los retos políticos de Guatemala en el siglo XXI.

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La sociedad civil guatemalteca ha venido enfrentando una severa crisis, cuyas causas han venido siendo analizadas, ignoradas y banalizadas a lo largo de varias décadas[1] , sin que se intente seriamente desde el poder político subsanarlas.

La crisis se manifiesta en varias dimensiones (social, económico, político y jurídico etc.), las cuales se traducen en la ausencia de Estado de Derecho, la inexistencia de democracia formal, el agravamiento de la corrupción administrativa, el precario crecimiento económico, la desafección política, así como la elevada violencia criminal.

Con la palabra crisis se pretende designar una situación compleja, centrada por ahora, en el ámbito político-constitucional por ser el elemento más visible, aun cuando ello esconda una crisis mucho más profunda que es menester también tomar en cuenta.

La crisis a treinta años de vigencia de la Constitución adquiere significación, ya que con ella se pretende aludir al momento y a los retos que encara la sociedad civil guatemalteca, la cual ha venido enfrentándose enérgicamente a una clase política bastante indiferente para con los requerimientos de la sociedad civil.

Esta indiferencia, ha sido en parte el resultado de un sistema electoral y de partidos políticos, que si bien tenía su razón de ser en 1985 en la fase de apertura democrática, no lo tiene en pleno siglo XXI. La razón estriba, en que las demandas por una auténtica democracia sujeta al ideal político del Estado de Derecho, son las que permitirán superar la fase de “apertura”, para llegar a estadios de “desarrollo” y “consolidación”, lo cual pasa irremediablemente por abrir espacios de participación ciudadana y de ejercicio de la libertad política.

La existencia de una clase política en desmedro de la sociedad civil, ha sido el resultado de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyos privilegios a los partidos políticos[1] son manifiestos, al concebir a estas organizaciones como únicas y exclusivas en el ámbito político y electoral. Tales privilegios legales, han creado una auténtica casta que impide la modernización de la vida social, económica, política y jurídica del país.

Ahora bien, pese a la indiferencia por parte de la clase política, existen muestras de una sociedad civil guatemalteca comprometida. De hecho, en medio de graves problemas ha expresado su malestar en una de las áreas del mundo más violentas, y en medio de un terreno pantanoso y minado de problemas acumulados por décadas.

A tal efecto, la Guatemala del siglo XXI, bastante profesionalizada en sus clases medias, ha desmitificado el lugar común, de la supuesta apática e indiferencia ciudadana, al punto de arrebatar simbólicamente a los partidos políticos la dirección exclusiva de los acontecimientos políticos futuros.

Es cierto, que de la crisis actual no se puede vaticinar ni esperar muchas cosas por azar, debido a que no se puede saber con precisión si se mejorará o empeorará la situación. Pero también es cierto, que las acciones colectivas e individuales serán decisivas en el recambio político que requiere el país, por lo que el empleo de la palabra crisis resulta exacta en tanto apropiación del léxico médico al léxico de la política.

“La crisis no puede conllevar a pesimismos extremos, aunque tampoco a ilusiones o fantasías.”

La crisis no puede conllevar a pesimismos extremos, aunque tampoco a ilusiones o fantasías. Ya FREUD, sostenía que los hombres tendemos a engañarnos con ilusiones y fantasías, sustituyendo los deseos por los hechos, llegando con frecuencia al extremo de dar por completo la espalda a una realidad que nos perturba, entregándonos sin crítica al espejismo que nos reconforta.

Sin embargo, una actitud y una acción realista no impide la lucha por el ideal político del Estado de Derecho y la democracia formal y política representativa como indica la Constitución. Al contrario. Será ésta una vía que permitirá superar la visión de la ley constitucional de 1985 (art. 18)[3], centrada en la estatalización del sistema de partidos, caracterizado por su divorcio con respecto a la sociedad civil y por la corrupción gracias a indebidos privilegios legales.

El reto de la Guatemala del siglo XXI es colosal. Por ello, las batallas en el ámbito político-electoral serán decisivas, en tanto la sociedad civil se enfrentará a una casta política auspiciada con privilegios legales, centrada en los intereses que el espíritu de cuerpo le dicte en detrimento de la sociedad, mientras que la casta tratará de minimizar esos cambios, como lo ha hecho por años, conculcando el paso de una apertura democrática a una democracia consolidada.

Este modelo, fruto de una lamentable actitud de determinados actores políticos, se ha traducido en una incomprensión de los actores políticos de la propia obra realizada en 1985, gracias a que han interpretado conveniente para ellos, la primera fase del proceso de democratización como eterna. Por ello, es que aún pervive ese secuestro de la política por parte de los partidos políticos, los cuales eran actores importantes que podían democratizar al país, por lo cual se requiere una reforma si se quiere lograr una ejemplar democracia centrada en el ejercicio de la libertad política.

La necesidad de partidos políticos renovados, con sólidos principios y estructuras flexibles, altamente descentralizados que le permitan llegar a las necesidades de la ciudadanía, pasa por superar el esquema de Estado de Partidos, introduciendo reformas necesarias que permitan superar la eufemística fase de apertura democrática, evitando con ello una crisis terminal del sistema político-constitucional.

Lo anterior no es exageración, máxime si se tiene presente el descontento y presión social de la sociedad civil para con el sistema político-constitucional en su integridad, gracias a los anticuerpos sociales que ha desarrollado la sociedad civil en relación a las malas prácticas que imperan en la partitocracia inaugurada en 1985.

En efecto, el reto para superar la crisis es colosal. La necesidad de democratizar el sistema pasa irremediablemente por deponer a la clase dirigente, y evitar la instauración de otras castas, ya que el problema no es solo de hombres, sino también de instituciones, ya que es iluso pensar que el gobierno puede ser ejercido por ángeles como bien ironizaban los creadores de la gran primera República moderna al norte del gran continente americano.

1. Véase los estudios del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) entre otros. Además de los estudios que emanan de las Universidades más importantes del país.

2. ALVARADO ANDRADE, Jesús María & FERNÁNDEZ LUIÑA, Eduardo, Diagnóstico de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala: situación y alternativas para su reforma en Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), Guatemala, 2015; y del mismo modo, FERNÁNDEZ LUIÑA, Eduardo, “El problema de la oferta política en el sistema guatemalteco” en Tópicos de Actualidad, n° 1051, Año 55, Agosto de 2015, Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), Guatemala, 2015.

3. GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario (1988) “Constitución y partidos políticos en Guatemala dictadura y democratización” en Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Fix-Zamudio, Tomo I, Derecho Procesal, Madrid, Universidad Nacional Autónoma, pp. 289-314.