El proceso de lucha contra la corrupción que experimenta Guatemala ha generado incertidumbre sobre el futuro del país.

Una parte de la sociedad guatemalteca ve con mucha suspicacia y desconfianza el proceso que está atravesando el país. Su temor es que se caiga en una espiral de ingobernabilidad que podría dejarnos en una situación peor que la que históricamente hemos vivido. Además se cuestionan las motivaciones de los actores que están detrás de este proceso de cambio y por último se señalan ciertas irregularidades o errores que se han cometido.

La primera reacción ante estos argumentos es obviarlos o bien tildarlos de formar parte del pacto de corruptos. Claro, no se puede negar que hay un pequeño grupo muy estridente que se dedica a desprestigiar la lucha contra la corrupción por intereses obscuros y perversos. Pero también hay personas que están genuinamente preocupadas por las repercusiones que podría traer este proceso, por lo que es importante establecer un diálogo constructivo entre éstos y quiénes apoyan decididamente la transformación del país.

El punto de partida debe ser visualizar la situación en la que se encontraría el país hoy en día, si no se hubiese renovado el mandato de CICIG en 2015. ¿Quién sería el presidente en estos momentos? En los meses previos a las elecciones de 2015, las encuestas daban como posibles ganadores a personajes que claramente pretendían aumentar la voracidad de la corrupción a niveles que nos hubiesen llevado rápidamente al colapso. De hecho estábamos muy cerca de ese punto, como lo han revelado los procesos judiciales actuales. Fue la intervención de CICIG lo que motivó un despertar cívico en la ciudadanía que impidió que estas personas alcanzaran el poder. ¿Podemos negar este hecho?

El segundo punto es reconocer que sin CICIG, hubiese sido imposible iniciar la lucha contra la corrupción. Ningún sector o grupo de personas del país tenía (o tiene) la fuerza para enfrentarse a todo el entramado de corrupción que tenía (o sigue teniendo) cooptado al Estado. Es ilusorio e ingenuo decir que solo nosotros como sociedad podemos acabar con las mafias incrustadas en el Estado. ¿Acaso lo habíamos podido hacer antes? ¿Acaso no la corrupción había tomado control de todas nuestras instituciones, afectando a todos los sectores de la sociedad?

El tercer punto es también admitir que en este proceso se han cometido serios errores. Por ejemplo, no se puede negar que hay personas en prisión preventiva que no deberían estar allí. Son personas a las que difícilmente se les puede llamar criminales y que tuvieron el infortunio de no comprender los alcances de lo que estaban firmando. La justicia también es saber diferenciar entre unos y otros. Pero muy distinto es tomar estos errores, que no son poca cosa, para tratar de frenar el proceso entero de transformación del país. Eso tampoco es válido. Se deben señalar los errores para que se corrijan, no para tratar de estropear la lucha contra la corrupción.

Por último, si logran sacar a CICIG. ¿Cuál será el futuro del país? Lo más probable es que se inicie un proceso de descomposición institucional que terminaría con grupos abiertamente mafiosos y criminales controlando todas las instituciones del Estado. Ante la comunidad internacional y los inversionistas quedaríamos como un país sin remedio, en donde el Estado de Derecho está totalmente ausente. ¿De verdad creemos que lograremos atraer la inversión y generar crecimiento económico con esa imagen del país?

No cabe duda que el proceso que experimenta Guatemala genera incertidumbre. Esto hace que muchas personas bien intencionadas se opongan al cambio o incluso, que estén dispuestas a tolerar los actos desvergonzados de corrupción y opacidad que realizan actualmente varios funcionarios públicos en el Organismo Ejecutivo y en el Congreso. Pero se tiene que tener claro que la tolerancia a dichos actos, es lo que nos tiene sumidos en la miseria y en las crisis recurrentes. Como bien dice la sabiduría popular “no se pude hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”.

Artículo originalmente publicado en El Periódico.

La revolución en el estudio del deporte.

El mundo del deporte vive una revolución. La ciencia y el juego se han fusionado para potenciar a los atletas, mejorar el análisis de los resultados y rentabilizar al deporte como negocio. Todo empezó en el béisbol, cuando un grupo de matemáticos integró la Sociedad SABR, que aspiraba a un “conocimiento objetivo sobre el deporte”. El uso de la estadística para analizar las interioridades del juego alteró las estrategias durante los partidos y los métodos para identificar talento. La película Moneyball recoge esa fusión de estadística y deporte.

Esta revolución se expandió al fútbol con la publicación de Soccernomics en el 2007. Sus autores, Simon Kuper y Stefan Szymanski, recurren a la estadística y la economía para analizar el deporte. Algunos de sus hallazgos resultan interesantes en el marco la Copa Mundial de Fútbol, Rusia 2018.

Por ejemplo, las selecciones más exitosas son aquellas que mantienen el balance entre exportaciones e importaciones. Es decir, países que exportan jugadores a otras ligas, al tiempo en que sus propias ligas mantienen altos niveles de competitividad. He ahí el caso de Alemania, España, Argentina, Brasil e Inglaterra. En cambio, países con ligas basadas principalmente en importaciones –como las de los países árabes o la liga china- o en exportaciones –como muchas latinoamericanas- no tienen resultados tan positivos.

Otro hallazgo incluye la anomalía estadística entre la polémica arbitral e Inglaterra, selección cuya eliminación de mundiales tiende a estar asociada a decisiones arbitrales cuestionadas, tales como goles fantasma y expulsiones. No obstante dicha anomalía estadística, el estudio sobre decisiones polémicas arroja una conclusión contra-intruitiva: en el largo plazo, a mayor universo de casos, las decisiones polémicas que favorecen o perjudican a un equipo tienden a balancearse entre sí, por lo que las teorías conspirativas sobre buscar “beneficiar” o “castigar” a un equipo particular no tiene asidero estadístico. El punto anterior se demuestra tanto a nivel de selecciones como con clubs. Esto rompe la tesis que el Real Madrid o Barcelona reciben beneficios de parte del arbitraje.

En cuanto al desempeño, Brasil y Costa Rica son equipos que históricamente superan sus expectativas, en la relación entre posición en Ranking FIFA y resultados en mundiales. En cambio, las selecciones africanas, México y Estados Unidos tienden a ser eliminadas antes de lo esperado.

A nivel de fanaticada, los países que más disfrutan del deporte son aquellos en los extremos de calidad. Las fanaticadas en Alemania, Brasil y Argentina son fuertes dado el éxito de sus selecciones; pero países débiles futbolísticamente, como Noruega, Islas Faroe, Guatemala, Mali y Aruba también tienen una población con alta afición por el fútbol.

Un hallazgo que no augura un buen futuro para Rusia es el efecto económico de un Mundial. Contrario a la creencia, para los países en desarrollo no es buen negocio organizar mundiales, pues la relación costo-beneficio ha sido cada vez más negativa. Las economías de México después del Mundial 86, Portugal tras la Euro 2004, o Sudáfrica tras el Mundial 2010, cayeron en recesión y fueron incapaces de recuperar la inversión en infraestructura. Mientras que Brasil, en 2014, vivió los efectos sociopolíticos de una clase media descontenta por los gastos onerosos asociados a la organización del evento deportivo, mientras que los réditos esperados no llegaron.

La predicción más atrevida es la tesis sobre el cambio en el balance de poder. Kuper y Szymanski arguyen que el fútbol caerá presa de la misma tendencia de las Olimpiadas, en donde los países con grandes poblaciones y riqueza, destacan. No obstante, de los países propuestos, China, India o Estados Unidos ni siquiera clasificaron a la fase final de la competición; mientras que Japón (la última potencia que encaja en las variables identificadas) no ha despegado en cuanto a su calidad de fútbol. Lo anterior evidencia que si bien la estadística y la economía facilitan el análisis del deporte, utilizar dichas herramientas para realizar estudios prospectivos aún resulta muy atrevido.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

Desde el 18 de abril de 2018 las ciudades de Managua, León, Granada, Masaya, Matagalpa, Estelis, Sébaco y Jinotega han sido los epicentros de diversas olas de protestas que estallaron luego de un intento por reformar el sistema de seguridad social.

El intento de reforma del gobierno de Daniel Ortega Presidente de Nicaragua[1], fue revertido el 22 de abril, cuando se anularon las reformas al sistema de pensiones causantes de la violencia en el país. Sin embargo, la brutal represión por parte de fuerzas policiales y de civiles aliados al gobierno desató la indignación de la sociedad civil que hasta mayo de 2018 no parece cesar.

Pese a la anulación de las medidas, las protestas no han descendido, debido a que en las manifestaciones públicas en contra de estas, la sociedad civil fue reprimida con furia por las fuerzas de seguridad. Desde el 18 de abril hasta el 25 de mayo, la cifra de fallecidos oscila en más de 80 muertos[2], 868 personas heridas y más de 438 personas detenidas; principalmente estudiantes, defensores de derechos humanos y periodistas como ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[3].

En la represión gubernamental, las organizaciones de derechos humanos han denunciado al gobierno de Nicaragua por emplear medidas de censura contra la prensa, bloqueos y ataques al funcionamiento de medios de comunicación como Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. Precisamente, la Conferencia Episcopal, aceptó ser mediadora en un diálogo que pretendía superar la severa crisis política que por vez primera padece el «autoritarismo moderno»[4] más efectivo de la región centroamericana, distanciado por completo de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Este diálogo se encuentra suspendido por falta de acuerdos entre las partes.

El 23 de mayo el canciller Denis Moncada sostuvo que la agenda de 40 puntos presentada por la Conferencia Episcopal «conduce a un golpe de Estado, violando así la Constitución y las leyes vigentes en el país». Por su parte, los sectores de la sociedad civil reclaman elecciones generales en el primer trimestre de 2019, un adelanto de las presidenciales previstas para 2021, una reforma parcial de la Constitución política, cambios a la ley orgánica del poder legislativo y una ley marco para la transición y gobernabilidad democrática.

El cese de actividad de la mesa de diálogo, se debió de igual modo, al recrudecimiento de amenazas de muerte a varios obispos nicaragüenses, lo que motivó el 25 de mayo, a que las escuelas católicas convocaran a todas las comunidades religiosas, educativas y a la población en general a una marcha para mostrar apoyo a la Conferencia Episcopal. De igual forma, antes del cese de actividades de la mesa, los obispos de Nicaragua condicionaron la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la mesa del diálogo nacional, a la presencia del secretario general del organismo Luis Almagro.

Sin embargo, el secretario general de la OEA dirigió en fecha 23 de mayo un mensaje crítico[5] sobre la situación en Nicaragua, especialmente, a algunos sectores opositores que cuestionan el papel de la OEA en la crisis. La razón de este mensaje se debió al cuestionamiento que hizo el Frente Amplio por la Democracia (FAD), la cual acusaba al secretario general de la OEA de parcialidad a favor del régimen de Daniel Ortega y de contradecir los principios de la Carta Democrática Interamericana[6].

La parte más activa en procurar la salida del poder del presidente Ortega, está en la Alianza Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia. Recientemente un joven estudiante sostuvo que «Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado»[7]. De igual modo, el Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, sostuvo que dedicaba su premio «a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando, sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser República»[8].

Referencias:

[1] ALVARADO ANDRADE, Jesús María «Democracia y Estado de Derecho en Nicaragua» en Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2016 en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/democracia-y-estado-de-derecho...

[2] Posterior al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuaron las muertes y protestas.

[3] Véase «Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua» de fecha 21 de mayo de 2018

[4] PUDDINGTON, Arch, Breaking Down Democracy: Goals, Strategies, and Methods of Modern Authoritarians, Freedom House, USA, 2018 en https://freedomhouse.org/report/special-reports/breaking-down-democracy-...

[5] https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/999396664786944000

[6] https://www.laprensa.com.ni/2018/05/23/politica/2423549-opositores-nicas...

[7] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44149601

[8] https://elpais.com/cultura/2018/04/23/actualidad/1524479702_299237.html

Probablemente nunca en la historia democrática del país llegamos a un punto de tanta cercanía al evento electoral con tantas dudas y tan pocas certezas sobre el escenario político.

En medio de la incertidumbre que reina en el ambiente político nacional, una pregunta recurrente aparece en prácticamente todos los foros y mesas de discusión: ¿cómo se vislumbra el panorama electoral de cara a 2019?

La respuesta es compleja. Probablemente nunca en la historia democrática del país llegamos a un punto de tanta cercanía al evento electoral (poco menos de 14 meses de la primera vuelta) con tantas dudas y tan pocas certezas sobre el escenario político.

La principal fuente de incertidumbre es el efecto que tendrá este proceso de transformación política y depuración judicial de élites sobre el mundo político-partidario. El carácter atípico de las elecciones 2015, tanto en su evolución como en sus resultados, fueron el primer efecto del proceso. La cancelación de los partidos Líder y Patriota –los dos más relevantes hace tan sólo un lustro- y los fantasmas que pesan sobre otras agrupaciones por anomalías en el financiamiento electoral constituye –sin duda- la variable central del análisis partidario hacia 2019.

Por si esto fuera poco, las agrupaciones partidarias también se enfrentan a un electorado bastante escéptico y desencantado con la oferta electoral. Una encuesta de marzo pasado reveló que los partidos políticos son los actores con menos nivel de confianza ciudadana (sólo por delante del Congreso), con un magro 14% de credibilidad. De ellos, sólo dos agrupaciones de base puramente urbana y con bancadas pequeñas, tienen niveles superiores al 15% de aceptación.

El problema no sólo es de aceptación social, también de estrategia. Los mismos partidos se enfrentan a la disyuntiva de cuál será la tónica del proceso electoral 2019. Y esto, como consecuencia de todos los paradigmas que se rompieron en el 2015. Por ejemplo, antes de 2015, existía una correlación –casi perfecta- entre el gasto de campaña y la victoria electoral. Ganar elecciones implicaba gastar mucho. También implicaba contar con apoyo irrestricto de la televisión abierta. Y más relevante aún, requería de maquinarias y organización territorial, generalmente aceitadas vía clientelismo.

Los partidos también se apegaban a una receta de crecimiento. Recurrían al modelo de franquicias para fortalecer sus marcas. Las agrupaciones en proceso de crecimiento fichaban (cuales equipos de fútbol en pretemporada) a los caciques municipales y distritales que les aseguraran mayor caudal electoral. Sin embargo, muchos de esos caciques hoy son sujetos de persecuciones judiciales, por lo que el mercado de fichajes y el modelo de franquicias, parece estar en aprietos.

Y por si fuera poco, la expectativa es que la campaña 2019 será austera. Dados los casos recientes de financiamiento electoral ilícito, las fuentes tradicionales de recursos serán más escasas. Y dada la ofensiva contra el modelo de saqueo patrimonialista, se esperaría que el componente de financiamiento proveniente de la corrupción también disminuya. Ello, aunado a un nuevo marco regulatorio y un Tribunal Supremo Electoral con mayor capacidad de fiscalización, seguramente llevará a una contracción en la disponibilidad de recursos para la campaña.

La sumatoria de todo lo anterior arroja una conclusión evidente. Para la campaña 2019 la capacidad de movilización “de tierra” quedará supeditada a la relevancia del candidato. Y dadas las limitaciones que se vislumbran sobre el acceso a recursos, la posibilidad de acrecentar el nivel de conocimiento de un candidato en lo individual, será baja. En este contexto, los candidatos que ya cuentan con un nivel de reconocimiento alto, con valoración positiva en términos de simpatía entre el electorado, entrarán con la mayor ventaja competitiva de cara a 2019.

El pasado miércoles, 16 de mayo, el secretario privado de la presidencia, Carlos Martínez, juramentó a la nueva fiscal general, María Consuelo Porras. Este 18 de mayo será el día que asuma oficialmente como nueva fiscal general.

No cabe duda que la gestión de Thelma Aldana ha sido notable por todo lo acontecido desde 2015. Entre la fiscal Aldana y el comisionado de CICIG, Iván Velásquez, emprendieron una serie de casos de alto impacto que pusieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti tras las rejas. A la lista hay que sumar que se encuentran procesados por delitos relacionados con casos de corrupción cuatro funcionarios de SAT, 25 diputados, 12 alcaldes, 4 ex magistrados de la CSJ y varios ex ministros. La cantidad y envergadura de los casos antes descritos deja una tarea titánica para la futura fiscal general.

Pero no hay que olvidar que uno de los grandes retos es fortalecer el Ministerio Publico como institución. Para hacer frente a una lista de casos de tal trascendencia se necesita un ente acusador independiente y sobre todo capaz. Durante las gestiones de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana hubo avances en torno al fortalecimiento del recurso humano de dicha institución. La FECI ha sido la fiscalía estrella y de no ser por los fiscales que ocuparon esos mandos medios nada de lo acontecido habría sido posible. Es de esperar que la buena gestión de esta fiscalía se replique a otras fiscalías.

No es tarea fácil para la Dra. Consuelo Porras. La presión que afrontará al frente del MP será monumental y vendrá de todos los lados del espectro ideológico y de todos los grupos de poder. Pero como guatemaltecos debemos comprender que uno de los grandes anhelos es generar instituciones sólidas. En ese sentido interesa mucho que la labor de la institución acusadora tenga éxito bajo un nuevo equipo y con una nueva fiscal. Si los logros se mantienen y se multiplican podremos decir que hemos tenido avances importantes como Estado y como país.

La fiscal general Porras tiene el respaldo de que su nombramiento fue precedido por un proceso altamente vigilado en las comisiones de postulación. La transparencia que primó dentro del proceso, gracias a la vigilancia que ejercieron varios actores de la sociedad civil, es suficiente para que veamos con optimismo el relevo en el MP. La fiscal general Porras viene de ser magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, antes fue magistrada de Sala y tuvo un cargo dentro del MP. Su trayectoria nos da indicios de que tiene la capacidad para asumir el reto y por ello la comisión de postulación la tuvo como la mejor calificada de los postulantes.

Como ciudadanía tenemos que ser maduros y exigentes. Maduros para aceptar que el relevo en los puestos es clave en el proceso de construcción de Estado y de instituciones sólidas y, por ende, parte del proceso de lucha contra la corrupción; exigentes para estar vigilantes a la nueva gestión para que los logros alcanzados se mantengan y para que podamos lograr otros objetivos que como nación debemos perseguir.

Un poder más horizontal y fragmentado hace necesaria una agenda de alianzas.

Durante los siglos XVIII y XIX, el mundo vivió un proceso acelerado de cambio social y político. La expansión comercial de la era post-renacentista, pero sobre todo, la Revolución Industrial generaron procesos acelerados de crecimiento económico y reconversión de las relaciones socioeconómicas del momento, particularmente, el advenimiento de la burguesía como estamento políticamente relevante. Esa burguesía, participó a partir de 1776, de sendos procesos de toma del poder político, que provocaron el quiebre de las monarquías absolutas y el advenimiento de las repúblicas democráticas o las monarquías parlamentarias.

Hoy el mundo vive un proceso similar. La revolución de la información y las telecomunicaciones, desatadas ambas a partir de la última década del siglo XX han provocado una serie de cambios en las dinámicas económicas y sociales del mundo. Moisés Naim, en El Fin del Poder sintetizó en tres procesos los cambios acaecidos en el mundo del siglo XXI: “la Revolución del Más”, “la Revolución de la Movilidad” y la “Revolución de la Mentalidad”. La primera, se refiere a que sencillamente vivimos en un mundo en el que hay más de todo: más oportunidades, más opciones de bienes y servicios, más ideas, más información, etc. La segunda se refiere a la fácil movilidad de las personas, de la riqueza, de las ideas, de la información en el marco de un mundo interconectado, que prácticamente facilita la difusión de valores comunes y la eliminación de fronteras mentales y culturales. Y la última hace referencia a un cambio en la mentalidad de los individuos, que genera mayores aspiraciones y expectativas en cuanto a oportunidades de desarrollo, acceso a riqueza o búsqueda del poder.

Pero tal y como ocurrió en los siglos XVIII y XIX, los cambios económicos y sociales generan efectos sobre los sistemas políticos. Dos cambios concretos parecieran materializarse ante nuestros ojos. El primero, el empoderamiento de las clases medias y las juventudes que hoy más que nunca tienen acceso a información, y que han encontrado en las redes sociales un poderoso medio de expresión y organización. El segundo efecto ha sido la horizontalización del poder: el surgimiento de nuevos actores relevantes que compiten y desplazan a los actores tradicionales en los espacios de poder e incidencia.

Naturalmente, estas transformaciones tienen un efecto en los sistemas políticos. La Primavera Árabe fue quizá la primera probadita del fenómeno: clases medias movilizadas, organizadas a través de redes sociales, que cuestionaron el poder tradicional de dictadores militares y autocracias. Las demostraciones efectivamente lograron deponer a varias dictaduras de décadas, pero no lograron transformar sus sistemas en democracias estables. Algunos países, incluso, sucumbieron ante la inestabilidad política. No obstante, el consenso de los académicos es que la Primavera Árabe sentó las bases para un proceso de cambio político de largo plazo.

En América Latina, ocurren expresiones similares. En Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Brasil las clases medias y la difusión de información vía redes sociales han sido factores centrales en procesos de cuestionamiento al statu quo corrupto (Guatemala, Brasil y Venezuela) o a gobiernos represivos (Nicaragua y Venezuela). Sin embargo, en todos los países citados existe un claro problema: la incapacidad de los movimientos cívicos de propiciar una renovación de élites y articular una propuesta de Estado.

El riesgo es caer en una situación al estilo de la Primavera Árabe. Deponer al viejo sistema resulta insuficiente cuando no existe un consenso claro de qué desea construirse en su lugar. Y lo que es peor, dicha disyuntiva genera condiciones de inestabilidad política y enfrentamientos entre facciones. Partiendo de la premisa que hoy el poder se ha fragmentado y los actores relevantes se han multiplicado, la única salida para la imposibilidad de reconstruir el orden político es una estrategia de alianzas y coaliciones. Sin un frente social amplio, bajo el paraguas de una Agenda de Estado, las transformaciones quedarán condenadas a meras depuraciones del statu quo. Los países árabes recién han abierto los ojos sobre esta realidad. En América Latina pareciera que este proceso de interiorización todavía no ha llegado.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Dada la complejidad del caso de los Bitkov es necesario reflexionar acerca de algunas interpretaciones que se han hecho al respecto.

El caso de la familia Bitkov es sumamente complejo. Según se sabe, la familia se vio forzada a abandonar Rusia en 2008 ya que el Banco VTB (brazo de Putin) quería forzar a Igor Bitkov a vender acciones de su compañía. Según se dice, el banco forzaría la quiebra de la empresa al dar por anticipado el vencimiento de un crédito. Dados los precedentes del autoritario gobierno de Putin, los Bitkov abandonaron Rusia.

Más adelante, instalados en Turquía, la familia contrató a una compañía que ofrecía pasaportes guatemaltecos a cambio de un pago de US$50,000. Se hicieron de los servicios de la compañía en cuestión y recibieron pasaportes guatemaltecos y documentos de identidad guatemaltecos emitidos por las autoridades del Estado de Guatemala. Si bien los documentos eran oficiales, la información contenida en los mismos era desde luego falsa.

En 2015 detuvieron a varias personas que pertenecían a una red que se dedicaba a facilitar documentos oficiales a migrantes irregulares y a algunos usuarios de estos servicios. Los Bitkov resultaron detenidos en dicha operación. Después de un tiempo, 39 personas, entre ellos la familia rusa, fueron condenados a prisión. A Igor Bitkov se le condenó a 19 años de prisión por los delitos de supresión y alteración del estado civil, uso de documentos falsificados y usurpación del estado civil. Su esposa y a su hija fueron condenadas por uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil con una pena de 12 años de prisión.

La defensa de los Bitkov interpuso un amparo a favor de Igor que fue resuelto favorablemente por una sala de apelaciones. La resolución fue apelada y la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo, amparó a Igor Bitkov y ordenó que el proceso volviera a la fase de la acusación. La resolución de la CC refiere que el amparo procede en virtud de que la jueza contralora no tomó en cuenta el Protocolo de Palermo al momento de dictar el auto de apertura a juicio.

El Protocolo de Palermo es un instrumento diseñado para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En ese sentido, la convención refiere que los migrantes no son penalmente responsables por el mero hecho de la creación de un documento de viaje o de identidad falso. Este es el argumento que ha empleado la defensa.

La acusación, que involucra al MP y la CICIG, consideran que los Bitkov no se encuentran amparados por esta convención porque no llenan los supuestos que dicho convenio establece para estar bajo su amparo. La jueza contralora volvió a conocer el caso en virtud del amparo antes mencionado y resolvió nuevamente dictar auto de apertura a juicio. De acuerdo con la juzgadora, será en el debate oral y público donde se determine si aplica o no dicha convención.

Dentro del caso fue lamentable ver la situación del hijo menor de edad de la familia que sufrió vejaciones en un orfanato pero quien afortunadamente ya se encuentra en buen cuidado.

Dada la complejidad del caso es necesario reflexionar acerca de algunas interpretaciones que se han hecho al respecto. El caso llegó a la Comisión Helsinki del senado de los EEUU y la conclusión de algunos senadores fue que el brazo del Estado criminal ruso interfirió en Guatemala a través de la CICIG para continuar con la persecución de los Bitkov. Lo mismo sugiere el senador Marco Rubio.

De momento no existe evidencia que sugiera que el destino del caso Bitkov se debe a una interferencia del Estado ruso controlado por Putin y sus secuaces. Naturalmente la coyuntura en EEUU ha hecho que la hipótesis de una eventual interferencia rusa en Guatemala a través de una entidad que recibe financiación americana (CICIG) le dio tracción al caso con algunos senadores. David Browder, conocido como el enemigo número 1 de Putin, ha apadrinado el caso de los Bitkov por entender que se trata en efecto de una intervención del brazo del gobierno de Putin.

Por su parte, los detractores de CICIG han instrumentalizado el caso para sugerir que el mismo ofrece una evidencia contundente de los excesos de dicha comisión en nuestro país.

El caso está lleno de dificultades jurídicas que se relacionan con el, poco conocido por nuestros tribunales, Protocolo de Palermo; refleja las tragedias asociadas a nuestro sistema penitenciario, al perjuicio que causa un uso tan severo de la prisión preventiva y la lentitud de los tribunales.

Ahora bien, concluir sin más que este caso se trata de una interferencia del Kremlin en la CICIG y en nuestro país, es un salto lógico que no nos podemos permitir. Menos aun instrumentalizarlo bajo esos argumentos para intentar cortar la financiación de CICIG. Si existe una conexión perversa entre CICIG y Rusia como muchos afirman, habrá que demostrarlo con evidencia contundente que de momento no se conoce.

Esta columna fue originalmente publicada en el diario digital República.

Una ruta que trascienda la acción judicial.

Guatemala vive un proceso de transformación, de un viejo sistema patrimonialista,en donde la corrupción y el tráfico de influencias constituían el combustible del sistema político, a un sistema de corte republicano donde impere el Estado de Derecho. Desde abril de 2015, el Ministerio Público y la CICIG han encaminado una ofensiva frontal de combate a la corrupción, que ha dado como resultado una depuración judicial de las elites. Ese proceso ha tenido como objetivo abrir la brecha para que la transformación política pueda echar raíz y encaminarse por la vía institucional.

Sin embargo, el país se enfrenta a un dilema. Guatemala era como una casa vieja, abandonada, con cimientos al borde del colapso, el techo destruido y las paredes podridas. Y si bien el equipo de demolición ha sido exitoso en botar los cimientos podridos del viejo sistema, no queda claro quiénes serán los ingenieros que diseñen y se encarguen de construir el nuevo sistema.

El momento histórico en el que nos encontramos nos ha hecho reconocer que el combate a la corrupción, la transformación política y la construcción de una democracia institucional requiere algo más que un esfuerzo de depuración judicial. Por ello, es importante plantear una ruta hacia una agenda institucional que permita establecer los cimientos del nuevo inmueble a construir.

Primero, se necesita una agenda de reforma del Estado que cierre las llaves de la corrupción. De cara al 2019, es urgente modificar el sistema electoral y de partidos políticos para mejorar la representatividad, a través de una revisión al sistema de distritos y los umbrales de participación. Pero además, de las experiencias recientes, surge también la necesidad de evaluar los marcos normativos relacionados con el financiamiento electoral.

Es necesario también revisar la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia, para evitar que otros “reyes del tenis” tengan injerencia sobre la elección de jueces. O qué decir del funcionamiento del sistema. Los casos de alto impacto han permitido a muchos reconocer que la justicia en Guatemala no es expedita, que el sistema está colapsado y desbordado. Atender ese mal requiere de figuras como la Aceptación de Cargos, la cual permitiría a las personas vinculadas a casos ilícitos reconocer su culpa, reparar el daño causado y recibir beneficios premiales para descongestionar el sistema. Pero además, es necesario revisar también los plazos procesales, las causales de recusación de jueces, o los plazos y requisitos en la tramitación del recurso de amparo.

Es importante atender los marcos normativos relacionados con la gestión pública. El sistema de servicio civil requiere de una modificación profunda, que permita al Estado atraer al talento humano más capacitado y remunerarle de acuerdo a metas de desempeño y no “en paquete” como ocurre con los pactos colectivos. El sistema de contrataciones públicas debe modernizarse, empezando por una separación funcional y legal entre las compras y las contrataciones. La estructura presupuestaria también requiere de una profunda revisión. Es imposible plantear política pública cuando un Gobierno se enfrenta a que más del 70 por ciento ya está comprometido por asignaciones pétreas. El planteamiento de presupuestos abiertos, de carácter multianual, con un blindaje técnico sobre los listados de proyectos de inversión, debe pasar de ser una política de un ministro a convertirse en una norma de Estado.

En el ámbito de lo privado es importante entender los vientos de cambio. Cada día son más las empresas que adoptan políticas de compliance, códigos de ética y modelos de gobernanza corporativa para atajar y prevenir prácticas de corrupción de actores individuales dentro de las organizaciones. Las políticas de ABC (Anti-Bribery and Corruption) y la certificación ISO 37001 son ahora los referentes mundiales sobre el respeto a la ley y las prácticas correctas para prevenir la corrupción, y poco a poco, se convertirán en requisitos para hacer negocios internacionales.

Pero todo lo anterior requiere de un proceso más profundo de reflexión y cambio social. Primero, reconocer que aquí todos fuimos cómplices o responsables de la debacle del sistema, ya sea por beneficio directo, indirecto, por omisión o por simple expectativa que algún día me tocaría a mí. Si no cambian aquellas concepciones que aceptaban como válidas las prácticas corruptas, o que veían como normal utilizar la política con fines de enriquecimiento privado, poco vamos a cambiar. Al final la política no es más que un reflejo de la sociedad en su conjunto.

Columna de opinión publicada originalmente en El Periódico.

Los eventos sorpresivos de los últimos días permitieron descartar algunos de los escenarios políticos planteados por analistas y alteraron las premisas generales de todo el mapa nacional.

Un parteaguas en los balances de fuerza.

Hace unas semanas, cuando se valoraban las premisas generales de la coyuntura política nacional, el análisis de escenarios se encaminaba hacia alguno de estos cuatro caminos:

1) Una abierta confrontación entre el bando del MP y la CICIG, con el Gobierno de la República y sus aliados en el Congreso y en la Municipalidad de Guatemala, como consecuencia de la presentación de nuevos casos de alto impacto.

2) La continuación de una dinámica de estabilidad volátil, similar a la de los últimos meses, en la cual se profundizan las investigaciones de corrupción al tiempo en el que el Gobierno y aliados juegan a socavar el trabajo de los investigadores.

3) La posibilidad de un escenario “tipo 2015”, en el cual la presentación de casos judiciales de alto impacto generara un reacomodo de fuerzas que alterara los balances en algunas instituciones del país.

4) La posibilidad que los actores “pro-statu quo” retomaran control del Ministerio Público y, silenciosamente, condujeran una estrategia para ahogar lentamente la lucha contra la corrupción de cara al 2019.

Sin embargo, como ocurre en el ejercicio de escenarios, el devenir de los acontecimientos no solo permitió descartar algunas de las posibilidades prospectivas, sino que además, los eventos más sorpresivos de los últimos días, alteran las premisas generales de todo el mapa nacional.

Por un lado, el resultado del trabajo de la Comisión de Postulación para Fiscal General prácticamente hizo descartable el último escenario, sobre una lenta restauración del statu quo. De los candidatos seleccionados, los seis parecieran estar comprometidos con continuar y profundizar el proceso de lucha contra la corrupción 2015-2018. Por otro lado, luego del caso “Financiamiento Electoral Ilícito 2015” y la posterior declaración de “Mea Culpa” por parte de un grupo de financistas, la posición judicial del mandatario se complicó, puesto que ahora resulta bastante complejo para el Gobierno alegar motivaciones políticas o espurias detrás de la investigación.

Pero el factor de cambio se activó el viernes al final de la tarde, con la noticia del fallecimiento súbito del alcalde capitalino. Desde octubre, Arzú se convirtió en el articulador de la alianza anti-CICIG, y era quizá el caudillo detrás de las posiciones de Morales en el Ejecutivo, de su hijo Álvaro en el Congreso y algunos otros actores de reparto. Sustraer al alcalde de la ecuación implica un cambio importante en el balance de fuerzas. Aquí en este escenario, muerto el rey, no queda claro quién será el nuevo rey. Para el presidente Morales, implica quedar en mayor situación de debilidad y soledad ante la precaria situación política y judicial que enfrenta. Para el ministro Degenhart, pupilo de Arzú y materialización concreta de su influencia en el Gobierno, implica una merma importante del capital de respaldo para las acciones operativas contra la CICIG. Y en el Congreso, sin la figura del caudillo articulador, la ya debilitada alianza pro-oficialista la tendrá más difícil en su esfuerzo de alcanzar las mayorías para impulsar cualquier tipo de acción legislativa.

Sin embargo, entender las motivaciones subjetivas es más complejo. El duelo nacional durará, cuando mucho, siete días. Y en ese marco, se presentan dos alternativas. Que ante el shock político que generó el deceso del alcalde, puede que simplemente los actores en el Ejecutivo y Congreso queden en la pura inamovilidad. Y con ello, la pelota pasaría a la cancha del MP y CICIG y la posibilidad de nuevas acciones judiciales. La otra alternativa es que en una última expresión de desesperación, –muy remota debo decir– apelen a la “energía del mártir” para intentar enderezar alguna estrategia de expulsión de la CICIG. El problema para la alianza es que aún en condiciones previas al 27 de abril su gesta se veía cuesta arriba; ahora, la pendiente solo se ha agudizado. En estas condiciones, la capacidad de articular una estrategia anti-CICIG ha mermado.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

La perversión del amparo tiene el efecto avieso de destruir el funcionamiento del organismo judicial, entorpecer el sistema de justicia y mermar la calidad del mismo, ya de por sí precaria.

El tema de la «amparitis» en Guatemala[1] se ha sido analizado en un documento titulado «Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad»[2], en el que se explica el deficitario funcionamiento del poder judicial en Guatemala y cómo éste ha obstaculizado la lucha contra la corrupción, liderada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) generando retrasos judiciales en el ámbito de los juicios penales.

Prescindiendo de otros factores, se puede deducir que los tribunales y los operadores del sistema tienen una gran responsabilidad en la distorsión institucional existente, derivado de malas prácticas interpretativas, cuyo ejemplo más emblemático es la práctica judicial del «amparo». Tomando en cuenta esas malas prácticas, se hace necesario reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) y los códigos procesales existentes para lograr un proceso judicial más garantista que evite la «amparitis» con todos sus efectos perversos en la administración de justicia, además de la politización de la justicia[3].

La necesidad de una reforma a la LAEPC[4] es una exigencia constitucional. Casi una década atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala (2009) sostuvo que «El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala, en los términos de los párrafos 238 a 242 de la presente Sentencia» con el objetivo de satisfacer las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 1.1 y 2). La reforma a la ley no ha ocurrido hasta la fecha (2018) ocasionando un agravamiento del funcionamiento de justicia del país.

La reforma tendría como propósito recobrar el «verdadero objeto y fin, de conformidad con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos»[5], es decir, como recurso adecuado para tutelar los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales[6] y no como un «medio para dilatar y entorpecer el proceso judicial como factor para la impunidad»[7].

No se trata de eliminar al amparo previsto en la Constitución (art. 265), sino de erradicar la presencia de la «itis» del «amparo». La diferencia entre la previsión del amparo normativamente y su mal funcionamiento en el país, puede apreciarse en el hecho de que los tribunales en Guatemala en lugar de verificar la admisibilidad de las solicitudes de amparo interpuestas, declarando inadmisibles aquellas que no cumplen con los requisitos, son admitidas gracias a la hegemónica posición formalista de los tribunales[8]. Con ello, miles de solicitudes de amparo son interpuestas y los tribunales las admiten dándole trámite a todas, para posteriormente, una vez examinadas las pretensiones, rechazarlas por incumplimiento de aspectos sustantivos.

Esta práctica ha ocasionado que las solicitudes de amparo crezcan vertiginosamente como refiere el informe de Human Rights Watch. De hecho, en 2016, se presentaron 5.152 acciones de amparo ante los tribunales, casi el doble de lo que ocurrió en 2012, en el que se presentaron 3.856 amparos o incluso, en 2009, en el que hubo unas 3.05815 peticiones. Así por ejemplo «En las 3.283 decisiones sobre peticiones de amparo dictadas por los tribunales en 2016, el 73% —o 2.405 peticiones— fueron denegadas y el 27% —u 878 peticiones— fueron otorgadas»[9].

La perversión del amparo tiene el efecto avieso de destruir el funcionamiento del organismo judicial, entorpecer el sistema de justicia y mermar la calidad de la misma, ya de por sí precaria. Por ello, es innegable la responsabilidad de los jueces, Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, en tanto que esta perversión solo es posible «porque los tribunales lo permiten».

De hecho, «Los jueces podrían desestimar peticiones de amparo infundadas o innecesarias, pero casi nunca lo hacen. Los tribunales pueden discrecionalmente seguir dando trámite a los procedimientos mientras no haya riesgo de daño irreparable, pero rara vez lo hacen. En lugar de ello, las cortes suelen admitir solicitudes infundadas y los juzgados suspenden los procesos penales hasta que se resuelven dichas solicitudes»[10].

Esta absurda interpretación prevaleciente, hostil, a rechazar las pretensiones de amparo que no cumplan con los requisitos de admisibilidad, para darles trámite porque la ley «no establece expresamente que una petición que no cumple con esos requisitos no es admisible», es algo que los jueces pueden cambiar pero que no hacen; debido a las vetustas técnicas de interpretación jurídica que tienen los jueces en el país, con las excepciones del caso.

La reticencia a cambiar la interpretación sobre el amparo, e incluso, a los esquemas de funcionamiento judicial, se explica por la ausencia de independencia e imparcialidad de los jueces, los cuales no se atreven a declarar la inadmisibilidad de las pretensiones porque se podría entender como «desestimación de facto» o una «falta administrativa».

Sobre el tema de la posible «falta administrativa», es menester destacar que se agrava cada día, producto de la tesis que conceptualiza a los jueces como funcionarios administrativos, lo que incentiva la práctica de la «amparitis», puesto que en un sistema de sanciones judiciales vago y violatorio de estándares a derechos humanos, es previsible que los jueces no sean independientes e imparciales a la hora de interpretar el derecho.

Si bien la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) es una ley constitucional, ello no equivale a sostener que es la Constitución, por lo que su reforma (basado en el art. 175 de la Constitución) es indispensable para mejorar la práctica del amparo en el país y reforzar otros mecanismos procesales de protección de derechos adicionales al amparo, mediante reformas sustanciales a los códigos procesales.

Referencias:

[1]Antes del informe que se comenta en este escrito se abordó el tema en ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «La ´amparítis´ en Guatemala», Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2017, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-amparitis-en-guatemala

[2] Human Rights Watch, USA, 2017.

[3] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, «Justicia a la orden del mejor postor» Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2016 enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/justicia-la-orden-del-mejor-po...

[4] Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, Human Rights Watch, USA, 2017.

[5] Ibíd., párr. 242.

[6] Véase el voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, de fecha de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf. En dicho voto el magistrado se refirió al «control de convencionalidad» que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional” (párr. 27). Véase Jaime Orlando SANTOFIMIO GAMBOA y Allan R. BREWER-CARÍAS, Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013.

[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, de fecha 24 de Noviembre de 2009, párr. 153 y 238.

[8] Véase Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad fe fecha 9 de diciembre de 2013 (art. 26).

[9] Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, op. cit., p. 11

[10] Ibíd., p. 4