Cuando la cooptación ocurre bajo el silencio cómplice de actores relevantes

Durante años, Guatemala ha atestiguado en cámara lenta el proceso de consolidación del poder criminal dentro del aparato estatal.

Hace un a;o, atestiguamos cómo las agencias de seguridad norteamericanas develaron una parte de la problemática. Sólo en 2019, la DEA coordinó la captura o la solicitud de antejuicio contra tres candidatos a cargos de elección popular. Un alcalde, un candidato a diputado y un candidato presidencial procesados por sus vínculos con estructuras del narcotráfico. Lo preocupante de este escenario es que sin duda, la capacidad de depuración de la DEA es relativamente limitada.

Los casos de Mario Estrada, Julio Rosales y Erik Súñiga seguramente representaron tan solo la punta del iceberg. Para nadie es un secreto que los carteles de la droga han buscado cooptar el poder a nivel municipal durante varias elecciones. Municipios fronterizos o aquellos ubicados en los grandes corredores de trasiego (Franja Transversal del Norte, Costa Sur) son los ejes territoriales más apetecidos por las estructuras criminales. Y así, llegamos a convertirnos en un país donde una cuarta parte de las elecciones municipales ocurren sin competencia, como consecuencia de la ley de la “plata o el plomo”.

Vemos también que la enfermedad hace metástasis. Es un secreto vox populi que el poder del crimen organizado históricamente se enfocaba en alcaldías y corporaciones municipales. Pero bajo una lógica expansiva lo vemos tomando también espacios en el Congreso. Una fuente de inteligencia me revelaba hace unos meses un estudio –conservador para mi gusto– según el cual 22 de 160 diputados al Congreso tendrían vínculos identificables con grupos del narcotráfico.

Pero el caso Mario Estrada vino a abrir una puerta más de la casa de brujas. El cuarto donde candidatos a la Jefatura de Estado negocian con carteles el control de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa, además de los puertos y aeropuertos. La fallida negociación de Mario Estrada tampoco es nueva. Hoy sabemos a posteriori, que el Gobierno de la UNE habría recibido alrededor de US$11.5 millones de carteles de la droga para su campaña 2007. Y sabemos también que el Partido Patriota en 2011, habría tenido vínculos de financiamiento con Marllory Chacón, una de las principales piezas en el engranaje del lavado de activos de los carteles del narcotráfico internacional. Pero saben qué es lo peor, todo ello, ocurre bajo un silencio sepulcral del resto de las elites del país.

Hace poco compartía esta historia con unos colegas colombianos, con quienes recordábamos la historia del país sudamericano de mediados de los noventa. Y ambos me repitieron una frase que no la he podido borrar: “cuando los carteles cooptan espacios de poder; cuando los carteles toman control de la Policía, el Ejército y los juzgados; y cuando todo ello se vuelve normal a los ojos de los actores políticamente relevantes; así te conviertes en un narcoestado. Así fue como estuvimos a punto de perder nuestro país”.

Hoy entendemos mejor que antes las dificultades que tienen los Estados para combatir al narcotráfico. La asimetría de poder económico entre los carteles y Estados débiles. La asimetría de poder militar entre fuerzas de seguridad mal armadas y mal equipadas con los grupos dedicados al sicariato. Conocemos también la dificultad de evitar que expolicías, exmilitares, jóvenes y campesinos sean reclutados por carteles, más cuando estos últimos pueden ofrecer ingresos que superan en proporción 10 a 1 los ingresos que estas personas podrían obtener en el mercado laboral.

Sabemos también lo difícil que es combatir un fenómeno criminal cuando las mismas instituciones del Estado están capturadas por esos intereses criminales. Pero quizá nos falta entender lo nocivo que es cuando el cáncer del narcotráfico toma el control del Estado y ni las elites ni la ciudadanía se inmutan ante tal extremo. De ahí, el siguiente paso es el narcoestado.

La “Revolución de Octubre” que se vivió en Guatemala hace 76 años, pertenece a un proceso de transformaciones políticas y sociales más amplio, de carácter continental y hemisférico. Es parte entonces de una oleada democratizadora que las élites nacionales fallaron en convertir en un proyecto político de conciliación y pactos fundamentales y fundacionales, que hubiese podido ser clave en la consolidación de factores estabilizadores de un sistema democrático.

La década de 1940 en América Latina presagiaba importantes cambios políticos y sociales. En esa década se abre una etapa de reformismo democrático en esta parte del continente que se verá impulsada por las transformaciones para el mundo occidental que traería consigo la posguerra.  

En ese sentido, podemos analizar tres liderazgos políticos que condujeron procesos de reformas democráticas con alcances que fueron desde lo moderado hasta lo categórico: se trata de las “revoluciones” democráticas que encabezaron políticos latinoamericanos como Juan José Arévalo, en Guatemala (1944); Rómulo Betancourt, en Venezuela (1945) y José Figueres, en Costa Rica (1948).  A quienes podríamos —con las continuidades y rupturas de esos procesos— considerar como los “padres” de esa primera oleada democratizadora en América Latina.

En el ámbito político, esta “primavera democrática” estuvo alimentada por “el talante y el espíritu de reforma y renovación, inspirados en la Carta del Atlántico y la lucha contra el totalitarismo”[1]. Estos procesos de democratización pretendieron, entre otras cosas, ampliar la base electoral incluyendo por primera vez el voto universal, de mujeres y analfabetos, contra sistemas de gobierno que les segregó y excluyó del ejercicio de sus derechos políticos durante siglos. Y en lo económico, se buscaba articular a estos sectores al llamado Estado de bienestar (seguridad social, derechos sociales como educación y salud, etc.) que emergería en todo el mundo occidental a partir de la posguerra, con los acuerdos de Bretton-Woods. También estas transformaciones constituirán una re-formulación de los proyectos nacionales liberales del siglo XIX.

Cabe mencionar que estas tres revoluciones democráticas de la década del cuarenta, también hallaron inspiración en una serie de antecedentes y otros liderazgos en la región como las ideas y el plan político de Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA en Perú, y en el gobierno de Lázaro Cárdenas en la década anterior en México. De igual forma, se debe precisar que, si bien estos procesos comparten ciertos rasgos temporales y de acción política con el proyecto populista de Juan Domingo Perón en Argentina, entre los cuales se encuentran su carácter policlasista, su ruptura con el orden político existente y la movilización de masas; son muy distintos en naturaleza y esencia al peronismo argentino, sino que más bien se vinculan al reformismo moderado. 

Otro aspecto interesante es que los casos de Guatemala, en octubre de 1944; Venezuela, en octubre de 1945 y Costa Rica, en marzo y abril de 1948; comparten el rasgo común de que los factores que desencadenaron la instalación de sus respectivas revoluciones reformistas, están profundamente ligadas a los conflictos en relación a la sucesión presidencial, al clamor por elecciones presidenciales libres y al establecimiento de procesos constituyentes que aseguraran una serie de derechos y garantías sociales.

De estas tres experiencias reformistas, sólo una sobrevivirá hasta nuestros días, que es el caso de Costa Rica, nación consolidada en el presente como la democracia más longeva de América Latina y de los países con mejores indicadores sociales e institucionales de la región.

En el caso venezolano, hubo varias continuidades y rupturas: la primera, entre 1948 y 1958, con el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos y la década militar de Marcos Pérez Jiménez. Luego, en 1958, Rómulo Betancourt en su segundo gobierno, retomaría la agenda reformista-democrática y sentaría las bases del sistema democrático venezolano que colapsará cuatro décadas después, en 1998.

Y finalmente, tenemos el caso de Guatemala, que será el más traumático de los tres, con la radicalización y derrocamiento de Árbenz en el 1954, la sucesión de gobiernos militares y el estallido del conflicto armado que duró tres décadas.

De manera que la “Revolución de Octubre” que se vivió en Guatemala hace 76 años, pertenece a un proceso de transformaciones políticas y sociales más amplio, de carácter continental y hemisférico. Es parte entonces de una oleada democratizadora que las élites nacionales fallaron en convertir en un proyecto político de conciliación y pactos fundamentales y fundacionales, que hubiese podido ser clave en la consolidación de factores estabilizadores de un sistema democrático, como sucedió en Costa Rica hasta el presente y en Venezuela hasta 1998.

[1] LUJÁN MUÑOZ, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. Guatemala. FCE. 2016 Pp. 269

Costa Rica atraviesa por la peor crisis económica y social en décadas. El país que cuenta con los mejores indicadores sociales e institucionales de Centroamérica, está sumida en una crisis fiscal que amenaza la estabilidad política que le ha caracterizado en el último medio siglo y que le diferenció abismalmente de sus vecinos del Istmo. ¿Por qué Costa Rica llegó a este punto? ¿Llegará Costa Rica a ser la Argentina de Centroamérica?

La actual tragedia de Costa Rica inicia en el año 2009 cuando el presidente Oscar Arias presentó el Plan Escudo para enfrentar la crisis que vivía la economía mundial en ese momento y que obviamente estaba afectando también a la economía costarricense. Era un plan de estímulo fiscal que contemplaba no sólo el aumento de salarios en el sector público, sino también la contratación de más funcionarios. Además contemplaba aumentar sustancialmente el gasto social en educación, seguridad alimentaria y salud.

El plan se puso en marcha y el resultado fue que en 2009 se registró un déficit fiscal de 3.60% del PIB y de allí en adelante, hasta el 2019, el déficit fiscal promedio ha sido de 5.3% del PIB; lo que ha provocado una grave crisis en sus finanzas públicas que ha desembocado en un estallido social sin precedentes en la historia reciente de ese país.  La deuda pública pasó de representar el 24% del PIB en 2008 a más del 60% en el 2019, algo insostenible para un país como Costa Rica.

Antes de este evento, Costa Rica ya había tenido problemas con su déficit fiscal en los  noventas, pero logró poner en orden sus finanzas a mediados de la década pasada y en 2010 las calificadoras de riesgo le otorgaron el grado de “inversión” a su deuda soberana. Para ese entonces, sólo Panamá, Perú, Chile y México eran los países de América Latina que tenían esa alta calificación.  La deuda soberana de Guatemala nunca ha  obtenido esa nota; siempre nos han considerado una “inversión especulativa”. 

Ya para el 2014 era claro que Costa Rica estaba en serios problemas fiscales y las calificadoras de riesgo le quitaron el grado de inversión. Aún con esta clara “advertencia”,  la élite política de ese país no hizo el esfuerzo necesario para ajustar su gasto público y reducir su déficit fiscal. Se estima que para este 2020, el déficit fiscal cerrará en torno al 9.3% y la deuda pública alcanzará la exorbitante cifra de 70% del PIB. Costa Rica esta llegando al punto de tener que hacer duros ajustes o declararse en default en el corto o mediano plazo.

¿Qué futuro le espera a Costa Rica? Contrario a la recuperación económica que experimentarían la mayoría de países en el 2021, lo más probable es que su economía siga en número rojos en el 2021. El gobierno necesita reducir el gasto público de forma drástica o bien incrementar impuestos. Ambos escenarios serían desastrosos para su economía y lo peor es que el desempleo se encuentra actualmente en 23%, lo que complica aún más el panorama para los tomadores de decisión de ese país por el grave descontento social. Lo más complejo es que el gobierno lleva años financiando gasto corriente con deuda, lo que implica que los ajustes deberían incluir despidos masivos en el sector público.

El problema de fondo de Costa Rica es que perdió la perspectiva del nivel de desarrollo que tiene actualmente. Es cierto que es el país con los mejores indicares institucionales, sociales y económicos de Centroamérica. Puede presumir a sus vecinos, pero todavía está lejos de ser un país desarrollado. Quiso implementar un agresivo programa social que solo podría financiar un país avanzado y hoy enfrenta un duro baño de realidad. Lo peor es que ha tenido varios retrocesos importantes en los últimos años, como el deterioro en sus indicadores de seguridad.

Las élites de Costa Rica deben hacer un esfuerzo por retomar el rumbo del país. Tendrán que tomar decisiones doloras para ajustar el gasto público a su realidad. Incrementar impuestos sería desastroso. Si no asumen las decisiones que les corresponde, Costa Rica corre el riesgo de ser el próximo Argentina; es decir, un país que en su momento prometía mucho, pero que su descontrol en el gasto público y sus desajustes macroeconómicos le han llevado literalmente a la quiebra. Por el bien de Centroamérica, ojalá logren encontrar la salida al laberinto en el que se encuentran actualmente.

La respuesta corta es que no. Pero la situación de salud del magistrado Neftaly Aldana ha traído discusiones al respecto. La respuesta corta no implica que no haya problemas ni asuntos pendientes en cuanto a la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Recordemos que la CC está conformada por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes. Se designan de la siguiente forma.

Actualmente hay dos vacantes definitivas. Una, la del magistrado titular que designó el Colegio de Abogados, por el lamentable fallecimiento de Bonerge Mejía; la otra, por la renuncia del magistrado suplente que designó la CSJ, esto es, la renuncia de Consuelo Porras y la posterior impugnación e invalidación de la designación del abogado Conrado Reyes. Por otra parte, hay ausencia temporal del magistrado Neftaly Aldana, por su condición de salud.

De nuevo, ¿está desintegrada la CC? Eso sugieren las magistradas Dina Ochoa, María de los Ángeles Ararujo y el magistrado Henry Comte en una misiva dirigida a la presidencia de la CC. Estos magistrados argumentan que la situación de salud del magistrado Aldana le coloca en una situación de incapacidad descrita en el artículo 161 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que dice:

“Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad cesan de ejercer su función por renuncia presentada ante la Corte y aceptada por ésta; por expirar  el plazo de su designación, salvo el caso indicado en el artículo 157; por incompatibilidad sobrevenida; por motivación de auto de prisión, o por incapacidades propias de los funcionarios judiciales.

Será la misma Corte de Constitucionalidad la que conozca y resuelva sobre cualquier causa que requiera la suspensión del Magistrado en el ejercicio de su función.” (Resaltado propio)

Ahora bien, la situación actual no se vería tan complicada de no ser por las dos vacancias definitivas antes mencionadas. Porque de momento sólo quedan 7 magistrados en funciones porque el magistrado Aldana está de momento en vacancia temporal. Los magistrados suplentes integran en caso de ausencia de los titulares. Como el magistrado Aldana no tiene suplente designado (ver cuadro anterior) se sugiere la tesis de que la CC está desintegrada.

Por otra parte, hay casos en que la CC debe integrarse con siete (7) magistrados y ahí, dicen muchos, puede haber problemas. Estos casos son cuando la CC conoce en apelación de amparo contra resoluciones de la Corte Suprema, o cuando se plantea la inconstitucionalidad de una ley o conozca asuntos de inconstitucionalidad contra la Corte Suprema, el Congreso o el presidente o vicepresidente de la República. Sin embargo, la solución a estas cuestiones está prevista en desde hace años en el acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad que dice:

ARTICULO 7 Bis. Integración de la Corte con magistrados suplentes en el caso de inhibitorias, ausencias y vacantes temporales de los magistrados titulares y suplentes. En el caso de que uno de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad se inhiba de conocer en un determinado asunto, o en casos de ausencia del Tribunal o vacancia temporal, en su lugar integrara el magistrado suplente que corresponda, de conformidad con el Organismo o estamento que haya designado a quien presentó su inhibitoria o se encuentre ausente.

Si el magistrado suplente que corresponda ya integra el Tribunal por sorteo en el particular asunto, de acuerdo con lo regulado en el artículo 7 que antecede, o si por cualquier causa el sustituto no pudiese realizar la suplencia, para la sustitución e integración del tribunal será llamado el magistrado suplente que le siga, según el orden descendente que corresponde a la Presidencia y a las Vocalías que ejercen sus respectivos magistrados titulares, a efecto de integrar, con quien así competa en aquel orden, a la Corte de Constitucionalidad.

Esto quiere decir que, de momento, la CC tiene mecanismos para integrarse y no es válido afirmar lo contrario. Eso sí, no cabe duda de que es importante que los órganos a designar cumplan con llenar sus cargos vacantes. Esto es, que el Colegio de Abogados proceda a designar al sucesor de Bonerge Mejía y la Corte Suprema de Justicia al sucesor de Consuelo Porras. Incluso si se declara la cesantía de Aldana como sugieren los tres magistrados de la carta, la CC debe continuar trabajando hasta que se designe a su sucesor pues esto tomará cierto tiempo. ¿Se sostendría que la CC quedaría desintegrada hasta que se designe al sucesor de Aldana? Sería una interpretación desafortunada desde cualquier punto de vista.

Eso sí, sobre este último hay un problema enorme de legitimidad, aunque no de legalidad. El 13 de octubre próximo se cumplirá un año del vencimiento del periodo para el cual fueron designados los magistrados de la Corte Suprema por impugnaciones fundadas al proceso de elección de estos. En mayo la CC emitió una sentencia que ordena al Congreso a designar a los magistrados de la Corte Suprema bajo ciertos parámetros que he comentado antes, pero se han negado recurrentemente a hacerlo. Ahora corresponde a esta Corte Suprema “interina” (coloquialmente hablando) designar a un magistrado de la CC para lo que resta del periodo (abril 2021).

En cuanto a la situación del magistrado Aldana la cosa no es tan fácil como parece. Su familia envió una carta a la CC en la que solicitan su suspensión. La carta que enviaron tres magistrados de la CC sugiere la cesantía del cargo del magistrado Aldana. ¿Está incapacitado para ejercer el cargo? ¿Quién declara la incapacidad? ¿un juez de lo civil? La respuesta no parece tan obvia, pero será momento de que la CC decida si procede suspenderle o cesarlo en su cargo. Para ello deberá valerse de insumos científicos para fundar su decisión en los criterios más objetivos posibles.

La respuesta corta es que no. Pero la situación de salud del magistrado Neftaly Aldana ha traído discusiones al respecto. La respuesta corta no implica que no haya problemas ni asuntos pendientes en cuanto a la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Recordemos que la CC está conformada por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes. Se designan de la siguiente forma.

Actualmente hay dos vacantes definitivas. Una, la del magistrado titular que designó el Colegio de Abogados, por el lamentable fallecimiento de Bonerge Mejía; la otra, por la renuncia del magistrado suplente que designó la CSJ, esto es, la renuncia de Consuelo Porras y la posterior impugnación e invalidación de la designación del abogado Conrado Reyes. Por otra parte, hay ausencia temporal del magistrado Neftaly Aldana, por su condición de salud.

De nuevo, ¿está desintegrada la CC? Eso sugieren las magistradas Dina Ochoa, María de los Ángeles Ararujo y el magistrado Henry Comte en una misiva dirigida a la presidencia de la CC. Estos magistrados argumentan que la situación de salud del magistrado Aldana le coloca en una situación de incapacidad descrita en el artículo 161 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que dice:

“Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad cesan de ejercer su función por renuncia presentada ante la Corte y aceptada por ésta; por expirar  el plazo de su designación, salvo el caso indicado en el artículo 157; por incompatibilidad sobrevenida; por motivación de auto de prisión, o por incapacidades propias de los funcionarios judiciales.

Será la misma Corte de Constitucionalidad la que conozca y resuelva sobre cualquier causa que requiera la suspensión del Magistrado en el ejercicio de su función.” (Resaltado propio)

Ahora bien, la situación actual no se vería tan complicada de no ser por las dos vacancias definitivas antes mencionadas. Porque de momento sólo quedan 7 magistrados en funciones porque el magistrado Aldana está de momento en vacancia temporal. Los magistrados suplentes integran en caso de ausencia de los titulares. Como el magistrado Aldana no tiene suplente designado (ver cuadro anterior) se sugiere la tesis de que la CC está desintegrada.

Por otra parte, hay casos en que la CC debe integrarse con siete (7) magistrados y ahí, dicen muchos, puede haber problemas. Estos casos son cuando la CC conoce en apelación de amparo contra resoluciones de la Corte Suprema, o cuando se plantea la inconstitucionalidad de una ley o conozca asuntos de inconstitucionalidad contra la Corte Suprema, el Congreso o el presidente o vicepresidente de la República. Sin embargo, la solución a estas cuestiones está prevista en desde hace años en el acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad que dice:

ARTICULO 7 Bis. Integración de la Corte con magistrados suplentes en el caso de inhibitorias, ausencias y vacantes temporales de los magistrados titulares y suplentes. En el caso de que uno de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad se inhiba de conocer en un determinado asunto, o en casos de ausencia del Tribunal o vacancia temporal, en su lugar integrara el magistrado suplente que corresponda, de conformidad con el Organismo o estamento que haya designado a quien presentó su inhibitoria o se encuentre ausente.

Si el magistrado suplente que corresponda ya integra el Tribunal por sorteo en el particular asunto, de acuerdo con lo regulado en el artículo 7 que antecede, o si por cualquier causa el sustituto no pudiese realizar la suplencia, para la sustitución e integración del tribunal será llamado el magistrado suplente que le siga, según el orden descendente que corresponde a la Presidencia y a las Vocalías que ejercen sus respectivos magistrados titulares, a efecto de integrar, con quien así competa en aquel orden, a la Corte de Constitucionalidad.

Esto quiere decir que, de momento, la CC tiene mecanismos para integrarse y no es válido afirmar lo contrario. Eso sí, no cabe duda de que es importante que los órganos a designar cumplan con llenar sus cargos vacantes. Esto es, que el Colegio de Abogados proceda a designar al sucesor de Bonerge Mejía y la Corte Suprema de Justicia al sucesor de Consuelo Porras. Incluso si se declara la cesantía de Aldana como sugieren los tres magistrados de la carta, la CC debe continuar trabajando hasta que se designe a su sucesor pues esto tomará cierto tiempo. ¿Se sostendría que la CC quedaría desintegrada hasta que se designe al sucesor de Aldana? Sería una interpretación desafortunada desde cualquier punto de vista.

Eso sí, sobre este último hay un problema enorme de legitimidad, aunque no de legalidad. El 13 de octubre próximo se cumplirá un año del vencimiento del periodo para el cual fueron designados los magistrados de la Corte Suprema por impugnaciones fundadas al proceso de elección de estos. En mayo la CC emitió una sentencia que ordena al Congreso a designar a los magistrados de la Corte Suprema bajo ciertos parámetros que he comentado antes, pero se han negado recurrentemente a hacerlo. Ahora corresponde a esta Corte Suprema “interina” (coloquialmente hablando) designar a un magistrado de la CC para lo que resta del periodo (abril 2021).

En cuanto a la situación del magistrado Aldana la cosa no es tan fácil como parece. Su familia envió una carta a la CC en la que solicitan su suspensión. La carta que enviaron tres magistrados de la CC sugiere la cesantía del cargo del magistrado Aldana. ¿Está incapacitado para ejercer el cargo? ¿Quién declara la incapacidad? ¿un juez de lo civil? La respuesta no parece tan obvia, pero será momento de que la CC decida si procede suspenderle o cesarlo en su cargo. Para ello deberá valerse de insumos científicos para fundar su decisión en los criterios más objetivos posibles.

El Ejército Nacional de la Revolución y el diseño institucional en la Constitución del 45

La Constitución de 1945 es considerada como referente de democratización, ya que materializaba las aspiraciones de libertad de las gestas de junio y octubre del 44, y contenía una serie de garantías sociales y laborales. No obstante, la misma Constitución abrió un flanco que se convertiría en causal de inestabilidad entre 1949 y 1960.

Con el fin de minimizar la instrumentalización de la fuerza armada, los constituyentes diseñaron un modelo de dispersión de poder para el Ejército. El Presidente fungía como Comandante en Jefe y dictaba sus órdenes a través del Ministro de la Defensa. Y como balance al poder del Ejecutivo, se creó la figura de Jefe de las Fuerzas Armadas, nombrado por el Congreso.

Jacobo Árbenz, oficial de escuela y miembro de la Junta de Gobierno, fue nombrado Ministro de la Defensa; mientras Francisco Javier Arana, oficial de línea y miembro de la Junta, fue designado Jefe de las Fuerzas Armadas. El problema es evidente: se rompió la unidad de mando, y se abrió el espacio para el fraccionamiento entre aranistas y arbencistas.

El divisionismo se patentizó al buscar al sucesor de Arévalo, luego del Pacto del Barranco de 1945. El ala moderada de los revolucionarios apoyó a Arana, bajo la premisa que había que consolidar las primeras reformas de la revolución; mientras el ala reformista apoyó a Árbenz, bajo la premisa de ampliar las reformas a lo económico y social.

El resto de la historia todos la conocemos. Arana es asesinado en un confuso incidente en 1949, en el que se infiere la participación -directa o indirecta- de Árbenz. Habiendo sido castrados de su líder, los aranistas protagonizaron una serie de cuartelazos entre 1949 y 1951, uno de ellos, dirigido por Carlos Castillo Armas. Mientras que la oficialidad arbencista se consolidó en el poder tras el triunfo de Jacobo Árbenz en las elecciones de noviembre del 50.

El movimiento de la Liberación, de 1954, fue dirigido por algunos oficiales aranistas exiliados a raíz de los cuartelazos anteriores; y la inacción del Ejército ante la Liberación fue producto del pacto entre oficiales del alto mando afines a Arana y dirigentes liberacionistas. El triunfo liberacionista conllevó el desplazamiento de los arbencistas, cuya oficialidad -humillada por no haber defendido a su Presidente- protagonizaría los levantamientos de 1957, y la Conjura del Niño Jesús de noviembre de 1960, que marcaría el inicio de la insurrección armada.

Las raíces del conflicto político de la segunda mitad del siglo XX y el aborto temprano de la Revolución se encuentran en el mismo diseño del Ejército de la Revolución. Al romper la unidad de mando y politizar a la fuerza armada, la Constitución del 45 se condenó a sí misma.

El Ejército Nacional de la Revolución y el diseño institucional en la Constitución del 45

La Constitución de 1945 es considerada como referente de democratización, ya que materializaba las aspiraciones de libertad de las gestas de junio y octubre del 44, y contenía una serie de garantías sociales y laborales. No obstante, la misma Constitución abrió un flanco que se convertiría en causal de inestabilidad entre 1949 y 1960.

Con el fin de minimizar la instrumentalización de la fuerza armada, los constituyentes diseñaron un modelo de dispersión de poder para el Ejército. El Presidente fungía como Comandante en Jefe y dictaba sus órdenes a través del Ministro de la Defensa. Y como balance al poder del Ejecutivo, se creó la figura de Jefe de las Fuerzas Armadas, nombrado por el Congreso.

Jacobo Árbenz, oficial de escuela y miembro de la Junta de Gobierno, fue nombrado Ministro de la Defensa; mientras Francisco Javier Arana, oficial de línea y miembro de la Junta, fue designado Jefe de las Fuerzas Armadas. El problema es evidente: se rompió la unidad de mando, y se abrió el espacio para el fraccionamiento entre aranistas y arbencistas.

El divisionismo se patentizó al buscar al sucesor de Arévalo, luego del Pacto del Barranco de 1945. El ala moderada de los revolucionarios apoyó a Arana, bajo la premisa que había que consolidar las primeras reformas de la revolución; mientras el ala reformista apoyó a Árbenz, bajo la premisa de ampliar las reformas a lo económico y social.

El resto de la historia todos la conocemos. Arana es asesinado en un confuso incidente en 1949, en el que se infiere la participación -directa o indirecta- de Árbenz. Habiendo sido castrados de su líder, los aranistas protagonizaron una serie de cuartelazos entre 1949 y 1951, uno de ellos, dirigido por Carlos Castillo Armas. Mientras que la oficialidad arbencista se consolidó en el poder tras el triunfo de Jacobo Árbenz en las elecciones de noviembre del 50.

El movimiento de la Liberación, de 1954, fue dirigido por algunos oficiales aranistas exiliados a raíz de los cuartelazos anteriores; y la inacción del Ejército ante la Liberación fue producto del pacto entre oficiales del alto mando afines a Arana y dirigentes liberacionistas. El triunfo liberacionista conllevó el desplazamiento de los arbencistas, cuya oficialidad -humillada por no haber defendido a su Presidente- protagonizaría los levantamientos de 1957, y la Conjura del Niño Jesús de noviembre de 1960, que marcaría el inicio de la insurrección armada.

Las raíces del conflicto político de la segunda mitad del siglo XX y el aborto temprano de la Revolución se encuentran en el mismo diseño del Ejército de la Revolución. Al romper la unidad de mando y politizar a la fuerza armada, la Constitución del 45 se condenó a sí misma.

El 5 de marzo de 2020 el presidente declaró por primera vez estado de calamidad como consecuencia de la pandemia. El estado de calamidad declaraba la limitación de los siguientes derechos constitucionales: derecho a la libertad de acción, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación y lo relativo al derecho de huelga para trabajadores del Estado.

Como consecuencia de la declaratoria del estado de calamidad, las disposiciones presidenciales acordaron medidas tales como el cierre de fronteras para extranjeros, toque de queda y el cierre de centros turísticos.

Se tomaron otras medidas no exentas de polémica como el cierre de algunas actividades productivas tales como gimnasios, cines y en su momento restaurantes y centros comerciales. Digo no exentas de polémica porque fueron cierres que restringieron la libertad de industria, comercio y trabajo (artículo 43 constitucional) y de acuerdo con la Constitución este derecho no puede restringirse en virtud de algún estado de limitación a los derechos constitucionales.

El estado de calamidad se prorrogó y dejó de surtir efectos en el país el 1 de octubre. La pregunta que muchos se hacen es qué medidas desaparecen y cuáles quedan en vigor a partir del vencimiento del estado de calamidad.

Al respecto cabe mencionar que sin estado de calamidad no es posible limitar el ejercicio de derechos constitucionales. Esto descarta que el gobierno pueda establecer toques de queda que limitan la libre locomoción y deja menos margen de dudas que no es posible decretar el cierre de establecimientos comerciales. Por esta razón es que se reabren cines, gimnasios y otras actividades hasta ahora en cierre absoluto. Sin estado de excepción, el ejercicio de los derechos fundamentales se puede regular si existe una ley ordinaria que así lo disponga dentro de los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad mas no se puede limitar si no es con base a los estados de excepción.

A partir de ahora las bases para las medidas sanitarias que establece el gobierno serán principalmente, por una parte, el acuerdo gubernativo 146-2020, promulgado en junio pasado, y el acuerdo gubernativo 150-2020 que contiene las disposiciones reglamentarias para garantizar la salud en el marco de la pandemia de la COVID-19. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) publicó el acuerdo ministerial 229-2020 que actualiza el sistema de alertas sanitarias o el famoso tablero.

Este último acuerdo se actualizó por el acuerdo ministerial 234-2020 del MSPAS que lo único que hace es quitar las restricciones para mayores de 60 años en la industria. Supongo que tal cambio obedece a que, como decía antes, sin estado de excepción no se puede restringir o limitar el ejercicio de un derecho, solamente regularlo si una ley ordinaria lo dispone.

Es una gran noticia para el estado de derecho que termine el estado de calamidad. La pandemia requiere de acciones de prevención sin duda alguna. Pero no debe abordarse desde los estados de excepción. En marzo, cuando la incertidumbre era grande y se hacía necesario tomar medidas drásticas era razonable. Pero con el paso del tiempo el gobierno debió, desde hace meses, encontrar el marco normativo ordinario para establecer las medidas necesarias para afrontar la pandemia.

Lamentablemente se ha perdido el tiempo. El inciso “e” del artículo 183 constitucional da al presidente la potestad de promulgar acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, “sin alterar su espíritu”.

Supone el ejecutivo que en aplicación del decreto 90-97, el Código de Salud, puede establecer como “medidas sanitarias” las limitaciones de aforo para las distintas actividades que regula el tablero y supone que en virtud de la aplicación de la misma norma puede obligar al uso de la mascarilla, el distanciamiento y demás medidas sanitarias que los acuerdos antes mencionados obligan a observar.

No está tan claro. Ciertamente los artículos 3, 9 y 58 del Código de Salud reconocen la responsabilidad ciudadana de seguir las normas sanitarias y reconocen las funciones del gobierno de regulación y vigilancia de las cuestiones sanitarias. Pero, por ejemplo, no queda claro en qué términos se sancionará a quien incumpla con el uso de mascarilla en espacios públicos.

Ciertamente el artículo 219, literal “b”, del Código de Salud establece como una de las sanciones a las disposiciones de esta norma, de “sus reglamentos y de más leyes de salud, normas y disposiciones vigentes”. Y uno supone que las disposiciones sanitarias contenidas en los acuerdos antes comentados constituyen disposiciones preceptivas que, de ser incumplidas, dan lugar a una multa como lo indica el artículo 225 del Código de Salud.

Otro tema que dio lugar a un cambio normativo es el relativo a la venta de bebidas alcohólicas. En realidad, la conocida “ley seca” es un acuerdo gubernativo. Ahora el acuerdo gubernativo 151-2020 limita la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 21:00 horas. Esta disposición merece un análisis más extenso, pero no parece que dicha medida sea proporcional, idónea y necesaria. Al menos el gobierno no ofrece una justificación para tal medida.

Al final queda la sensación de que el gobierno no se preparaba para enfrentar la pandemia sin estado de calamidad. La regulación deja dudas y muchos espacios vacíos. En Guatemala hemos tolerado por años la aprobación de estados de excepción sin mayor exigencia. La pandemia debe abordarse desde una óptica de la prevención y con respeto a los derechos fundamentales. Bien haría el ejecutivo en revisar el marco normativo vigente detenidamente.

Una agenda legislativa para dinamizar mercados específicos

El 1 de agosto pasado, se abrió el segundo período ordinario de sesiones legislativas, el cual se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre, cuando el Congreso entre nuevamente en receso parlamentario.

El contexto era claro: Guatemala recién iniciaba el proceso de la gradual reapertura hacia la nueva normalidad. Al tiempo en que los datos económicos nos arrojaban una fotografía más clara sobre la verdadera magnitud de la crisis provocada por la pandemia Covid-19.

El índice mensual de actividad económica para el segundo trimestre del año reportaba una caída de entre 8 y 10%; más de 174,000 trabajadores habían sido suspendidos y otros 67,000 despedidos a finales de junio. La recaudación fiscal se desplomó por debajo de -23.5% en mayo y -15.3% en junio. Y las proyecciones indicaban que el Producto Interno Bruto para 2020 caería entre 3 y 5%, lo que implicaría la peor crisis económica vivida en Guatemala desde 1982.

Por ello, resultaba necesario que se adoptaran medidas encaminadas a promover una rápida reactivación económica. A nivel de Congreso, esto naturalmente pasaba por aprobar una serie de iniciativas de ley que permitieran dinamizar ciertos mercados o que simplemente dotaran de certeza jurídica a otros sectores que ya son dinámicos de por sí.

No había que inventar el agua azucarada. La dinamización del mercado laboral se alcanzaría mediante la aprobación de una Ley Reguladora del Empleo a Tiempo parcial (de la cual ya hay por lo menos dos iniciativas y una con dictamen). El mercado financiero podría dinamizarse aún más con una Ley de Leasing. El mercado inmobiliario podría estimularse mediante una Ley de Tasa de Interés Preferencial para Vivienda. Las exportaciones podrían incentivarse mediante una reforma a la Ley de Zonas Francas, para ampliar el número de sectores que pueden acogerse a dicho régimen económico. Una nueva ley que fomente el turismo interno, regulando correctamente el “corrimiento” de los feriados podría contribuir a reactivar el sector hotelero y de restaurantes. Y así la lista podría seguir y seguir.

Y todo ello sin contar la cantidad de empleos que generaría la flexibilización laboral o un estímulo a la demanda inmobiliaria y el efecto de crecimiento agregado de medidas de esta naturaleza.

Agreguemos otro dato. Un análisis rápido del balance de fuerzas y de las posiciones legislativas sobre las leyes en cuestión arroja que las mismas contarían con apoyo -en teoría- de la alianza mayoritaria prooficialista y de varios bloques bisagra o de oposición. Por lo que la falta de respaldo tampoco es excusa

Pero a pesar de todo, el Congreso mantiene la misma dinámica del primer semestre 2020, o de los últimos dos años de la legislatura anterior: parálisis.

La razón parece sencilla. El deseo de prolongar ad eternum la elección de magistrados de apelaciones y Corte Suprema de Justicia y la búsqueda de una excusa legalista para incumplir la orden de la CC, ha llegado a la Legislatura a encontrar excusas para no llevar a cabo las sesiones. Al principio fue la amenaza de un brote de Covid-19 entre diputados; luego, el retraso en las discusiones sobre la fórmula para supuestamente elegir magistrados; ahora, la excusa son las interpelaciones a los ministros.

En el proceso, ya se agotó la mitad del período de sesiones. Y no olvidemos que la segunda quincena de noviembre está destinada casi de forma exclusiva a la aprobación del Presupuesto 2021.

Una agenda legislativa para dinamizar mercados específicos

El 1 de agosto pasado, se abrió el segundo período ordinario de sesiones legislativas, el cual se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre, cuando el Congreso entre nuevamente en receso parlamentario.

El contexto era claro: Guatemala recién iniciaba el proceso de la gradual reapertura hacia la nueva normalidad. Al tiempo en que los datos económicos nos arrojaban una fotografía más clara sobre la verdadera magnitud de la crisis provocada por la pandemia Covid-19.

El índice mensual de actividad económica para el segundo trimestre del año reportaba una caída de entre 8 y 10%; más de 174,000 trabajadores habían sido suspendidos y otros 67,000 despedidos a finales de junio. La recaudación fiscal se desplomó por debajo de -23.5% en mayo y -15.3% en junio. Y las proyecciones indicaban que el Producto Interno Bruto para 2020 caería entre 3 y 5%, lo que implicaría la peor crisis económica vivida en Guatemala desde 1982.

Por ello, resultaba necesario que se adoptaran medidas encaminadas a promover una rápida reactivación económica. A nivel de Congreso, esto naturalmente pasaba por aprobar una serie de iniciativas de ley que permitieran dinamizar ciertos mercados o que simplemente dotaran de certeza jurídica a otros sectores que ya son dinámicos de por sí.

No había que inventar el agua azucarada. La dinamización del mercado laboral se alcanzaría mediante la aprobación de una Ley Reguladora del Empleo a Tiempo parcial (de la cual ya hay por lo menos dos iniciativas y una con dictamen). El mercado financiero podría dinamizarse aún más con una Ley de Leasing. El mercado inmobiliario podría estimularse mediante una Ley de Tasa de Interés Preferencial para Vivienda. Las exportaciones podrían incentivarse mediante una reforma a la Ley de Zonas Francas, para ampliar el número de sectores que pueden acogerse a dicho régimen económico. Una nueva ley que fomente el turismo interno, regulando correctamente el “corrimiento” de los feriados podría contribuir a reactivar el sector hotelero y de restaurantes. Y así la lista podría seguir y seguir.

Y todo ello sin contar la cantidad de empleos que generaría la flexibilización laboral o un estímulo a la demanda inmobiliaria y el efecto de crecimiento agregado de medidas de esta naturaleza.

Agreguemos otro dato. Un análisis rápido del balance de fuerzas y de las posiciones legislativas sobre las leyes en cuestión arroja que las mismas contarían con apoyo -en teoría- de la alianza mayoritaria prooficialista y de varios bloques bisagra o de oposición. Por lo que la falta de respaldo tampoco es excusa

Pero a pesar de todo, el Congreso mantiene la misma dinámica del primer semestre 2020, o de los últimos dos años de la legislatura anterior: parálisis.

La razón parece sencilla. El deseo de prolongar ad eternum la elección de magistrados de apelaciones y Corte Suprema de Justicia y la búsqueda de una excusa legalista para incumplir la orden de la CC, ha llegado a la Legislatura a encontrar excusas para no llevar a cabo las sesiones. Al principio fue la amenaza de un brote de Covid-19 entre diputados; luego, el retraso en las discusiones sobre la fórmula para supuestamente elegir magistrados; ahora, la excusa son las interpelaciones a los ministros.

En el proceso, ya se agotó la mitad del período de sesiones. Y no olvidemos que la segunda quincena de noviembre está destinada casi de forma exclusiva a la aprobación del Presupuesto 2021.