Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. ¿Importará más la libertad del diputado o el voto por partido de los ciudadanos?

En el Congreso de la República existe zozobra por el texto vigente del artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). De acuerdo con esta norma, los partidos políticos tienen prohibido recibir en sus bloques legislativos a los diputados “tránsfugas”, es decir, aquellos que se cambien de partido político una vez electos. Pero lo que más preocupa a los diputados es que el texto en discusión les impide correr en la elección del año entrante.

Ante esta situación los diputados han intentado dar marcha atrás a dicha reforma por dos caminos. Primero, el 11 de mayo pasado el diputado Linares Beltranena presentó una iniciativa de ley que pretendía reformar varios artículos de la LEPP (entre ellos el 205 Ter) debido a que los textos de 11 artículos que aprobaron en 2016 no fueron los que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó favorablemente.

Ciertamente la redacción del 205 Ter sobre la que dictaminó la CC guarda ciertas diferencias con la que se encuentra en vigor. El texto original establecía que la prohibición de los bloques legislativos para recibir diputados que decidieran cambiarse de partido político únicamente tendría vigencia dentro de los tres años posteriores a la elección. Dado que se trata de un posible vicio de procedimiento, lo propio sería que el Congreso someta a evaluación de la Corte de Constitucionalidad el texto antes que efectuar esta reforma.

Por otra parte, el diputado Hernández Azmitia presentó una iniciativa de ley para derogar el artículo 205 Ter de la LEPP. Dicha iniciativa es la 5442 y se presentó el pasado 11 de junio y aun no cuenta con el dictamen de la comisión de asuntos electorales del Congreso. De derogarse el artículo en discusión el transfuguismo volvería a ser permitido de forma irrestricta.

Ante esta disyuntiva es preciso someter a discusión el transfuguismo como tal. Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. Sin embargo, el contraargumento es que en el modelo actual los diputados son elegidos por listas cerradas, por lo tanto el elector realmente elige al partido y no al diputado directamente. De hecho, cuando un diputado “tránsfuga” causa vacante le sustituye el siguiente en la lista del partido que lo eligió y no del partido al que se unió después de ser electo.

Por otro lado conviene hacer un examen más profundo de la conveniencia o no de la práctica del transfuguismo. Para algunos el transfuguismo dota de un poder excesivo al partido político en detrimento de las opiniones personales de los diputados del bloque legislativo. Lo cierto es que para otros el transfuguismo genera un mal incentivo para la consolidación de partidos políticos que canalicen las demandas de los electores. Por lo anteriormente dicho, conviene comenzar a tratar el tema con seriedad. El asunto da para muchos más análisis.

América Latina necesita que su juventud aspire a liderar un movimiento renovador.

En los últimos 10 años, en la mayoría de pueblos del mundo, la clase política se convirtió en una clase apestada y rechazada por los ciudadanos. El “establishment” político y su forma de gobernar, provocaron la pérdida de respeto y confianza en la clase política y en la democracia.

La sensación de que trabajan para sus intereses, su incapacidad para generar soluciones en un mundo cada día más complejo y carente de oportunidades, su corrupción y su cinismo generaron la aparición, el avance y en muchos casos el triunfo de una categoría de políticos aún peor que los apestados.

Los pueblos no hemos aprendido a elegir, aunque debo decir en nuestro favor, que la oferta es limitada, prosaica y deshonesta.

Ortega decía que una nación no puede ser solo pueblo. Necesita una minoría intelectual y honesta que articule, proponga y lidere los cambios y los proyectos que desarrollan y generan bienestar para todos.

La ausencia de los mejores en la sociedad impide que seamos países más normales, como otros, en los que después de sus próceres vino esa minoría dirigente que continuó con los valores que fundan y construyen naciones de verdad.

La ausencia de los mejores provoca en los pueblos una peligrosa ceguera para distinguir al hombre mejor del hombre peor; por eso elegimos a tanto político oportunista y deshonesto, por eso consentimos tanto abuso e incompetencia; por eso, la corrupción y la crisis permanente. Y cuando aparece un individuo honesto, capaz, respetable y digno, la masa no sabe apreciarlo y los corruptos le destruyen.

Demasiados países en nuestra región tienen serios problemas sociales y económicos. Pero el verdadero problema es político. Si la política no funciona, todo lo demás falla. La política no puede seguir siendo una guerra de bandas combatiendo por un botín.

La verdadera política, la Política con mayúscula, necesita principios, compromiso y debate. Requiere oponentes honorables y que estos alcancen acuerdos para avanzar.

La ausencia de esa minoría eminente es la que provoca que los pueblos se queden para siempre en ese estadio elemental de la evolución que es la aldea.

Esta minoría eminente no puede estar formada por esa mayoría de políticos indecentes y pícaros que ha producido América Latina, o por esas elites rancias e indiferentes o por los ciudadanos que no están dispuestos a hacer el sacrifico de entregar a su nación su máximo esfuerzo, su alma y su corazón.

América Latina necesita que su juventud aspire, no a ser víctima, eco o consecuencia de una realidad decadente en muchos de sus países, sino al contrario, líder de un movimiento renovador y constructor. ¿Por qué no habría de sentir la juventud el orgullo de ser la generación del cambio, e iniciar la misión impostergable de rescatar su país con los ideales y valores que fundan naciones en libertad y democracia?

Son los jóvenes que se imponen a sí mismos un código de valores, una disciplina ejemplar y mayores exigencias quienes deben llenar el vacío que ha dejado la ausencia de los mejores en la sociedad. La juventud debe sentir la urgencia de adquirir el conocimiento, las ideas y el valor para cambiar su destino y rescatar su futuro. Y esto, aunque nos moleste reconocerlo, solo se puede lograr a través de los partidos políticos.

Por eso, el primer gran desafío de nuestro tiempo es formar una nueva generación de dirigentes que rescaten la política y el rumbo de las naciones. Y que los ciudadanos se den a respetar.

Y el segundo desafío es generar una auténtica ofensiva intelectual para poner al servicio de las naciones el repertorio de ideas que puedan aclarar, unificar y construir los países que queremos.

No es noticia y mucho menos secreto, pero son el despertar de las elites y el compromiso de la juventud lo que podría cambiar la peligrosa ruta que llevan algunos de nuestros países.

Hoy el lado correcto de la historia es el reformista.

El proceso de reformas, que se pensaba vendría como resultado natural de la cruzada contra la corrupción, ha desnudado una vez más que la polarización ideológica, la ausencia de liderazgos y la incapacidad de generar espacios de diálogo honestonos están condenando a seguir metidos en el lodazal.

Ambos lados están cometiendo errores. Los sectores que se ubican más a la izquierda presionaron con demasiada fuerza por temas que estaban destinados a volver irreconciliables las discusiones, como el pluralismo jurídico en el caso de la reforma al sistema de justicia y la paridad de género en el caso de la reforma electoral. También creyeron que ganando por mayoría una votación en las mesas técnicas se habían logrado los consensos y cerraron la discusión. Por otro lado, los sectores que están más a la derecha se empeñaron tanto en combatir esos temas que olvidaron ser propositivos y hacer énfasis en que hay acuerdos sobre la necesidad de reformar.

Pareciera que nunca se entendió realmente el espíritu de las reformas actuales y en algunos casos se apostó por hacer avanzar, aunque sea de a pocos, ciertas agendas políticas sectoriales. La polarización generada terminó entrampando las reformas o permitiendo que fueran manoseadas por el sistema político corrupto. Los beneficiarios han sido aquellos a quienes la cruzada contra la corrupción afectó directamente, los corruptos.

Claro que este beneficio está lejos de ser casuístico. Haciendo uso de sus abundantes recursos, los corruptos contrataron o potenciaron a mercenarios de la opinión. La mayoría de estos, ubicados en los extremos más radicales del espectro ideológico. Estos lograron exitosamente abonar conflicto a la discusión, banalizando las propuestas, descalificando personas y mintiendo. Todo con el propósito de inmovilizar cualquier intento por reformar el sistema del cual se benefician solo ellos.

El error de los reformistas de izquierdas y derechas fue haberse dejado utilizar por los mercenarios y los corruptos. Debieron haberse desmarcado desde el principio y dejado en claro que tienen un interés porque este país salga del atolladero. No se vale apostarle siempre al inmovilismo por miedo, como tampoco se vale empujar irracionalmente por el cambio, sin permitir un espacio para la duda, el disenso y la reflexión.

Reconozcamos con honestidad que en materia de diseño institucional no existe la receta perfecta para el éxito. Todos los modelos son potencialmente cooptables, pero estamos en un momento en que la lucha contra la corrupción no ha terminado de asentarse y necesitamos presentarle alternativas al sistema político para que se reconfigure. La opción de no reformar debería estar fuera de la mesa y si usted se opone a estas reformas tiene la obligación de proponer una alternativa que sea políticamente viable.

Para lograr estos acuerdos, hacen falta cabezas frías que tengan capacidad de convocatoria y puedan sentar a actores de distintos sectores a discutir. Liderazgos conciliadores que actualmente no existen en el Congreso y mucho menos en el Ejecutivo. Aquí hay que hacer un pacto de convivencia, señalar a los corruptos como únicos enemigos y comenzar a tender puentes entre sectores que permitan sanar las heridas del pasado.

Hoy el lado correcto de la historia es el reformista. Pero necesitamos reformistas que estén dispuestos al diálogo y que moderen sus expectativas. ¿De qué lado de la historia quiere estar usted?

La lucha contra la corrupción puso a la sociedad guatemalteca frente a un espejo, nos enseñó las debilidades del sistema político y puso a una parte de la estructura de corrupción del Estado contra las cuerdas.

El concepto del “efecto CICIG” nació en redes sociales y ha sido esgrimido en distintos espacios por detractores de la Comisión, en un intento desesperado por hacer una relación de causa y efecto entre el trabajo de la lucha contra la corrupción y la situación económica que atraviesa el país.

Por fortuna, tenemos datos y argumentos más sólidos sobre el tema que nos ayudan a comprender la situación económica del país, no voy a profundizar en el tema económico pues prefiero ponerlo en manos de los economistas, dejo aquí un artículo con información sobre el tema.

En resumen, el artículo muestra que la desaceleración económica del país puede explicarse al analizar algunas variables importantes como: la caída del sector minero debido a la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre la Mina San Rafael; la caída de la inversión privada; una reducción de las exportaciones y del precio de los productos de exportación; el aumento de los precios en los productos de importación; la depreciación del peso mexicano que ha provocado un incremento del contrabando; la negligencia del gobierno respecto a la infraestructura nacional; una reducción significativa de la inversión pública; y una desaceleración en el crecimiento de las remesas.

Tomando en cuenta estos factores, es fácil concluir que el verdadero efecto CICIG no es económico sino más bien social, político e institucional. La lucha contra la corrupción puso a la sociedad guatemalteca frente a un espejo, nos enseñó las debilidades del sistema político y puso a una parte de la estructura de corrupción del Estado contra las cuerdas. Un esfuerzo loable pero insuficiente frente a los retos que todavía tenemos.

Hoy el tema de la lucha contra la corrupción parece haber generado un poco de cansancio en la opinión pública. Aun así, la Comisión sigue trabajando, aparentemente de la mano de la nueva administración del Ministerio Público y seguramente veremos más casos, muy pronto. Sin embargo, el futuro de la CICIG tambalea, pues es probable que su enemigo número uno, el Presidente Morales, sea quien tenga que confirmar el acuerdo con Naciones Unidas en 2019 y seguramente hará todo lo posible por sacarla del país, especialmente en un momento en el que apoyo de Estados Unidos a la Comisión puede cambiar.

En este contexto, los guatemaltecos debemos trascender de la discusión superficial sobre la lucha contra la corrupción. El verdadero “efecto CICIG” debe ser ese atisbo de esperanza sobre el futuro del país que se implantó en muchas personas. La Comisión logró poner temas muy importantes sobre la mesa y ojalá pueda seguir trabajando, pero de no ser así, es necesario comenzar a hablar de un futuro de combate a la corrupción desde el fortalecimiento de nuestras instituciones, la redignificación de la política y la construcción de un modelo de desarrollo.

La única manera de hacer realidad estos objetivos es a través del diálogo franco entre los actores sociales más importantes del país. Debemos buscar una tregua, romper las barreras invisibles que hemos formado a nuestro alrededor y definir una agenda de trabajo por los temas que pueden ayudarnos a salir de la crisis política e institucional en la que estamos.

Para esto necesitamos verdaderos líderes políticos, que no tengan miedo de fijar posturas claras y que puedan convocar a un diálogo por el país. ¿En dónde están?

¿Cuáles son hoy los posibles escenarios para Venezuela?

Se cayó el velo de la dictadura chavista. La convocatoria a una constituyente “del pueblo” recuerda a las tiranías más rancias y sanguinarias. Los criminales que se creyeron dueños de la cuna de Bolívar entraron en su laberinto final.

Maduro pasará a la historia como un déspota ignorante, corrupto e incompetente. Tuvo varias oportunidades para salir del fango en que se encuentra y las desperdició. Felipe González, José María Aznar y otros líderes respetables del mundo expusieron el engaño que es la democracia en Venezuela y la falta de voluntad de quienes la tienen secuestrada. Lamentables fueron las intervenciones del Papa, que de política sabe poco, o de Zapatero, quien podría tener un poco más de vergüenza; que fueron utilizados por la dictadura para intentar seguir engañando al mundo.

El venezolano puede estar muy jodido pero no pierde el coraje para luchar. Hoy vemos cómo su creatividad y el valor le ayudan a enfrentar la dictadura.

Además de los cientos de miles de ciudadanos en las calles, hemos visto desde un hombre desnudo con una biblia en la mano, una valiente joven que se paró frente a un tanque y lo detuvo, un violinista tocando el himno y madres recibiendo de frente las bombas lacrimógenas, hasta grupos de jóvenes vaciando cloacas para llenar sus bazucas improvisadas para bañar con excrementos a policías represores.

El pueblo venezolano decidió salir a la calle a pelear por su democracia. Y en la calle encontrará la victoria pues no hay poder que pueda con un pueblo en las calles.

El venezolano es un pueblo al que la dictadura no ha logrado someter pero ya le llevó a la desesperación. Y éste momento se debe aprovechar. Ojalá los pueblos libres del mundo se unan a la lucha del valiente pueblo venezolano.

Maduro y sus socios también están desesperados, pero, porque les llegó la hora de reconocer que su adefesio político es un absoluto fracaso y que el único futuro que tiene es el oscuro basurero de la historia.

En 18 años, el chavismo destruyó uno de los países más ricos del mundo, y hoy, Maduro y su gobierno, están perdiendo el control.

Es cierto que, como otros países, Venezuela tenía, antes del chavismo, problemas sociales, corrupción y falta de Estado de Derecho. Pero los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y con más justicia, no con la instalación de una locura totalitaria que no ha sido más que la excusa de una pandilla de rateros, matones y narcotraficantes.

¿Cuáles son hoy los posibles escenarios para Venezuela?

1.- El pueblo en las calles convence al gobierno para que llame a elecciones libres y democráticas y se logra una transición pacífica del poder. Deseable pero poco probable.

2.- Los niveles insoportables de hambre, violencia y represión dividen al gobierno y el ejército decide tomar el poder y convocar a elecciones libres. Poco probable pero no imposible. El ejército está comprometido con el modelo y su corrupción, sin embargo, se habla de un número importante de oficiales jóvenes entre quienes crece el descontento y la decepción con Maduro.

3.- El pueblo enardecido arrasa con un gobierno en desbandada, el ejército se disuelve y cada uno busca salvar su pescuezo. La oposición toma el poder haciendo valer su mayoría en el Congreso, instala un gobierno provisional y convoca a elecciones. Maduro y sus cómplices son llevados a la cárcel para ser juzgados. Este escenario es más probable que los anteriores, pero sobre todo, muy deseable.

Al final, lo que veremos es una combinación con variantes de los escenarios 2 y 3, pero en los 3 escenarios hay un alto costo en vidas y sufrimiento para los venezolanos. Pero tristemente, éste es el costo de la libertad.

2017 debe ser el año de la libertad y la democracia para Venezuela.

La caída de la dictadura es imparable y Maduro es insostenible. Siempre supimos que era cuestión de tiempo y éste llegó.

¡Viva Venezuela libre!

Reflexiones sobre las condiciones de cara al evento electoral 2019.

En semanas recientes se ha activado la discusión prospectiva en relación a las dinámicas políticas que imperarán en el proceso electoral 2019.

Dos elementos deben considerarse como precondiciones de análisis. Primero, los efectos normativos y los nuevos incentivos que generará la reforma electoral (Decreto 26-2016).Y en segundo lugar, las alteraciones del mapa político generado como consecuencia del proceso 2015-2018, cuyas secuelas seguramente impactarán las dinámicas electorales.

El primer elemento a considerar es el efecto de la prohibición del transfuguismo. Dicha normativa, sujeta de cuestionamiento por más de 80 diputados, implicará un cambio sustancial en las dinámicas políticas y partidarias. El efecto más evidente será la obligada renovación del Congreso en 2019. Pero además, la normativa genera una agudización de la crisis del “partido franquicia”: al quedar excluida la participación de varios caciques territoriales, los partidos políticos pierden naturalmente un universo de potenciales franquiciados, situación que les obliga ahora a buscar nuevos franquiciados o a generar un modelo alternativo para la construcción de organización. No obstante la renovación de personas no garantiza un funcionamiento distinto de la institucional. Para muestra, la actual legislatura, que tuvo a más de la mitad de diputados novatos.

El segundo elemento a considerar es el financiamiento electoral. Derivado de los recientes casos judiciales y el marco regulatorio aprobado en 2016, resulta relativamente sencillo proyectar que la elección presidencial del año siguiente será austera. Sin embargo, a nivel local, se mantiene el mismo riesgo de la penetración de capitales ilícitos. Por ello, resulta de particular importancia que el Tribunal Supremo Electoral logre operativizar la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, la cual aparentemente constituye la única barrera frente al recurso ilícito que se cuela en la base.

El tercer elemento es el voto en el extranjero. Si bien los migrantes fueron un sector clave para la elección de Jimmy Morales en 2015, gracias a su apoyo financiero y su influencia “de boca a boca” sobre votantes locales, el reconocimiento del voto en el exterior no necesariamente implica una transformación sustantiva del mapa de poder electoral. Esto se debe a que mientras no se resuelva el problema de identificación de cientos de miles de migrantes que no tienen DPI, el voto en el extranjero será exiguo. De tal forma, seguirá pensando más la influencia indirecta que el voto directo de los connacionales.

Por último, la elección 2019 se presenta como una con excesiva judicialización. Desde ya se vislumbra que la Corte de Constitucionalidad deberá resolver acciones de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo. Mientras que potenciales candidaturas concretas, como la de Zury Ríos –por ejemplo-, podrán depender también de lo que digan las cortes. Lo mismo ocurre con la normativa relacionada a la publicidad en campaña o la publicación de encuestas, artículos que hoy están en proceso de ser impugnados en materia constitucional.

La sumatoria de todo lo anterior nos deja un escenario electoral atípico, y por ende, incierto.

Publicado originalmente en El Periódico.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2016, Chile y Costa Rica son tan desiguales como Guatemala y sin embargo, presentan un desarrollo humano muy superior al de nuestro país. ¿A qué se deben estos resultado tan diferentes?

Guatemala es el décimo octavo país más desigual del mundo, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2016. El informe también señala que Guatemala es el tercer país con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de América Latina, sólo por encima de Honduras y Haití. En este sentido, la relación entre desigualdad y los magros resultados en desarrollo humano parecieran muy evidentes. Sin embargo, esta relación debe examinarse a profundidad, ya que la solución simplista de aumentar impuestos, no nos conduce necesariamente a un mejor nivel de desarrollo.

Según el mismo informe, Chile y Costa Rica son tan desiguales como Guatemala y sin embargo, presentan un desarrollo humano muy superior al de nuestro país. ¿A qué se deben estos resultado tan diferentes? Las razones están en el tipo de instituciones que han desarrollado a lo largo de su historia y en su consiguiente política de educación pública.

Chile comenzó a construir una democracia relativamente estable desde inicios del siglo pasado, que se vio interrumpida temporalmente por el desastre que significó Allende y la posterior dictadura de Pinochet. Sus instituciones han sido mucho más funcionales y estables que las de Guatemala.

En el caso de Costa Rica, han tenido una democracia ininterrumpida desde los años cincuenta, mientras Guatemala atravesaba por una guerra civil totalmente inútil. Fue una guerra que no solo tuvo costos en vidas, sino además provocó un profundo daño en nuestras instituciones y en el tejido social.

La estabilidad política, en un ambiente de libertad individual, es fundamental para que la economía funcione adecuadamente; pero también lo es la transparencia. Mientras que Costa Rica y Chile se encuentran entre los tres países menos corruptos de América Latina, según el Índice de Percepción de Corrupción, Guatemala se encuentra entre los cinco más corruptos. No hay política pública que pueda funcionar adecuadamente, si las instituciones están plagadas de corrupción. El dinero público se drenará entre sindicatos mezquinos, malos funcionarios y contratistas del Estado inescrupulosos.

Otra diferencia fundamental, ha sido la apuesta por la educación. En 1900 la tasa de alfabetización en Chile era de 31.5%; en Costa Rica de 40.3% y en Guatemala solo de 14.2%. Para 1950, tanto Chile como Costa Rica habían llevado la tasa de alfabetización a 80%, mientras que en Guatemala sólo había alcanzado el 29.1%. Hoy en día, el analfabetismo es casi inexistente en Chile y Costa Rica, mientras que en Guatemala sigue afectando al 20% de la población.

En Guatemala hemos perdido tiempo en una discusión frívola sobre si la educación es fundamental o no para el desarrollo. La discusión que debemos tener es cómo lograr un sistema de educación de calidad, con mayores tasas de cobertura y libre de la influencia de un sindicato que ha resultado nefasto para la educación pública. Sin embargo, se debe pasar de la retórica a la acción.

Los casos de Chile y Costa Rica nos enseñan que el auténtico desafío que tenemos como sociedad es cómo logramos construir una institucionalidad distinta a la que hemos tenido hasta ahora. La desigualdad no es mala, si está inmersa dentro una institucionalidad adecuada y se tiene inversión en educación y salud pública que facilite la movilidad social.

El concepto simplista de que los ricos son malos y peligrosos para la democracia, puede resultar nocivo para un país. Una retórica de ese tipo solo termina dañando aún más la confianza que se tenga en una economía. La política fiscal tiene impacto en las decisiones de inversión. Lo han aprendido los países europeos en las últimas décadas y por eso han reducido consistentemente sus tasas impositivas.

Guatemala necesita fortalecer su Estado con más ingresos. Pero no es a través de mayores tasas impositivas que se logrará, sino con una mejor labor de recaudación que ponga su vista en los negocios grandes que operan en la informalidad y en el contrabando, que hasta ahora han sido ignorados.

Han pasado poco más de noventa días y el régimen de Ortega ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos.

Pocos imaginaron que lo que comenzó como un descontento a la reforma del INSS acabaría por ser la gota que derramó el vaso en Nicaragua. Al momento de escribir esta columna han pasado poco más de noventa días y el régimen ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos. Naturalmente el régimen se rehúsa a reconocerse responsable de tan deleznables sucesos y, como es usual, tacha a la oposición de intentar dar un golpe de Estado y de romper el orden constitucional.

Pocas dudas deberían quedar a estas alturas que el régimen de Ortega es autoritario. Desde que asumió el poder en 2007, Ortega ha cercenado los vestigios de instituciones democráticas que había en Nicaragua. Ha debilitado a la oposición; ganó las elecciones de 2017 con un claro fraude electoral que fue “legitimado” por el propio tribunal electoral; y se ha encargado de coartar la libertad de asociación haciendo complicando a la sociedad civil que ha intentado organizarse por la vía de las ONG y otras figuras legales.

Pero lo peor es que el régimen de Ortega no solo fue popular entre las filas del sandinismo. También gozó de la simpatía de parte de la élite económica y de la de varios analistas autoproclamados de derechas. Siempre se hizo eco del supuesto “éxito” económico que suponía el modelo nicaragüense al tiempo que se destacaba que Nicaragua fue, junto a Panamá, el país que mayor inversión extranjera directa recibió entre 2012 y 2016. Lógicamente Nicaragua crecía en cierta parte por un factor de convergencia y en buena medida porque el régimen de Ortega centralizaba el poder en su figura y éste ofrecía una estabilidad aparente a los inversionistas. Pero esto es insostenible en el tiempo.

Como establecen Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, los sitios en los que priman las instituciones extractivas experimentan crecimiento económico. El tema es que este crecimiento suele ser altamente desigual y beneficia principalmente a la élite extractiva (Ortega y sus amigotes en este caso). Esto hace que el crecimiento sea insostenible en el tiempo porque no incentiva la innovación y la competencia, como ocurre en presencia de instituciones políticas y económicas inclusivas que dan lugar a la existencia de una economía de mercado auténtica.

Ejemplos de crecimiento económico bajo instituciones políticas extractivas abundan. La propia Unión Soviética fue admirada por su rápida industrialización. Los autores citados mencionan los casos de las islas Barbados, Cuba, Haití y Jamaica, en los siglos XVII y XVIII, que conseguían un rápido crecimiento económico con base en la mano de obra esclava en la producción de azúcar. Pero ninguno de los países citados consiguió un crecimiento sostenible bajo ese esquema.

Por eso es tan importante recalcar que el camino a la prosperidad no se consigue a través de regímenes autoritarios (extractivos) que ofrecen una aparente estabilidad. Únicamente bajo sistemas políticos inclusivos y plurales que permitan el funcionamiento de una auténtica economía de mercado, donde la innovación y la competencia sean el motor del crecimiento y puedan sacar a nuestros países del subdesarrollo. No es un invento nuevo, los países desarrollados de Occidente se han desarrollado bajo esas premisas.

El auge reciente de regímenes autoritarios, como el de Ortega y el que se desarrolla en Honduras bajo Juan Orlando Hernández, ofrecen una aparente estabilidad en el corto plazo. Ofrecen certeza en el corto plazo, pero su sostenibilidad en el tiempo no es viable y cuando la población quiere dar marcha atrás y cambiar el régimen, las consecuencias pueden ser nefastas como es el caso del asesino régimen de Ortega y Murillo.

El descuido de la poca precisión jurídica en la actuación del Estado, genera corrupción y la fragilidad de muchas instituciones.

Guatemala se encuentra en una situación de debilidad institucional como muchos países de América latina. En comparación con otros países de la región, su situación es dramática, dado que los principios del “Estado de Derecho”, si bien cuentan con normas que los proclaman, gozan de poca vigencia en la práctica real y escaso desarrollo jurídico que pueda hacerlos operativos.

El WJP Rule of Law Index 2015 sitúa a Guatemala en el ranking n° 85 de 102 países analizados, y en el número 18 de 25 países de la región latinoamericana y caribeña. De la lectura del informe se aprecia que el país cuenta con problemas estructurales, escaso compromiso por parte de determinados funcionarios con la labor de un Gobierno limitado y una administración pública, cimentada en los principios de sujeción a la ley, eficiencia, honestidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Los esfuerzos destinados a combatir el fenómeno de la corrupción[1], consecuencia de la ausencia de “Estado de Derecho”, requieren ser complementados con transformaciones en las estructuras administrativas del país. La debilidad del Derecho administrativo, tanto en su reflexión teórica como en su dimensión de ordenamiento jurídico positivo, es un problema colosal. La explicación de tal falencia puede deberse al recurrente argumento de que como el Estado es débil económicamente no se requiere precisar jurídicamente su funcionamiento, descuidando que es justamente la precisión jurídica de la actuación del Estado la que genera seguridad jurídica y crecimiento económico[2].

El resultado de este olvido, está en las funestas calificaciones que recibe el país en el ámbito institucional. Dado que la situación es reversible, urge mencionar que la debilidad institucional, en buena medida debe su causa al raquitismo del Derecho administrativo en Guatemala. De hecho, la disciplina goza de poca atención ciudadana, política y académica, que ha merecido el hecho, de que Guatemala sea uno de los pocos países de la región que no cuente ni siquiera con una legislación general de procedimientos administrativos, como ha sucedido en otros países[3].

“La arbitrariedad, la corrupción y la fragilidad del principio de legalidad en la actuación de la Administración Pública tiene como causa la ausencia de legislación sobre procedimientos administrativos.”

En otras regiones, han sido estas legislaciones las que han reducido la arbitrariedad de la Administración Pública; han sido auténticos códigos que enmarcan los poderes, potestades y prerrogativas de la Administración Pública, así como los derechos, deberes, garantías y recursos con que contarían los ciudadanos, para el control de la actuación administrativa.

La importancia de una legislación sobre procedimientos administrativos, se muestra aún más, cuando se comprende en qué consiste el procedimiento administrativo. En efecto, con arreglo a la teoría general del Derecho administrativo, los procedimientos administrativos son la sucesión de operaciones-actuaciones que lleva a cabo la Administración pública, en base a determinadas formalidades y trámites que están obligados a respetar a la hora de adoptar sus actos. Los cuales deben ser publicitados (art. 30 de la Constitución), e incluso, pueden ser controlados por los jueces (art. 221 de la Constitución), si el acto se presume ilegal o inconstitucional.

Si el ciudadano no goza de una claridad previa sobre cuáles son, en rigor, los procedimientos administrativos que debe llevar a cabo el gobierno y los mismos son insuficientes o violados, sin instrumentos efectivos para ser revertido, el “Estado de Derecho” pierde todo sentido. En efecto, una legislación sobre procedimientos administrativos daría una mayor protección a los derechos y garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública, pero también mejoraría la eficacia de la actuación administrativa con arreglo a la legalidad.

De lo afirmado no se infiere que no existan “procedimientos administrativos” específicos previstos en algunas leyes administrativas, dado que allí se consagran algunos procedimientos particulares. Pero no cabe duda, de que muchas veces, la actuación general de la Administración Pública poco especializada, no cuenta con un marco legal general y moderno, que encauce la actuación administrativa, al punto que muchas veces, son los propios entes, u organismos los que se “inventan” sus propios procedimientos, en clara violación a la Constitución.

Referencias:

[1] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, “La corrupción como problema de Estado”, Blog, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-corrupcion-como-problema-de...

[2] BOTEO, Paul, “La caída en la productividad de la economía guatemalteca”, Observador Económico, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-caida-en-la-productividad-d...

[3] Argentina (1972), Costa Rica (1978), Venezuela (1981), Colombia (1984), Honduras (1987), Uruguay (1991), Ecuador (1993), México (1994), Brasil (1999), Panamá (2000), Perú (2001), Bolivia (2002), Chile (2003) y República Dominicana (2013).

Tenemos políticos y dirigentes sectoriales pero no tenemos líderes.

Nadie puede negar que Guatemala atraviesa una importante crisis política e institucional. Si bien la crisis es del sistema político, de instituciones y corrupción; el fondo de la crisis es eminentemente social y está íntimamente ligado a un problema de liderazgo.

Aclaro que no me refiero al tipo de liderazgo que comercializa la industria del coaching, sino al verdadero liderazgo político y social. Y es que ciertamente tenemos políticos y dirigentes sectoriales pero no tenemos líderes. No tenemos líderes porque el liderazgo exige representatividad, exige ideas, propuestas y capacidad de diálogo. Todas características que nuestros dirigentes políticos y sociales no tienen.

Una tesis relativamente aceptada sobre nuestra falta de liderazgo es que hemos sido un país descabezador, principalmente porque la política de los años de la guerra fue acabar física o políticamente con los líderes que tenían una mínima visión de país, tanto de izquierdas como de derechas.

En el contexto de la guerra se hicieron inaceptables las voces disidentes o rebeldes que podían plantear alternativas moderadas. El riesgo era que estos líderes entendieran la necesidad de diálogo y eso no fue tolerado. El resultado fue una sociedad sin disidencia de ideas en donde las facciones se atrincheraron escudándose en el miedo y en donde solo se aplaudían o escuchaban las voces más extremistas que se apegaban al discurso dominante de su sector.

El lugar de estos líderes fue ocupado por tres tipos de personas: los corruptos que se enquistaron en las instituciones públicas, los mercenarios que venden sus voces y posiciones al mejor postor y las tímidas dirigencias sectoriales que apenas se atreven a subir el volumen de su voz.

Con la firma de la paz cesó el fuego, pero no la estrategia de cortar cabezas. Hoy ya no se aniquila físicamente a quien levanta la voz, pero se le acaba moralmente. Se le ve con desconfianza, se envenena su reputación, se le ponen etiquetas y se le señala lo suficiente como para insertar dudas razonables en las personas que al menos le escuchaban. Somos una sociedad miserable empecinada en destruir a las voces que se salen del montón.

De allí que nuestra dirigencia “no corrupta” sea cobarde. ¿Cómo no van a tener miedo, si a la hora de la batalla nadie les apoyará? Son un reflejo de lo que la sociedad está dispuesta a darles. Es más fácil ejercer liderazgo tímido en pequeños espacios, que adoptar un discurso más amplio y luego enfrentarse a la ola de críticas y ataques en total soledad.

Ejemplificar el problema de liderazgo no es difícil, solo veamos el escueto respaldo que ha tenido el movimiento reformista en el país. Pocos se animan a tomar la papa caliente de las necesarias reformas institucionales y por defecto se termina depositando la confianza para mover la agenda reformista en el oportunismo político de algunos diputados. Todas las reformas planteadas parecen haberse engendrado con cierto apoyo social, pero cuando es momento de que vean la luz del día, nadie les da la paternidad y mueren huérfanas, sepultadas por el Congreso.

Cambiar esta realidad requerirá principalmente dos cosas: valentía y tolerancia. Los líderes potenciales tendrán que armarse de valor para enviar nuevos mensajes y separarse del montón. Esto requiere políticos con verdaderas ideas reformistas, diputados dispuestos a desmarcarse de sus colegas corruptos, dirigentes sociales invitando al contrario a salir públicamente de la trinchera y un verdadero esfuerzo para dejar de lado la desconfianza y buscar acercamientos.

Este país no será viable si no apoyamos y promovemos un verdadero liderazgo político. No necesitamos líderes perfectos, con quienes tengamos total coincidencia de ideas; sino disponibilidad, apertura y transparencia. El momento para ocupar nuevos espacios dentro del sistema político se está acercando y la ausencia de nuevas cabezas deja la vía libre para que los corruptos y oportunistas retomen el espacio perdido.

“¿Quién se apunta?”