Dinámicas políticas en el Ejecutivo y el Legislativo.

La reforma a la Ley Electoral del año 2016 introdujo un cambio normativo del cual poco se ha discutido: la modificación del calendario electoral. Entre 2007 y 2015, la primera vuelta ocurría la primera semana de septiembre; y la segunda vuelta ocurría entre los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Es decir, el período de transición y cambio de mando tenía una duración de dos meses (de principios de noviembre al 14 de enero del año siguiente).

Ahora, con la modificación aprobada en 2016, la primera vuelta se adelantó a mediados de junio; y la segunda vuelta se corrió para mediados de agosto. Mientras que la transmisión de mando quedó el 14 de enero. Lo anterior implica que el proceso de transición pasará de dos a cinco meses para el Organismo Ejecutivo; mientras que para alcaldes y diputados (electos el pasado 11 de junio), la transición será de siete meses.

El incremento en el período de transición genera condiciones atípicas en el escenario político. Y quizá para generar un parámetro de comparación conviene voltear a ver a México, país en el que también transcurren cinco meses entre la elección (1 de julio) y la toma de posesión (1 de diciembre).

Una transición extensa genera una serie de dinámicas. La primera, es la erosión del poder del presidente saliente. Es normal que una vez hay gobernante electo, la atención mediática y de los actores relevantes migra hacia el gobierno entrante. De igual forma, los actores políticos dejan de prestar la atención al gobernante saliente al tiempo en que buscan congraciarse con los actores que asumirán el poder.  En pocas palabras, se cumple aquella frase de “muerto el rey viva el rey”.

Pero, por otro lado, para el gobernante que asumirá el poder no todo es color de rosas. Sus decisiones, nombramientos y actuaciones empiezan a estar sujetos a mayor escrutinio. Si su manejo político y su comunicación es adecuado, esto le puede generar fortalecer el capital político previo a su toma de posesión. Pero, si por el contrario el manejo político y de comunicación no es el adecuado, o si las decisiones generan rechazo ciudadano, se puede generar un desgaste anticipado al nuevo gobierno.

Es decir, la transición genera un escenario difícil de proyectar. ¿Qué tanto se erosionará el poder de Jimmy Morales? ¿Qué tanto puede ampliar su capital político Alejandro Giammattei previo a la toma de posesión? ¿Cómo se manejará la transición? ¿Quién saldrá fortalecido o perjudicado de este proceso?  ¿Cómo operará la relación gobierno saliente y gobierno entrante en el proceso de transición? Todas estas preguntas únicamente se resuelven una vez adentrado ese proceso.

Pero esto no se queda ahí. Agreguemos también la transición legislativa. Prácticamente todo el segundo período ordinario de sesiones del Congreso (1 de agosto a 30 de noviembre) se realizará en esta fase de transición política. A ello sumemos que, dada la volatilidad del sistema de partidos, hoy hay 108 legisladores que no se reeligieron. Además, hay una recomposición del balance de fuerzas en la cual el partido oficial -FCN Nación- y algunos de sus aliados -TODOS y MR- quedaron muy debilitados de cara a la siguiente legislatura. Mientras que la UNE, que hoy es principal fuerza de oposición, tiene la mayoría en el siguiente Congreso; pero al mismo tiempo, estará más enfocado en pelear su supervivencia que en dictar agenda política.

Sólo esas condiciones generan un escenario de orfandad política para la legislatura saliente. Periodo en el cual resulta muy difícil proyectar cómo operarán las correlaciones de fuerzas.

¿La alianza oficialista que hoy tiene mayoría en el Congreso buscará aprobarle un Presupuesto 2020 amigable al nuevo Gobierno? ¿Qué tanta capacidad de oposición tendrá la UNE en este contexto? ¿Qué acuerdos pueden gestarse de cara a la elección de cortes? Todas estas preguntas, al igual que en el caso de la transición presidencial, se irán resolviendo sobre la marcha. Lo cierto, es que por cualquier frente es evidente que estos cinco meses de transición atraerán incertidumbre.

Acabó un proceso accidentado y lleno de datos interesantes que hicieron de esta elección una muy particular.

Sobre las elecciones en general

En primer lugar, estrenamos nuevas reglas electorales y por primera vez el acceso a los medios de comunicación no fue un factor clave. En segundo lugar, la descalificación de cinco candidatos presidenciales marcó profundamente el tono de la primera vuelta. Jamás había ocurrido tal cosa en nuestra historia democrática y peor aun si tenemos en cuenta que dos de las descalificadas (Zury Ríos y Thelma Aldana) sumaban la intención de voto de 1 de cada 4 electores de acuerdo a las encuestas de abril.

Por otra parte, se vio un distanciamiento mayor entre las estructuras locales y los candidatos presidenciales. Si en 2015 Jimmy Morales ganaba la elección con un partido que no ganó una sola alcaldía, en 2019 Alejandro Giammattei gana la presidencia y su partido obtiene apenas 29 alcaldías lo cual equivale al 8.5% de las alcaldías de todo el país.

La UNE fue el “LIDER” de esta elección. Hace 4 años el partido de Baldizón conquistaba 130 alcaldías, equivalentes al 39% de corporaciones municipales del país, pero en aquel entonces la UNE les ganó el boleto a segunda vuelta. Ahora, la UNE ganó 108 alcaldías, cerca de un tercio de las alcaldías del país, pero no fue capaz de ganar la elección presidencial. El vínculo alcalde-diputado distrital se mantiene, pero el vínculo entre líderes locales y candidatos presidenciales parece importar cada vez menos.

Los votos nulos y en blanco: el segundo lugar en primera vuelta

No deja de llamar la atención que es la primera vez en nuestra historia democrática que los votos en blanco y votos nulos, como porcentaje de los votos válidos, suman el segundo lugar en la elección presidencial. En primera vuelta, Sandra Torres sumó el equivalente al 25.5% de los votos válidos y los votos nulos y en blanco sumaron el 15% en tanto que Alejandro Giammattei sumó el 14%.

Por supuesto que es discutible afirmar que todos los votos en blanco y, especialmente los votos nulos, muestran rechazo. Entre los votos nulos hay votos que se anulan por «error» del votante. En esta elección despertó curiosidad el hecho de que el voto nulo tendría el efecto de repetir las elecciones si obtenía más del 50% del total de votos válidamente emitidos.

Aunque para ser justos, los votantes no lo tenían muy claro. De acuerdo con la encuesta de Prensa Libre publicada en junio de este año, el 29% de los ciudadanos creía que los votos nulos no tenían valor y un 28% dijo no saber nada al respecto. Pero también es verdad que más del 74% pensaba que una boleta en blanco era equivalente a un voto nulo, aunque no es así. De modo que esos votos nulos y en blanco, algo nos dicen del malestar de los votantes.

La remontada más grande y la caída de la participación más grande en un balotaje

Otra lección que nos deja esta elección es el enorme antivoto de Sandra Torres. Las encuestas de Fundación Libertad y Desarrollo y Prensa Libre colocaban el antivoto de Torres entre un 34% y 54% respectivamente.

El balotaje demostró el rechazo: por primera vez desde la elección de 1990, el candidato que ocupó el segundo lugar en primera vuelta consiguió ganar la elección. Pero más impactante aún: fue el crecimiento más grande, en términos absolutos, de un candidato de una primera a una segunda vuelta. El voto a favor de Alejandro Giammattei creció un 211%. En cambio, los votos a favor de Sandra Torres únicamente crecieron un 23%, el tercer peor crecimiento en las nueve elecciones presidenciales de nuestra era democrática.

Se habló mucho del abstencionismo en la segunda vuelta y ciertamente fue la segunda tasa de abstencionismo más alta en las nueve elecciones presidenciales desde 1985. Sin embargo, más preocupante es aún el hecho de que fue la elección donde más cayó la participación entre la primera y la segunda vuelta: cayó un 19.5%. Hubo departamentos como Huehuetenango donde el abstencionismo alcanzó casi el 70% en segunda vuelta.

Un congreso atípico

Las elecciones legislativas también nos dejan algunos datos interesantes. Nos queda un congreso fragmentado con 19 bancadas, la fragmentación más alta de nuestra era democrática. También cayó la tasa de diputados reelectos.

Si no tomamos en cuenta las elecciones legislativas del año 1994, que ocurrieron post reforma constitucional y post serranazo que disolvieron anticipadamente el Congreso, esta es la segunda tasa más baja de diputados reelectos con un 31.65%. Se reeligieron únicamente 50 diputados de los 158 que había la legislatura pasada. La tasa más baja de reelección desde 1985 ocurrió en las elecciones de 1990 cuando únicamente se reeligieron 23 de los 100 diputados que conformaban la primera legislatura lo cual equivale a un 23% de reelectos.

El partido oficial la tendrá difícil en el legislativo. Obtuvo 17 escaños, lo cual equivale al 11% del total de escaños en el Congreso, es la segunda “bancada oficial” más baja de la historia democrática y supera únicamente al FCN Nación en las elecciones pasadas cuando obtuvieron únicamente 11 escaños equivalentes al 7% de asientos totales. La gran diferencia es que el FCN Nación salió de compras y acabó con una bancada de 36 diputados, equivalente al 22.5% de diputados.

Ahora el transfuguismo no está permitido y aquellos diputados que renuncien a su bloque legislativo quedan como diputados de segunda categoría sin poder integrar Junta Directiva ni presidir comisiones de trabajo. Veremos cómo se las ingenia el partido de Alejandro Giammattei para navegar en ese contexto con estas reglas.

Acabó un proceso accidentado y lleno de datos interesantes que hicieron de esta elección una muy particular.

Sobre las elecciones en general

En primer lugar, estrenamos nuevas reglas electorales y por primera vez el acceso a los medios de comunicación no fue un factor clave. En segundo lugar, la descalificación de cinco candidatos presidenciales marcó profundamente el tono de la primera vuelta. Jamás había ocurrido tal cosa en nuestra historia democrática y peor aun si tenemos en cuenta que dos de las descalificadas (Zury Ríos y Thelma Aldana) sumaban la intención de voto de 1 de cada 4 electores de acuerdo a las encuestas de abril.

Por otra parte, se vio un distanciamiento mayor entre las estructuras locales y los candidatos presidenciales. Si en 2015 Jimmy Morales ganaba la elección con un partido que no ganó una sola alcaldía, en 2019 Alejandro Giammattei gana la presidencia y su partido obtiene apenas 29 alcaldías lo cual equivale al 8.5% de las alcaldías de todo el país.

La UNE fue el “LIDER” de esta elección. Hace 4 años el partido de Baldizón conquistaba 130 alcaldías, equivalentes al 39% de corporaciones municipales del país, pero en aquel entonces la UNE les ganó el boleto a segunda vuelta. Ahora, la UNE ganó 108 alcaldías, cerca de un tercio de las alcaldías del país, pero no fue capaz de ganar la elección presidencial. El vínculo alcalde-diputado distrital se mantiene, pero el vínculo entre líderes locales y candidatos presidenciales parece importar cada vez menos.

Los votos nulos y en blanco: el segundo lugar en primera vuelta

No deja de llamar la atención que es la primera vez en nuestra historia democrática que los votos en blanco y votos nulos, como porcentaje de los votos válidos, suman el segundo lugar en la elección presidencial. En primera vuelta, Sandra Torres sumó el equivalente al 25.5% de los votos válidos y los votos nulos y en blanco sumaron el 15% en tanto que Alejandro Giammattei sumó el 14%.

Por supuesto que es discutible afirmar que todos los votos en blanco y, especialmente los votos nulos, muestran rechazo. Entre los votos nulos hay votos que se anulan por «error» del votante. En esta elección despertó curiosidad el hecho de que el voto nulo tendría el efecto de repetir las elecciones si obtenía más del 50% del total de votos válidamente emitidos.

Aunque para ser justos, los votantes no lo tenían muy claro. De acuerdo con la encuesta de Prensa Libre publicada en junio de este año, el 29% de los ciudadanos creía que los votos nulos no tenían valor y un 28% dijo no saber nada al respecto. Pero también es verdad que más del 74% pensaba que una boleta en blanco era equivalente a un voto nulo, aunque no es así. De modo que esos votos nulos y en blanco, algo nos dicen del malestar de los votantes.

La remontada más grande y la caída de la participación más grande en un balotaje

Otra lección que nos deja esta elección es el enorme antivoto de Sandra Torres. Las encuestas de Fundación Libertad y Desarrollo y Prensa Libre colocaban el antivoto de Torres entre un 34% y 54% respectivamente.

El balotaje demostró el rechazo: por primera vez desde la elección de 1990, el candidato que ocupó el segundo lugar en primera vuelta consiguió ganar la elección. Pero más impactante aún: fue el crecimiento más grande, en términos absolutos, de un candidato de una primera a una segunda vuelta. El voto a favor de Alejandro Giammattei creció un 211%. En cambio, los votos a favor de Sandra Torres únicamente crecieron un 23%, el tercer peor crecimiento en las nueve elecciones presidenciales de nuestra era democrática.

Se habló mucho del abstencionismo en la segunda vuelta y ciertamente fue la segunda tasa de abstencionismo más alta en las nueve elecciones presidenciales desde 1985. Sin embargo, más preocupante es aún el hecho de que fue la elección donde más cayó la participación entre la primera y la segunda vuelta: cayó un 19.5%. Hubo departamentos como Huehuetenango donde el abstencionismo alcanzó casi el 70% en segunda vuelta.

Un congreso atípico

Las elecciones legislativas también nos dejan algunos datos interesantes. Nos queda un congreso fragmentado con 19 bancadas, la fragmentación más alta de nuestra era democrática. También cayó la tasa de diputados reelectos.

Si no tomamos en cuenta las elecciones legislativas del año 1994, que ocurrieron post reforma constitucional y post serranazo que disolvieron anticipadamente el Congreso, esta es la segunda tasa más baja de diputados reelectos con un 31.65%. Se reeligieron únicamente 50 diputados de los 158 que había la legislatura pasada. La tasa más baja de reelección desde 1985 ocurrió en las elecciones de 1990 cuando únicamente se reeligieron 23 de los 100 diputados que conformaban la primera legislatura lo cual equivale a un 23% de reelectos.

El partido oficial la tendrá difícil en el legislativo. Obtuvo 17 escaños, lo cual equivale al 11% del total de escaños en el Congreso, es la segunda “bancada oficial” más baja de la historia democrática y supera únicamente al FCN Nación en las elecciones pasadas cuando obtuvieron únicamente 11 escaños equivalentes al 7% de asientos totales. La gran diferencia es que el FCN Nación salió de compras y acabó con una bancada de 36 diputados, equivalente al 22.5% de diputados.

Ahora el transfuguismo no está permitido y aquellos diputados que renuncien a su bloque legislativo quedan como diputados de segunda categoría sin poder integrar Junta Directiva ni presidir comisiones de trabajo. Veremos cómo se las ingenia el partido de Alejandro Giammattei para navegar en ese contexto con estas reglas.

Una ruta que trascienda la acción judicial.

Guatemala vive un proceso de transformación, de un sistema patrimonialista, en donde la corrupción y el tráfico de influencia han constituido el combustible del sistema político, a un sistema de corte republicano donde impere el Estado de Derecho. Desde abril de 2015, el Ministerio Público y CICIG encaminaron una ofensiva sin precedentes de combate a la corrupción, que ha dado como resultado una depuración de élites políticas.

A modo de analogía: Guatemala era como una casa vieja, abandonada, con cimientos al borde del colapso, el techo destruido y las paredes podridas. Y si bien el equipo de demolición ha sido exitoso en botar los cimientos podridos del viejo sistema, no queda claro quiénes serán los ingenieros que diseñen y se encarguen de construir el nuevo sistema. En este contexto, el país se enfrenta a un dilema: a cinco días de la segunda vuelta no queda claro si alguna de las dos fuerzas en la contienda tiene si quiera la noción de cómo construir sobre los avances 2015-2019.

La experiencia 2017-2019 nos ha llevado a reconocer que la construcción de una democracia institucional requiere algo más que un esfuerzo de depuración judicial. Por ello, es importante plantear una ruta hacia una agenda institucional que institucionalice los avances.

Primero, se necesita una agenda de reforma del Estado que cierre las llaves de la corrupción. Resulta urgente modificar el sistema electoral y de partidos políticos para mejorar la representatividad, a través de una revisión al sistema de distritos y los umbrales de participación.

Es necesario también revisar la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia, para evitar que otros operadores tengan injerencia sobre la elección de jueces. O qué decir del funcionamiento del sistema. Los casos de alto impacto han permitido a muchos reconocer que la justicia en Guatemala no es expedita, que el sistema está colapsado y desbordado. Atender ese mal requiere de figuras como la Aceptación de Cargos, la cual permitiría a las personas vinculadas a casos ilícitos reconocer su culpa, reparar el daño causado y recibir beneficios premiales para descongestionar el sistema. Pero además, es necesario revisar también los plazos procesales, las causales de recusación de jueces, o los plazos y requisitos en la tramitación del recurso de amparo.

Es importante atender los marcos normativos relacionados con la gestión pública. El sistema de servicio civil requiere de una modificación profunda, que permita al Estado atraer al talento humano más capacitado y remunerarle de acuerdo a metas de desempeño y no “en paquete” como ocurre con los pactos colectivos. El sistema de contrataciones públicas debe modernizarse, empezando por una separación funcional y legal entre las compras y las contrataciones. La estructura presupuestaria también requiere de una profunda revisión. Es imposible plantear política pública cuando un Gobierno se enfrenta a que más del 70 por ciento ya está comprometido por asignaciones pétreas. El planteamiento de presupuestos abiertos, de carácter multianual, con un blindaje técnico sobre los listados de proyectos de inversión, debe pasar de ser una política de un ministro a convertirse en una norma de Estado.

En el ámbito de lo privado es importante entender los vientos de cambio. Cada día son más las empresas que adoptan políticas de compliance, códigos de ética y modelos de gobernanza corporativa para atajar y prevenir prácticas de corrupción de actores individuales dentro de las organizaciones. Las políticas de ABC (Anti-Bribery and Corruption) y la certificación ISO 37001 son ahora los referentes mundiales sobre el respeto a la ley y las prácticas para prevenir la corrupción.

Ojalá que quien resulte electo el próximo 11 de agosto incorpore algunos criterios de cómo construir sobre el tablero depurado.

La revista Estrategia y Negocios cumple 20 años. 

En 1999 Centroamérica estaba gobernada por Alfonso Portillo en Guatemala, Paco Flores en El Salvador, Carlos Roberto Flores Facussé en Honduras, Arnoldo Alemán en Nicaragua, Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica y Mireya Moscoso en Panamá.

Aquel fue un momento crítico para la región, pues a pesar de los buenos esfuerzos de algunos de aquellos presidentes -los menos- nuestros países empezaron a sentir la complejidad de la era presente. Los peores presidentes del 99 fueron el principio de la captura criminal del Estado en al menos tres de nuestros países.

Entre algunos de los fenómenos que arrancaron hace unos 20 años y que seguimos sin poder descifrar y enfrentar, están la caída en los precios de nuestros productos, el derrumbe de la globalización, el populismo, el terrorismo, la era exponencial en la tecnología, el escaso crecimiento económico frente a una creciente demanda de oportunidades y políticos iluminados que son cada uno peor que el otro.

En los siguientes datos -todos del FMI- está incluida Panamá, pues para efectos de esta nota, la considero parte de Centroamérica.

La población de Centroamérica en 1999 era de 35,3 millones y en 2018 alcanzó 48,8 millones. Con un crecimiento promedio de 2%, en 19 años, la población se incrementó en 38,1%.

El crecimiento económico promedio entre 1999 y 2018 fue de 3,8%. La inversión fue de 26,2% del PIB en 1999. En 2018 se redujo a 24,3%. Sin embargo, sin Panamá, donde la inversión representa el 44% del PIB, el resto de la región baja al 20,3% de inversión sobre el PIB en promedio. En Guatemala la inversión representó solo el 12,5%; el más bajo de la región centroamericana. 

En el índice que califica la salud democrática, en 2006, la región calificaba en promedio 6,6 puntos sobre 10. Estábamos en la categoría de "democracias con problemas". Solo Costa Rica era considerada una democracia plena en 2006. Por eso son presumidos los ticos, pero tienen razón.

En 2018, la región bajó a 6 sobre 10, y caímos a la categoría de "regímenes híbridos" entre democracia y autoritarismo. Solo Costa Rica se mantiene como democracia plena. Dichosos los ticos, pero que la cuiden.

Excepto Costa Rica, los demás países hemos deteriorado la salud de la democracia. Y se nota.

Según el índice de Estado de Derecho del "World Justice Project'', en los últimos 5 años, la región, excepto Costa Rica, califica mal. El problema es que no se ven señales de que este índice mejore; y lo grave son las consecuencias que esto significa.

20 años no es nada dice el Tango; y es cierto. Los humanos queremos que las transformaciones y el desarrollo sucedan en nuestro tiempo de vida. "Not gonna happen". Pero podemos sentar las bases.

La realidad presenta  países estancados. Guatemala en franco deterioro. Nicaragua, perdida. Esto no es cuestión de pesimismo. Son datos. Y para cambiarlos, las élites deben despertar.

Suramérica está produciendo más drogas que nunca y el consumo aumenta. El narcotráfico está contaminando la política de una manera alarmante. Guatemala carnina veloz hacia un narco Estado.

El crecimiento económico que necesita la región solo se logrará si tenemos las economías de escala, la masa crítica y el volumen que daría una Comunidad Económica Centroamericana. Pero ni hablar del tema.

Centroamérica no ha cambiado lo suficiente de 1999 a 2019. Debemos fortalecer nuestras democracias, y para eso, hace falta más gente decente y capaz en la política.

En los próximos 20 años tendremos desafíos extraordinarios. No estamos preparados para enfrentarlos.

En 2039 podemos amanecer en una Centroamérica exitosa. Esto no sucederá por magia ni nadie lo hará por nosotros. A trabajar se ha dicho. 

Lo que está claro es que Estrategia & Negocios debe seguir presente, brillando y ofreciendo guía y luz, como lo ha hecho, con gran compromiso y excelencia, desde 1999.

Un gobierno mentiroso y un presidente poderoso molesto con Guatemala. 

En una columna anterior expliqué qué significaba ser tercer país seguro de EEUU y las gravísimas consecuencias que tendría para Guatemala firmar dicho acuerdo.  El problema continúa. Alrededor del mismo, el presidente Morales ha dicho al menos tres mentiras y todo como telón de fondo a la furia de Trump con nuestro país. Repasemos el asunto.

Primera mentira: negar el acuerdo a la prensa

El presidente de Guatemala Jimmy Morales y el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirían en la Casa Blanca el 15 de julio. Esto levantó las sospechas de que se firmaría un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro. Ante los medios, antes y después de que se cancelara dicha reunión, el gobierno negaba el acuerdo. La prensa estadounidense, en cambio, lo daba por hecho.

Segunda mentira: negar el acuerdo ante la propia Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional un día antes de la reunión entre los presidentes (14 de julio) como consecuencia de una acción que promovieron unos colegas abogados y ex cancilleres ante la amenaza de que Morales firmara el acuerdo de forma simplificada, es decir, sin pasar por el Congreso. Esto motivó que la reunión se suspendiera.

La Corte solicitó un informe al presidente previo a resolver aquí es donde viene la segunda mentira del gobierno. El presidente informó a la Corte que:

«(…) los actos reclamados [la amenaza de firmar el acuerdo de tercer país seguro] constituyen situaciones que no tienen existencia real, sino más bien son basados en conjeturas, noticias de periódicos locales, cartas de Congresistas, que en ningún momento le obligan a realizar determinada actividad, por lo que la prueba ofrecida no constituye ninguna credibilidad de que firmará en el futuro algún documento de compromiso (…)». (El resaltado es propio)

Pero el 23 de julio Twitter amaneció en llamas cuando el presidente Trump tuiteó que «Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros de firmar un acuerdo de Tercer País seguro. Estábamos listos para ir (…)» (traducción libre, el resaltado es propio). ¿Entonces? ¿No decía el presidente Morales ante la Corte de Constitucionalidad, que la amenaza de firmar un acuerdo de tercer país seguro «no tenía existencia real»? El presidente Trump lo delató. Morales le mintió a la Corte.

Tercera mentira: culpar a la Corte de Constitucionalidad de entrometerse en la política exterior

El presidente Morales publicó en Facebook un escrito en el que culpa de la caída de las negociaciones entre Guatemala y EEUU a la Corte de Constitucionalidad por el fallo antes aludido. Entre otras cosas, Morales afirma:

«Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo.» (El resaltado es propio)

El presidente miente o exagera con esa afirmación. La Corte de Constitucionalidad no se entrometió con la política exterior y, mucho menos, negó que el acuerdo pudiese llegar a nacer, lo único que resolvió fue que, si el presidente Morales quiere suscribir el convenio de tercer país seguro, éste debe pasar por la aprobación del Congreso porque así lo establece el artículo 171 literal “l” de la Constitución. Algo que Morales intentó burlar suscribiendo un acuerdo simplificado, pero que finalmente no pudo ser gracias a esta acción de amparo.

Tampoco es la primera vez que la Corte de Constitucionalidad resuelve temas de política exterior, como reiteradamente ha afirmado este gobierno. En 2009 la Corte de Constitucionalidad resolvió, en el Expediente 2409-2009, un amparo a favor de Cámara de Industria y Cámara de Comercio ante la amenaza de que el gobierno de Álvaro Colom repitiese la medida de restringir el comercio con Honduras por las fronteras terrestres, una medida que había tomado en junio de aquel año durante 48 horas como consecuencia del golpe de Estado a Manuel Zelaya. De modo que el amparo provisional en el caso del tercer país seguro transita en la misma línea jurisprudencial que aquel precedente. Nuevamente, Morales miente o se equivoca (la que usted prefiera).

La furia de Trump: amenazar con subir aranceles a nuestros productos y poner impuesto a nuestras remesas

Claro está que para Trump la migración es un tema central con miras a su reelección en el 2020. En tal sentido, intentó arrinconar a México para que fuera tercer país seguro con la amenaza de imponer aranceles escalonados que comenzarían con el 5% y acabarían en el 25% si no atendían sus demandas, algo que tuvo a bien evitar el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ahora Trump ha amenazado con imponer aranceles a productos guatemaltecos y fijar un impuesto a las remesas de los guatemaltecos. ¿Es posible? Sí, pero en ambos casos podría existir un contrapeso en el legislativo de EEUU.

En el caso de imponer un impuesto a las remesas, debería producirse a través de una ley que deben aprobar ambas cámaras del Congreso americano. De hecho, fue algo que intentaron en 2017 cuando un grupo de republicanos propuso la Border Wall Funding Act of 2017.

El aumento de aranceles es un poco más complicado. El presidente Trump podría hacer uso de la International Emergency Economic Powers Act y declarar que existe una emergencia de parte de Guatemala contra la «seguridad nacional» de los EEUU e imponer aranceles usando los poderes de emergencia que dicha norma le da. En tal caso, el Congreso de EEUU podría emitir una resolución que ponga fin a la emergencia declarada por el presidente y revertir el aumento de aranceles.

Otra respuesta podría ser que Guatemala podría acudir al panel arbitral del RD-CAFTA y luego a Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que el aumento de aranceles sería en violación del RD-CAFTA. Honestamente, no es demasiado consuelo. La OMC ha estado bajo serios cuestionamientos por parte de los propios EEUU desde hace años, incluso bajo la administración Obama que bloqueó la reelección de una juez de apelaciones de la OMC. Con Trump la cosa ha ido a peor pues incluso ha planteado la salida de EEUU de la organización.

Sí, Guatemala no puede negociar de tú a tú con EEUU. La crítica central contra la administración de Morales no es esa. Lo cuestionable es el secretismo con que se han ventilado los asuntos y la poca consciencia de los problemas que traería para Guatemala aceptar ser tercer país seguro de EEUU. He ahí el problema. El segundo problema es su narrativa que invita a desobedecer a la CC, algo que data de 2017. Todo muy en contra de la institucionalidad de la que tanto carece el país.

El título que ilustra este breve análisis hace alusión a un término acuñado por el politólogo estadounidense Steven Levitsky en su célebre libro "Cómo mueren las democracias".

Para Levitsky, las salvaguardas constitucionales de un sistema político no son suficientes por sí mismas para evitar que una democracia se degenere, ya que incluso las constituciones mejor escritas pueden ser letra muerta frente a una deriva autoritaria. Por ello, teóricos de la política han definido las constituciones como reales, nominales y fachada[1].

En ese sentido, más allá de las constituciones escritas, las democracias modernas exitosas han dependido de reglas informales, que a pesar de no estar plasmadas en legislación positiva, son “convenciones” respetadas y acatadas por los ciudadanos y que fungen de guardarraíles[2] de la democracia pues impiden que la pugna política cotidiana se salga de las formas republicanas y desemboque en un conflicto que transgreda el sistema y haga peligrar la existencia de la propia comunidad política. Para Levitsky estos pactos tácitos son: la tolerancia mutua y la contención institucional. Esto significa no tomar a los adversarios políticos como una amenaza existencial (acordar en no estar de acuerdo siempre) y no utilizar los poderes institucionales para “aniquilarlos”[3].

En esta tarea, un sistema de partidos políticos verdaderamente institucionales que opere bajo un gran pacto político nacional, es vital ya que es el instrumento natural para contener posibles amenazas al sistema político. A lo externo, los partidos procurarían la formación de alianzas que frenen un movimiento radical “anti-sistema”[4]. A lo interno, dentro de sus propias bases y cuadros, “filtrarían” nominaciones y candidaturas que pudieran ser polarizantes mediante procesos internos de depuración como las primarias.

Sin embargo, la organización de los partidos políticos en América Latina es precaria y sufre distorsiones importantes:

“En muchas ocasiones las decisiones, y la manera en que estas se adoptan dentro de las organizaciones, no dependen de los órganos de gobierno sino de liderazgos personalistas o de los caciques regionales; las carreras dentro del partido están determinadas por los contactos personales y las redes de patronazgo y no por el aparato burocrático; las organizaciones locales no funcionan como sucursales de una organización nacional (aún cuando la integran) sino que los militantes y dirigentes hacen las tareas partidarias desde su casa o sus lugares de trabajo y el financiamiento se consigue de manera informal (usualmente ilegal), basada en el patronazgo, las donaciones o los recursos estatales”[5]

En América Latina las organizaciones informales de los partidos están institucionalizadas en la práctica[6]. De manera que “institucionalización”[7] y “organización formal”, no son términos necesariamente equivalentes sino más bien vinculantes y aspiracionales: uno debería conducir al otro y viceversa.

Así las cosas, la organización formal de un partido incluye altos grados de “burocratización”[8] como: una oficina central, oficinas locales, sedes y seccionales. Además de la existencia de procedimientos formales internos y establecidos de toma de decisiones, membresía y financiación, que estén en consonancia con los estatutos. Usualmente, sobre todo en América Latina, cuando se habla de más “democracia interna” dentro de los partidos políticos para contrarrestar prácticas arbitrarias como el “dedazo”, realmente a lo que se está apuntando es a la burocratización o formalización de procesos internos impersonales que limiten otras formas informales de organización basadas en el privilegio personal[9].

Institucionalización de los partidos en Guatemala

En Guatemala, los partidos políticos han sido calificados como franquicias electorales “con un alto nivel de centralización en los que el comité nacional cede la marca del partido a un líder local, quien se hace cargo de la organización municipal del partido, y a cambio recibe una candidatura” [10]. Por esta razón, en su mayoría, son partidos sin ideología, sin estatutos que se cumplan, sin formación de cuadros y sin un proyecto de Estado que contemple el largo plazo.

De manera que la “institucionalización” de los partidos políticos guatemaltecos estriba en prácticas informales que a su vez derivan de estructuras históricas como el patrimonialismo, el cacicazgo y el clientelismo, que la legislación (sobre todo la reforma de 2016 a la LEPP) no ha podido corregir.

De acuerdo al más reciente informe de ASIES sobre partidos políticos[11], los partidos políticos en Guatemala no canalizan las demandas de la ciudadanía ante el Estado, por lo cual la sociedad tampoco se ve reflejada en este tipo de organizaciones, por ello no los percibe como vehículos idóneos para encauzar sus demandas políticas. También esta actitud explica la creciente desafección hacia la democracia en Guatemala con apenas un 26% de apoyo, siendo el índice más bajo en la región después de El Salvador[12].

En ese sentido, al no haber una demanda ciudadana de genuina representación de sus intereses, no existen incentivos dentro de los propios partidos para organizarse formalmente.  Tenemos que la función vital de todo partido, el leitmotiv de cerrar esa brecha entre sociedad y Estado, no se cumple a cabalidad en Guatemala y entonces esa función es suplida por otros actores como los medios de comunicación, empresariado, ONG’s, tanques de pensamiento, iglesias, entre otros, que canalizan ciertas demandas ciudadanas, pero son incapaces de articularlas en un gran acuerdo nacional, precisamente porque su naturaleza no está concebida para la acción política. Es por ello que, en lugar de ser guardarraíles, en Guatemala los partidos políticos son más bien parapetos[13].

[1] Nos remitimos a la definición de Giovanni Sartori de Constitución, entendida como “garantía” o principios que limitan el poder arbitrario, y aseguran el control y equilibrio del poder político (Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid. Alianza Editorial. 1992. Pp. 13-25).
[2] Los guardarraíles son barreras de acero que se colocan a los lados de las vías para impedir que los vehículos se salgan del carril.
[3] Levitsky, Steven. “5. Los guardarraíles de la democracia”. Cómo mueren las democracias. Barcelona. Paidós. 2018. Pp. 117-138
[4] Un ejemplo de esto es el caso actual de España, donde la polarización política es tal, que la oferta electoral se ha fragmentado en nuevos partidos políticos de tendencia radical tanto de izquierda como derecha. Los partidos tradicionales, que protagonizaron el acuerdo político de 1978, en lugar de unirse contra la amenaza radical, han optado por el discurso polarizante, debilitando al sistema político e impidiendo la formación de un gobierno desde el año 2018 (sobre esto ver: Levitsky, Steven. “1. Alianzas fatídicas”. Ibídem. Pp. 21-44).
[5] Levitsky, S y Freidenberg, F. “Organización informal de los partidos políticos en América Latina”. Revista Desarrollo Económico. Instituto de Desarrollo Económico Y Social. Vol. 46, No. 184 (Ene-Mar, 2007), pp. 539-568
[6] El caso más evidente es el del PRI en México, donde su amplia red de patronazgo y clientelismo político ha sido la base de su maquinaria partidista por las ocho décadas que ha estado en el poder.
[7] El concepto de “institución” que tomamos es del economista Douglass North, entendidas como las normas y convenciones de una sociedad que crean límites y forjan la interacción humana en el transcurso del tiempo, tales como las leyes, los intercambios económicos, la política y las costumbres. (North, Douglass. Institutions, institutional change and economic performance. New York. Cambridge University Press. 1990, P. 3)
[8] Entendiendo burocracia en su acepción weberiana como la forma de organización estatal cuyo fin es lograr la racionalidad en las acciones gubernamentales. (Weber, Max. ¿Qué es la burocracia? Madrid. Ediciones El Aleph. 2000).
[9] El politólogo chileno Sebastián Mazzuca afirma que en América Latina, el proceso de burocratización no se consolidó. A diferencia de Europa, que durante los siglos XVIII y XIX alcanzó niveles importantes de burocratización (para finalmente democratizarse en el siglo XX); en Latinoamérica el proceso se dio a revés. En ese sentido, primero ocurrieron las llamadas “oleadas democráticas” y después los intentos de burocratización y de organización racional de Estado. De manera que, lo que se corrigió en América Latina con las llamadas oleadas democráticas fue el tema del acceso al poder político, pero las prácticas históricas de corrupción,  clientelismo y de ejercer patrimonialmente el poder político, se mantuvieron y persisten hasta hoy (Mazzuca, Sebastián “¿Democratización o burocratización? Inestabilidad del acceso al poder y estabilidad en el ejercicio del poder en América Latina”. Revista Araucaria. Universidad de Sevilla. 2002. Año 4. Nº 7)
[10] Lemus, Jonatán y Brolo, Javier. Partidos políticos guatemaltecos: cobertura territorial y organización interna. Guatemala. ASIES. 2013. P. 25
[11] Dabroy, Jahir. Institucionalización de los partidos políticos: aproximación al caso guatemalteco. Guatemala. ASIES. Nº 1- 2018. P. 58
[12] Informe Latinobarómetro 2018, p. 16
[13] El parapeto es una baranda que se usa para evitar caer al vacío. Siempre es de carácter provisional e inestable, puede ser improvisado ante una determinada situación de peligro inminente.

Y la relación entre participación y posibles resultados electorales.

A tres semanas de la segunda vuelta electoral, la encuesta de opinión pública de la Fundación Libertad y Desarrollo, realizada por CID-Gallup, arroja algunas luces sobre el escenario político.

Vale siempre recordar que las encuestas son fotografías del momento, y no son instrumentos “predictivos”. En este caso, la fotografía corresponde al período del 9 al 14 de julio, fechas en las que se procedió a levantar los datos de la medición.

La encuesta arroja un resultado que pareció sorpresivo para algunos: si la segunda vuelta fuera hoy, Alejandro Giammattei obtendría 40.6% de los votos válidos; Sandra Torres obtendría 33.4% de los votos; mientras que un 6.5% votaría nulo y 19.4% dejaría su voto en blanco.

Esta tendencia no es muy diferente a lo que las encuestas mostraban en junio pasado, previo a la primera vuelta, cuando se corrían escenarios de posibles segundas vueltas. Por ejemplo, la encuesta de CID-Gallup y Fundación Libertad y Desarrollo señalaba que en caso de producirse un balotaje entre Giammattei y Torres, el candidato del partido Vamos obtendría 38% de votos válidos, mientras la candidata de la UNE obtendría 34%. Tendencia similar arrojó la medición de Prensa Libre y ProDatos, que ubicaban a Giammattei con 54% frente a un 34% de Torres en una eventual segunda vuelta.

El resultado genera disonancia cognitiva, puesto que la intuición parecería indicar que Torres y la UNE poseen una estructura partidaria mucho más sólida y con mayor penetración territorial. Además, que el resultado de los verdes en Primera Vuelta, fue muy superior al desempeño de Giammattei y Vamos.

Sin embargo, el enemigo de Torres -y la razón de por qué en el balotaje Giammattei  le supera en intención de voto- es la opinión negativa de la candidata. La encuesta reciente de FLD y CID-Gallup muestran que un 25.2% de personas tiene una “mala” opinión de Sandra Torres; mientras un 12.1% tiene una opinión “muy mala” de ella. Es decir, 37% de negativos. Frente a ello, Giammattei tiene 11.7% de negativos (10.9% de opinión “mala” y 0.82% de opinión “muy mala”).

Esos negativos dan lugar a lo que se conoce como el “anti-voto”, el cual se refiere al rechazo que genera un candidato entre el electorado. La teoría indica que en casos de balotaje, cuando la motivación del elector es votar por el “menos malo”, el anti-voto se convierte en una motivación para votar al candidato menos rechazado. Y la encuesta arroja entonces que los negativos de Torres son tan altos, que esto invita a un porcentaje importante del electorado a votar por Giammattei.

¿Implica esto que Giammattei es el favorito entonces para ganar la Presidencia?

No necesariamente. Un dato que también evidencia la encuesta es la certeza potencial del voto. Mientras la mayor parte del electorado de Torres asegura es casi 100% seguro que irá a votar, el votante de Giammattei no es tan sólido, ya que un segmento relevante de su electorado no está 100% seguro de ir a votar.

Lo anterior se corrobora con el desglose demográfico de los votantes. Mientras Torres tiene su fortaleza entre mujeres, del área rural, de mayor rango de edad y menor nivel educativo y de ingresos; Giammattei tiene su fortaleza entre electorado urbano (tanto metropolitano como de ciudades intermedias), así como jóvenes y personas con mayor nivel educativo. Estos segmentos tienen también una característica de votación: las mujeres rurales, pobres y menos educadas tienden a ser más leales y disciplinadas en su voto. Mientras el votante joven, urbano y de más nivel de estudios tienden a ser más volátiles en su participación.

Lo anterior permite plantear una hipótesis sobre la relación entre participación y resultados electorales. Si hay alta participación en la segunda vuelta, esto favorecería a Giammattei, ya que implicaría que un porcentaje de sus votantes “volátiles” asistieron a las urnas. En cambio, si la participación es baja, la beneficiaria sería Sandra Torres, puesto que esto implicaría que de los “pocos” votantes, la proporción de electores leales de Torres es más alta.

En pocas palabras, pareciera que el resultado de la segunda vuelta dependerá entonces del nivel de participación, y particularmente, de cómo se comporta ese segmento que hoy se muestra más volátil.

¿Qué significa que Guatemala acuerde con Estados Unidos ser tercer país seguro y por qué sería hipotecar al país?

Rumores «bien fundados» (?), como diría el presidente

Como es costumbre en este gobierno, los rumores corren antes que las comunicaciones oficiales. Primero, el presidente Trump dijo en un tuit de fecha 17 de junio que Guatemala se «preparaba» para convertirse en tercer país seguro. La prensa internacional reportó unos días más tarde que el Ministro de Gobernación consideraba que «el hecho de que un país como los EE. UU. nos vea como un país seguro en principio es sumamente positivo», como si de una ganga se tratase.

Lo que dio tracción al tema es que el lunes, 15 de julio, el presidente Morales se reuniría con el presidente Trump en la Casa Blanca, un suceso poco habitual que no se explicaba a no ser que existiera un gran acuerdo por celebrar. Lo reportado por CNN, The Wall Street Journal y también por The New Yorker en su momento es que era un hecho que la reunión era para convertir a Guatemala en tercer país seguro.

Naturalmente, el gobierno negó que la reunión tuviera ese propósito, pero también negó que iría a Argentina a comprar aviones para el ejército y nos enteramos por la prensa argentina de que el rumor era cierto y efectivamente iban a comprarlos (o a «adquirirlos», para usar la simpática nomenclatura que quiso emplear el Ministro de la Defensa para intentar sacar la pata).

¿Qué significa ser tercer país seguro y qué implicaría para Guatemala?

Todo nace en la Convención de Ginebra de 1951 que originalmente sirvió para atender a los refugiados de la Europa de la posguerra, luego ampliado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 a otras circunstancias. Ambos instrumentos fueron ratificados por Guatemala en 1983.

En términos muy sencillos y generales, esta normativa regula el derecho de asilo, al cual pueden recurrir una persona que busca protección en otro país si en su país de origen o residencia tiene temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, posiciones políticas, identidad de género o preferencia sexual.

En los últimos meses ha habido un incremento sustancial en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos que reclaman asilo. En noviembre de 2018 había 6,200 peticiones de asilo y para mayo de 2019 había casi 19,000, algo que además satura los juzgados. Trump respondió con su política de metering que consiste en limitar la cantidad de aplicantes de asilo que pueden entrar a diario a los Estados Unidos, lo cual ha llevado a miles de migrantes a esperar en México en condiciones precarias hasta que sea su «turno», algo que lo determinan ellos mismos o las autoridades mexicanas.

El concepto de «tercer país seguro» se refiere al hecho de que quienes busquen la protección de asilo en un segundo país, en este caso EEUU, éste pueda negarse a darles asilo y remitirlos a un tercer país, en este caso Guatemala, que pueda darles las mismas atenciones y tratos. Eso implica que, de llegar a un acuerdo, EEUU podría enviarnos centenares de personas que pidan asilo en EEUU hasta que su situación se resuelva.

Guatemala no es siquiera capaz de dar atención adecuada al flujo actual de migrantes en el albergue ubicado en la zona 5 de la Ciudad. Mucho menos será capaz de dar vivienda, seguridad social, servicios médicos esenciales, educación o empleo a los mismos, algo a lo que nos comprometería el presidente Morales. Mucho menos hablar de la incapacidad que tendría nuestro sistema de justicia de procesar la cantidad de solicitudes de asilo que podrían venir.

Es cierto, Estados Unidos nos daría dinero para hacer frente a estas obligaciones. Pero como lo ha expuesto mi colega Arturo Villagrán, Guatemala es signatario de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y está bajo la jurisdicción de la CIDH y de la Corte IDH. Si Guatemala llega a violar derechos humanos de refugiados, seríamos responsables como Estado y el gobierno de EEUU no respondería de ninguna manera por ello.

La experiencia europea de designar a Turquía como tercer país seguro ha sido objeto de señalamientos de violaciones de derechos humanos a refugiados, lo mismo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea que lo fue de Australia. Las organizaciones de derechos humanos en EEUU tienen claro que Guatemala no puede ser un país seguro.

La actitud de Morales y el revés que le dio la Corte de Constitucionalidad (CC)

La cuestión solo tiene una explicación: al presidente Morales le quedan poco menos de seis meses de mandato y piensa que una actitud servil con la Administración Trump le comprará impunidad. Se disponía a hipotecar al país y poco le importa el gran compromiso que asumiría Guatemala y que podría durar décadas. Se equivoca de todas formas. Trump solo piensa en las elecciones del 2020 y si no pudo construir un muro físico en México, Guatemala será su «muro» para enviar decenas de personas que piden asilo en EEUU. Mientras Morales sea útil, todo bien. Luego, lidiará con quien ocupe la presidencia.

Un grupo de colegas y el PDH interpusieron un amparo que buscaba evitar que el presidente Morales llegase a comprometer al Estado de Guatemala a través de un acuerdo simplificado. Esto quiere decir que Morales pretendía, presuntamente, comprometer al Estado de Guatemala, pero evitando pasar por el control del Congreso de la República como lo manda el artículo 171 de la Constitución. El domingo, 14 de julio, la CC resolvió otorgar amparo provisional y obliga al presidente a que, de asumir el compromiso de tercer país seguro, lo haga pasando por el control del Congreso, donde seguramente no la tendrá tan fácil.

La racionalidad detrás de los actos irracionales

Para Jimmy Morales, el tiempo avanza inexorablemente. Cada día que pasa, es uno menos de esa pesadilla que resultó ser la Presidencia. Pero también, cada día que pasa es uno más cerca de la fecha fatídica del 14 de enero 2020, día en que el Presidente perderá el derecho de antejuicio.

La posibilidad de enfrentar responsabilidad penal por anomalías en el financiamiento de la campaña 2015 de FCN ha sido un fantasma en el firmamento desde hace casi dos años. Ese fantasma no sólo es una amenaza contra el mismo Morales, sino también, contra su esposa, quién habría facilitado el traslado de fondos de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos en 2015. Desde entonces, hemos visto un esfuerzo sistemático desde Casa Presidencial por frenar cualquier avance de casos judiciales. Ya sea por la vía de bloquear antejuicios en el Congreso, reformar el delito de financiamiento ilícito, o simplemente, limitar la capacidad operativa de los entes de investigación.

A ello sumemos el caso contra el hijo y hermano del Presidente. Ahí la explicación de por qué desde mediados de 2017, la única motivación estratégica de Morales fue ver cómo se deshacía de la CICIG. 

La victoria de enero 2019, con apoyo de militares, una parte de sector privado, derecha conservadora y los actores de la corrupción, aparentemente le dio una fuente de respiro a Morales.

Pero desde el 17 de abril, se desencadenó una nueva pesadilla: la gallina con crema y loroco.

Desde que se conoció la captura de Mario Estrada en Estados Unidos por supuestamente haber buscado financiamiento electoral del Cartel de Sinaloa, y particularmente, desde que se hizo público el encuentro entre Morales y Mario Estrada, las acciones del Presidente han sido erráticas. Por unos días, coqueteó con la idea de señalar de fraudulentas las elecciones del pasado 16 de junio. Luego se embarcó en una aventura para “adquirir” dos aviones Pampa III, bajo un vilo de total secretismo. Y recientemente, intentó suscribir el Acuerdo de “Tercer País Seguro” con Estados Unidos, a pesar de que esto convertiría a Guatemala en un gran campo de concentración de migrantes en tránsito.

¿Cómo explicar entonces esa seguidilla de actuaciones erráticas?

Cuestionar la legitimidad de los resultados electorales fue la medida desesperada que quedó luego de los desastrosos resultados del FCN-Nación en la primera vuelta. A pesar de un masivo esfuerzo de clientelismo electoral en las semanas previas, el partido de Gobierno alcanzó un pírrico resultado que a penas le dejó una bancada de 8 diputados para la siguiente legislatura.

La frustrada adquisición de los Pampa III y la frustrada intentona de suscribir el acuerdo de “Tercer País Seguro” parecían tener como objetivo buscar el beneplácito de Washington en los temas que más atención generan en la administración Trump: frenar la migración ilegal y combatir el narcotráfico.

Lo que no hace sentido son los tiempos. ¿Por qué intentar ganarse el favor de Washington ahora?

Ya entre 2017 y 2018 Morales buscó agradar a Trump en su intento de conseguir apoyos para su agenda anti-CICIG. El traslado de la Embajada a Jerusalén le generó suficientes amistades en Washington como para garantizar el silencio del Gobierno norteamericano una vez empezó la ofensiva por deshacerse de la Comisión. El balance de créditos y débitos parecía entonces estar saldado.

¿Por qué ahora nuevamente un sentido de urgencia de darle muestras de amor al coloso del norte?

La lectura es que Morales busca evitar -a toda costa- cualquier persecución en su contra una vez abandone el poder. Los magros resultados del 16 de junio le dejaron sin una fuerza política que -desde el Congreso- le permita negociar impunidad. Por ello su intentona de arremeter contra la legitimidad del proceso. Pero el nuevo coqueteo con Washington sólo hace sentido a la luz de los eventos de abril y Mario Estrada. Morales sencillamente siente que lo agarraron con las manos en el Loroco.

La receta no es nueva. Es la misma que ha utilizado en Honduras el Presidente Juan Orlando Hernández, quien a pesar que la misma DEA lo menciona como parte de una investigación sobre una organización dedicada al trasiego de drogas, sus constantes esfuerzos por agradar a la administración norteamericana, han sido suficientes para que -por lo menos a él- le dejen en paz. Por lo menos, por ahora.

Esa parece ser entonces la apuesta de Morales.