Navegando por Twitter uno de estos días me encontré con una discusión muy interesante que tenían algunos amigos sobre un artículo escrito por el economista Ricardo Hausmann, Director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard y profesor de esa misma universidad. La tesis del profesor Hausmann se resumen en el título de su artículo, que además tomé prestado para titular esta entrada: Combatir la corrupción no terminará con la pobreza.

Hausmann comienza su artículo afirmando que indudablemente los países más desarrollados tienden a ser menos corruptos que los países menos desarrollados . Sin embargo, existen países menos desarrollados con bajos niveles de corrupción como Ghana y Costa Rica que tienen economías que no crecen al ritmo de los países desarrollados. En el caso de estos países la falta de corrupción no pareciera ser un factor que les asegure el éxito económico.

.@ricardo_hausman explains why fighting corruption won't end poverty http://t.co/5jD5IfeGqd

— Project Syndicate (@ProSyn) julio 28, 2015

La razón está lejos de ser sencilla y seguramente hay una serie de factores históricos, políticos, geográficos y económicos que impiden que estos países alcancen los niveles de desarrollo deseados, pero, dejemos ese tema para los economistas. Desde la perspectiva de Hausmann lo que sí pareciera hacer la diferencia en cuanto a los países con economías que crecen a niveles aceptables y los que no, es que tienen instituciones públicas relativamente eficientes o que han podido mejorar la eficiencia de las mismas.

Alguien podría afirmar que es precisamente la corrupción la que hace que nuestras instituciones no sean eficientes pero aquí es en donde el profesor de Harvard hace una distinción que considero es la más importante de su artículo. La corrupción es un mal, sin lugar a dudas, pero atacar este mal es muy diferente a crear el bien, entendiendo el bien como políticas públicas efectivas. La ausencia de corrupción en las instituciones de un país no asegura que éstas cumplan con el trabajo para el cual fueron creadas.

Por ejemplo: podríamos lograr que los policías dejaran de aceptar sobornos o reducir el ausentismo de maestros en las escuelas públicas pero eso no daría mejores capacidades de investigación a los policías para combatir el crimen o mejoraría necesariamente la calidad de la educación. Que una institución sea transparente en el manejo de sus fondos y activos no necesariamente la hace eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Se necesitan instituciones transparentes pero también eficientes.

Otro asunto que se debe cuidar al momento de tratar el tema de la corrupción son las reformas legales, el supuesto es que, a diferencia de la vieja legislación, la nueva sí será acatada. Bajo esta premisa se crean una serie de reglas y regulaciones complicadas, que generan nuevos procesos para las instituciones. Estas reformas podrían reducir los niveles de corrupción en la institución pero también podrían complicar su funcionamiento a tal punto que no le sea posible cumplir con sus objetivos. Se gana control pero se pierde efectividad.

“La sobrerregulación es vista erróneamente como la solución a cualquier problema público”

Según Hausmann, lo que la fijación por enfocar todos los esfuerzos en una agenda anti corrupción termina creando, en el mejor de los casos, son organizaciones que tienen una obsesión por cumplir con todas las regulaciones impuestas pero que difícilmente servirán para resolver la problemática social. La sobrerregulación es vista erróneamente como la solución a cualquier problema público pero la realidad es que puede convertirse en una verdadera pesadilla para la administración pública al crear un efecto contrario, promoviendo que las personas utilicen otro tipo de corrupción para agilizar los procesos.

Si aplicamos esta tesis a la creciente crisis que atraviesa el sistema político guatemalteco, principalmente causada por la corrupción, podremos ver que la mayoría de soluciones que se han planteado vienen desde la perspectiva de nuevas y supuestamente mejores legislaciones. De ser aprobadas dichas legislaciones, serían el resultado de la tregua entre el sistema político y organizaciones de la sociedad civil que se han dado a la tarea de proponer y exigir los cambios.

Seguramente estas necesarias reformas legales tendrán algunos efectos positivos pero aplicando la tesis de Hausmann, debiéramos moderar un poco las expectativas que podamos tener sobre las mismas y saber que son solamente un primer paso. El siguiente paso es construir instituciones funcionales, dos luchas distintas con el mismo nivel de importancia.

El movimiento ciudadano y la presión sobre el sistema político no deben morir cuando se logren estas reformas específicas sino dirigirse a otros espacios y a reforzar otras instituciones, el éxito no será lograr que estás instituciones tengan una importante cantidad de reglas nuevas sino que los procesos de la administración pública sean cada vez más sencillos y claros, por lo tanto más transparentes.

Lograr un nivel de desarrollo aceptable pasa primero por construir un sistema de justicia independiente que nos ayude a asegurarnos que se cumplan las reglas; un servicio civil profesional y separado del sistema político que sirva como contrapeso a los caprichos del político y ayude a consolidar las políticas públicas de largo plazo; y una estrategia de desarrollo económico que ayude a generar el empleo masivo que necesitan los guatemaltecos para subsanar su situación de pobreza. Lo que necesita el país son líderes que reconozcan la importancia de estos temas y se preparen para ponerlos en marcha desde las entrañas del sistema político.

La perversión del amparo tiene el efecto avieso de destruir el funcionamiento del organismo judicial, entorpecer el sistema de justicia y mermar la calidad del mismo, ya de por sí precaria.

El tema de la «amparitis» en Guatemala[1] se ha sido analizado en un documento titulado «Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad»[2], en el que se explica el deficitario funcionamiento del poder judicial en Guatemala y cómo éste ha obstaculizado la lucha contra la corrupción, liderada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) generando retrasos judiciales en el ámbito de los juicios penales.

Prescindiendo de otros factores, se puede deducir que los tribunales y los operadores del sistema tienen una gran responsabilidad en la distorsión institucional existente, derivado de malas prácticas interpretativas, cuyo ejemplo más emblemático es la práctica judicial del «amparo». Tomando en cuenta esas malas prácticas, se hace necesario reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) y los códigos procesales existentes para lograr un proceso judicial más garantista que evite la «amparitis» con todos sus efectos perversos en la administración de justicia, además de la politización de la justicia[3].

La necesidad de una reforma a la LAEPC[4] es una exigencia constitucional. Casi una década atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala (2009) sostuvo que «El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala, en los términos de los párrafos 238 a 242 de la presente Sentencia» con el objetivo de satisfacer las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 1.1 y 2). La reforma a la ley no ha ocurrido hasta la fecha (2018) ocasionando un agravamiento del funcionamiento de justicia del país.

La reforma tendría como propósito recobrar el «verdadero objeto y fin, de conformidad con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos»[5], es decir, como recurso adecuado para tutelar los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales[6] y no como un «medio para dilatar y entorpecer el proceso judicial como factor para la impunidad»[7].

No se trata de eliminar al amparo previsto en la Constitución (art. 265), sino de erradicar la presencia de la «itis» del «amparo». La diferencia entre la previsión del amparo normativamente y su mal funcionamiento en el país, puede apreciarse en el hecho de que los tribunales en Guatemala en lugar de verificar la admisibilidad de las solicitudes de amparo interpuestas, declarando inadmisibles aquellas que no cumplen con los requisitos, son admitidas gracias a la hegemónica posición formalista de los tribunales[8]. Con ello, miles de solicitudes de amparo son interpuestas y los tribunales las admiten dándole trámite a todas, para posteriormente, una vez examinadas las pretensiones, rechazarlas por incumplimiento de aspectos sustantivos.

Esta práctica ha ocasionado que las solicitudes de amparo crezcan vertiginosamente como refiere el informe de Human Rights Watch. De hecho, en 2016, se presentaron 5.152 acciones de amparo ante los tribunales, casi el doble de lo que ocurrió en 2012, en el que se presentaron 3.856 amparos o incluso, en 2009, en el que hubo unas 3.05815 peticiones. Así por ejemplo «En las 3.283 decisiones sobre peticiones de amparo dictadas por los tribunales en 2016, el 73% —o 2.405 peticiones— fueron denegadas y el 27% —u 878 peticiones— fueron otorgadas»[9].

La perversión del amparo tiene el efecto avieso de destruir el funcionamiento del organismo judicial, entorpecer el sistema de justicia y mermar la calidad de la misma, ya de por sí precaria. Por ello, es innegable la responsabilidad de los jueces, Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, en tanto que esta perversión solo es posible «porque los tribunales lo permiten».

De hecho, «Los jueces podrían desestimar peticiones de amparo infundadas o innecesarias, pero casi nunca lo hacen. Los tribunales pueden discrecionalmente seguir dando trámite a los procedimientos mientras no haya riesgo de daño irreparable, pero rara vez lo hacen. En lugar de ello, las cortes suelen admitir solicitudes infundadas y los juzgados suspenden los procesos penales hasta que se resuelven dichas solicitudes»[10].

Esta absurda interpretación prevaleciente, hostil, a rechazar las pretensiones de amparo que no cumplan con los requisitos de admisibilidad, para darles trámite porque la ley «no establece expresamente que una petición que no cumple con esos requisitos no es admisible», es algo que los jueces pueden cambiar pero que no hacen; debido a las vetustas técnicas de interpretación jurídica que tienen los jueces en el país, con las excepciones del caso.

La reticencia a cambiar la interpretación sobre el amparo, e incluso, a los esquemas de funcionamiento judicial, se explica por la ausencia de independencia e imparcialidad de los jueces, los cuales no se atreven a declarar la inadmisibilidad de las pretensiones porque se podría entender como «desestimación de facto» o una «falta administrativa».

Sobre el tema de la posible «falta administrativa», es menester destacar que se agrava cada día, producto de la tesis que conceptualiza a los jueces como funcionarios administrativos, lo que incentiva la práctica de la «amparitis», puesto que en un sistema de sanciones judiciales vago y violatorio de estándares a derechos humanos, es previsible que los jueces no sean independientes e imparciales a la hora de interpretar el derecho.

Si bien la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) es una ley constitucional, ello no equivale a sostener que es la Constitución, por lo que su reforma (basado en el art. 175 de la Constitución) es indispensable para mejorar la práctica del amparo en el país y reforzar otros mecanismos procesales de protección de derechos adicionales al amparo, mediante reformas sustanciales a los códigos procesales.

Referencias:

[1]Antes del informe que se comenta en este escrito se abordó el tema en ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «La ´amparítis´ en Guatemala», Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2017, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-amparitis-en-guatemala

[2] Human Rights Watch, USA, 2017.

[3] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «Justicia a la orden del mejor postor» Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2016 enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/justicia-la-orden-del-mejor-po...

[4] Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, Human Rights Watch, USA, 2017.

[5] Ibíd., párr. 242.

[6] Véase el voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, de fecha de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf. En dicho voto el magistrado se refirió al «control de convencionalidad» que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional” (párr. 27). Véase Jaime Orlando SANTOFIMIO GAMBOA y Allan R. BREWER-CARÍAS, Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013.

[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, de fecha 24 de Noviembre de 2009, párr. 153 y 238.

[8] Véase Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad fe fecha 9 de diciembre de 2013 (art. 26).

[9] Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, op. cit., p. 11

[10] Ibíd., p. 4

Llevamos en el país ya varios meses de movilización ciudadana como no habíamos visto en las últimas décadas, aunque los motivos que llevaron a las calles a las capas medias urbanas están presentes, desafortunadamente, desde hace ya mucho tiempo en nuestro país.

La corrupción, el fraude, el engaño, los abusos de poder en un sinfín de expresiones, la indolencia, la desvergüenza de una buena parte de la clase política, son males que venimos arrastrando y con los cuales nos hemos acostumbrado a convivir desde hace varios gobiernos. Si unos han robado más que otros ya resulta anecdótico. Es risible, cuando no ofensivo, que personajes de la política nacional hoy se quieran dar baños de pureza cuando ellos han sido parte y hasta protagonistas de esta podredumbre. Valga decir , que todos los sectores, de alguna u otra manera, tenemos nuestra cuota de responsabilidad en este estado de cosas.

“Pareciera que la CICIG de la mano del MP, nos aplicó una especie de terapia de choque, y nos enfrentó cara a cara con nuestros males”

Pero en abril de este año algo pasó. Ese algo pareciera que despertó nuestra conciencia ciudadana o al menos la empezó a hacer reaccionar. Sí, pareciera que la CICIG de la mano del MP, nos aplicó una especie "terapia de choque", y nos enfrentó cara a cara con nuestros males; lo que viene pasando desde entonces es alentador. La CICIG sacudió el sistema pero también como decimos en buen chapín, nos pegó una gran sacudida a los ciudadanos… buena falta que nos hacía.

Quiero pensar que los guatemaltecos estamos inaugurando una nueva etapa en nuestra historia, marcada ahora ya no por la tolerancia a tanto desmán, sino más bien marcada por la continua vigilancia de los ciudadanos hacia sus autoridades. Ya no marcada por la apatía y el desdén con que acostumbramos ver todo lo relacionado con el quehacer político, sino más bien, marcada por la conciencia que la política nos incumbe a todos. Una etapa donde tomemos pleno conocimiento que el estado desastroso de los hospitales nacionales -esos mismos donde las carencias son inimaginables y motivo de pérdida de vidas humanas- y los enormes déficits en las escuelas del sector público, tienen su raíz principalmente en un sistema corrupto que hemos permitido por años.

¿Cómo es posible que los funcionarios públicos, o una buena parte de ellos, hagan con el erario público (despilfarro, gastos superfluos, etc.) lo que nunca harían con sus propios recursos? De ahora en adelante debemos exigir cuentas claras, publicidad y transparencia en la ejecución del gasto público. Exigir que la ley de acceso a la información pública se cumpla a cabalidad. Ya no más licitaciones públicas hechas “a la medida”.

En este momento no podemos ni debemos dar un paso atrás. Necesitamos continuar con la protesta ciudadana pacífica y responsable. Si ya hemos visto que los corruptos no se cansan, y es más, saquean con mucha velocidad, ¿por qué hemos de claudicar nosotros en nuestra lucha legítima?

Decencia y dignidad es lo que debemos exigir a la clase política, pero también como ciudadanos nos corresponde actuar bajos los mismos parámetros que exigimos.

El mensaje sigue siendo claro y fuerte: ¡nos cansamos! Queremos y merecemos otro país.

Hoy tomo prestadas las palabras de Celia Recinos: “Poner de moda la virtud”, eso es lo que necesitamos.

-“Espero que pronto amanezca en Guatemala”, me dijo recientemente un gran conocedor de este país, que merece todo mi respeto. Yo sólo pude suspirar y pensar, ojalá, ojalá…

Así como las redes sociales juegan un rol central en la organización espontánea de la sociedad civil que busca manifestarse, también son utilizadas por hábiles manipuladores.

En los últimos años hemos visto una explosión de alternativas y actividad en las redes sociales; desde Facebook, YouTube, QQ, Qzone, Twitter, High5, Tagged, Google plus, Tumblr y Reddit entre otras 70 más que se consideran las importantes, tienen al ser humano más “comunicado” de la historia. El mundo cambió desde que se abrieron estos espacios de comunicación libre, horizontal e inmediata. Sucesos, noticias, alertas, contactos y organización son palabras que antes se hacían realidad con mucho tiempo y esfuerzo. Hoy, suceden prácticamente de inmediato. La “primavera árabe” que luego resultó ser un “decepcionante invierno” es un ejemplo de cómo amplios grupos en sociedades cerradas y reprimidas pudieron comunicarse y organizarse para ser protagonistas en la caída de gobiernos tiránicos y corruptos. Esta historia no terminó bien pero es un referente de lo que se puede hacer con la tecnología. Aquellos pueblos árabes que vivieron momentos de gloria y que luego fueron secuestrados por los “organizados” de siempre, saben que algún día volverán a tener la oportunidad de dar una nueva batalla por su dignidad y su libertad. Y saben también que la tecnología jugará un papel estelar. Los nuevos aires ciudadanos y el importante aumento en la participación cívica en América Latina se deben en gran medida al acceso de la juventud a la información a través de la tecnología y las redes sociales, y por estas, la oportunidad de organización. También tiene todo que ver el cansancio y la frustración que provocaron la política y los políticos de hoy, en gran parte del planeta, pues la segunda profesión más antigua de la humanidad ha sido secuestrada por oportunistas,delincuentes e incapaces.

“LA ÚNICA FORMA DE CONTRARRESTAR A LAS MAFIAS QUE USAN LAS REDES PARA CONFUNDIR ES CONTAR CON UNA CIUDADANÍA CADA VEZ MÁS EDUCADA”

Ahora bien, la tecnología y las redes sociales tienen también una cara oscura, no porque estas tengan algo negativo sino por la forma en que algunas personas o gobiernos las utilizan. Estamos viendo los efectos que causaron los Wikileaks de Julian Assange o la información secreta que divulgó Edward Snowden, el ex contratista de la CIA. Estos dos personajes evidenciaron la facilidad con que se penetran los sistemas más protegidos de información y las políticas que usan algunos gobiernos para llevar a cabo sistemas de control a personas que consideran una amenaza. Cualquiera puede ser víctima de una arbitrariedad que incluso llegue a destruir su vida. El gobierno norteamericano está poniendo límites para poder intervenir en la vida privada de la gente. Sin embargo, la amenaza real está en China y Rusia, desde donde espían y atacan con estructuras cibernéticas criminales a EE.UU. y sus aliados. Todo corre peligro; desde datos personales, patentes industriales e información financiera hasta secretos de Estado.

En las redes sociales sucede otro tipo de cosas. Se sabe, cada día más, de grupos organizados por gobiernos, partidos políticos e incluso mafias, que tienen operadores con perfiles falsos contaminando las redes sociales con ataques a personas que amenazan sus intereses, llenándolas de desinformación, calumnias y noticias falsas para confundir y ahuyentar la legítima participación. Vivimos una era de oportunidades pero también de amenazas. La única forma de contrarrestar los riesgos es con ciudadanos educados y bien informados. Es urgente que el ser humano de hoy suba al nivel que las circunstancias demandan. Mientras no llegue ese día, con eso de dar explicaciones sobre las infamias que un anónimo cobarde publica en las redes, no queda otra que decir que los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden.

Los eventos sorpresivos de los últimos días permitieron descartar algunos de los escenarios políticos planteados por analistas y alteraron las premisas generales de todo el mapa nacional.

Un parteaguas en los balances de fuerza.

Hace unas semanas, cuando se valoraban las premisas generales de la coyuntura política nacional, el análisis de escenarios se encaminaba hacia alguno de estos cuatro caminos:

1) Una abierta confrontación entre el bando del MP y la CICIG, con el Gobierno de la República y sus aliados en el Congreso y en la Municipalidad de Guatemala, como consecuencia de la presentación de nuevos casos de alto impacto.

2) La continuación de una dinámica de estabilidad volátil, similar a la de los últimos meses, en la cual se profundizan las investigaciones de corrupción al tiempo en el que el Gobierno y aliados juegan a socavar el trabajo de los investigadores.

3) La posibilidad de un escenario “tipo 2015”, en el cual la presentación de casos judiciales de alto impacto generara un reacomodo de fuerzas que alterara los balances en algunas instituciones del país.

4) La posibilidad que los actores “pro-statu quo” retomaran control del Ministerio Público y, silenciosamente, condujeran una estrategia para ahogar lentamente la lucha contra la corrupción de cara al 2019.

Sin embargo, como ocurre en el ejercicio de escenarios, el devenir de los acontecimientos no solo permitió descartar algunas de las posibilidades prospectivas, sino que además, los eventos más sorpresivos de los últimos días, alteran las premisas generales de todo el mapa nacional.

Por un lado, el resultado del trabajo de la Comisión de Postulación para Fiscal General prácticamente hizo descartable el último escenario, sobre una lenta restauración del statu quo. De los candidatos seleccionados, los seis parecieran estar comprometidos con continuar y profundizar el proceso de lucha contra la corrupción 2015-2018. Por otro lado, luego del caso “Financiamiento Electoral Ilícito 2015” y la posterior declaración de “Mea Culpa” por parte de un grupo de financistas, la posición judicial del mandatario se complicó, puesto que ahora resulta bastante complejo para el Gobierno alegar motivaciones políticas o espurias detrás de la investigación.

Pero el factor de cambio se activó el viernes al final de la tarde, con la noticia del fallecimiento súbito del alcalde capitalino. Desde octubre, Arzú se convirtió en el articulador de la alianza anti-CICIG, y era quizá el caudillo detrás de las posiciones de Morales en el Ejecutivo, de su hijo Álvaro en el Congreso y algunos otros actores de reparto. Sustraer al alcalde de la ecuación implica un cambio importante en el balance de fuerzas. Aquí en este escenario, muerto el rey, no queda claro quién será el nuevo rey. Para el presidente Morales, implica quedar en mayor situación de debilidad y soledad ante la precaria situación política y judicial que enfrenta. Para el ministro Degenhart, pupilo de Arzú y materialización concreta de su influencia en el Gobierno, implica una merma importante del capital de respaldo para las acciones operativas contra la CICIG. Y en el Congreso, sin la figura del caudillo articulador, la ya debilitada alianza pro-oficialista la tendrá más difícil en su esfuerzo de alcanzar las mayorías para impulsar cualquier tipo de acción legislativa.

Sin embargo, entender las motivaciones subjetivas es más complejo. El duelo nacional durará, cuando mucho, siete días. Y en ese marco, se presentan dos alternativas. Que ante el shock político que generó el deceso del alcalde, puede que simplemente los actores en el Ejecutivo y Congreso queden en la pura inamovilidad. Y con ello, la pelota pasaría a la cancha del MP y CICIG y la posibilidad de nuevas acciones judiciales. La otra alternativa es que en una última expresión de desesperación, –muy remota debo decir– apelen a la “energía del mártir” para intentar enderezar alguna estrategia de expulsión de la CICIG. El problema para la alianza es que aún en condiciones previas al 27 de abril su gesta se veía cuesta arriba; ahora, la pendiente solo se ha agudizado. En estas condiciones, la capacidad de articular una estrategia anti-CICIG ha mermado.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

En medio de la crisis política que atraviesa el país, algunos grupos están llamando al voto nulo o al abstencionismo como una forma de manifestar nuestra inconformidad con el actual sistema político.

En medio de la crisis política que atraviesa el país, algunos grupos están llamando al voto nulo o al abstencionismo como una forma de manifestar nuestra inconformidad con el actual sistema político. El argumento principal es que cualquier gobierno que sea electo con un alto porcentaje de voto nulo o de abstencionismo, carecería de legitimidad y por tanto se le podría forzar a emprender reformas importantes en los primeros meses del próximo año. En principio, el voto nulo sería un mensaje contundente para la clase política del país que difícilmente podrán ignorar. La idea suena bastante bien a primera vista, pero al profundizar sobre la misma, resulta que tiene el efecto contrario al deseado: solo se le entrega más poder a los partidos políticos más desprestigiados, imposibilitando con ello, cualquier intento de reforma a nuestro sistema.

“Si pensamos que con el voto nulo o el abstencionismo no participamos de este sistema estamos totalmente equivocados.”

Empecemos por aclarar que el voto nulo o en blanco en Guatemala carece de validez. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2011 se emitieron un total de 5,093,230 votos. De éstos, el 12.15% fueron votos nulos o boletas en blanco. ¿Qué se hizo con estos votos? No se tomaron en cuenta y fueron desechados. Se restaron del total de votos emitidos, dejando con ello 4,474,555 votos válidos. De entre estos votos válidos, se calcularon los porcentajes que obtuvieron los candidatos. En este sentido, un voto nulo o en blanco es un voto perdido.

Pero no solo eso. Todos sabemos que el voto en Guatemala es altamente clientelar. Este tipo de voto se ubica principalmente en las áreas rurales, en donde las personas lamentablemente tienen muy poca educación y viven en condiciones sumamente precarias. Los partidos políticos más desprestigiados son los que suelen aprovecharse de esta tragedia humana y terminan captando a estos votantes. Si en estas elecciones el ciudadano urbano vota nulo, en blanco o se abstiene de votar, el voto clientelar será el que decida quiénes serán los próximos diputados, alcaldes y el presidente de la república. Es decir, los partidos que se gastaron millones de quetzales en repartir regalos para ganar votos en las áreas rurales serán los que obtengan el control total del aparato estatal.

Bajo este escenario, ¿Qué habríamos ganado con el voto nulo o el abstencionismo? Absolutamente nada. Más bien como ciudadanos habremos provocado que el partido de gobierno no tenga mayor oposición, por lo que podrán imponer su agenda fácilmente. En vez de deslegitimar el sistema, habremos facilitado la instalación de una dictadura de facto en el país.

Contra esto, hay quienes dicen que todos los partidos son iguales y que ir a votar implica validar este sistema. Es cierto que la oferta electoral no es la mejor que podamos tener. Pero hay que ser un poco más analíticos para saber que hay opciones peores que otras. Sin duda los partidos que se han gastado millones de quetzales en campañas serán mucho más voraces al momento de gobernar. Estos partidos impedirán cualquier reforma a nuestro sistema. Ya lo hemos visto en las últimas semanas con la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Si pensamos que con el voto nulo o el abstencionismo no participamos de este sistema estamos totalmente equivocados. Nuestra inacción simplemente facilita la llegada al poder de los partidos más desprestigiados. Eso no tiene ningún valor moral y tampoco tiene nada de loable. Asumamos nuestra responsabilidad. Pensemos nuestro voto y participemos este 6 de septiembre en las elecciones.

Una ruta que trascienda la acción judicial.

Guatemala vive un proceso de transformación, de un viejo sistema patrimonialista,en donde la corrupción y el tráfico de influencias constituían el combustible del sistema político, a un sistema de corte republicano donde impere el Estado de Derecho. Desde abril de 2015, el Ministerio Público y la CICIG han encaminado una ofensiva frontal de combate a la corrupción, que ha dado como resultado una depuración judicial de las elites. Ese proceso ha tenido como objetivo abrir la brecha para que la transformación política pueda echar raíz y encaminarse por la vía institucional.

Sin embargo, el país se enfrenta a un dilema. Guatemala era como una casa vieja, abandonada, con cimientos al borde del colapso, el techo destruido y las paredes podridas. Y si bien el equipo de demolición ha sido exitoso en botar los cimientos podridos del viejo sistema, no queda claro quiénes serán los ingenieros que diseñen y se encarguen de construir el nuevo sistema.

El momento histórico en el que nos encontramos nos ha hecho reconocer que el combate a la corrupción, la transformación política y la construcción de una democracia institucional requiere algo más que un esfuerzo de depuración judicial. Por ello, es importante plantear una ruta hacia una agenda institucional que permita establecer los cimientos del nuevo inmueble a construir.

Primero, se necesita una agenda de reforma del Estado que cierre las llaves de la corrupción. De cara al 2019, es urgente modificar el sistema electoral y de partidos políticos para mejorar la representatividad, a través de una revisión al sistema de distritos y los umbrales de participación. Pero además, de las experiencias recientes, surge también la necesidad de evaluar los marcos normativos relacionados con el financiamiento electoral.

Es necesario también revisar la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia, para evitar que otros “reyes del tenis” tengan injerencia sobre la elección de jueces. O qué decir del funcionamiento del sistema. Los casos de alto impacto han permitido a muchos reconocer que la justicia en Guatemala no es expedita, que el sistema está colapsado y desbordado. Atender ese mal requiere de figuras como la Aceptación de Cargos, la cual permitiría a las personas vinculadas a casos ilícitos reconocer su culpa, reparar el daño causado y recibir beneficios premiales para descongestionar el sistema. Pero además, es necesario revisar también los plazos procesales, las causales de recusación de jueces, o los plazos y requisitos en la tramitación del recurso de amparo.

Es importante atender los marcos normativos relacionados con la gestión pública. El sistema de servicio civil requiere de una modificación profunda, que permita al Estado atraer al talento humano más capacitado y remunerarle de acuerdo a metas de desempeño y no “en paquete” como ocurre con los pactos colectivos. El sistema de contrataciones públicas debe modernizarse, empezando por una separación funcional y legal entre las compras y las contrataciones. La estructura presupuestaria también requiere de una profunda revisión. Es imposible plantear política pública cuando un Gobierno se enfrenta a que más del 70 por ciento ya está comprometido por asignaciones pétreas. El planteamiento de presupuestos abiertos, de carácter multianual, con un blindaje técnico sobre los listados de proyectos de inversión, debe pasar de ser una política de un ministro a convertirse en una norma de Estado.

En el ámbito de lo privado es importante entender los vientos de cambio. Cada día son más las empresas que adoptan políticas de compliance, códigos de ética y modelos de gobernanza corporativa para atajar y prevenir prácticas de corrupción de actores individuales dentro de las organizaciones. Las políticas de ABC (Anti-Bribery and Corruption) y la certificación ISO 37001 son ahora los referentes mundiales sobre el respeto a la ley y las prácticas correctas para prevenir la corrupción, y poco a poco, se convertirán en requisitos para hacer negocios internacionales.

Pero todo lo anterior requiere de un proceso más profundo de reflexión y cambio social. Primero, reconocer que aquí todos fuimos cómplices o responsables de la debacle del sistema, ya sea por beneficio directo, indirecto, por omisión o por simple expectativa que algún día me tocaría a mí. Si no cambian aquellas concepciones que aceptaban como válidas las prácticas corruptas, o que veían como normal utilizar la política con fines de enriquecimiento privado, poco vamos a cambiar. Al final la política no es más que un reflejo de la sociedad en su conjunto.

Columna de opinión publicada originalmente en El Periódico.

Dada la complejidad del caso de los Bitkov es necesario reflexionar acerca de algunas interpretaciones que se han hecho al respecto.

El caso de la familia Bitkov es sumamente complejo. Según se sabe, la familia se vio forzada a abandonar Rusia en 2008 ya que el Banco VTB (brazo de Putin) quería forzar a Igor Bitkov a vender acciones de su compañía. Según se dice, el banco forzaría la quiebra de la empresa al dar por anticipado el vencimiento de un crédito. Dados los precedentes del autoritario gobierno de Putin, los Bitkov abandonaron Rusia.

Más adelante, instalados en Turquía, la familia contrató a una compañía que ofrecía pasaportes guatemaltecos a cambio de un pago de US$50,000. Se hicieron de los servicios de la compañía en cuestión y recibieron pasaportes guatemaltecos y documentos de identidad guatemaltecos emitidos por las autoridades del Estado de Guatemala. Si bien los documentos eran oficiales, la información contenida en los mismos era desde luego falsa.

En 2015 detuvieron a varias personas que pertenecían a una red que se dedicaba a facilitar documentos oficiales a migrantes irregulares y a algunos usuarios de estos servicios. Los Bitkov resultaron detenidos en dicha operación. Después de un tiempo, 39 personas, entre ellos la familia rusa, fueron condenados a prisión. A Igor Bitkov se le condenó a 19 años de prisión por los delitos de supresión y alteración del estado civil, uso de documentos falsificados y usurpación del estado civil. Su esposa y a su hija fueron condenadas por uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil con una pena de 12 años de prisión.

La defensa de los Bitkov interpuso un amparo a favor de Igor que fue resuelto favorablemente por una sala de apelaciones. La resolución fue apelada y la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo, amparó a Igor Bitkov y ordenó que el proceso volviera a la fase de la acusación. La resolución de la CC refiere que el amparo procede en virtud de que la jueza contralora no tomó en cuenta el Protocolo de Palermo al momento de dictar el auto de apertura a juicio.

El Protocolo de Palermo es un instrumento diseñado para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En ese sentido, la convención refiere que los migrantes no son penalmente responsables por el mero hecho de la creación de un documento de viaje o de identidad falso. Este es el argumento que ha empleado la defensa.

La acusación, que involucra al MP y la CICIG, consideran que los Bitkov no se encuentran amparados por esta convención porque no llenan los supuestos que dicho convenio establece para estar bajo su amparo. La jueza contralora volvió a conocer el caso en virtud del amparo antes mencionado y resolvió nuevamente dictar auto de apertura a juicio. De acuerdo con la juzgadora, será en el debate oral y público donde se determine si aplica o no dicha convención.

Dentro del caso fue lamentable ver la situación del hijo menor de edad de la familia que sufrió vejaciones en un orfanato pero quien afortunadamente ya se encuentra en buen cuidado.

Dada la complejidad del caso es necesario reflexionar acerca de algunas interpretaciones que se han hecho al respecto. El caso llegó a la Comisión Helsinki del senado de los EEUU y la conclusión de algunos senadores fue que el brazo del Estado criminal ruso interfirió en Guatemala a través de la CICIG para continuar con la persecución de los Bitkov. Lo mismo sugiere el senador Marco Rubio.

De momento no existe evidencia que sugiera que el destino del caso Bitkov se debe a una interferencia del Estado ruso controlado por Putin y sus secuaces. Naturalmente la coyuntura en EEUU ha hecho que la hipótesis de una eventual interferencia rusa en Guatemala a través de una entidad que recibe financiación americana (CICIG) le dio tracción al caso con algunos senadores. David Browder, conocido como el enemigo número 1 de Putin, ha apadrinado el caso de los Bitkov por entender que se trata en efecto de una intervención del brazo del gobierno de Putin.

Por su parte, los detractores de CICIG han instrumentalizado el caso para sugerir que el mismo ofrece una evidencia contundente de los excesos de dicha comisión en nuestro país.

El caso está lleno de dificultades jurídicas que se relacionan con el, poco conocido por nuestros tribunales, Protocolo de Palermo; refleja las tragedias asociadas a nuestro sistema penitenciario, al perjuicio que causa un uso tan severo de la prisión preventiva y la lentitud de los tribunales.

Ahora bien, concluir sin más que este caso se trata de una interferencia del Kremlin en la CICIG y en nuestro país, es un salto lógico que no nos podemos permitir. Menos aun instrumentalizarlo bajo esos argumentos para intentar cortar la financiación de CICIG. Si existe una conexión perversa entre CICIG y Rusia como muchos afirman, habrá que demostrarlo con evidencia contundente que de momento no se conoce.

Esta columna fue originalmente publicada en el diario digital República.

Un poder más horizontal y fragmentado hace necesaria una agenda de alianzas.

Durante los siglos XVIII y XIX, el mundo vivió un proceso acelerado de cambio social y político. La expansión comercial de la era post-renacentista, pero sobre todo, la Revolución Industrial generaron procesos acelerados de crecimiento económico y reconversión de las relaciones socioeconómicas del momento, particularmente, el advenimiento de la burguesía como estamento políticamente relevante. Esa burguesía, participó a partir de 1776, de sendos procesos de toma del poder político, que provocaron el quiebre de las monarquías absolutas y el advenimiento de las repúblicas democráticas o las monarquías parlamentarias.

Hoy el mundo vive un proceso similar. La revolución de la información y las telecomunicaciones, desatadas ambas a partir de la última década del siglo XX han provocado una serie de cambios en las dinámicas económicas y sociales del mundo. Moisés Naim, en El Fin del Poder sintetizó en tres procesos los cambios acaecidos en el mundo del siglo XXI: “la Revolución del Más”, “la Revolución de la Movilidad” y la “Revolución de la Mentalidad”. La primera, se refiere a que sencillamente vivimos en un mundo en el que hay más de todo: más oportunidades, más opciones de bienes y servicios, más ideas, más información, etc. La segunda se refiere a la fácil movilidad de las personas, de la riqueza, de las ideas, de la información en el marco de un mundo interconectado, que prácticamente facilita la difusión de valores comunes y la eliminación de fronteras mentales y culturales. Y la última hace referencia a un cambio en la mentalidad de los individuos, que genera mayores aspiraciones y expectativas en cuanto a oportunidades de desarrollo, acceso a riqueza o búsqueda del poder.

Pero tal y como ocurrió en los siglos XVIII y XIX, los cambios económicos y sociales generan efectos sobre los sistemas políticos. Dos cambios concretos parecieran materializarse ante nuestros ojos. El primero, el empoderamiento de las clases medias y las juventudes que hoy más que nunca tienen acceso a información, y que han encontrado en las redes sociales un poderoso medio de expresión y organización. El segundo efecto ha sido la horizontalización del poder: el surgimiento de nuevos actores relevantes que compiten y desplazan a los actores tradicionales en los espacios de poder e incidencia.

Naturalmente, estas transformaciones tienen un efecto en los sistemas políticos. La Primavera Árabe fue quizá la primera probadita del fenómeno: clases medias movilizadas, organizadas a través de redes sociales, que cuestionaron el poder tradicional de dictadores militares y autocracias. Las demostraciones efectivamente lograron deponer a varias dictaduras de décadas, pero no lograron transformar sus sistemas en democracias estables. Algunos países, incluso, sucumbieron ante la inestabilidad política. No obstante, el consenso de los académicos es que la Primavera Árabe sentó las bases para un proceso de cambio político de largo plazo.

En América Latina, ocurren expresiones similares. En Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Brasil las clases medias y la difusión de información vía redes sociales han sido factores centrales en procesos de cuestionamiento al statu quo corrupto (Guatemala, Brasil y Venezuela) o a gobiernos represivos (Nicaragua y Venezuela). Sin embargo, en todos los países citados existe un claro problema: la incapacidad de los movimientos cívicos de propiciar una renovación de élites y articular una propuesta de Estado.

El riesgo es caer en una situación al estilo de la Primavera Árabe. Deponer al viejo sistema resulta insuficiente cuando no existe un consenso claro de qué desea construirse en su lugar. Y lo que es peor, dicha disyuntiva genera condiciones de inestabilidad política y enfrentamientos entre facciones. Partiendo de la premisa que hoy el poder se ha fragmentado y los actores relevantes se han multiplicado, la única salida para la imposibilidad de reconstruir el orden político es una estrategia de alianzas y coaliciones. Sin un frente social amplio, bajo el paraguas de una Agenda de Estado, las transformaciones quedarán condenadas a meras depuraciones del statu quo. Los países árabes recién han abierto los ojos sobre esta realidad. En América Latina pareciera que este proceso de interiorización todavía no ha llegado.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Los análisis técnicos se los dejo a los técnicos, esto es un desahogo ciudadano sobre la reforma fiscal.

Ya sea porque los quieren subir, se los roban o no los pagan como debieran, pareciera que todo el tiempo estamos hablando de impuestos. Sin duda, el tema provoca reacciones diversas, algunos los alaban, otros los repudian, pero al final, y usando palabras del profesor Richard Murphy (director de Tax Research en el Reino Unido[1]), los impuestos no son más que una herramienta económica. No debemos sacar de proporción su importancia.

Según el profesor Murphy, al hablar de impuestos, como hacemos al referirnos a cualquier otra herramienta, debemos preguntarnos: ¿está siendo utilizada para hacer el trabajo correcto, en la forma y en el momento correcto? La respuesta a esta pregunta debiera ser el centro de la discusión. Si la respuesta es un rotundo no, ¿Acaso no tenemos derecho los ciudadanos de oponernos a un aumento de impuestos?

El problema es que la discusión sobre los impuestos pareciera ser siempre unilateral. El ciudadano que responsablemente paga sus impuestos, está bajo constante asedio con argumentos como: no se paga lo suficiente, usted es poco solidario y por su culpa (clase media privilegiada) existe la pobreza en este país. Pero casi nunca se habla del tipo de país que se está construyendo con los impuestos de ese ciudadano. Las propuestas son usualmente reformas tributarias a medias. Casi nunca están diseñadas para facilitar el pago de los impuestos y tampoco incluyen planteamientos concretos para combatir la evasión fiscal, mejorar la calidad del gasto y el destino de los fondos.

Y es que si la discusión del por qué pagar impuestos es moral, la discusión de por qué no pagar más impuestos también lo es. Su implementación tendrá irremediablemente un efecto sobre la calidad de vida de las personas que los pagan. ¿Es correcto pedirle a la gente que deposite más dinero si no podemos asegurar que efectivamente servirá para reducir las abrumadoras brechas sociales? ¿Se piensa en algún momento cómo impactará la reforma la economía de las personas de a pie, su capacidad de ahorro y por lo tanto sus planes a futuro? ¿Es correcto hacer una reforma tributaria y afectar a muchas personas para mejorar la capacidad de endeudamiento del país?

La actitud casi predatoria de quiénes recetan más impuestos es bastante intransigente. Están todo el tiempo buscando esquinas para recortar los ingresos de los ciudadanos y pareciera que nunca piensan en cómo hacer crecer el número de contribuyentes o de empresas que pagan impuestos. Hablemos seriamente de buscar una política económica integral. Dejemos de engañarnos, no vamos a tener el desarrollo y la política social de los países nórdicos con el crecimiento económico de Guatemala.

Hemos estado dando la respuesta equivocada a la pregunta correcta: ¿Cómo alcanzamos el desarrollo? La respuesta no puede ser simplemente: busquemos más y mejores formas de cobrarles impuestos a los de siempre. En algún momento tenemos que pensar en el crecimiento económico, preocuparnos por generar suficiente empleo formal y robustecer a la clase media, no debilitarla más. Seguir postergando esta tarea solo generará más pobreza. Podríamos llegar a tener una carga fiscal del 12, 15 o 20% del PIB y seguir sin tener una idea clara de cómo invertir bien ese dinero. Aumentar la carga fiscal, solo por cumplir con un estándar internacional, no puede ser un objetivo.

Que quede claro que no me opongo a una política social fuerte y a la necesidad de contar con instituciones públicas bien financiadas, especialmente en un país como Guatemala. Pero quiero algún tipo de certeza respecto al destino del dinero, y que alguien me diga qué estamos haciendo como país para mejorar sustancialmente el crecimiento económico mediocre que tenemos desde hace más de 30 años. Quiero alguna dirección, algún mensaje de buena fe. No espero grandes cambios de este gobierno, soy realista, lo que espero son buenos mensajes.

Cierro con una reflexión para nuestros diputados: grupos organizados de izquierdas y derechas se han expresado en contra del actual paquetazo tributario, muchos ciudadanos también nos estamos expresando en contra. Si los diputados lo aprueban sin chistar y no se comienza una discusión seria que permita generar una propuesta más integral ¿A quién representan realmente los diputados?

Referencias:

[1] Murphy, R. The morality of taxation, or David Cameron got this one wrong.