Las raíces del conflicto político se encuentran en la Constitución del 45.

La Constitución de 1945 es considerada como referente de democratización, ya que materializaba las aspiraciones de libertad de las gestas de junio y octubre del 44, y contenía una serie de garantías sociales y laborales. No obstante, la misma Constitución abrió un flanco que se convertiría en causal de inestabilidad entre 1949 y 1960.

Con el fin de minimizar la instrumentalización de la fuerza armada, los constituyentes diseñaron un modelo de dispersión de poder para el Ejército. El Presidente fungía como Comandante en Jefe y dictaba sus órdenes a través del Ministro de la Defensa. Y como balance al poder del Ejecutivo, se creó la figura de Jefe de las Fuerzas Armadas, nombrado por el Congreso.

Jacobo Árbenz, oficial de escuela y miembro de la Junta de Gobierno, fue nombrado Ministro de la Defensa; mientras Francisco Javier Arana, oficial de línea y miembro de la Junta, fue designado Jefe de las Fuerzas Armadas. El problema es evidente: se rompió la unidad de mando, y se abrió el espacio para el fraccionamiento entre aranistas y arbencistas.

El divisionismo se patentizó al buscar al sucesor de Arévalo, luego del Pacto del Barranco de 1945. El ala moderada de los revolucionarios apoyó a Arana, bajo la premisa que había que consolidar las primeras reformas de la revolución; mientras el ala reformista apoyó a Árbenz, bajo la premisa de ampliar las reformas a lo económico y social.

El resto de la historia todos la conocemos. Arana es asesinado en un confuso incidente en 1949, en el que se infiere la participación -directa o indirecta- de Árbenz. Habiendo sido castrados de su líder, los aranistas protagonizaron una serie de cuartelazos entre 1949 y 1951, uno de ellos, dirigido por Carlos Castillo Armas. Mientras que la oficialidad arbencista se consolidó en el poder tras el triunfo de Jacobo Árbenz en las elecciones de noviembre del 50.

El movimiento de la Liberación, de 1954, fue dirigido por algunos oficiales aranistas exiliados a raíz de los cuartelazos anteriores; y la inacción del Ejército ante la Liberación fue producto del pacto entre oficiales del alto mando afines a Arana y dirigentes liberacionistas. El triunfo liberacionista conllevó el desplazamiento de los arbencistas, cuya oficialidad -humillada por no haber defendido a su Presidente- protagonizaría los levantamientos de 1957, y la Conjura del Niño Jesús de noviembre de 1960, que marcaría el inicio de la insurrección armada.

Las raíces del conflicto político de la segunda mitad del siglo XX y el aborto temprano de la Revolución se encuentran en el mismo diseño del Ejército de la Revolución. Al romper la unidad de mando y politizar a la fuerza armada, la Constitución del 45 se condenó a sí misma.

El pasado lunes, 16 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en la cual otorgó un amparo provisional que deja en suspenso el proceso de elección de magistrados de Cortes de Apelaciones (CdeA) y de Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lo resuelto por la CC es consecuencia de dos vicios claros al actual proceso: 1) la forma en que se eligió a los representantes de los magistrados de CdeA ante la Comisión de Postulación para elegir magistrados de CSJ; y, 2) el incumplimiento del Consejo de la Carrera Judicial de evaluar a los jueces y magistrados conforme a la “nueva” Ley de la Carrera Judicial. Vamos por pasos para que el lector no versado en asuntos jurídicos pueda tener contexto.

La conformación de las Comisiones de Postulación

Hay dos comisiones de postulación: una que tiene por objeto elaborar la nómina de 26 candidatos para magistrados de CSJ que enviará oportunamente al Congreso quien elegirá a los 13 magistrados titulares; otra para elegir a los magistrados de CdeA que elegirá a 45 Salas conformadas cada una por 3 magistrados titulares y 2 suplentes. En ese sentido, esta comisión enviará una nómina de 270 candidatos de los cuales el Congreso elegirá a los magistrados de CdeA.

La Constitución establece que estas comisiones están conformadas por 37 miembros: a) 1 representante de los rectores de las universidades; b) los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país; 12 representantes elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados; 12 representantes del Organismo Judicial que, en el caso de la comisión de postulación para elegir CdeA son representantes de la CSJ y en el caso de la comisión de postulación para elegir CSJ se trata de 12 representantes elegidos por la Asamblea de magistrados de CdeA.

Vicio número uno: la elección de representantes de la Asamblea de magistrados de CdeA

El artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación establece que el mecanismo de elección para el Colegio de Abogados y la asamblea de magistrados de CdeA es la representación proporcional de minorías. Básicamente es el mismo sistema que utilizamos para elegir diputados y que explico en otra columna.

Sin embargo, la resolución de la Corte pone en evidencia que la elección de la asamblea de magistrados de CdeA no cumplió este proceso, sino que se hizo de forma exprés y mediante planilla única. En ese sentido, se viola el espíritu de la ley de Comisiones de Postulación que precisamente busca que el mecanismo de elección no sea mayoritario o del tipo “el ganador se lo lleva todo”. Por esa razón, el amparo provisional que otorga la CC declara nula la elección y manda a que se repita y en consecuencia queda en suspenso el trabajo de la comisión de postulación.

Vicio número dos: el incumplimiento del Consejo de la Carrera Judicial

Nuestra Constitución no solo estableció un “peculiar” mecanismo para elegir magistrados de CdeA y CSJ que son las comisiones de postulación. Al tiempo, admite a dos tipos de aspirantes: a los abogados que ejercen de forma liberal la profesión y a los aspirantes que forman parte de la carrera judicial como jueces de primera instancia o magistrados de CdeA.

Para ser magistrado de CdeA, el artículo 217 constitucional requiere ser mayor de 35 años y para los abogados en ejercicio acreditar que han ejercido la profesión por más de 5 años y, para los miembros de la carrera judicial, haber ocupado el cargo de juez de primera instancia por un periodo (5 años). Para ser magistrado de CSJ el artículo 216 requiere ser mayor de cuarenta años y, para los abogados en ejercicio, acreditar que han ejercido la profesión más de 10 años y, para los miembros de la carrera judicial, haber ocupado el cargo de magistrado de CdeA al menos un periodo (5 años).

En ese orden de ideas, en 2016 se aprobó el decreto 32-2016 Ley de Carrera judicial que reemplazó a la ley del mismo nombre del año 99. En el artículo 76 estableció algo que complementa al texto constitucional: que aquellos miembros de la carrera judicial que quieran aspirar a magistrados de CdeA y CSJ, deben quedar incluidos en una lista que elabore el Consejo de la Carrera Judicial en la que conste su evaluación de desempeño. Lista que debe enviar, de acuerdo con la ley, el consejo de la carrera judicial a la comisión de postulación respectiva.

Resulta que el Consejo de la Carrera Judicial jamás cumplió a cabalidad lo anterior. Por una parte, aducen que no tenían reglamento porque la Corte Suprema de Justicia lo tenía para su evaluación en el departamento jurídico y que la evaluación la hicieron con los parámetros de la antigua y derogada ley del año 99. Para colmo, la lista fue enviada el 29 de agosto pasado, presuntamente en respuesta a uno de los amparos presentados y cuya resolución comentamos que fue presentado dos días antes.

Conclusión: ¿y ahora qué?

No se trata de que la CC quiera “posponer” el proceso, como se ha podido leer en redes sociales y se ha comentado en algunos espacios de opinión. La CC simplemente ha constatado dos vicios garrafales al presente proceso y a intentar darles salida. Ciertamente subsanarlos puede tomar meses y ciertamente el nombramiento de los magistrados vence el 13 de octubre próximo. No será la primera vez que esto ocurra y si el proceso se prolonga más allá de esa fecha, los magistrados actuales deberán permanecer en su cargo hasta que culmine el nombramiento de quien deba sucederles en el cargo.

Esferas de poder se han aprovechado del debilitamiento de los medios tradicionales de la región para asfixiarlos económicamente, financiar netcenters y utilizar a “pseudoperiodistas” que les permitan posicionar mensajes afines a sus intereses.

Escepticismo, incredulidad y desconfianza es lo que muchos ciudadanos tienen sobre los medios de comunicación. Se percibe que algo no marcha bien en el funcionamiento general de la información.¹ La región está llena de canales y emisoras vendidas al gobierno de turno; de prensa que decide no mencionar marcas por miedo a que les retiren pauta; y de aquellos medios que, según el financista, difaman a sus enemigos con mentiras y teorías conspirativas.

Nadie niega la importancia de los canales de información en una democracia. Especialmente con ejemplos como Venezuela y Nicaragua, donde distintos medios de comunicación fueron obligados a cerrar. La información de calidad es esencial para asegurar la buena marcha de la sociedad.

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, una gran cantidad de medios están siendo obligados a escandalizar sus titulares para llamar la atención; y con el modelo económico del que se fiaron por muchos años (que se basa en la publicidad) se han visto forzados a agachar la cabeza en peleas en las que se les necesita.

Para evitar la quiebra, los dueños de los medios han tomado decisiones como fortalecer secciones deportivas o reducir su personal; y han hablado con sus periodistas sobre el enfoque que deben darle a las notas que pone en riesgo la reputación de políticos o empresarios. El dinero habla y la información puede ser sacrificada.

Esto lo han comprendido a la perfección las distintas esferas del poder que aprovechan esta debilidad y la distracción de las masas para financiar netcenters, asfixiar económicamente a medios y utilizar a “pseudoperiodistas” que les permiten posicionar mensajes afines a sus intereses. El ecosistema de información que existe en la actualidad está lleno de noticias falsas que recorren las redes sociales y que ponen en tela de juicio aquellas investigaciones que medios formales han realizado. Y con esto no me refiero a las críticas sobre el enfoque o ideología del medio, que son completamente válidas, sino a aquellas que buscan el desprestigio e incluso el despido de periodistas dispuestos a hablar de temas sensibles para esas esferas.

Justos pagan por pecadores. Mientras algunos tratan de ser lo más rigurosos posible en las noticias del día y brindan un verdadero aporte a la democracia de nuestro país, emisiones completamente burdas se alinean en la búsqueda de la impunidad de figuras políticas con claros señalamientos o evitan la propagación de información negativa sobre uno de sus publicistas mayoritarios. Los medios de comunicación han caído del pedestal por un sistema corroído por intereses. 

Los medios de comunicación deben acoplarse a los nuevos tiempos, hacer más atractivo su contenido, recuperar su credibilidad y buscar nuevas fuentes de financiamiento que les permitan crear contenido independiente. Pero no pueden hacerlo solos, necesitan de nosotros. Varios ejemplos como The Economist o La Silla Vacía, cuentan con modelos de suscripción en línea o programas de donación, que de alguna u otra forma les permite respirar. Los ciudadanos debemos entender que informarnos cuesta y que ese es el precio de la democracia. No podemos darle la espalda a aquellos medios que buscan hacer periodismo de calidad y que están comprometidos con el futuro de su país.

Referencias: 

1. Ramonet, I. (1998) La tiranía de la comunicación. España. Editorial Debate, S.A. 

Cambiar para evitar el cambio.

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel español, Rafael de Riego, protagonizó un levantamiento militar contra la monarquía absolutista del Rey Fernando VII, que culminó con la instauración del Trienio Liberal en la península ibérica. España se convirtió en una monarquía constitucional bajo la Constitución de Cádiz, marco normativo que subordinaba el poder del monarca a las Cortes, decretaba el laicismo, la libertad de culto, además de otras medidas anticlericales.

Al mismo tiempo, los Artículos 10 y 11 de la Constitución de Cádiz, reconocían a las colonias americanas como provincias del reino, pero limitaba cualquier ejercicio de autonomía efectiva.

Entre tanto, en México y Centroamérica, los movimientos y rebeliones independentistas fenecían ante un reconstituido Ejército español. No obstante, el giro hacia el liberalismo en la Madre Patria generaba resquemor entre una elite y un clero conservador. Dicho resquemor se manifestó principalmente en la reticencia local a aceptar la restaurada Constitución de Cádiz.

En este contexto, las autoridades peninsulares, la elite criolla, el alto clero y los oficiales del Ejército real –simpatizantes del absolutismo y fervientes antiliberales– organizaron una serie de reuniones secretas para declarar la independencia de México y Centroamérica. Su ideal era restablecer la monarquía bajo la dirección de un infante español, que rechazara el laicismo y las instituciones constitucionales de Cádiz.

Ese espíritu fue el que dio origen al Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide, comandante del Ejército español en México. Sus tres principios materializaban el sentir de la época: unidad entre peninsulares y criollos, independencia y adscripción a la religión católica.

La venida a Guatemala de Vicente Filísola, delegado de Iturbide, aceleró el sentir de la elite de proclamar la independencia de las Provincias de Centroamérica, la cual se suscribió en papel sellado de la corona. Los notables que participaron de la junta nombraron como primer Jefe de las Provincias Unidas a Gabino Gaínza, quien hasta el 14 de septiembre ejercía el cargo de Capitán General y Comandante del Ejército español en Centroamérica.

La independencia, y posterior anexión a México, habrían de confirmarse en un Congreso Constituyente convocado para el 1 de marzo de 1822. No obstante, el Plan de Iguala fracasó. La invitación a un infante español para asumir la corona de un independiente Reino de México fue rechazada por la familia Borbón. Ante el vacío, Iturbide fue proclamado Emperador.

La independencia de Guatemala no representa un sueño de libertad, ni la materialización de las ideas de la Ilustración, como sí ocurrió en América del Sur. Por el contrario, la emancipación fue una reacción conservadora ante el liberalismo español, al temor por el laicismo y al deseo de mantener la subordinación a un monarca absoluto. En pocas palabras, la historia de la independencia centroamericana fue un fiel reflejo de muchas dinámicas políticas de los últimos dos siglos: era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.

Nos queda esperar a que los que tomen el rumbo del país sepan leer el signo de los tiempos y no den marcha atrás a los avances logrados por la lucha contra la corrupción.

El experimento de CICIG llegó a su fin el 3 de septiembre pasado. Es difícil sostener una discusión racional sobre los resultados de la comisión, pero algunos datos pueden ayudar a centrar la discusión a lo que es realmente importante y a discutir los fallos y límites del experimento.

En primer lugar, la CICIG promovió y acompañó durante los 12 años de gestión, 120 casos penales y lograron más de 400 sentencias condenatorias. En total, hablamos de que han imputado a más de 1,000 personas por distintos delitos. Esa lista de imputados incluye a dos ex presidentes (Colom y Pérez), a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, a varios ex ministros, ex diputados, ex magistrados de Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios de alto rango.

Es decir, no solo se trata del volumen de casos que salieron a luz, sino del perfil de varios acusados que sin un esfuerzo como el de la Comisión habrían sido intocables.

Ciertamente, del lado de las críticas, encontramos el uso (o abuso para algunos) de la prisión preventiva. Sin embargo, hay varios puntos que aclarar. Primero, que el exceso de aplicación de la prisión preventiva es un mal sistémico, pues desde el año 1999 MINUGUA hizo ver el problema, al igual que el CEJA en un estudio del año 2009 para América Latina, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH-  en 2013.

El dato más interesante es que, de acuerdo con un estudio del CIEN, el 33% de imputados en procesos penales son enviados a prisión preventiva después de la primera declaración. Cuando desagregamos el dato, vemos que en los casos que sigue la CICIG, la proporción es casi la misma: el 30% de acusados guarda prisión preventiva. Llevan razón con que hay un abuso de la prisión preventiva, pero no la llevan en cuanto a que sea un mal imputable al trabajo de la comisión o al menos los datos no los respaldan para hacer tal acusación.

La politización de la justicia fue otro de los temas de discusión. Naturalmente muchos de los acusados utilizaron como estrategia de defensa la narrativa de que las persecuciones eran políticas. La misma narrativa usó Lula en Brasil; Dragnea en Rumanía hizo lo propio y aseguró que la Dirección Anti Corrupción de Rumanía, que destapó los casos de corrupción en su contra, “manipulaba testigos e inventaba pruebas”. Narrativas similares a las que vimos en los últimos años, algo frecuente en casos donde hay persecuciones penales de esta envergadura.

Lo anterior no significa que el trabajo de CICIG sea todo color de rosas. Hubo muchos errores e incluso el diseño institucional no era el óptimo. Era necesario algún contrapeso y una supervisión imparcial que diera balance al trabajo de la comisión. Por supuesto, el tema no fue ni propuesto por los políticos ni aceptado por los defensores a ciegas del trabajo de la comisión.

Pero lo que preocupa más es que, con todo y sus desaciertos, la comisión era el único esfuerzo articulado para combatir la corrupción y la impunidad. Ahora que se marcha, no queda un rumbo marcado que seguir. Es cierto, el Ministerio Público de hoy tiene mejores capacidades que aquel que encontró la comisión en 2008, pero el poder judicial continúa cooptado por grupos oscuros que podrían consolidar su control en el mismo y garantizarse impunidad.

La lección principal de este esfuerzo es que, si no hay un liderazgo político local que impulse las reformas institucionales de fondo que quiten los incentivos y espacios a los poderes paralelos como complemento a la persecución penal, la ecuación queda incompleta. La comisión quiso jugar el rol de reformador en 2017 (ante la ausencia de liderazgo político local) y no tuvo éxito, pero la clase política demostró su compromiso con los poderes oscuros y mantuvo un sistema de elección de jueces que ahora está bajo su control.

No cabe duda que la reforma judicial debe ser uno de los principales puntos de consenso que debemos encontrar los actores locales. Tanto para quienes estamos más cerca de la derecha o quienes estén cerca de la izquierda, existe un acuerdo bastante claro en que debemos arrebatar a las mafias el control del poder judicial. Hacia ahí deben ir nuestros esfuerzos, de lo contrario, la lucha contra la impunidad no tendrá futuro.

Por lo demás, nos queda esperar a que los que tomen el rumbo del país sepan leer el signo de los tiempos y no den marcha atrás a los avances logrados y a que nuestros aliados continúen dando apoyo a las políticas de combate a la impunidad y la corrupción. La esperanza es lo último que muere.

Las revoluciones sangrientas y los dictadores usualmente surgen en sociedades que se niegan a cambiar.

Esta semana se cumplieron cuatro años de la renuncia de Otto Pérez Molina de la presidencia. Aquel lejano septiembre de 2015 nos abriría una brecha de esperanza a los guatemaltecos, ya que nos sentíamos empoderados y creíamos que era posible construir un país en el cual la corrupción y el abuso de poder finalmente serían castigados con severidad, por un Sistema de Justicia que parecía lograr cierta independencia. 

Aquello quedó atrás y cuatro años después, ya sin la fuerza y el apoyo  que algún día logró la lucha contra la corrupción, enfrentamos el desafío de transformar el Estado inoperante, corrupto y cooptado que actualmente tenemos. Algunos tratan de ser autocomplacientes y dicen que no estamos tan mal. Pero el Índice de Estado de Derecho 2019 nos coloca entre los últimos seis lugares de América Latina y el Caribe. ¿Es posible atraer grandes cantidades de inversión extranjera a Guatemala, si somos catalogados como un paraíso de impunidad y corrupción?

El sistema capitalista y de libre mercado sacó de la pobreza a millones de personas en los últimos doscientos cincuenta años, permitiendo que Occidente emergiera y se desarrollara como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero el capitalismo requiere de un Estado mínimamente funcional, que sea capaz de tener presencia e imponer orden en el territorio que administra, impartiendo justicia con independencia y brindando ciertos servicios públicos básicos.

El problema es que nosotros hemos sido incapaces de construir un Estado con ese mínimo de funcionalidad. En Guatemala, los grupos políticos constantemente buscan el poder para beneficiarse cínicamente de los fondos públicos y para que su esquema de latrocinio funcione a la perfección, necesitan tener el Sistema de Justicia subyugado y a sus órdenes. Es prácticamente imposible que un Estado pueda funcionar adecuadamente, con niveles tan altos de corrupción como los que presenta Guatemala. ¿De verdad somos tan ingenuos de pensar que el capitalismo surgirá exitosamente con una institucionalidad tan ruinosa?

Luego del fin del ciclo político que inició en 2015 y que terminó esta semana con sus saldos positivos y negativos, los guatemaltecos no podemos ser autocomplacientes y asumir que este país puede desarrollarse con el Sistema de Justicia tan poroso y endeble que tiene. Y no sólo es la justicia la que funciona mal en este país. Es el Estado y el sistema político en general el que es incapaz de generar las condiciones indispensables para el desarrollo.

Por eso, las principales amenazas que enfrenta Guatemala en estos momentos son la autocomplacencia, el inmovilismo  y el conservadurismo a ultranza. La Rusia de Nicolás II sucumbió al comunismo, precisamente por su negativa a evolucionar y construir instituciones más democráticas y funcionales.  Si el Zar hubiese accedido a realizar cambios graduales en la dirección correcta, tal vez jamás hubiesen conocido los horrores del comunismo.

Las revoluciones sangrientas y los dictadores usualmente surgen en sociedades que se niegan a cambiar. Es la historia de Venezuela de finales de los años noventa. La negativa al cambio,  fermentó el clima político para que emergiera Hugo Chávez, con el resultado que hoy todos sabemos.

¿Quién debe liderar el cambio de esta sociedad? El nuevo gobierno que asumirá el 14 de enero de 2020, es el llamado a cumplir ese rol.  Si bien tendrá un congreso fragmentado y posiblemente hostil, el  próximo Ejecutivo podría impulsar una agenda de reformas en el Legislativo que nos permita construir una institucionalidad más transparente y funcional.

El peor escenario para el país, sería que el próximo gobierno desaproveche la oportunidad de realizar reformas y termine envuelto en escándalos de corrupción. Sería condenarnos a que dentro de cuatro años, surjan proyectos políticos rapaces, radicales y dictatoriales, que finalmente destruyan y den muerte a nuestra frágil e incipiente democracia. Ojalá y aprendamos de la historia.

Columna publicada en El Periódico.

«Fraude electoral» en sentido amplio puede tener tiene varios significados.

El fraude el día de la elección se puede fraguar si el padrón electoral no es transparente, si los horarios de apertura de los centros de votación no se respetan, si no se permite a los votantes emitir su voto con libertad o si en el momento del conteo hacen amaños para alterar deliberadamente los resultados a favor de un candidato.

En estos días ciertos grupos han denunciado un «fraude electoral» en las elecciones del pasado 16 de junio. No queda clara cuál es la hipótesis de estos, pero aparentemente denuncian un fraude en el conteo de votos. Lo que motiva su molestia es la inconsistencia que mostraban los datos que ofrecía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su sitio web y los que reportan algunas actas.

Lo que se dio a conocer es que errores humanos en la digitación de datos y errores en la programación del software que registra los votos son los responsables de tremenda confusión. En algunos casos los digitadores cometieron errores en la tabulación de datos y en el caso de las alcaldías y diputaciones, el error se debió a la programación debido a que había más de 20 partidos y el diseño original no preveía esa situación.

No cabe duda que los errores son garrafales y el TSE tiene una cuota enorme de responsabilidad en estos errores atribuibles a una mala planificación. Tampoco cabe duda que el TSE tuvo una deficiente comunicación para informar a la población acerca de los errores cometidos. Felizmente, eso sí, el TSE anunció que a partir del lunes, 24 de junio, empezará un proceso de revisión acta por acta para asegurarse que los datos sean los correctos.

El hecho de que sea posible realizar un cotejo de las actas es muestra de que no podemos hablar de un fraude electoral. De haber sido fraudulento no habría posibilidad de fiscalizar el proceso de digitación. Ir más atrás no tiene sentido. Lo que figura en las actas es lo que consignaron los 9,850 guatemaltecos que integraron las juntas receptoras de votos en cada mesa de cada centro electoral, para hacer fraude habría que contar con su complicidad, algo virtualmente imposible. Además, estas juntas estuvieron vigiladas por los fiscales de los partidos y por observadores internacionales. De hecho, la misión de la OEA para la observación de las elecciones se pronunció tajantemente al afirmar que no hubo fraude.

Con esto no digo que las cosas sean color de rosa en nuestro país. Nadie duda que nuestro sistema político adolece de múltiples fallos. De hecho, el índice de democracia de la revista The Economist nos califica como un régimen híbrido entre una democracia y un régimen autoritario. De hecho, Guatemala tiene la quinta peor calificación de la región y superamos únicamente a Haití, también considerado régimen híbrido, y a Nicaragua, Venezuela y Cuba, los tres considerados regímenes autoritarios.

Pero una de las pocas cosas de las que podemos estar orgullosos los guatemaltecos es precisamente de la transparencia del evento electoral y su conteo. Es profundamente lamentable que el partido de gobierno, con su rotundo fracaso al obtener el peor resultado de un partido oficial en la era democrática, hable de fraude electoral. Tampoco que el MLP, que dio la sorpresa en las urnas gracias al voto antisistema, pero que demostró no tener demasiada afinidad de sus bases al lograr apenas un diputado y no ganar una sola alcaldía, se cuelgue del discurso del fraude para intentar revertir el resultado. No podemos tolerar que voces radicales griten fraude sin una sola evidencia sólida para demostrarlo.

Los migrantes huyen de la pobreza, del hambre, de la falta de libertad y de la violencia.

El testimonio del fracaso de las naciones está en la prueba de coraje y sacrifico que nos dan quienes emprenden el peligroso camino de la migración ilegal, en busca de un mejor destino.

Estados Unidos y Europa son ese envidiable escenario donde las necesidades elementales han sido reemplazadas por otras de rango más alto y los ciudadanos han alcanzado una posición de la que nosotros, como en la alegoría platónica, sólo observamos sus sombras.

Los millones de seres humanos que cruzan clandestinamente las fronteras de esa geografía a la que llamamos primer mundo, van en busca de una oportunidad de vida, de prosperidad, paz y respeto a su integridad física.

Buscan seguridad legal sabiendo que violan la ley, pero sienten que ejercitan un derecho natural y moral que ninguna norma jurídica ha podido contener.

El sueño de atravesar el Río Grande o los riesgos de cruzar las barreras electrificadas de Tijuana, o los muelles de Marsella, o el estrecho de Gibraltar, son solo algunos de los peligros que han costado vidas y separado familias.

Y esto, por huir de la pobreza, del hambre, de la falta de libertad, de la violencia, del desempleo y la desesperanza.

Esa válvula de escape de presión social que es la migración ilegal, se está cerrando. El primer mundo siente que llenó su cuota de latinos y, que hoy, nos toca a nosotros responder y resolver.

Cuando reflexionaba sobre estos temas, recordé que vivimos tiempos marcados por el declive del hombre público, el desprecio por la política y la decepción en la democracia.

En cuatro de los países de Centro América, la pobreza se hizo un mal permanente, la inversión es insuficiente y las oportunidades escasas.

La corrupción es la regla y la impunidad la norma. El Estado es el actor principal en la estafa y el crimen, y el cómplice mayor de la violencia.

Hemos construido una clase política decadente e inservible; un reflejo de nuestras élites y una manifestación de la quiebra moral de la sociedad.

Cuando una nación es víctima de estos males, se hace evidente que la política es un fracaso y que las élites, superficiales e indiferentes , esperan ciegas y sordas la implosión que la historia repite una y otra vez sin que se aprenda la lección.

Nicaragua es el caso dramático. El paradigma congelado en el tiempo y las dictaduras, un pueblo que se resiste y que seguirá luchando hasta rescatar su libertad y refundar su democracia.

No es fácil vivir en una región en laque sus países están entre los últimos cinco lugares del continente en todas las calificaciones socioeconómicas. No es fácil vivir en una región que produce pobreza y expulsa a su gente.

La causa del fracaso de nuestros países está en la política Y también, en la política está la solución. Centroamérica tiene una deuda con la democracia que va mucho más allá de promulgar leyes o celebrar elecciones.

En Nicaragua la deuda es más grande pues las elecciones son un fraude y la dictadura asesina al pueblo, mientras el mundo observa con indiferencia e hipocresía. La OEA, la ONU y la Comunidad Internacional protestan, pero no pasan de palabras vacías.

A Centroamérica, los centroamericanos le debemos la construcción de una institucionalidad confiable que garantice la supremacía de la ley, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a las libertades civiles que algunos gobernantes sin escrúpulos insisten en violar.

A Centroamérica le debemos un nuevo testimonio de coraje y sacrificio que nos comprometa a construir una región exitosa, desarrollada y con oportunidades para todos.

La trascendencia de la elección de magistrados de apelaciones.

Uno de los principios de todo sistema republicano es la alternabilidad y no concurrencia en el ejercicio de los cargos públicos. Esto se refiere a la necesidad de utilizar recetas institucionales que permitan que la elección (o designación) de las autoridades de los poderes del Estado no ocurran al unísono.

En el caso de Guatemala, la reforma constitucional de 1993 estableció un sistema concurrente (o al unísono) para la elección presidencial, diputados al Congreso de la República y de alcaldes y corporaciones municipales. Pero dejó la no-concurrencia en el período de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones (cuyos períodos son de cinco años), además de las instituciones de control (Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General, Corte de Constitucionalidad, etc.)

Sin embargo, bajo el diseño vigente, cada veinte años (múltiplo de cuatro y cinco) concurren en temporalidad las elecciones de las autoridades de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y resulta que este 2019 es precisamente uno de los años en el que se producirá tal ocurrencia.

A las elecciones generales del pasado 16 junio, en las que se eligió autoridades para el Ejecutivo, Congreso y corporaciones municipales, se suma que antes del 13 de octubre, el Congreso deberá elegir a los 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia y los 256 magistrados de salas de apelaciones.

Naturalmente, la atención pública se ha enfocado en las elecciones políticas de Ejecutivo y Congreso. Y los grupos de veeduría social se enfocan particularmente en la elección de magistrados de CSJ.

Sin embargo, quizá la elección más relevante para el futuro de la lucha contra la corrupción es la designación de magistrados de apelaciones. Recordemos. Las salas de apelaciones tienen la competencia para conocer en segunda instancia los procesos establecidos en la ley; además de conocer los recursos de apelación de los autos definitivos y la apelación especial contra los fallos emitidos por los tribunales de sentencia.

O dicho en forma más sencilla, conocen en segunda instancia sobre la mayoría de las resoluciones que emiten los jueces de primera instancia o tribunales de sentencia. Algunos de los ejemplos comunes incluyen recusaciones a jueces contralores o jueces de sentencia; apelaciones relacionadas a autos de procesamiento, apertura a juicio, medidas de coerción o medidas sustitutivas, etc. También conocen apelaciones especiales de sentencias ya emitidas, como seguramente ocurrirá con procesos como IGSS-Pisa, Lago de Amatitlán, etc.

Por tal razón, para los actores interesados en librarse de la acción de la justicia, tomar control de las salas de apelaciones se vuelve el objetivo estratégico para poner fin a la lucha contra la corrupción.

La ruta ha sido clara. La decisión de no renovar el mandato de CICIG generó un marco temporal para el club de los desvelados: más allá de septiembre 2019, que la presentación de casos de alto impacto llegará a su fin. Las acciones de hecho de septiembre 2018 a la fecha han tenido como objetivo evitar que salgan a luz más investigaciones. Pero tomando control de salas de apelaciones se aseguran de que los actores que ya enfrentan proceso penal puedan, por la vía política, incidir en el futuro procesal de sus casos. Para personajes como Otto Pérez, Roxana Baldetti, Juan de Dios Rodríguez, su única esperanza inmediata es que las salas les resulten más amigables a sus causas.

Y así, detrás de la elección presidencial, de las elecciones legislativas o de la misma Corte Suprema de Justicia, la elección de magistrados de apelaciones constituye uno de los procesos estratégicos que determinará si la experiencia 2015-2019 se institucionaliza, o si fue meramente un episodio efímero en la historia de Guatemala.

La racionalidad detrás de los actos irracionales

Para Jimmy Morales, el tiempo avanza inexorablemente. Cada día que pasa, es uno menos de esa pesadilla que resultó ser la Presidencia. Pero también, cada día que pasa es uno más cerca de la fecha fatídica del 14 de enero 2020, día en que el Presidente perderá el derecho de antejuicio.

La posibilidad de enfrentar responsabilidad penal por anomalías en el financiamiento de la campaña 2015 de FCN ha sido un fantasma en el firmamento desde hace casi dos años. Ese fantasma no sólo es una amenaza contra el mismo Morales, sino también, contra su esposa, quién habría facilitado el traslado de fondos de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos en 2015. Desde entonces, hemos visto un esfuerzo sistemático desde Casa Presidencial por frenar cualquier avance de casos judiciales. Ya sea por la vía de bloquear antejuicios en el Congreso, reformar el delito de financiamiento ilícito, o simplemente, limitar la capacidad operativa de los entes de investigación.

A ello sumemos el caso contra el hijo y hermano del Presidente. Ahí la explicación de por qué desde mediados de 2017, la única motivación estratégica de Morales fue ver cómo se deshacía de la CICIG. 

La victoria de enero 2019, con apoyo de militares, una parte de sector privado, derecha conservadora y los actores de la corrupción, aparentemente le dio una fuente de respiro a Morales.

Pero desde el 17 de abril, se desencadenó una nueva pesadilla: la gallina con crema y loroco.

Desde que se conoció la captura de Mario Estrada en Estados Unidos por supuestamente haber buscado financiamiento electoral del Cartel de Sinaloa, y particularmente, desde que se hizo público el encuentro entre Morales y Mario Estrada, las acciones del Presidente han sido erráticas. Por unos días, coqueteó con la idea de señalar de fraudulentas las elecciones del pasado 16 de junio. Luego se embarcó en una aventura para “adquirir” dos aviones Pampa III, bajo un vilo de total secretismo. Y recientemente, intentó suscribir el Acuerdo de “Tercer País Seguro” con Estados Unidos, a pesar de que esto convertiría a Guatemala en un gran campo de concentración de migrantes en tránsito.

¿Cómo explicar entonces esa seguidilla de actuaciones erráticas?

Cuestionar la legitimidad de los resultados electorales fue la medida desesperada que quedó luego de los desastrosos resultados del FCN-Nación en la primera vuelta. A pesar de un masivo esfuerzo de clientelismo electoral en las semanas previas, el partido de Gobierno alcanzó un pírrico resultado que a penas le dejó una bancada de 8 diputados para la siguiente legislatura.

La frustrada adquisición de los Pampa III y la frustrada intentona de suscribir el acuerdo de “Tercer País Seguro” parecían tener como objetivo buscar el beneplácito de Washington en los temas que más atención generan en la administración Trump: frenar la migración ilegal y combatir el narcotráfico.

Lo que no hace sentido son los tiempos. ¿Por qué intentar ganarse el favor de Washington ahora?

Ya entre 2017 y 2018 Morales buscó agradar a Trump en su intento de conseguir apoyos para su agenda anti-CICIG. El traslado de la Embajada a Jerusalén le generó suficientes amistades en Washington como para garantizar el silencio del Gobierno norteamericano una vez empezó la ofensiva por deshacerse de la Comisión. El balance de créditos y débitos parecía entonces estar saldado.

¿Por qué ahora nuevamente un sentido de urgencia de darle muestras de amor al coloso del norte?

La lectura es que Morales busca evitar -a toda costa- cualquier persecución en su contra una vez abandone el poder. Los magros resultados del 16 de junio le dejaron sin una fuerza política que -desde el Congreso- le permita negociar impunidad. Por ello su intentona de arremeter contra la legitimidad del proceso. Pero el nuevo coqueteo con Washington sólo hace sentido a la luz de los eventos de abril y Mario Estrada. Morales sencillamente siente que lo agarraron con las manos en el Loroco.

La receta no es nueva. Es la misma que ha utilizado en Honduras el Presidente Juan Orlando Hernández, quien a pesar que la misma DEA lo menciona como parte de una investigación sobre una organización dedicada al trasiego de drogas, sus constantes esfuerzos por agradar a la administración norteamericana, han sido suficientes para que -por lo menos a él- le dejen en paz. Por lo menos, por ahora.

Esa parece ser entonces la apuesta de Morales.