Lo más grave es que nos está pasando lo mismo que otros países subdesarrollados, en donde estamos pagando un alto costo económico y la pandemia continúa su curso inexorable. ¿Estamos en un callejón sin salida?

La pandemia está fuera de control en Guatemala. Atrás quedaron las primeras 8 semanas de contagios, en donde parecía que íbamos a ser de los países menos afectados del continente. Hoy estamos en una situación crítica en la que la curva de contagios está creciendo a un ritmo que parece imparable y nuestro frágil sistema de salud está colapsando rápidamente ¿Qué opciones tenemos antes esta realidad? ¿Debemos cerrar por completo el país?

Las políticas de cierre fueron exitosas en los países desarrollados. Luego de dos meses de confinamiento lograron controlar la pandemia y comenzaron a abrir sus economías con todas las medidas de seguridad. El daño a sus economías fue muy fuerte, pero por el momento ganaron la batalla. Y digo por el momento, porque existe una alta probabilidad que enfrenten una segunda y hasta una tercera ola.

La situación en los países subdesarrollados es muy diferente. La India cerró su economía por dos meses en lo que ha sido catalogado como el mayor confinamiento de la historia, dado que ese país cuenta con más de mil trescientos millones de habitantes. Sin embargo, luego de ese período, este país tuvo que abrir nuevamente su economía, dado que más de 120 millones de personas habían perdido sus empleos para entonces y lo que es peor, el esfuerzo parece haber sido inútil, ya que la curva de contagio sigue creciendo de forma imparable.

Perú es el otro caso en el cual se cerró la economía y los contagios no menguaron. El centro de la pandemia se trasladó a los países subdesarrollados y a diferencia de los países avanzados, estamos perdiendo la batalla estrepitosamente. La razón es muy simple. Tenemos Estados ineficientes y no se cuentan con los recursos necesarios para garantizarle a las personas una red de apoyo si pierden sus empleos o sus pequeños negocios. Se debe salir a trabajar si se quiere evitar morir de hambre.

En el caso de Guatemala, el gobierno tomó medidas inmediatas ante los primeros casos registrados, lo cual fue aplaudido en su momento. Sin embargo, luego de tres meses de medidas erráticas, la situación esta fuera de control y la economía esta en picada. La recaudación fiscal cayó 24% en el mes de mayo y el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayó 5.2% en marzo y 10.2% en abril. Estamos en la mayor crisis económica desde los años ochenta y si se cumplen los peores escenarios, la situación podría ser incluso peor que la que se vivió en aquel entonces.

Lo más grave es que nos está pasando lo mismo que otros países subdesarrollados, en donde estamos pagando un alto costo económico y la pandemia continúa su curso inexorable. ¿Estamos en un callejón sin salida?

A estas alturas, los pocos ahorros con los que contaban muchas familias se están esfumando y muchas empresas están luchando por sobrevivir. Varias empresas ya cerraron para siempre. La expectativa era que esta situación iba a durar dos o tres meses, pero ahora tenemos claro que la pandemia estará rondando el mundo por lo menos dos años más. ¿Podríamos permanecer encerrados todo ese tiempo?

La única opción que tenemos en estos momentos es aprender a vivir con la pandemia. Y eso implica tratar de retomar las actividades, tomando todas las medidas de seguridad del caso. El gobierno tiene que duplicar el esfuerzo por fortalecer el sistema de salud y mantener bien pagados a todo el personal de salud, brindándoles todo el equipo de protección, porque aún falta lo más grave. También se tienen que incrementar sustancialmente el número de pruebas y el monitoreo de los casos activos.

Pero no podemos darnos el lujo de cerrar completamente el país, como ha quedado evidenciado en decenas de países subdesarrollados que lo han intentado y han fracasado. Debemos ser creativos, enfrentar nuestra realidad y tratar de evitar que miles de familias sigan sufriendo la tragedia del desempleo y la perdida de sus medios de subsistencia. Se debe cuidar la salud y la economía de las familias guatemaltecas.

Aún no está claro si este conflicto institucional llegará a su fin

El Congreso, en cumplimiento a la sentencia de amparo de dictada por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1169- 2020, ha convocado para el día de hoy a sesión legislativa extraordinaria para iniciar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Menuda noticia. El impasse de más de ocho meses en el proceso de elección de las altas cortes del país parece próximo a llegar a su fin. Sin embargo, las alternativas de posibles desenlaces para este tortuoso proceso institucional parecen ser diversas. De ahí, la necesidad de explorar algunos escenarios.

En la sentencia del amparo aludido, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Congreso de la República conociera el informe circunstanciado del Ministerio Público sobre la posible manipulación de la elección de cortes. Y si bien la CC no ordenó tajantemente que se excluyera a los candidatos mencionados en el mismo, sí dejó entrever que los diputados debían calificar la honorabilidad e idoneidad de los candidatos, tomando en consideración el citado informe.

Escenario # 1: El Congreso acata a cabalidad lo dispuesto por el máximo tribunal constitucional y procede a excluir a los candidatos mencionados en el informe del Ministerio Público al tiempo en que procede a realizar un análisis a viva voz de la idoneidad y honorabilidad del resto de candidatos. Asimismo, el pleno del Congreso solicita a los diputados que tuvieron contacto con Gustavo Alejos que se abstengan de participar en la elección final. Cumpliendo con el fondo y la forma de lo dispuesto por la CC, se procede a elegir magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, poniendo fin así a este conflictivo proceso institucional.

Escenario # 2: El Congreso incumple con los criterios establecidos por la CC, ya sea de no excluir a los candidatos señalados, no votar a viva voz sobre la honorabilidad e idoneidad de los mismos, o sencillamente, no califica con rigurosidad los requisitos profesionales y éticos de cada candidato. En el acto, procede con la elección de magistrados de apelaciones y CSJ. Sin embargo, dado el incumplimiento de los requisitos de fondo y forma de la sentencia de la CC, se abre la puerta para que el mismo Ministerio Público (como accionante en el amparo) solicita una debida ejecutoria ante la CC, lo que podría generar -nuevamente- una suspensión de la elección y mayor retraso en el proceso institucional, sin olvidar las repercusiones legales y penales por el imposible incumplimiento de la sentencia.

Escenario # 3: Los actores interesados en ejercer control político y cooptar las altas cortes del país entienden que el mayor freno a sus designios es la actuación de la Corte de Constitucionalidad, que en este caso nuevamente ha jugado el rol de “árbitro político de última instancia.” A sabiendas que el período de la actual magistratura culmina en abril 2021, y alegando la complejidad de realizar una evaluación pormenorizada de la idoneidad y honorabilidad de cada uno de los 270 aspirantes a magistraturas de apelaciones y los 26 para Corte Suprema de Justicia, inician un proceso de “retraso malicioso” de la elección. Dado que el retraso en la elección de cortes no ha generado el “escenario apocalíptico” predicho por algunos, y dado que las actuales altas cortes responden a los designios de algunos de estos actores, el cálculo es apostar por la continuidad hasta que concluya el período de la Corte de Constitucionalidad. Una vez el alto tribunal constitucional cambie su integración y -en la apuesta de estos actores- sea más amigable a sus causas, podrán elegir altas cortes ad hoc a sus intereses.

Unión económica de Centroamérica

Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines; palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas, en nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza.

Si la historia se debe entender como el relato del progreso de la humanidad, Centroamérica, esta pequeña región en la mitad del continente americano, da cuentas de un pasado fuerte y turbulento, pero tiene gran futuro. No somos parte del Sur y mucho menos del Norte. Nuestros índices y problemas sociopolíticos nos definen como una de las regiones más atrasadas, pobres y violentas del planeta.

Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines; palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas, en nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza.

Los centroamericanos sabemos de nuestra historia, sus dramas y sus números. Sabemos de la insolvencia moral y financiera de nuestros Estados, y a veces, de la indiferencia de nuestras élites. Sabemos de la corrupción que nos avergüenza, de la pobreza que nos lastima, de la violencia que nos mata. Y sabemos también de la tristeza que nos embarga cuando senos niega el futuro.

En los últimos meses, discutiendo con economistas y expertos en temas de desarrollo, confirmamos lo que siempre hemos sabido. Cada país de Centroamérica, por su tamaño y circunstancias, enfrenta serias dificultades para alcanzar el desarrollo.

Por eso, la región necesita un Modelo de Desarrollo fundado en su integración económica. Ese Modelo tiene tres ejes: el primero es la plataforma institucional que garantiza el Estado de Derecho en cada país. El segundo eje lo forman condiciones de libertad, respeto a la pro­ piedad y confianza en la inversión para que la economía de la región tenga un crecimiento robusto y sea capaz de crear oportunidades para todos. Y como cada país en lo individual no tiene la masa crítica o la escala para crecer a la velocidad que necesitamos, el tercer eje, indispensable, es la integración económica de Centroamérica.

Los presidentes pueden abrir  las fronteras y declarar las cuatro libertades como en Europa, para que personas, mercancías, servicios y capitales se muevan libremente en el Istmo; y tendrían que armonizar, homologar y actualizar legislación fiscal, migratoria, financiera, sanitaria y ambiental para que Centroamérica inicie, de una vez por todas, el camino al desarrollo.

Somos 50 millones de seres humanos que compartimos historia y destino, tenemos la misma cultura y hablamos el mismo idioma. Queremos ser ciudadanos de una patria grande; y por qué no, de la nación Centroamericana.

La fuerza que ha hecho avanzar al mundo está en la iniciativa individual y la acción política que dignifica a la persona y enaltece la libertad, !a justicia y la democracia.

Las mayores transformaciones sociales y económicas en la historia de la humanidad no nacieron de las marchas, las huelgas y las arengas, sino del ingenio, la industria, el comercio; y hoy más que nunca, de la tecnología.

El ábaco, la máquina de vapor, la ciencia, la computadora, el Internet y la Inteligencia Artificial han hecho avanzar a la humanidad más que cualquier manifestación, protesta, cabildo o comité.

Los centroamericanos sabemos que la confianza y la justicia dependen tanto una de la otra como la economía de la migración. Si no hay justicia la confianza se pierde y si la economía no funciona la gente se va.

No ha sido fácil; por eso, nuestra historia y nuestros dramas nos enseñaron a luchar juntos, a llorar juntos ya soñar juntos. Somos gente solidaria y estamos siempre dispuestos a dar hasta la vida por defender y sacar adelante a nuestra familia, a nuestro país y a nuestra región.

Los centroamericanos necesitamos volver a creer  en la política, en nuestros gobiernos y en el Estado. Necesitamos saber que hay un futuro por el que merece la pena luchar. Un futuro en el que hay espacio, promesa y porvenir para todos.

La respuesta es la unión económica de Centroamérica.

Un tema ausente en la discusión política nacional

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impasse. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala

Lo que no debemos olvidar es que hay personas de carne y hueso que huyen de sus países por temores fundados y que no encuentran protección en nuestro país. Y también que estamos bajo la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala puede ser responsable de violaciones a los derechos humanos al tener prácticas como las descritas en el reporte.

En julio de 2019 publicaba una columna por el secretismo con el que el entonces presidente, Jimmy Morales, negociaba un acuerdo para que Guatemala se convirtiera en “tercer país seguro”.

La amenaza de Trump era un factor de peso, pero el gobierno de Morales tenía poco interés en encontrar un mejor resultado y en cambio se disponía a firmar a marchas forzadas y a las espaldas de todo el mundo un acuerdo. ¿El objetivo? Agradar a la administración Trump (según él) ante los eventuales problemas que enfrentaría al dejar la presidencia.

Además de la falta de transparencia en las negociaciones, el ACA se firmó en una zona gris y en medio de una disputa legal en la Corte de Constitucionalidad con la interrogante de si el acuerdo debía aprobarse o no en el Congreso. Finalmente, no fue aprobado en el Congreso y entró en vigor.

De fondo, la principal crítica siempre fue que Guatemala no tenía las condiciones para recibir a personas que reclamaban asilo. Ni la infraestructura legal ni las capacidades institucionales del país daban para ello. En aquella columna yo mostraba mi preocupación por la eventual violación de derechos humanos que podría suponer esto.

El pasado 10 de junio, el Human Rights Institute de la Universidad de Georgetown, publicó un reporte muy bien documentado sobre la aplicación del ACA. Éste recoge el testimonio de personas que han sido remitidas a Guatemala en virtud del acuerdo y arroja conclusiones preocupantes.

De acuerdo con el reporte, el ACA viola el derecho internacional y el derecho de los Estados Unidos pues las personas que son remitidas a Guatemala en virtud del ACA no encuentran un proceso viable para buscar protección.

Ni el Código de Migración ni el sistema para tramitar el asilo en Guatemala ofrecen la protección que de acuerdo con estándares de derechos humanos deben recibir las personas que son enviadas desde Estados Unidos a Guatemala. La idea de designar a un país como “tercer país seguro” es que encuentre un estándar de protección similar al del país del cual es remitido (en este caso EE. UU.). Es bastante obvio que Guatemala no cumplía este requisito.

En resumidas cuentas, el reporte recomienda al gobierno de EE. UU. dar por terminado el acuerdo para evitar que existan más violaciones de derechos humanos.

En las recomendaciones para Guatemala, hay cuestiones muy elementales que denotan la falta de visión de las anteriores autoridades al entrar al acuerdo. Por ejemplo, se recomienda emitir un reglamento para definir el proceso de asilo en virtud del ACA, publicar el acuerdo y sus anexos en español, llevar a la práctica el sistema de asilo de conformidad con las disposiciones del Código de Migración de 2016 y sus reglamentos, hacer pública la información sobre el proceso de asilo de Guatemala y los pasos que debe seguir un solicitante de asilo en Guatemala, entre otras.

El reporte detalla lo que era previsible. Desnuda la frágil institucionalidad de Guatemala y en el caso concreto las lagunas legales que hay del Código de Migración que fuera aprobado en 2016.

Lo que no debemos olvidar es que hay personas de carne y hueso que huyen de sus países por temores fundados y que no encuentran protección en nuestro país. Y también que estamos bajo la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala puede ser responsable de violaciones a los derechos humanos al tener prácticas como las descritas en el reporte.

Un tema ausente en la discusión política nacional

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impasse. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala

Lo que no debemos olvidar es que hay personas de carne y hueso que huyen de sus países por temores fundados y que no encuentran protección en nuestro país. Y también que estamos bajo la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala puede ser responsable de violaciones a los derechos humanos al tener prácticas como las descritas en el reporte.

En julio de 2019 publicaba una columna por el secretismo con el que el entonces presidente, Jimmy Morales, negociaba un acuerdo para que Guatemala se convirtiera en “tercer país seguro”.

La amenaza de Trump era un factor de peso, pero el gobierno de Morales tenía poco interés en encontrar un mejor resultado y en cambio se disponía a firmar a marchas forzadas y a las espaldas de todo el mundo un acuerdo. ¿El objetivo? Agradar a la administración Trump (según él) ante los eventuales problemas que enfrentaría al dejar la presidencia.

Además de la falta de transparencia en las negociaciones, el ACA se firmó en una zona gris y en medio de una disputa legal en la Corte de Constitucionalidad con la interrogante de si el acuerdo debía aprobarse o no en el Congreso. Finalmente, no fue aprobado en el Congreso y entró en vigor.

De fondo, la principal crítica siempre fue que Guatemala no tenía las condiciones para recibir a personas que reclamaban asilo. Ni la infraestructura legal ni las capacidades institucionales del país daban para ello. En aquella columna yo mostraba mi preocupación por la eventual violación de derechos humanos que podría suponer esto.

El pasado 10 de junio, el Human Rights Institute de la Universidad de Georgetown, publicó un reporte muy bien documentado sobre la aplicación del ACA. Éste recoge el testimonio de personas que han sido remitidas a Guatemala en virtud del acuerdo y arroja conclusiones preocupantes.

De acuerdo con el reporte, el ACA viola el derecho internacional y el derecho de los Estados Unidos pues las personas que son remitidas a Guatemala en virtud del ACA no encuentran un proceso viable para buscar protección.

Ni el Código de Migración ni el sistema para tramitar el asilo en Guatemala ofrecen la protección que de acuerdo con estándares de derechos humanos deben recibir las personas que son enviadas desde Estados Unidos a Guatemala. La idea de designar a un país como “tercer país seguro” es que encuentre un estándar de protección similar al del país del cual es remitido (en este caso EE. UU.). Es bastante obvio que Guatemala no cumplía este requisito.

En resumidas cuentas, el reporte recomienda al gobierno de EE. UU. dar por terminado el acuerdo para evitar que existan más violaciones de derechos humanos.

En las recomendaciones para Guatemala, hay cuestiones muy elementales que denotan la falta de visión de las anteriores autoridades al entrar al acuerdo. Por ejemplo, se recomienda emitir un reglamento para definir el proceso de asilo en virtud del ACA, publicar el acuerdo y sus anexos en español, llevar a la práctica el sistema de asilo de conformidad con las disposiciones del Código de Migración de 2016 y sus reglamentos, hacer pública la información sobre el proceso de asilo de Guatemala y los pasos que debe seguir un solicitante de asilo en Guatemala, entre otras.

El reporte detalla lo que era previsible. Desnuda la frágil institucionalidad de Guatemala y en el caso concreto las lagunas legales que hay del Código de Migración que fuera aprobado en 2016.

Lo que no debemos olvidar es que hay personas de carne y hueso que huyen de sus países por temores fundados y que no encuentran protección en nuestro país. Y también que estamos bajo la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala puede ser responsable de violaciones a los derechos humanos al tener prácticas como las descritas en el reporte.

América Latina es una región golpeada por el subdesarrollo político. La crisis del Coronavirus vino a agravar las condiciones económicas, sociales y políticas que ya existían. Como el nuevo epicentro mundial del Covid19, los líderes de nuestros países deben identificar la mejor estrategia para superar esta pandemia. 

Cuando en enero de este año se anunciaban las drásticas medidas de encierro aplicadas en Wuhan para contener el brote de un nuevo virus, poco imaginábamos que algunos meses después, en América Latina estaríamos ante ese mismo escandaloso escenario.

Las condiciones de América Latina antes del coronavirus eran alarmantes. Los gobiernos en su mayoría disfuncionales, sus instituciones debilitadas, sus liderazgos populistas, sus sociedades polarizadas, sus niveles de pobreza perturbadores y sus economías intentando sobrevivir en las circunstancias descritas. En pocas palabras un subdesarrollo político del que no se ha logrado salir en años y que será imposible hacerlo en medio de una emergencia como esta.

El 26 de febrero se registró en Brasil el primer caso de Coronavirus en América Latina. Desde entonces han pasado más de dos meses en los que se ha intentado ponerle freno de mano a una pandemia que va en su máxima velocidad. Hoy somos el nuevo epicentro del Covid19.

Los gobiernos en América Latina, en su herencia paternalista, han impuesto drásticas medidas para intentar reducir la cantidad de contagios. Las cuarentenas obligatorias en una región donde al menos el 50 por ciento de su población vive en la informalidad son impracticables. Los países que fueron incluso más extremos en sus encierros, hoy ven disparados los casos, como sucede en el Perú.

Hay pocas cosas que los gobiernos latinoamericanos pueden hacer frente a la pandemia; y lo poco que pueden hacer debería ser concentrar sus esfuerzos en reducir los números fatales. Para esto se debe mejorar la capacidad hospitalaria, descentralizar la atención médica y practicar pruebas masivas y aleatorias para identificar a los contagiados. Intentar dirigir la economía o incluso el comportamiento humano traerá -sin duda alguna- más tragedia.

Los gobiernos latinoamericanos han fallado históricamente en generar instituciones sólidas que respondan a sus ciudadanos, en generar políticas públicas eficientes y en generar la confianza necesaria para reducir la tensión social. Reconocer sus limitaciones sobretodo en el contexto en el que nos encontramos será fundamental para actuar de manera asertiva y dar respuesta a esta crisis.

El gran drama de América Latina es que antes de esta crisis, estábamos en crisis. Las medidas autoritarias agravan hoy e intensificarán en el futuro los males que ya veníamos arrastrando. La estrategia inteligente por parte de los gobiernos latinoamericanos incluye, una buena dosis de realidad, eficiencia en la asignación de recursos y la complicidad ciudadana para actuar con libertad y responsabilidad para hacerle frente a esta pandemia.

América Latina es una región golpeada por el subdesarrollo político. La crisis del Coronavirus vino a agravar las condiciones económicas, sociales y políticas que ya existían. Como el nuevo epicentro mundial del Covid19, los líderes políticos deben identificar la mejor estrategia para superar esta pandemia. 

Cuando en enero de este año se anunciaban las drásticas medidas de encierro aplicadas en Wuhan para contener el brote de un nuevo virus, poco imaginábamos que algunos meses después, en América Latina estaríamos ante ese mismo escandaloso escenario.

Las condiciones de América Latina antes del coronavirus eran alarmantes. Los gobiernos en su mayoría disfuncionales, sus instituciones debilitadas, sus liderazgos populistas, sus sociedades polarizadas, sus niveles de pobreza perturbadores y sus economías intentando sobrevivir en las circunstancias descritas. En pocas palabras un subdesarrollo político del que no se ha logrado salir en años y que será imposible hacerlo en medio de una emergencia como esta.

El 26 de febrero se registró en Brasil el primer caso de Coronavirus en América Latina. Desde entonces han pasado más de dos meses en los que se ha intentado ponerle freno de mano a una pandemia que va en su máxima velocidad. Hoy somos el nuevo epicentro del Covid19.

Los gobiernos en América Latina, en su herencia paternalista, han impuesto drásticas medidas para intentar reducir la cantidad de contagios. Las cuarentenas obligatorias en una región donde al menos el 50 por ciento de su población vive en la informalidad son impracticables. Los países que fueron incluso más extremos en sus encierros, hoy ven disparados los casos, como sucede en el Perú.

Hay pocas cosas que los gobiernos latinoamericanos pueden hacer frente a la pandemia; y lo poco que pueden hacer debería ser concentrar sus esfuerzos en reducir los números fatales. Para esto se debe mejorar la capacidad hospitalaria, descentralizar la atención médica y practicar pruebas masivas y aleatorias para identificar a los contagiados. Intentar dirigir la economía o incluso el comportamiento humano traerá -sin duda alguna- más tragedia.

Los gobiernos latinoamericanos han fallado históricamente en generar instituciones sólidas que respondan a sus ciudadanos, en generar políticas públicas eficientes y en generar la confianza necesaria para reducir la tensión social. Reconocer sus limitaciones sobretodo en el contexto en el que nos encontramos será fundamental para actuar de manera asertiva y dar respuesta a esta crisis.

El gran drama de América Latina es que antes de esta crisis, estábamos en crisis. Las medidas autoritarias agravan hoy e intensificarán en el futuro los males que ya veníamos arrastrando. La estrategia inteligente por parte de los gobiernos latinoamericanos incluye, una buena dosis de realidad, eficiencia en la asignación de recursos y la complicidad ciudadana para actuar con libertad y responsabilidad para hacerle frente a esta pandemia.

Enésimo intento de reforma constitucional al sector justicia 

Hace 35 años se promulgó nuestra Constitución y desde entonces hemos vivido múltiples intentos para deformarla. Solo uno de estos intentos prosperó.  ¿Por qué? ¿Fue la supuesta cura peor que la enfermedad? Cada proyecto tiene sus matices y es cierto que alguno proponía cambiar para peor. Pero no es exagerado afirmar que en nuestro país los intentos de cambio fracasan por la resistencia de los grupos de interés que ganan con mantener el sistema actual.

Al escribir estas líneas (5 de junio) aún no se conoce la propuesta de reforma constitucional al sector justicia que anunció el presidente, Alejandro Giammattei. Esperamos con ansias la propuesta del presidente para emitir el juicio respectivo.  

Hagamos un breve repaso de lo ocurrido durante los últimos 27 años. La única reforma constitucional que prosperó, fue la de 1993 (post Serranazo) dada la coyuntura crítica que se vivió. En algunos aspectos trajo cambios positivos, pero cambió para peor las cosas en el sector justicia pues amplió el corporativista y malogrado sistema de comisiones de postulación a la designación de Salas de Corte de Apelaciones.

El primer experimento fallido fue el intento de reforma constitucional de 1998 promovido como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz. Este proyecto incluía una reforma al sector justicia. El texto fue aprobado por el Congreso, pero fracasó en la consulta popular de 1999.

De ahí en adelante han surgido varias iniciativas que en sus objetivos han apuntado hacia el poder judicial, pero nunca llegaron tan lejos. ProReforma en 2009 es el primer caso, pero la propuesta recibió dictamen desfavorable de la Comisión respectiva del Congreso en 2010. Le siguió la iniciativa de URL-USAC-ASIES que sí era un proyecto acotado al sector justicia y que recibió dictamen favorable en 2012, pero jamás se discutió en el pleno.

En 2011, hubo otros dos proyectos de reforma constitucional al sector justicia que ni siquiera llegaron al Congreso. Uno propuesto por Roberto Molina Barreto, entonces magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y otro promovido por el Organismo Judicial. En 2012 también fracasó una intentona de reforma constitucional del entonces presidente, Otto Pérez Molina.

El último intento parecía tener alguna posibilidad de triunfo. A finales de 2016, 52 diputados apadrinaron una iniciativa que rápidamente recibió dictamen favorable de la Comisión respectiva en el Congreso. Se respiraban aires de cambio por las protestas de 2015 y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la discusión relativa al reconocimiento del derecho ancestral fue el elemento perfecto para que los sectores reaccionarios se activaran y la reforma murió en el pleno pese a que el controversial punto fue retirado de la propuesta.

¿Qué nos dice todo esto? Que todo mundo piensa (y sabe) que el actual modelo de comisiones de postulación es un auténtico desastre y que hay que arreglar otras variables que solo se pueden corregir reformando la Constitución para lograr que la justicia funcione. Pero también nos confirma que cuando llega el momento de discutir las reformas suelen triunfar los grupos de interés que favorecen el statu quo. Muchos de estos grupos apoyan la propuesta por el día y cabildean para que muera por la noche.

Esta reforma se presenta en medio de una pandemia y en medio de una de las peores crisis de nuestro sistema de justicia. El primer factor dificultará el debate necesario de una propuesta de esta envergadura debido a las medidas de distanciamiento físico y social. El segundo factor evidenciar la necesidad de urgencia de la reforma porque existe la posibilidad de que el Congreso no cumpla a cabalidad lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Esto puede traer consigo una serie de impugnaciones que hagan colapsar el proceso de elección de magistrados y conducir la crisis a otro nivel.

No hay demasiadas razones para ser optimistas. Aunque se trate del enésimo intento de reformar la justicia de nuestro país, a quienes nos dedicamos al estudio del derecho constitucional nos corresponde ofrecer debates de altura para enriquecer la discusión y mejorar la propuesta, pero no podemos hacerlo mientras el presidente no plantee su propuesta a detalle. El diálogo y la transparencia son elementos vitales de cualquier intento de reforma constitucional. A los políticos les corresponde abrir los espacios para que esto ocurra, aunque lo previsible es que aquello no esté dentro de sus planes.

El presidente puede reconducir el camino y dotar el proceso de transparencia para ganarse la confianza de la sociedad guatemalteca. A los diputados honorables y capaces del Congreso les corresponde ser la voz de los guatemaltecos honestos que tienen sed de justicia. Eso requerirá una alta dosis de liderazgo y madurez política. Los diputados más oscuros buscarán a toda costa que nada cambie y contarán con la complicidad de los reaccionarios de siempre.

El fracaso de la reforma sería el triunfo de los intereses oscuros que siempre ganan con mantener las cosas como están. Si eso ocurre, continuaremos cavando más profundo el pozo de nuestro fracaso institucional.