Acabó un proceso accidentado y lleno de datos interesantes que hicieron de esta elección una muy particular.

Sobre las elecciones en general

En primer lugar, estrenamos nuevas reglas electorales y por primera vez el acceso a los medios de comunicación no fue un factor clave. En segundo lugar, la descalificación de cinco candidatos presidenciales marcó profundamente el tono de la primera vuelta. Jamás había ocurrido tal cosa en nuestra historia democrática y peor aun si tenemos en cuenta que dos de las descalificadas (Zury Ríos y Thelma Aldana) sumaban la intención de voto de 1 de cada 4 electores de acuerdo a las encuestas de abril.

Por otra parte, se vio un distanciamiento mayor entre las estructuras locales y los candidatos presidenciales. Si en 2015 Jimmy Morales ganaba la elección con un partido que no ganó una sola alcaldía, en 2019 Alejandro Giammattei gana la presidencia y su partido obtiene apenas 29 alcaldías lo cual equivale al 8.5% de las alcaldías de todo el país.

La UNE fue el “LIDER” de esta elección. Hace 4 años el partido de Baldizón conquistaba 130 alcaldías, equivalentes al 39% de corporaciones municipales del país, pero en aquel entonces la UNE les ganó el boleto a segunda vuelta. Ahora, la UNE ganó 108 alcaldías, cerca de un tercio de las alcaldías del país, pero no fue capaz de ganar la elección presidencial. El vínculo alcalde-diputado distrital se mantiene, pero el vínculo entre líderes locales y candidatos presidenciales parece importar cada vez menos.

Los votos nulos y en blanco: el segundo lugar en primera vuelta

No deja de llamar la atención que es la primera vez en nuestra historia democrática que los votos en blanco y votos nulos, como porcentaje de los votos válidos, suman el segundo lugar en la elección presidencial. En primera vuelta, Sandra Torres sumó el equivalente al 25.5% de los votos válidos y los votos nulos y en blanco sumaron el 15% en tanto que Alejandro Giammattei sumó el 14%.

Por supuesto que es discutible afirmar que todos los votos en blanco y, especialmente los votos nulos, muestran rechazo. Entre los votos nulos hay votos que se anulan por «error» del votante. En esta elección despertó curiosidad el hecho de que el voto nulo tendría el efecto de repetir las elecciones si obtenía más del 50% del total de votos válidamente emitidos.

Aunque para ser justos, los votantes no lo tenían muy claro. De acuerdo con la encuesta de Prensa Libre publicada en junio de este año, el 29% de los ciudadanos creía que los votos nulos no tenían valor y un 28% dijo no saber nada al respecto. Pero también es verdad que más del 74% pensaba que una boleta en blanco era equivalente a un voto nulo, aunque no es así. De modo que esos votos nulos y en blanco, algo nos dicen del malestar de los votantes.

La remontada más grande y la caída de la participación más grande en un balotaje

Otra lección que nos deja esta elección es el enorme antivoto de Sandra Torres. Las encuestas de Fundación Libertad y Desarrollo y Prensa Libre colocaban el antivoto de Torres entre un 34% y 54% respectivamente.

El balotaje demostró el rechazo: por primera vez desde la elección de 1990, el candidato que ocupó el segundo lugar en primera vuelta consiguió ganar la elección. Pero más impactante aún: fue el crecimiento más grande, en términos absolutos, de un candidato de una primera a una segunda vuelta. El voto a favor de Alejandro Giammattei creció un 211%. En cambio, los votos a favor de Sandra Torres únicamente crecieron un 23%, el tercer peor crecimiento en las nueve elecciones presidenciales de nuestra era democrática.

Se habló mucho del abstencionismo en la segunda vuelta y ciertamente fue la segunda tasa de abstencionismo más alta en las nueve elecciones presidenciales desde 1985. Sin embargo, más preocupante es aún el hecho de que fue la elección donde más cayó la participación entre la primera y la segunda vuelta: cayó un 19.5%. Hubo departamentos como Huehuetenango donde el abstencionismo alcanzó casi el 70% en segunda vuelta.

Un congreso atípico

Las elecciones legislativas también nos dejan algunos datos interesantes. Nos queda un congreso fragmentado con 19 bancadas, la fragmentación más alta de nuestra era democrática. También cayó la tasa de diputados reelectos.

Si no tomamos en cuenta las elecciones legislativas del año 1994, que ocurrieron post reforma constitucional y post serranazo que disolvieron anticipadamente el Congreso, esta es la segunda tasa más baja de diputados reelectos con un 31.65%. Se reeligieron únicamente 50 diputados de los 158 que había la legislatura pasada. La tasa más baja de reelección desde 1985 ocurrió en las elecciones de 1990 cuando únicamente se reeligieron 23 de los 100 diputados que conformaban la primera legislatura lo cual equivale a un 23% de reelectos.

El partido oficial la tendrá difícil en el legislativo. Obtuvo 17 escaños, lo cual equivale al 11% del total de escaños en el Congreso, es la segunda “bancada oficial” más baja de la historia democrática y supera únicamente al FCN Nación en las elecciones pasadas cuando obtuvieron únicamente 11 escaños equivalentes al 7% de asientos totales. La gran diferencia es que el FCN Nación salió de compras y acabó con una bancada de 36 diputados, equivalente al 22.5% de diputados.

Ahora el transfuguismo no está permitido y aquellos diputados que renuncien a su bloque legislativo quedan como diputados de segunda categoría sin poder integrar Junta Directiva ni presidir comisiones de trabajo. Veremos cómo se las ingenia el partido de Alejandro Giammattei para navegar en ese contexto con estas reglas.

Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

Como lo demuestra la historia de la humanidad, el hombre tiene infinita capacidad para destruir, corromper y traicionar. A través de los siglos, la ambición, los acuerdos incumplidos, la desconfianza y los intereses personales nos han llevado a dictaduras y guerras que han producido esclavitud, muerte y desolación.

El narcodictador Nicolás Maduro y sus secuaces pasaron hace tiempo el punto de no retorno. Ya no pueden dejar el poder y salir de Venezuela en condiciones de derrotados políticos. Sus crímenes son tantos y están tan comprometidos con mafias transnacionales que ya no existe una geografía en el planeta que los pueda o los quiera resguardar con impunidad. Y ellos lo saben. Morirán con las botas de criminales puestas.

Es posible que antes se maten entre ellos por intrigas, desconfianza y traiciones, y porque cada uno sabe la calaña de alimaña que es el otro.

Los oficiales del ejército viven incomunicados y temerosos de que los mercenarios rusos y la inteligencia cubana los vean como traidores a la causa; y que ellos y sus familias paguen las consecuencias.

Rusos y cubanos manejan a Maduro como una marioneta y los niveles de desconfianza e incertidumbre en las filas del ejército crecen cada día. A estas alturas, ningún general confía en ningún general.   

La situación es tan precaria y de sobrevivencia, que, el miedo se interpone entre un pueblo que clama libertad y el pánico a morir en el intento por alcanzarla. 

Es cierto que miles de ciudadanos salen valientemente a las calles a protestar y a apoyar a su presidente encargado, pero faltan las armas en la oposición. Falta la pólvora, el plomo y la sangre que, como demuestra la historia, es la terna que derrota dictaduras. Terrible realidad.       

Qué fácil es acusar a Leopoldo López de ser responsable del fiasco del 30 de abril para terminar con la usurpación en Venezuela o señalar a Juan Guaidó por errores de coordinación. Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

La comunidad internacional ha mejorado su actitud, pero no lo suficiente. Estados Unidos ha subido el tono en la retórica y las amenazas verbales, pero en eso se ha quedado. A estas alturas ya es evidente que todos se han visto las cartas y que lo que queda es un cambio de estrategia y de conducta. 

Parece que el presidente Trump usará la situación de Venezuela en función de su reelección. Y esto no es buena noticia para el pueblo venezolano.

Se habla también de un trueque entre Estados Unidos y Rusia: Ucrania por Venezuela, y más flexibilidad comercial con China a cambio de que volteen la cara a otro lado cuando los americanos saquen a Maduro de su ratonera con media docena de misiles de medio alcance. 

Los días del dictador están contados. Lo que sigue siendo un misterio es la fecha y el costo. En vidas y en recursos materiales.

Cuando caiga la dictadura, que caerá, el mundo occidental y los venezolanos deberán volcarse a fondo a la reconstrucción democrática, institucional, económica y social de la tierra de Bolívar. Pero el esfuerzo especial deberá estar en la reconstrucción del tejido social y la sanidad emocional de un pueblo que lo ha pasado muy mal. 

El drama de la Venezuela chavista deberá ser una lección para Venezuela y para toda América Latina. La pregunta de siempre es, ¿cuántas generaciones durará la lección? ¿O cuántos años?

La experiencia nos demuestra que el ser humano tiene gran capacidad para tropezar con la misma piedra y caer en el mismo hoyo una y otra vez. Ahí están Nicaragua, Argentina, Bolivia y probablemente Guatemala, para mencionar solo algunos. 

Por eso, al final, la lección es que la evolución de la humanidad y los grandes cambios toman siglos y generaciones. No se alcanzan en nuestro tiempo de vida. ¿Alivio y resignación? No lo sé.    

La historia no perdona. Y quienes hoy están en una posición de poder en Guatemala tienen que estar conscientes de la forma en que se escribirá este capítulo del país. 

Ejercer la función pública al más alto nivel conlleva una responsabilidad con la historia de una nación. Las decisiones que se toman afectan la vida de millones de personas, para bien o para mal. Por esa razón, hay políticos que son recordados con honores como Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y más recientemente John McCain; mientras que otros se convierten en villanos y entran a la historia con deshonra por el sufrimiento que causaron a sus respectivos pueblos, como ha sucedido con tantos dictadores africanos, asiáticos y latinoamericanos.

En Estados Unidos, una buena parte del sector político pareciera tener ese sentido de la historia. Muchos han dejado legados que los colocan en un sitial de honor en la historia de su país. La política en esa nación ha tenido estándares mucho más altos que la política en América Latina. Por supuesto que tienen sus propios escándalos y hoy no se encuentran en su mejor momento; claramente no viven en el paraíso. Pero comparado con Latinoamérica, nos llevan muchas millas de ventaja.

El gran problema del político promedio de América Latina, y de Guatemala en particular, es que sólo busca enriquecerse y sacar provecho de su posición. El prestigio, la ideología, el honor y el sentido histórico están completamente ausentes de sus motivaciones. Y lo que es peor, con el paso de los años, la calidad de la clase política guatemalteca se ha deteriorado aún más. Hoy vemos a políticos dando un espectáculo terrible de ignorancia, cinismo, cobardía y arrogancia que los hace ver como el principal obstáculo para la transformación del país.

Por supuesto, que en medio de la podredumbre que infectó a la política de Guatemala, aún quedan políticos honestos y funcionarios probos que atestiguan con tristeza cómo el Estado ha quedado en manos de personas sin escrúpulos.  Pero son una minoría y poco o nada pueden hacer, sin el apoyo decidido de la ciudadanía.

El panorama para Guatemala es desalentador si al final no logramos construir un Estado administrado por ciudadanos capaces y decentes al servicio de todos. Seguiremos hablando del país que anhelamos, pero nunca se concretará porque no contamos con un Estado funcional que lo impulse. Seremos el país de la eterna promesa y el permanente fracaso.

En medio del ambiente crispado que vive el país, los ciudadanos también hemos olvidado la responsabilidad que tenemos con la historia y las futuras generaciones. Caímos en la trampa de la polarización y el desprestigio. Ya no estamos discutiendo sobre las principales reformas que debemos impulsar para que el país tenga una oportunidad de desarrollo. En vez de eso, nos embarcamos en discusiones viscerales en donde no se aceptan matices y la descalificación ha desplazado al diálogo respetuoso y constructivo.

Hoy más que nunca se necesita que edifiquemos puentes y seamos capaces de dialogar, aun cuando defendamos puntos de vista encontrados. Es lo que hacen los países civilizados para resolver sus diferencias. Lo peor que nos podría pasar es regresar a ese pasado oscuro en donde la violencia se imponía sobre la razón. Ninguna persona decente debería avalar la violencia, la intimidación y las amenazas para silenciar un punto de vista diferente. Eso simplemente es inaceptable y nos convertiría en cómplices de una atrocidad.

La historia no perdona. Y quienes hoy están en una posición de poder en Guatemala tienen que estar conscientes de la forma en que se escribirá este capítulo del país. ¿Quedarán registrados como hombres de Estado que impulsaron y permitieron la primavera de Guatemala? ¿O la historia los recordará como villanos que robaron la esperanza de cambio de todo un pueblo? El país se encuentra en un momento crítico y se necesita de políticos con sentido de historia, que tomen decisiones en función del bienestar de la población y no del interés personal. La historia será implacable. 

Publicado originalmente en El Periódico.

Las cortes pueden llegar a ser sumamente polémicas incluso bajo sistemas judiciales sólidos.

La famosa Corte Warren en los Estados Unidos es un buen ejemplo de ello. Corría el mes de septiembre de 1953 y la Corte Suprema de los Estados Unidos conocía el icónico caso Brown v. Board of Education. Se trataba de una demanda que presentó una estudiante afroamericana, Linda Brown, que retaba la jurisprudencia (Plessy contra Ferguson, 1896) hasta entonces vigente que declaraba que los afroamericanos y los blancos podían estar “separados pero en iguales condiciones”. Con ello existían en Estados Unidos escuelas públicas exclusivamente para blancos y otras exclusivamente para afroamericanos.

Durante las deliberaciones de la Corte Suprema, el juez presidente Fred Vinson hizo ver a sus colegas jueces que, si bien la segregación era deleznable, la Corte no podía fallar en contra de dicha práctica porque cada estado tenía derecho a decidir su propia política educativa aunque ésta fuera discriminatoria. En medio de las deliberaciones el juez Vinson murió y el entonces presidente, Dwight Eisenhower, nombró a Earl Warren como juez presidente de la Corte Suprema.

Warren tenía una visión de que la Corte Suprema debía servir, además de su función de control constitucional, como un instrumento para defender a los débiles, oprimidos y desaventajados. En tal sentido, ordenó repetir las audiencias del caso Brown y cual activista convenció a sus colegas para que, por unanimidad, resolvieran que la segregación en las escuelas públicas era contraria a la decimocuarta enmienda y así terminar con esta práctica.

Lo que siguió fue una enorme crítica a la decisión de la Corte Suprema. Muchos afirmaron que la decisión deformaba la Constitución, que se basaba en evidencia empírica cuestionable, en tanto que otros afirmaban que la Corte Suprema estaba usurpando el poder legislativo del congreso y los estados en lugar de limitarse a interpretar las leyes.

El Senador demócrata de Georgia, Richard Russell Jr, incluso aseguró entonces que la corte cometió un “claro abuso de su poder judicial” e hizo un llamado a las autoridades a resistirse a la decisión por todos los “medios legales posibles”. De hecho, varios estados intentaron abolir la educación pública para evitar cumplir con la decisión judicial y en la práctica tomó tiempo en que varios estados dieran estricto cumplimiento de la sentencia.

Salvando las distancias, en Guatemala vivimos una coyuntura complicada que ha tenido a la Corte de Constitucionalidad (CC) como un protagonista importante, algo que no ocurría desde el Serranazo probablemente. La decisión de la CC de impedir al presidente declarar al comisionado de CICIG persona non grata hace poco más de un año es en buena parte reflejo de ello.

Llamó la atención al respecto porque en el anuncio que hiciera el presidente Morales de la decisión de impedir al comisionado de CICIG el ingreso al país, él y algunos funcionarios de alto rango de su gobierno aseguraron que no tenían obligación de “acatar órdenes ilegales” y opinaron que la CC se ha “extralimitado” aunque habían respetado varias de sus resoluciones.

Es natural que las decisiones de alta relevancia de las cortes generen descontento. De hecho, son objeto de críticas por parte de la comunidad de abogados y juristas. Yo mismo he sido crítico de varias decisiones de la CC. Pero un funcionario público tiene la obligación de respetar el marco constitucional y eso incluye el respeto a las decisiones de las cortes, sin importar cuán en desacuerdo se pueda estar con sus criterios jurídicos.

En todos lados se cuecen habas, reza el dicho. Estados Unidos, una de las democracias más exitosas del mundo, ha tenido episodios de polémica y descontento con las decisiones judiciales, pero fueron capaces de superarlas en un marco de respeto a la ley y la Constitución. Lo propio es necesario que ocurra en nuestro país si aspiramos a construir una república que aún está en una fase de construcción.

Por supuesto que nuestras altas cortes son muy mejorables. Nuestros esfuerzos deben ir encaminados a generar sistemas en los que estas gocen de mayor Independencia judicial. Es imposible liberarse de la polémica, pero es posible mejorar la calidad de las resoluciones de nuestras cortes si diseñamos mejores sistemas de designación e incentivos con una carrera judicial y con judicaturas vitalicias.

Así como las redes sociales juegan un rol central en la organización espontánea de la sociedad civil que busca manifestarse, también son utilizadas por hábiles manipuladores.

En los últimos años hemos visto una explosión de alternativas y actividad en las redes sociales; desde Facebook, YouTube, QQ, Qzone, Twitter, High5, Tagged, Google plus, Tumblr y Reddit entre otras 70 más que se consideran las importantes, tienen al ser humano más “comunicado” de la historia. El mundo cambió desde que se abrieron estos espacios de comunicación libre, horizontal e inmediata. Sucesos, noticias, alertas, contactos y organización son palabras que antes se hacían realidad con mucho tiempo y esfuerzo. Hoy, suceden prácticamente de inmediato. La “primavera árabe” que luego resultó ser un “decepcionante invierno” es un ejemplo de cómo amplios grupos en sociedades cerradas y reprimidas pudieron comunicarse y organizarse para ser protagonistas en la caída de gobiernos tiránicos y corruptos. Esta historia no terminó bien pero es un referente de lo que se puede hacer con la tecnología. Aquellos pueblos árabes que vivieron momentos de gloria y que luego fueron secuestrados por los “organizados” de siempre, saben que algún día volverán a tener la oportunidad de dar una nueva batalla por su dignidad y su libertad. Y saben también que la tecnología jugará un papel estelar. Los nuevos aires ciudadanos y el importante aumento en la participación cívica en América Latina se deben en gran medida al acceso de la juventud a la información a través de la tecnología y las redes sociales, y por estas, la oportunidad de organización. También tiene todo que ver el cansancio y la frustración que provocaron la política y los políticos de hoy, en gran parte del planeta, pues la segunda profesión más antigua de la humanidad ha sido secuestrada por oportunistas,delincuentes e incapaces.

“LA ÚNICA FORMA DE CONTRARRESTAR A LAS MAFIAS QUE USAN LAS REDES PARA CONFUNDIR ES CONTAR CON UNA CIUDADANÍA CADA VEZ MÁS EDUCADA”

Ahora bien, la tecnología y las redes sociales tienen también una cara oscura, no porque estas tengan algo negativo sino por la forma en que algunas personas o gobiernos las utilizan. Estamos viendo los efectos que causaron los Wikileaks de Julian Assange o la información secreta que divulgó Edward Snowden, el ex contratista de la CIA. Estos dos personajes evidenciaron la facilidad con que se penetran los sistemas más protegidos de información y las políticas que usan algunos gobiernos para llevar a cabo sistemas de control a personas que consideran una amenaza. Cualquiera puede ser víctima de una arbitrariedad que incluso llegue a destruir su vida. El gobierno norteamericano está poniendo límites para poder intervenir en la vida privada de la gente. Sin embargo, la amenaza real está en China y Rusia, desde donde espían y atacan con estructuras cibernéticas criminales a EE.UU. y sus aliados. Todo corre peligro; desde datos personales, patentes industriales e información financiera hasta secretos de Estado.

En las redes sociales sucede otro tipo de cosas. Se sabe, cada día más, de grupos organizados por gobiernos, partidos políticos e incluso mafias, que tienen operadores con perfiles falsos contaminando las redes sociales con ataques a personas que amenazan sus intereses, llenándolas de desinformación, calumnias y noticias falsas para confundir y ahuyentar la legítima participación. Vivimos una era de oportunidades pero también de amenazas. La única forma de contrarrestar los riesgos es con ciudadanos educados y bien informados. Es urgente que el ser humano de hoy suba al nivel que las circunstancias demandan. Mientras no llegue ese día, con eso de dar explicaciones sobre las infamias que un anónimo cobarde publica en las redes, no queda otra que decir que los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS.

El pasado 25 de junio el presidente Morales anunció en su cuenta de Twitter: “He instruido a la Ministra de Relaciones Exteriores, solicitar de inmediato ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Estatus de Protección Temporal (TPS), porque la política migratoria siempre ha sido una prioridad de mi gobierno.”

El mensaje del presidente sugiere varias cosas. Claro está que sería altamente deseable que se concediera un TPS para Guatemala, pero no parece que la medida pueda tener demasiado éxito. Más bien parece un intento improvisado por corregir la lenta respuesta del gobierno ante la crisis que viven los menores separados en Estados Unidos y la falta de una política clara en materia de migración durante los años que van de gobierno.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS. Hay que recordar que el TPS se instituyó por el presidente George H.W. Bush en 1990 justamente para beneficiar ciudadanos de países a los cuales sea difícil retornar para los migrantes a causa de un conflicto armado, una catástrofe natural u otro evento extraordinario.

Sin embargo, el contexto no es favorable. Actualmente hay 13 países que gozan de TPS. Desde el año pasado el presidente Trump no ha hecho más que anunciar que pondrá fin o no renovará el TPS para varios países, entre ellos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal, Liberia, Sudán, entre otros.

Se dio la ampliación del TPS para Sudán del Sur y para Siria pero hay que considerar los niveles que ha alcanzado el conflicto en este último país. Aún así, únicamente se extendió la protección para los sirios que llegaron a EEUU antes de agosto de 2016, los que llegaron después deben marcharse o permanecer como ilegales.

Lo anterior no augura buen futuro y la capacidad de negociación de Guatemala tampoco es la mejor. Para algunos el traslado de la embajada de Guatemala en Israel pueda tener un peso pero el sentido común sugiere que habría sido mejor negociar algún beneficio para los migrantes previo a hacer el traslado definitivo.

Sería en el mejor interés de los guatemaltecos que el TPS se otorgue pero la visita de Mike Pence trajo un mensaje muy claro: “si quieren venir a EEUU vengan legalmente, si no, no vengan”. Por otra parte, afirmó que el éxodo de personas es una amenaza a su seguridad y que debe terminar. El vicepresidente americano pide más bien que reforcemos la seguridad de nuestras fronteras, una narrativa que no sugiere en lo más mínimo una respuesta favorable para la petición de nuestro presidente.

Han pasado poco más de noventa días y el régimen de Ortega ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos. 

Pocos imaginaron que lo que comenzó como un descontento a la reforma del INSS acabaría por ser la gota que derramó el vaso en Nicaragua. Al momento de escribir esta columna han pasado poco más de noventa días y el régimen ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos. Naturalmente el régimen se rehúsa a reconocerse responsable de tan deleznables sucesos y, como es usual, tacha a la oposición de intentar dar un golpe de Estado y de romper el orden constitucional.

Pocas dudas deberían quedar a estas alturas que el régimen de Ortega es autoritario. Desde que asumió el poder en 2007, Ortega ha cercenado los vestigios de instituciones democráticas que había en Nicaragua. Ha debilitado a la oposición; ganó las elecciones de 2017 con un claro fraude electoral que fue “legitimado” por el propio tribunal electoral; y se ha encargado de coartar la libertad de asociación haciendo complicando a la sociedad civil que ha intentado organizarse por la vía de las ONG y otras figuras legales.

Pero lo peor es que el régimen de Ortega no solo fue popular entre las filas del sandinismo. También gozó de la simpatía de parte de la élite económica y de la de varios analistas autoproclamados de derechas. Siempre se hizo eco del supuesto “éxito” económico que suponía el modelo nicaragüense al tiempo que se destacaba que Nicaragua fue, junto a Panamá, el país que mayor inversión extranjera directa recibió entre 2012 y 2016. Lógicamente Nicaragua crecía en cierta parte por un factor de convergencia y en buena medida porque el régimen de Ortega centralizaba el poder en su figura y éste ofrecía una estabilidad aparente a los inversionistas. Pero esto es insostenible en el tiempo.

Como establecen Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, los sitios en los que priman las instituciones extractivas experimentan crecimiento económico. El tema es que este crecimiento suele ser altamente desigual y beneficia principalmente a la élite extractiva (Ortega y sus amigotes en este caso). Esto hace que el crecimiento sea insostenible en el tiempo porque no incentiva la innovación y la competencia, como ocurre en presencia de instituciones políticas y económicas inclusivas que dan lugar a la existencia de una economía de mercado auténtica.

Ejemplos de crecimiento económico bajo instituciones políticas extractivas abundan. La propia Unión Soviética fue admirada por su rápida industrialización. Los autores citados mencionan los casos de las islas Barbados, Cuba, Haití y Jamaica, en los siglos XVII y XVIII, que conseguían un rápido crecimiento económico con base en la mano de obra esclava en la producción de azúcar. Pero ninguno de los países citados consiguió un crecimiento sostenible bajo ese esquema.

Por eso es tan importante recalcar que el camino a la prosperidad no se consigue a través de regímenes autoritarios (extractivos) que ofrecen una aparente estabilidad. Únicamente bajo sistemas políticos inclusivos y plurales que permitan el funcionamiento de una auténtica economía de mercado, donde la innovación y la competencia sean el motor del crecimiento y puedan sacar a nuestros países del subdesarrollo. No es un invento nuevo, los países desarrollados de Occidente se han desarrollado bajo esas premisas.

El auge reciente de regímenes autoritarios, como el de Ortega y el que se desarrolla en Honduras bajo Juan Orlando Hernández, ofrecen una aparente estabilidad en el corto plazo. Ofrecen certeza en el corto plazo, pero su sostenibilidad en el tiempo no es viable y cuando la población quiere dar marcha atrás y cambiar el régimen, las consecuencias pueden ser nefastas como es el caso del asesino régimen de Ortega y Murillo.