Una catástrofe, lo malo, lo bueno y un llamado a la conciencia. Es momento de solidarizarnos con el país a largo plazo.

Otro acontecimiento dramático inundó nuestras noticias. Otra tragedia que lloramos los guatemaltecos y que nos recuerda lo frágil que somos como humanos y como sociedad. La erupción del Volcán de Fuego es un llamado a la conciencia colectiva.

Por un lado, tenemos a las millones de víctimas que están sufriendo las consecuencias de la mala prevención por parte del Gobierno. Según varios medios, el INSIVUMEH realizó los informes correspondientes solicitando la evacuación de las comunidades más vulnerables de desatarse alguna catástrofe. Pero CONRED actuó hasta que fue demasiado tarde y el material piroclástico cobró las vidas de residentes de las Aldeas El Rodeo y la Colonia San Miguel los Lotes.

Luego, tuvimos una conferencia de prensa donde el Presidente en vez de darnos consuelo como población, nos dijo que no contaba con los suficientes fondos para sobrellevar la crisis. Su deber en estos momentos era demostrarnos, que si bien no ha podido ser un buen líder para el país, es una persona interesada en la vida de los guatemaltecos. Debió fomentar la calma y comprometerse a conseguir la ayuda necesaria. Lo mismo pasó con nuestros diputados, cuando días después, el Congreso nos demostró su indiferencia, utilizando la crisis como una cortina de humo, para poder favorecer el transfuguismo.

El otro lado de la historia son los héroes sin capa que no han descansado desde el 3 de junio. Los bomberos que dieron su vida salvando a los sobrevivientes en los escombros. Los soldados del ejército que se sumaron al rescate. Los médicos que atendieron las emergencias. Los medios de comunicación que pusieron en riesgo su vida para contarnos qué es lo que estaba sucediendo. Los miembros de Naciones Unidas que llegaron a la zona cero para asegurar una buena respuesta al desastre. Los líderes comunitarios que organizaron a las personas para habilitar los albergues. Los empresarios que donaron dinero o productos para llenar los centros de acopio. Los guatemaltecos que pusieron su vehículo para transportar los víveres recolectados de sus amigos o familia. Los extranjeros que sintieron el dolor como si fueran de Guatemala. La lista puede seguir.

El guatemalteco se caracteriza por ser demasiado solidario en este tipo de situaciones y estas últimas semanas, lo demostró. Todo esto es un ejemplo de cómo, bien enfocados, el esfuerzo en conjunto puede traer abundancia en cualquier situación. ¿Podríamos replicar esto mismo con la política y el resto de problemáticas sociales que olvidamos día a día? Este tipo de tragedias se pueden prevenir con un buen plan territorial, con buenas políticas de prevención y con políticos consientes que fomenten una tecnocracia capaz en puestos de alta jerarquía, en vez de continuar con el sistema clientelar al que estamos acostumbrados.

Es momento de solidarizarnos con el país a largo plazo. A un año de las elecciones, comencemos a sumar también propuestas políticas que busquen trascender intereses personales. La vida de estas personas nos recuerda lo mucho que Guatemala necesita de institucionales sólidas, que sean lideradas por personas capaces. Hace unos años fue el Cambray, hoy fue el Volcán de Fuego ¿qué más estamos esperando? Si las vidas perdidas de los guatemaltecos no nos hace despertar, el sistema político que tenemos continuará acabando con nosotros.

Varios partidos políticos, incluido el partido oficial, se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento electoral ilícito.

Sin duda los mecanismos de financiación de los partidos políticos son cruciales para fortalecer nuestra democracia en construcción. Velar porque la financiación de las campañas políticas sea lo más transparente posible es uno de los objetivos que se plantean en esta coyuntura.

Varios partidos políticos, incluido el partido oficial, se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento electoral ilícito. La semana pasada también se inició un proceso contra personas acusadas de aportar fondos de forma irregular.

En medio de esta coyuntura queda una resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha doce de febrero de 2018 donde se insta al Congreso de la República a reformar el artículo 407 “N” del Código Penal que contiene el delito de financiamiento electora ilícito.

La resolución de la Corte es consecuencia de una impugnación que se planteara al segundo párrafo del mencionado artículo. Y es que resulta problemático que en este tipo penal se castigan dos conductas que guardan algunas diferencias importantes. El primer párrafo sanciona a quien aporte, reciba o autorice recibir fondos destinados a la financiación de campañas de partidos políticos o de candidatos, cuando estos fondos provienen de actividades ilícitas. El segundo párrafo sanciona las contribuciones anónimas o no registradas de acuerdo con la ley pero cuyo origen es lícito.

De este modo, la ley establece la misma pena (prisión inconmutable de cuatro a doce años) en ambos casos. Pero carece de toda lógica y sentido de justicia imponer castigos de la misma proporción a quienes aporten o reciban dinero de origen ilícito y quienes resulten responsables por los aportes recibidos de forma anónima pero cuyo origen sea lícito.

En el primer caso, la ley intenta proteger la integridad y la licitud de la financiación de las campañas electorales. Por ello la norma penal castiga una conducta que se asemeja al lavado de dinero con fines electorales. Pero en el segundo caso (financiación anónima), lo que se busca proteger es la transparencia del proceso electoral.

En ese orden de ideas, la Corte, citando a Muñoz Conde y García Arán, en el expediente 2951-2017, expresó: “(…) en los diferentes supuestos que contempla la norma se puede observar que existen un rango de conductas con distinto grado de valor subjetivo y objetivo, lo cual puede dar lugar a que se aplique el mismo marco penal y, en definitiva, se imponga un trato idéntico a dos situaciones diferentes, lo que adquiere trascendencia en cuanto al principio de proporcionalidad de las penas, según el cual, estas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que estos no puedan ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito”.

La resolución concluye en que el Congreso debe reformar el artículo 407 “N” del Código Penal a efecto de establecer penas razonables y proporcionales para ambas conductas cuya gravedad es distinta. A su vez, deben diferenciar las multas y sanciones administrativas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos por incumplir las normas de financiación y las acciones que constituyen delito.

El Congreso ya ha iniciado la discusión de la reforma en cuestión. Circulan algunas versiones preliminares pero aun se desconoce con precisión el texto que tendrá el consenso para su aprobación. Es muy importante que la reforma sea técnica y no sea una oportunidad para que los congresistas aprovechen a garantizar impunidad a sus colegas sobre quienes ya existen acusaciones por la comisión de este delito.

En resumidas cuentas, el Congreso debe determinar con precisión cuándo se comete el delito de financiación electoral anónima y definir una pena razonable y proporcional distinta a la impuesta en la conducta de financiación de campañas con fondos de origen ilícito. El asunto reviste especial importancia ya que se ha abierto una causa penal por financiación electoral anónima. Ojalá exista la madurez necesaria para que el tema se pueda solventar de manera razonable.

Columna originalmente publicada en República.

Aun cuando la represión penal sea una herramienta en la persecución de la corrupción, ello no cura la enfermedad, dado que sin cambios estructurales que eliminen la arbitrariedad, será difícil lidiar con la corrupción.

Los gobiernos de la República de Guatemala en los últimos años han requerido apoyo internacional de Naciones Unidas, materializado con la instauración de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La finalidad inicial fue la de apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, logrando su desmantelamiento, aun cuando ha venido asumiendo también funciones relacionados a la investigación criminal en casos de corrupción administrativa.

La necesidad por fortalecer al poder judicial para que pueda éste, en el futuro, seguir enfrentando a los cuerpos u aparatos ilegales como objetivo indirecto, no significa que sea algo menos importante. La cuestión está en que Guatemala ha devenido en un Estado infectado por la corrupción, en su vertiente de acaparamiento ilícito de bienes y de dinero por parte de ciertos detentadores del poder político y funcionarios en general.

En la actualidad, la organización “Transparencia Internacional”, ha creado un índice titulado “Corruption Perceptions Index”, en el que se evidencia según ciertas variables, la percepción de la corrupción a nivel mundial. Guatemala figura en el puesto 123 de 168 países analizados y de hecho, América Latina en su conjunto, no aparece muy bien en este ámbito, salvo por los casos de Uruguay y Chile.

Aunque la corrupción no es el único factor explicativo de la pobreza en América Latina, sí que cabe sostener que merma las oportunidades para la prosperidad, sin contar con el escaso interés que tales sistemas suscitan en el mundo empresarial internacional, quienes no dudarán un instante en no invertir en países contaminados con una corrupción generalizada.

La corrupción generalizada como se puede ver en las distintas órdenes de captura impartidas por el Ministerio Público, revela la existencia de un problema de Estado que va más allá de la persecución penal contra determinadas personas con flaquezas morales y escaso compromiso con su Nación. La comprensión del problema requiere de una despersonalización de la corrupción y de entender cuán importante es el elemento institucional. Si como se afirma, las instituciones dan mensajes[1], entonces la agudización de la corrupción revela un déficit en el funcionamiento institucional que requiere de atención ciudadana y política.

En tal sentido, debe destacarse que tal atención no puede desencadenar una “guerra”contra la corrupción como un asunto de prioridad absoluta, pues ello equivaldría a afirmar que se puede eliminar por completo el pecado o el mal en el mundo. El resultado de esta “guerra”, sería el acrecentamiento de una corrupción más refinada y el surgimiento de nuevas fuentes, formas y estrategias para llevarla a cabo, lo que eleva la importancia, no solo de reformas jurídico-políticas integrales, sino también, de la evaluación de las prácticas en contra de la ley, generalizadas dentro del funcionamiento de la Administración Pública y el Gobierno.

El análisis del fenómeno de la corrupción, debe tomar en cuenta el valor que tienen las instituciones y el sistema de partidos como frenos de la misma. La solidez de un sistema de partidos, representativo, democrático, cuya sociedad civil sea la regente de estas organizaciones, mejora el control ciudadano sobre el ejercicio del poder político.

La corrupción generalizada revela una crisis del sistema político-constitucional, la cual no merma sola y exclusivamente con una cruzada moral, debido a que acentúa las poses y discursos en favor de una moral absoluta, desprestigiando el sistema, sin aportes significativos a un arreglo político realista.

Aun cuando la represión penal sea una herramienta en la persecución de la corrupción, ello no cura la enfermedad, dado que sin cambios estructurales que eliminen la arbitrariedad, será difícil lidiar con la corrupción. Lo que se hace necesario es una actitud sincera tanto de la sociedad como de los políticos, sobre cuál ha de ser la función del poder político en una sociedad, así como su estilo de vida, la cual no puede estar basada en lo extravagante de su comportamiento, sus lujos, sus bienes, sino en sus dotes personales o intelectuales.

Un reforzamiento de los controles sociales, de los controles estatales, de un replanteamiento institucional del sistema político constitucional y una reducción de la ambición ciudadana sobre la política como único factor de desarrollo social, económico, cultural, artístico etc., sin duda son aspectos que coadyuvan a una disminución de la corrupción.

Referencias bibliográficas:

1. Julia BARRAGÁN, “El mensaje de las instituciones” en Telos: Revista iberoamericana de estudios utilitaristas, n° 1, Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, Madrid, 2002, pp. 123-144

Jimmy Morales ganó las elecciones de 2015 con una sola misión: no ser corrupto ni ladrón.

Su presidencia inició con pocas expectativas respecto a la capacidad que tendría para cumplir sus promesas de campaña. Dicho y hecho, los temas que había planteado como prioritarios para su gobierno fueron, poco a poco, topándose con la burocracia, la falta de capacidad de buena parte de su gabinete, la mezquindad de su bancada de tránsfugas y la usual ineficiencia de un aparato estatal, que tenía varios años de estar siendo desmantelado y saqueado. Eso enterraría las buenas intenciones y comenzaría un rápido proceso de deterioro que llevaría al gobierno a la situación de parálisis en la que se encuentra hoy.

Durante los primeros meses de su gobierno, Morales parecía determinado a enviar algunos buenos mensajes relacionados a su principal promesa de campaña, apoyar la lucha contra la corrupción. En febrero de 2016, el Ejecutivo solicitó al Congreso la colocación de bonos del tesoro por Q.1 mil 633 millones, con lo cuales haría un aporte extraordinario al Ministerio Público, a punta de endeudamiento, de Q 409.7 millones y otros Q 195 millones para el Organismo Judicial.

Sin embargo, esta luna de miel con el proceso de lucha anticorrupción duraría muy poco. En septiembre del 2016 el hijo del Presidente, fue mencionado por un testigo en el caso denominado “Botín Registro de la Propiedad”. Esto desencadenaría una investigación que llevó ante la justicia no solo al hijo del Presidente sino también a su hermano y más cercano consejero, Samuel Morales.

Este evento fue el parteaguas entre el Presidente y la dupla Ministerio Público/CICIG, pero se confunden quiénes piensan que sin el caso del Registro de la Propiedad, el Presidente seguiría siendo un aliado de la lucha contra la corrupción. Principalmente porque la crisis más importante de este gobierno la provocó el mismo presidente Morales, al momento de gestionar su campaña política.

Y es que el candidato Jimmy Morales mintió descaradamente a sus votantes. Mintió porque al mismo tiempo que aseguraba no ser corrupto, ni ladrón, fraguaba la manera de inyectar recursos a su campaña política sin registrarlos, un acto ilegal que le permitiría, según él, esconder no solo el origen de los recursos, sino también el costo real de la operación política que lo llevaría al poder. En esta acción fraudulenta está el pecado original de su gobierno.

Después de que este caso estallara en agosto del 2017, el gobierno entró en una espiral autodestructiva que les llevaría a intentar sacar a Iván Velásquez del país en una operación que fue frustrada por la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos; y a polemizar con los funcionarios que se sentían identificados con la lucha anticorrupción. El resultado de este golpe fallido contra CICIG, fue la parálisis total del Presidente Morales, el inicio de lo que parece ser una obsesión por detener la lucha anticorrupción y una actitud completamente hostil con sus críticos.

Sin embargo, los pecados del Presidente no terminan allí, Morales también ha abusado de su posición recurriendo a las viejas prácticas corruptas de la administración pública. Contrató a muchos de sus amigos para ocupar puestos claves en el gobierno, sin que estos tuvieran la experiencia y conocimiento para el puesto. Además, la prensa le descubrió recibiendo un sobresueldo de Q 50 mil mensuales provenientes del Ejército y utilizando el presupuesto de la SAAS para comprar artículos personales de lujo (esto siendo el Presidente mejor pagado de América Latina). En ambas situaciones fue obligado a devolverlo, sin mayores repercusiones y sin aceptar claramente su responsabilidad.

A estas alturas está más que claro que el momento de darle el beneficio de la duda a Jimmy Morales como Presidente quedó muy en el pasado. Morales no es un aliado de la lucha contra la corrupción y más bien se ha convertido en un enemigo del proceso.

Quienes todavía le defienden y se oponen a que enfrente la justicia, pretenden obligar a quienes le criticamos a que nos hagamos de la vista gorda ante un gobierno que fue incapaz de mantener la única promesa de campaña que tenía alguna posibilidad de cumplir: no ser corrupto, ni ladrón.

Columna originalmente publicada en República.

Era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael de Riego protagonizó un levantamiento militar contra la monarquía absolutista del Rey Fernando VII, que culminó con la instauración del Trienio Liberal. España se convirtió en una monarquía constitucional bajo la Constitución de Cádiz, en la que se subordinaba el poder del monarca a las Cortes, se decretaba el laicismo, la libertad de culto y se implementaron medidas anticlericales. Al mismo tiempo, los Artículos 10 y 11 de la Constitución reconocían a las colonias americanas como provincias del reino, pero limitaba cualquier ejercicio de autonomía efectiva.

Entre tanto, en México y Centroamérica, los movimientos y rebeliones independentistas fenecían ante un reconstituido Ejército español. No obstante, el giro hacia el liberalismo en la Madre Patria generaba resquemor entre una élite y un clero conservador. Dicho resquemor se manifestó principalmente en la reticencia local a aceptar la restaurada Constitución de Cádiz.

En este contexto, las autoridades peninsulares, la elite criolla, el alto clero y los oficiales del Ejército real –simpatizantes del absolutismo y fervientes antiliberales– organizaron una serie de reuniones secretas para declarar la independencia de México y Centroamérica. Su ideal era restablecer la monarquía bajo la dirección de un infante español, que rechazara el laicismo y las instituciones constitucionales de Cádiz.

Ese espíritu fue el que dio origen al Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide, comandante del Ejército español en México. Sus tres principios materializaban el sentir de la época: unidad entre peninsulares y criollos, independencia y adscripción a la religión católica.

La venida a Guatemala de Vicente Filísola, delegado de Iturbide, aceleró el sentir de la elite de proclamar la independencia de las Provincias de Centroamérica, la cual se suscribió en papel sellado de la corona. Los notables que participaron de la junta nombraron como primer Jefe de las Provincias Unidas a Gabino Gaínza, quien hasta el 14 de septiembre ejercía el cargo de Capitán General y Comandante del Ejército español en Centroamérica.

La independencia, y posterior anexión a México, habrían de confirmarse en un Congreso Constituyente convocado para el 1 de marzo de 1822. No obstante, el Plan de Iguala fracasó. La invitación a un infante español para asumir la corona de un independiente Reino de México fue rechazada por la familia Borbón. Ante el vacío, Iturbide fue proclamado Emperador.

La independencia de Guatemala no representa un sueño de libertad, ni la materialización de las ideas de la Ilustración, como sí ocurrió en América del Sur. Por el contrario, la emancipación fue una reacción al liberalismo español, al temor por el laicismo y al deseo de mantener la subordinación a un monarca absoluto. En pocas palabras, era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.

Combatir la fragmentación y contrarrestar propuestas.

La sociedad política guatemalteca es bastante compleja. Para empezar, hay dos dimensiones de actores que coexisten en un mismo tiempo y espacio bajo lógicas e incentivos diferentes.

Por un lado, encontramos a los actores político-partidarios, que con honrosas excepciones, han sido los grandes participantes de esta juerga de 30 años de expoliación. Los actores partidarios se rigen bajo una lógica puramente patrimonialista: obtener rentas de la acción política. Para ellos, las campañas y el financiamiento político no son más que la inversión que permite participar de la repartición de utilidades de los negocios patrimonialistas. La actividad partidaria tampoco se caracteriza por ser ideológica o programática. Tan sólo piense cuándo fue la última vez que escuchó a un partido político sentar postura frente a los grandes temas del país, o en relación a los temas que más fisura social generan (modelo económico, justicia transicicional post-conflicto, el debate sobre la utilización de recursos naturales, etc.) Para terminarla de amolar, los partidos tampoco se preocupan por generar organización formal, sino que recurren al modelo de franquicias para tercerizar en caciques locales la administración de la marca. En pocas palabras, son meros vehículos organizados para acceder a la repartición del patrimonio del Estado.

Frente a esta dinámica, encontramos la segunda dimensión de actores en nuestra sociedad política: los actores no partidistas. Aquí encontramos una amalgama bastante amplia de sectores y actores. Desde el empresariado con sus cámaras y gremios, pasando por las organizaciones sociales, tanques de pensamiento, expresiones de la academia, medios de comunicación, pensadores, columnistas de prensa, por mencionar algunos. En este mundo la dinámica es diametralmente opuesta a los partidos. Aquí florece la ideología. Sin ir tan lejos: en Guatemala las universidades tienen más ideología que los mismos partidos políticos. También, aquí vemos mayor esfuerzo por generar propuesta programática. Y sobre todo, son los actores que rápidamente toman posturas ante las dinámicas estructurales y coyunturales del país.

Sin embargo, esta segunda dimensión de actores tiene un gran problema. Derivado de la historia reciente del país, de los traumas no sanados del conflicto armado, del modelo de educación escolástica que impera en el país - en dónde se fomenta la repetición de verdades y no el cuestionamiento y el pensamiento crítico - y como consecuencia de nuestra tradicional desconfianza, impera la fragmentación y la polarización. Esto hace muy complicado que diversos sectores puedan incluso sentarse en una misma mesa, aún si sus posiciones no son tan divergentes entre sí. También provoca que exista desconfianza y rencor mutuo a flor de piel: los empresarios no se sientan a dialogar con organizaciones sociales y viceversa; los académicos y profesionales de la Universidad liberal no se sientan con los de la Universidad pública y viceversa. Y así sucesivamente el mal se repite una y otra vez.

Todo lo anterior tiene dos efectos. Primero, una enorme anomia política que limita la capacidad de los grupos relevantes de la sociedad de plantear agendas en común. Y segundo, la incapacidad de los actores fragmentados y polarizados de actuar como contrapeso al poder de los actores partidarios que operan bajo lógicas patrimonialistas.

Por ello, y en un contexto de cambio político, resulta imperativo que los actores del segundo grupo guarden las espadas, dejen de lado los prejuicios y se atrevan a entrar en un proceso de discusión sobre los grandes temas urgentes para el país. Solamente mediante el esfuerzo de contrarrestar propuestas y reconocer que en los grandes ejes institucionales no existe mayor divisionismo, podremos establecer las bases para una agenda mínima de país.

En el 2002, dos de cada tres privados de libertad guardaba prisión preventiva. Para el 2016, la cifra habría caído a uno de cada dos.

Hace uns semanas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del exdiputado Manuel Barquín, quien guardaba prisión preventiva por el caso “Lavado y Política”. Rápidamente varios diputados instrumentalizaron el hecho y culparon a la jueza que envió a prisión preventiva por la muerte del señor Barquín.

Y sí, querido lector: en Guatemala se abusa de la prisión preventiva. Existimos muchísimas personas que lo hemos repetido desde siempre. Pero a los políticos nunca les interesó. Peor aún, en el pasado reciente los propios diputados aprobaron leyes que obligan a los jueces a aplicar la prisión preventiva sin excepción.

En el 2002 (hace 16 años ya) MINUGUA recomendaba «aplicar sistemas que eviten el encarcelamiento por faltas y delitos menores o la prolongación innecesaria de la prisión preventiva», al tiempo que hacían ver su preocupación porque 2 de cada 3 privados de libertad guardaba prisión preventiva y no había condena. Para 2016 la cifra había caído a 1 de cada 2.«La prisión preventiva se utiliza ampliamente y no como una medida excepcional, inclusive por delitos menores», rezaba el informe que repite una frase que hoy sigue siendo tan válida como cuando se publicaba el informe.

Un informe de CEJA de 2013 titulado Prisión preventiva en América Latina también retrató la precaria situación de Guatemala en cuanto al abuso de la prisión preventiva. Finalmente, en 2016 la propia PDH publicaba su informe La aplicación de la prisión preventiva en Guatemala: un problema de derechos humanos en el cual se sumaba a las voces que denunciaban el abuso de la prisión preventiva en nuestro país.

¿Qué hizo la clase política entretanto? Dos cosas: 1. Poco o nada por revisar o mejorar la legislación que daba lugar al abuso de la prisión preventiva; y 2. Aprobar leyes que crean casos que obligan a los jueces a aplicar la prisión preventiva.

Es el caso más sangrante fue el decreto legislativo 17-2009 que en su artículo 27 pretendía que los jueces enviaran a los acusados a prisión preventiva, sin excepción, si el delito que se les imputaba tenía una pena inconmutable. Una medida que lesionaba directamente la presunción de inocencia y que fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1994-2009.

En el 2008 aprobaron el decreto 22-2008 que establecía que todos los acusados por delito de femicidio no podían gozar de medida sustitutiva sino ser enviados sin excepción a prisión preventiva. En el 2013 aprobaron el decreto 6-2013 por medio del cual reformaron el artículo 264 del Código Procesal Penal y establecieron 10 delitos en los cuales obligaban a los jueces a enviar a los acusados a prisión preventiva. Naturalmente esto dio lugar a que aumentara notablemente el número de personas en prisión preventiva.

Por eso, querido lector, la clase política ha sido parte del problema del abuso de la prisión preventiva. Provoca escozor escuchar la hipocresía de algunos miembros de la clase política que hoy pretenden dar lecciones de derechos humanos y hasta entonces no movieron un dedo para cambiar las cosas.

El abuso de la prisión preventiva es un drama que viven miles de guatemaltecos. Nuestros diputados deberían estar trabajando por resolver el problema que legislaturas anteriores han creado en lugar de llenarse la boca con discursos oportunistas. La única iniciativa que han aprobado que podría mejorar el tema es el decreto 49-2016 que establece la implementación del “brazalete” como medida de sustitución a la prisión preventiva. Para colmo de males el Ministerio de Gobernación aun no compra los brazaletes y por eso no ha logrado implementar la medida. Quizá ese debería ser el foco de atención de los diputados antes que las diatribas que hemos escuchado en los últimos días.

Centroamérica es una región de contrastes y contradicciones, con una historia llena de víctimas y dolores, pero también repleta de sueños y esperanzas.

La región tiene en su haber dictaduras, golpes de Estado, guerras, fraudes electorales, corrupción, insuficiente crecimiento económico, falta de oportunidades y pobreza. En años más recientes se ha contaminado con el narcotráfico, el crimen organizado y un aumento en la conflictividad social; a lo que se suma la incapacidad de las élites, especialmente la política, para gobernar la región con más transparencia, mejores resultados, concepto de Estado y visión de largo plazo.

Resulta confuso escuchar a economistas, analistas y empresarios, cuando dicen que las cosas van bien y celebran que el crecimiento para este año podría ser de 4,2%.Centroamérica va bien para quienes hemos resuelto nuestra vida económica y social. Lo que no queremos ver son los millones de seres humanos que viven en pobreza permanente, lo poco que hacemos para reducirla y la inestabilidad política que esto genera.

Costa Rica y Panamá lo hacen mucho mejor que los otros cuatro; crecen con más facilidad, manejan mejor sus problemas políticos y podrían salir adelante. Los otros (Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala) se la pasan entre el caos y en una peligrosa cuerda floja.

Según CEPAL, los países de América Central lograron reducir la pobreza en los últimos 17 años, a excepción de Guatemala, donde se incrementó. Sólo Panamá logró reducir la pobreza al mismo ritmo que América Latina. Para los cuatro rezagados, los números confirman la gravedad del problema. Tienen niveles de pobreza del 42 al 74% y su lentitud para reducirla amenaza lo poco que avanzan.

De acuerdo al Banco Mundial, en los últimos 17 años, Nicaragua, Costa Rica y Panamá lograron tasas de crecimiento económico relativamente altas. Por el contrario, Guatemala, El Salvador y Honduras tuvieron un crecimiento económico insuficiente. El crecimiento de Nicaragua es relevante por su bajo punto de partida: tiene el segundo ingreso per cápita más bajo de América Latina. Solo Haití es más pobre.

En 1999 éramos 35 millones. Hoy somos 46 y en 2025 seremos 52. En cuatro de los seis países centroamericanos la economía no crece suficiente para atender el crecimiento de su población. No lo ha hecho en 30 años. Llegan al mercado laboral más jóvenes que las oportunidades que se generan.

“De cara al futuro, necesitamos lograr un crecimiento de al menos 7%, en el marco de una sólida institucionalidad.”

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua continúan siendo países con un Estado de Derecho sumamente frágil. Son naciones inestables, con mucha carga ideológica, con alta conflictividad social, escaso liderazgo, con el nivel educativo más bajo del continente y seguimos siendo la región más violenta del planeta.

No se trata de ver el vaso medio vacío o medio lleno, o de que se deba ser optimista por cultura. Dejémosle esos ejercicios a los terapeutas. Por supuesto que hay cosas buenas en la región pero son insuficientes. El problema de Centroamérica es que en cualquier momento puede caer en peores manos de las que está. En especial los cuatro países del norte.

Nuestra institucionalidad democrática es frágil y corruptible. Tenemos “elecciones libres” cada cierto tiempo –Nicaragua es caso aparte—pero eso no garantiza nada. En cada elección, dadas las características de la oferta política y del electorado, podríamos sufrir un grave retroceso que puede durar décadas.

El futuro de Centroamérica depende de que formemos una nueva clase dirigente y rescatemos la política; de que instituyamos un verdadero Estado de Derecho, logremos la integración regional y un crecimiento de 7%. De que combatamos la pobreza con efectividad y que la educación sea de verdad. Necesitamos Estados fuertes con visión de largo plazo. Estos son los pilares para construir nuestra región. Estamos a tiempo.

Una propuesta en el combate a la corrupción.

Desde finales de los años noventa, los expertos en el combate contra la criminalidad organizada llegaron a una conclusión: para derrotar a los grupos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o de corrupción, hay que embargar los bienes y activos que hayan sido adquiridos, o utilizados por medio de actividades ilícitas. La idea es que al golpear el poder económico de las estructuras criminales, no sólo se limita su capacidad de operar, sino también, de acceder a poder de fuego, o de corromper a autoridades y operadores de justicia.

De esta filosofía, surge la legislación de extinción de dominio, como herramienta que permite a los Estados embargar y tomar control sobre los bienes de las estructuras criminales. En el caso de Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio ha estado vigente desde el año 2010, pero ha sido gracias a la ola de casos de corrupción, que se ha generado mayor atención pública a los esfuerzos por tomar control de los bienes procedentes de estructuras ilícitas y de corrupción. En los últimos años, hemos visto cómo una infinidad de propiedades, bienes inmuebles y vehículos vinculados a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y otros más han pasado a manos del Estado.

Sin embargo, se ha presentado un problema en el esquema de la lucha anticorrupción. Si bien los procesos de extinción de dominio avanzan y empiezan a arrojar resultados, existe siempre la duda de qué ocurrirá con el dinero en efectivo guardado en caletas. Y si pareciera muy hollywoodesca esta afirmación, no olvidemos que en los allanamientos de Boutique Emilio, la sede operativa de La Línea, se incautaron 1 millón 600 mil quetzales; o que en la residencia de Alfonzo Castillo –ex-Intendente Jurídico de SAT– se incautaron casi Q3 millones de quetzales en efectivo.

Agreguemos algo más. La circulación de billetes de 200 quetzales en el mercado parece estar ralentizada. Pregúntese usted, ¿qué tan frecuentemente recibe usted un billete de dicha denominación? Si elimina las transacciones bancarias, ¿qué tan frecuente ve usted la circulación de los citados billetes en transacciones ordinarias? Este fenómeno hace pensar a expertos criminalísticos y estudiosos de procesos monetarios, que muchos de dichos billetes se encuentran encaletados.

De ser así, existen dos soluciones para atajar el fenómeno. La primera, que las autoridades logren hallar las caletas por medio de las investigaciones, para luego proceder con el decomiso y extinción de dominio. Pero ante la lentitud de dicha ruta, existe una alternativa que pasa por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria: cambiar el diseño de los billetes de Q200 y dar un plazo para que los guatemaltecos cambien los billetes actuales por los nuevos, siempre bajo un registro personal, tal y como se ha implementado en el control cambiario de dólares.

Esta alternativa pondría en aprietos a los grupos criminales, que se verían obligados a cambiar con celeridad los billetes encaletados. Y al implementar el control respectivo, la Intendencia de Verificación Especial podrá levantar las alertas correspondientes cuando identifique patrones anómalos o excesivos de cambio de billetes. Y dichas alertas, a su vez, permitirían realizar investigaciones de inteligencia financiera que podrían servir como base para identificar estructuras de lavado vinculadas a los actores de la criminalidad organizada y la corrupción.

El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad.

América Latina ha sido una región de dictadores. Y lo que es peor, una región en la que la democracia ha sido muy poco valorada por los ciudadanos. Existe la percepción dentro de la población que la democracia no resuelve adecuadamente los problemas de su país y que un dictador “benevolente” sí tiene los arrestos para poner orden y tomar las decisiones que se necesitan. Es usual escuchar comentarios en los cuales se suspira por las épocas en la que los dictadores resolvían todo de forma ágil y efectiva.

Y este pensamiento es indistinto de la ideología que se profese. Cuando el chavismo tomó control de Venezuela, la izquierda latinoamericana defendió a capa y espada los “buenos resultados” que estaban registrando los programas sociales. Poco o nada les importó que Chávez estuviera destruyendo por completo la institucionalidad de ese país. Lo importante eran los supuestos resultados. Sin embargo, hoy en día es claro quesi no se basa en una democracia liberal, la reducción en la pobreza solo será temporal. Eventualmente el poder absoluto del dictador terminará destruyendo la vida de los ciudadanos, como ha sucedido en ese país.

Lo mismo ocurre en el caso de Nicaragua. Por un tiempo, muchos analistas económicos de derecha hablaron maravillas del modelo que estaba implementando Ortega. Se le colocaba como el ejemplo a seguir en Centroamérica. Pero de nuevo, obviaron por completo el hecho que estaba consolidando una dictadura al tomar el control de todas las instituciones del Estado. Al día de hoy, van más de 350 personas asesinadas por el régimen de terror de Ortega y la economía está por los suelos.

Tanto Venezuela como Nicaragua, demuestran que resulta un terrible error obviar el daño que se hace a las instituciones de un país, en busca de un resultado de corto plazo, sea éste crecimiento económico o desarrollo social. Un dictador siempre es malo, no importa si es de derecha o de izquierda, y los ciudadanos jamás debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos fundamentales.

Pero nunca falta quién diga que China, Singapur y Chile se desarrollaron gracias a una dictadura y que por tanto, ese debería ser el camino a seguir. Ante este argumento, solo queda decir que tanto África, como América Latina han estado plagadas de dictaduras a lo largo de su historia y sin embargo, seguimos siendo regiones subdesarrolladas. El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad. Hay que recordar la célebre frase de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Y esa ha sido la tragedia de América Latina. Hemos tenido gobiernos que han tenido poco o ningún límite y el resultado ha sido el subdesarrollo, además de un terrible saldo en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Es el peor de los mundos: sin desarrollo y sin respeto a los derechos fundamentales. No obstante, seguimos suspirando por las dictaduras.

La pregunta en todo esto es, ¿por qué razón en América Latina seguimos fascinados con los dictadores y apreciamos tan poco la democracia liberal? Posiblemente porque nos encanta pensar que podemos tomar atajos al desarrollo. La izquierda quiere desarrollo social y la derecha quiere crecimiento económico tan pronto como sea posible, sin importar el costo para lograrlo. Alcanzar fines por cualquier medio. Una visión por demás cortoplacista y mezquina.

El desarrollo de occidente está íntimamente ligado al nacimiento paulatino de las democracias liberales. Poco a poco se fue consolidando el respeto a los derechos individuales, lo que permitió que los logros económicos y sociales perduraran en el tiempo. Aún con todos sus problemas, las sociedades occidentales continúan brindando el mejor nivel de vida a sus ciudadanos, comparado con el resto del planeta.

Quizá llegó el momento que América Latina deje de fascinarse por los dictadores y comience a tomar en serio esforzase por construir auténticas democracias liberales.

Columna publicada originalmente en El Periódico.