Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
¿Qué tienen en común las nuevas propuestas políticas que se ven emerger en muy diferentes puntos del mundo?
Cuando escuchamos nombres como Trump o Sanders en Estados Unidos, Trudeau en Canadá y Morales en Guatemala. Cuando intentamos comprender la aparición de grupos como Syriza en Grecia, Podemos en España, el AFD en Alemania y el Frente Nacional en Francia. Cuando aparecen ideas rupturistas en Inglaterra, Cataluña y Escocia, y cuando revisamos las circunstancias que facilitaron la llegada al poder de Hugo, Evo y Rafael en Venezuela, Bolivia y Ecuador, es obligado el análisis sobre las cosas que estos grupos y personas tienen en común, los riesgos que representan y también las oportunidades.
El común denominador es que son outsiders y antiestablishment; desprecian la política tradicional y han sabido conectar con la población; algunos de ellos, ofreciendo cosas que saben que no cumplirán, y otros, aprovechando la frustración ciudadana para llegar al poder, en algunos casos, para destruir y hacer más daño del que hicieron sus antecesores.
América Latina pasa por un momento delicado. La caída en la demanda y los bajos precios de las materias primas han provocado un frenazo en sus economías. Brasil está sumido en una crisis política y económica de la que todavía no sabemos cómo saldrá. Venezuela, devastada por el chavismo y aunque el inevitable final se acerca, tomará años reconstruirla. Bolivia y Ecuador tienen que rescatar sus democracias o no llegarán muy lejos y Centroamérica sigue perdida en su laberinto.
La esperanza en América Latina está en Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Panamá, que intentan hacer las cosas bien a pesar de la situación económica mundial. Y ahora, se suma Argentina con su nuevo gobierno, sobre el que hay grandes expectativas. El riesgo más grande de América Latina es sufrir retrocesos políticos y pérdida de libertades civiles a causa del estancamiento económico, el cual podría ser aprovechado por movimientos populistas y extremistas.
“Es evidente que la política pasa por un mal momento en el mundo. El gran desafío de nuestro tiempo es rescatarla y devolverle clase y brillo con líderes capaces y honestos.”
Europa no logra enderezar el rumbo. Alemania, Francia, Italia y España son los países llamados a salvar el proyecto europeo pero están aturdidos por la larga recesión, la falta de liderazgo y sus crisis internas. A esto se suman la presión que han puesto los refugiados y la amenaza terrorista.
Es evidente que la política pasa por un mal momento en el mundo. El gran desafío de nuestro tiempo es rescatarla y devolverle clase y brillo con líderes capaces y honestos; con visión de Estado de largo plazo. Los riesgos por la forma en que se gestiona la política en el mundo de hoy son inmensos, pero es importante encontrar luz en tanta oscuridad.
Para empezar, identifiquemos dos oportunidades: la primera es que los políticos tradicionales se den cuenta de que su tiempo terminó y que la vieja política es cosa del pasado. Los ciudadanos de hoy están más informados, son más exigentes y participan más. Y aunque puedan estar equivocados (que lo están con frecuencia) así es el proceso de aprendizaje que lleva a los pueblos a la verdadera democracia y al desarrollo. Así ha evolucionado la raza humana.
La segunda oportunidad está en que se ha hecho evidente que las cosas mejorarán cuando los mejores ciudadanos decidan participar en la política. Como técnicos, como funcionarios y en puestos de elección popular. Formando equipos y dando continuidad a verdaderos proyectos de Estado.
Vivimos un cambio de era. Los desafíos y amenazas en el mundo tienen hoy más complejidad. La responsabilidad de la actual generación de dirigentes es estar a la altura de los retos y encontrar salida y solución a los anhelos y esperanzas de los ciudadanos. No olvidemos lo más importante: la clave está en la política.
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
La función de los magistrados y jueces no es democrática, sino que es republicana, pues están llamados a defender el “imperio de la ley” de los tentáculos del poder político e incluso de las ambiciones de diversos sectores sociales.
La Constitución de Guatemala toma para sí el modelo de control jurisdiccional de la Constitución como requisito para posibilitar la existencia de una Constitución normativa. Desde el célebre caso Marbury contra Madison (5 U.S. 137 1803) de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, si los jueces no están dotados del poder de desaplicar cualquier acto u actuación contrario a la Constitución, la misma devendría en una mera hoja de papel sin efectividad política y jurídica.
La justicia impartida por los jueces, debe basarse exclusivamente en la Constitución y en las leyes de la República (art. 203), promoviendo el máximo apego a la Constitución, entendida ésta como lex superior. La necesidad por establecer mecanismos jurisdiccionales de protección de la Constitución -hábeas corpus (263), amparo (265), inconstitucionalidad de leyes de carácter general (267) y concretos (266)-, está absolutamente relacionada con la noción de Constitución que se asume mayoritariamente en el constitucionalismo moderno.
Esta idea se basa esencialmente en el argumento del juez John MARSHALL:
La existencia de Constitución como establecieron los revolucionarios de 1798 (Revolución Francesa), solo es posible si la misma establece la garantía de los derechos y la separación de los poderes (art. 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789). Dicha Constitución es el resultado de la “juridificación” de la soberanía, en tanto el pueblo al escribir el documento constitucional se somete a ésta irremediablemente, así como se someten todos los “organismos” creados por ella desde el punto de vista formal, para que pueda darse un “gobierno de leyes y no de hombres”.
En Guatemala, la Constitución dispone que el pueblo es titular de la soberanía, pero su ejercicio está sometido y regulado por la propia Constitución. Por ello, si el pueblo quisiera cambiar la Constitución, debe acudir a los procedimientos de reformaprevistos en la lex superior (arts. 277-281).
Si bien la organización del poder establecida en la Constitución está dirigida a garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades, “afirmando la primacía de la persona humana” y haciendo al Estado “responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz”, estos fines deberán ser garantizados por los jueces, en aras de que alguien dentro de la estructura constitucional permita que el documento que se ha dado a una comunidad política sea respetado. En efecto, si bien existen los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de los órganos con autonomía funcional (Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral entre otros), es menester destacar, que el judicial tiene una importancia inusitada.
La existencia de una Constitución normativa, solo es posible, si los jueces y magistrados cumplen con su delicada y responsable labor. Su función no es democrática, sino que es republicana, pues están llamados a defender el “imperio de la ley” de los tentáculos del poder político e incluso de las ambiciones de diversos sectores sociales. Para la concreción de tan delicada tarea, los magistrados y jueces deben contar con sólidas garantías institucionales, no solo en la Constitución, sino también en un desarrollo legislativo inteligente, pues sin eso será imposible lograr el ideal de un “organismo judicial”, independiente e imparcial (205), necesario para que prevalezca la justicia.
Por deber de independencia se entiende el control que se debe tener sobre los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde fuera del proceso jurisdiccional. Esta independencia se predica frente a organismos del Estado, iglesias, organizaciones sociales, partidos políticos, corporaciones, prensa, televisión etc. (arts. 52 y 60 Ley del Organismo Judicial). Por otra parte, en relación al deber de imparcialidad, se entiende a los mecanismos de control sobre los móviles del juez, frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde dentro del propio proceso jurisdiccional, es decir, frente a las partes en conflicto y/o frente al objeto de litigio (arts. 56 y 123 a Ley del Organismo Judicial).
Sin estas dos garantías, será difícil que exista Constitución, libertad individual y política, propiedad privada y prosperidad material, algo que necesita América Latina en su conjunto, aun cuando sea en unos países más que otros; tal y como refiere el “The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index”.
Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
El problema del agua es otro que desnuda irremediablemente la debilidad institucional del país.
El agua no es un recurso particularmente escaso en Guatemala, el IARNA en su Perfil ambiental de Guatemala 2010 – 2012[1] advierte que en Guatemala hay aguasuficiente para satisfacer las necesidades de consumo; de hecho, el agua que es utilizada en el país, representa menos de una cuarta parte de la oferta hídrica disponible. En pocas palabras: Guatemala tiene suficiente agua.
Con lo esperanzadores que puedan sonar los datos del párrafo anterior, el estudio de IARNA señala también que al año 2011, el 24.7% de los hogares del área rural en el país (aprox. 3 millones de personas) no tenían ni siquiera acceso a agua entubada, que no es lo mismo que potable.
Si bien esto no suena alarmante, dichos datos merecen ser examinados cuidadosamente pues, es cierto que existe suficiente agua en el país, como un dato general, pero no todas las regiones tienen la misma disponibilidad, ni la misma calidad de agua.
El estudio llega a una conclusión casi de inmediato: los problemas de Guatemala en relación al recurso hídrico, en general, no son provocados por la poca disponibilidad, sino por la poca capacidad técnica y la poca voluntad política que existe para gestionar el recurso de manera eficiente.
LEGISLACIÓN Y POLÍTICA SOBRE EL AGUA
Existen varios esfuerzos por incluir el tema del agua en la legislación nacional. Desde la Constitución, que habla sobre el tema en diversos artículos hasta distintas disposiciones que sancionan acciones relacionadas al tratamiento del agua como el desvío de ríos en el artículo 260 del Código Penal; o que obligan a las municipalidades a gestionar el recurso, como el artículo 68 del Código Municipal.
También existe en el país una Política nacional del sector de agua potable y saneamiento propuesta por el Ministerio de Salud y Asistencia Social[2] , que está enfocada a la gestión y saneamiento del agua con el fin de mejorar el acceso a agua de consumo humano y así tener un impacto positivo en la salud.
Además, en los últimos días y con la Marcha por el Agua llamando la atención de los medios de comunicación, se ha despertado nuevamente el interés sobre una ley específica para la gestión del recurso hídrico. La Constitución ordena en el artículo 127 la creación de la misma; sin embargo, a través de los años, no se han logrado los acuerdos y apoyos suficientes para lograr algún tipo de avance.
Leyes como éstas suelen ser difíciles de trabajar porque usualmente son esfuerzos porconfluir los intereses de muchos grupos. Lograr los acuerdos que el tema requiere suele atrasar los procesos o evitar que se lleven a cabo del todo.
A decir de algunos expertos, la ley para la gestión del agua debiera ser una ley más bien amplia y general que permita a las organizaciones comunitarias y a las municipalidades suficientes espacio de maniobra para poder decidir, de manera descentralizada, la mejor forma de gestionar el recurso hídrico que se encuentre en su jurisdicción. Algunos ejemplos exitosos de gestión de agua a nivel comunitario pueden encontrarse en la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas, una fuente importante de agua en la que nacen 63 ríos que alimentan los caudales del Motagua, Polochic y San Gerónimo[3].
El problema del país respecto al agua y la necesidad de una respuesta institucional, pero también ciudadana es real y urgente. En un estudio realizado por CEPAL, Emilio Lentini[4] afirma que más del 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas con heces, desechos en descomposición, basura de todo tipo, químicos y otras sustancias perjudiciales para la salud.
Es penoso observar en los medios de comunicación imágenes recientes de las toneladas de basura que llegan al lago de Amatitlán; sin embargo, estas imágenes hacen comprender lo urgente que es poner atención al tema de la gestión del recurso hídrico desde sus distintas aristas: el cuidado y rescate de ríos, lagos y cuencas; el acceso al agua para consumo humano; el tratamiento de aguas residuales; y el acceso al agua para consumo industrial.
Panorama de desechos provenientes de basureros clandestinos en el lago de Amatitlán. pic.twitter.com/PVfZlBrmB5
Y es que el problema del agua es otro que desnuda irremediablemente la debilidad institucional del país. Desde municipalidades que deciden no invertir en plantas de tratamiento de agua, hasta individuos u organizaciones que no son sancionados por contaminar o desviar ríos. Como país no podemos seguir ignorando los temas vitales, por más conflictivos que sean.
La conclusión lógica es que preocuparnos por gestionar de manera más eficiente el agua es un asunto de vida que impacta en temas de salud pública como la desnutrición y en temas económicos como los sistemas de riego o el uso industrial. El agua es, al final de cuentas, uno de los temas más importantes que podemos discutir, un tema profundamente humano y social.
Bibliografía:
[1] IARNA. (2013) Perfil ambiental de Guatemala 2010 – 2012. Universidad Rafael Landívar. Consultado en línea
De no contar con educación integral en sexualidad, es probable que los niños y jóvenes reciban mensajes contradictorios y en ocasiones perjudiciales desde sus pares, los medios de comunicación o desde otras fuentes.
La Educación Integral en Sexualidad –EIS- es vista por diversos sectores como un derecho humano y a pesar de contar con la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, donde se establece la obligación del Estado con toda la población para garantizar el derecho del acceso a la educación sexual, a métodos de planificación familiar y anticonceptivos, esto no ha alcanzado los niveles esperados.
En 2008, Guatemala participó con el Ministerio de Educación en la cumbre de la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA, donde adoptó la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”[1] donde para el año 2015, se debía de reducir en un 75% la brecha en el número de escuelas que no tenían institucionalizada la EIS.
Sin embargo, la educación sexual laica y científica todavía no llega a todas las escuelas y los problemas que viven muchos jóvenes a consecuencia de la ausencia de información, afecta sus planes de vida y sus oportunidades de desarrollo. No solamente estamos hablando de embarazos no deseados, sino también de enfermedades graves como lo es el SIDA.
En febrero de este año, la Ley de Juventud causó revuelo proponiendo diversas propuestas, dentro de las que estaba asegurar la educación sexual y la disposición de métodos anticonceptivos (a pesar de contar con la ley mencionada en el primer párrafo). Por supuesto, grupos civiles y la iglesia se opusieron al respecto, argumentando que la educación sexual se debe tratar como tema familiar y no escolar, pues esto incentivaría a los jóvenes a tener una vida sexual activa desde una etapa muy prematura.
Al contrario de esto, Naciones Unidas con sus diversas agencias en el país, aseguran que la educación en sexualidad retarda y hace más responsable el comportamiento sexual de los niños, niñas y jóvenes. De no contarse con ella, es probable que reciban mensajes contradictorios y en ocasiones perjudiciales desde sus pares, los medios de comunicación o desde otras fuentes, haciéndolos experimentar por su cuenta y desconociendo lo que es una violación sexual.
En un país donde, en el 2015, existieron 1883 casos de niñas menores de 14 años embarazadas o donde una de cada cinco mujeres, entre los 15 y 19 años de edad, tiene hijos o está embarazada[2], la EIS se convierte en una necesidad primordial. Y no se necesita de la creación de una nueva ley, sino de acatar la legislación ya existente y los acuerdos internacionales que tiene Guatemala sobre la prevención.
Poner este tema en la agenda política es un reto, pues a pesar de que sectores como el Ministerio de Educación y el de Salud mantienen líneas de trabajo para obtener mejoras, éstas no pueden ser significativas si los presupuestos siguen siendo de bajo nivel. Asignar fondos a la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE), es importante para el cumplimiento del marco normativo del Ministerio de Educación para la institucionalización de la educación integral en sexualidad, ampliando la cobertura nacional.
Un enfoque integral en la manera de impartir esta temática necesita de la colaboración de diversos actores, tanto políticos como locales. Es importante que padres y madres de familia, así como maestros rompan estereotipos donde la sexualidad es algo sucio o tabú. Hablar se sexualidad de manera científica ayudará a empoderar a los menores de edad y a las personas jóvenes, pues aunado a esto, se agrega la moral que muchos han aprendido en el hogar y que les permitirá tomar mejores decisiones para su futuro.
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
El descuido de la poca precisión jurídica en la actuación del Estado, genera corrupción y la fragilidad de muchas instituciones.
Guatemala se encuentra en una situación de debilidad institucional como muchos países de América latina. En comparación con otros países de la región, su situación es dramática, dado que los principios del “Estado de Derecho”, si bien cuentan con normas que los proclaman, gozan de poca vigencia en la práctica real y escaso desarrollo jurídico que pueda hacerlos operativos.
El WJP Rule of Law Index 2015 sitúa a Guatemala en el ranking n° 85 de 102 países analizados, y en el número 18 de 25 países de la región latinoamericana y caribeña. De la lectura del informe se aprecia que el país cuenta con problemas estructurales, escaso compromiso por parte de determinados funcionarios con la labor de un Gobierno limitado y una administración pública, cimentada en los principios de sujeción a la ley, eficiencia, honestidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
Los esfuerzos destinados a combatir el fenómeno de la corrupción[1], consecuencia de la ausencia de “Estado de Derecho”, requieren ser complementados con transformaciones en las estructuras administrativas del país. La debilidad del Derecho administrativo, tanto en su reflexión teórica como en su dimensión de ordenamiento jurídico positivo, es un problema colosal. La explicación de tal falencia puede deberse al recurrente argumento de que como el Estado es débil económicamente no se requiere precisar jurídicamente su funcionamiento, descuidando que es justamente la precisión jurídica de la actuación del Estado la que genera seguridad jurídica y crecimiento económico[2].
El resultado de este olvido, está en las funestas calificaciones que recibe el país en el ámbito institucional. Dado que la situación es reversible, urge mencionar que la debilidad institucional, en buena medida debe su causa al raquitismo del Derecho administrativo en Guatemala. De hecho, la disciplina goza de poca atención ciudadana, política y académica, que ha merecido el hecho, de que Guatemala sea uno de los pocos países de la región que no cuente ni siquiera con una legislación general de procedimientos administrativos, como ha sucedido en otros países[3].
“La arbitrariedad, la corrupción y la fragilidad del principio de legalidad en la actuación de la Administración Pública tiene como causa la ausencia de legislación sobre procedimientos administrativos.”
En otras regiones, han sido estas legislaciones las que han reducido la arbitrariedad de la Administración Pública; han sido auténticos códigos que enmarcan los poderes, potestades y prerrogativas de la Administración Pública, así como los derechos, deberes, garantías y recursos con que contarían los ciudadanos, para el control de la actuación administrativa.
La importancia de una legislación sobre procedimientos administrativos, se muestra aún más, cuando se comprende en qué consiste el procedimiento administrativo. En efecto, con arreglo a la teoría general del Derecho administrativo, los procedimientos administrativos son la sucesión de operaciones-actuaciones que lleva a cabo la Administración pública, en base a determinadas formalidades y trámites que están obligados a respetar a la hora de adoptar sus actos. Los cuales deben ser publicitados (art. 30 de la Constitución), e incluso, pueden ser controlados por los jueces (art. 221 de la Constitución), si el acto se presume ilegal o inconstitucional.
Si el ciudadano no goza de una claridad previa sobre cuáles son, en rigor, los procedimientos administrativos que debe llevar a cabo el gobierno y los mismos son insuficientes o violados, sin instrumentos efectivos para ser revertido, el “Estado de Derecho” pierde todo sentido. En efecto, una legislación sobre procedimientos administrativos daría una mayor protección a los derechos y garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública, pero también mejoraría la eficacia de la actuación administrativa con arreglo a la legalidad.
De lo afirmado no se infiere que no existan “procedimientos administrativos” específicos previstos en algunas leyes administrativas, dado que allí se consagran algunos procedimientos particulares. Pero no cabe duda, de que muchas veces, la actuación general de la Administración Pública poco especializada, no cuenta con un marco legal general y moderno, que encauce la actuación administrativa, al punto que muchas veces, son los propios entes, u organismos los que se “inventan” sus propios procedimientos, en clara violación a la Constitución.
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
Es necesario un debate correcto sobre el tipo de reformas constitucionales que necesita Guatemala.
La sociedad guatemalteca ha presenciado un debate político centrado en la necesidad de reformas a la Constitución y de una reforma del Estado en general[1]. Muchos sectores sociales han participado en algunos de los debates, aun cuando muchos han alegado que no se han tomado en cuenta[2]. En efecto, una muestra bastante palpable del tono del discurso y de las discusiones con déficit democrático que se han llevado, puede cotejarse en las propuestas de reformas a la Constitución . Reducida la discusión a la consigna de “reformas sí o reformas no”, el debate correcto no se ha dado, a pesar de la necesidad de reformas urgentes que requiere el país.
Desde que el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y los poderes públicos presentaran en 2016 una «Propuesta para la discusión» en relación a la necesidad de reformar la Constitución y ha pasado casi un año sin que nada haya cambiado. La propuesta fue la conclusión del denominado proceso de «Diálogo Nacional», cuya plataforma consistió en fomentar un espacio de discusión ciudadana que facilitara la aprobación e implementación de reformas constitucionales necesarias para el país[4].
Al documento inicial presentado en 2016[5], se le han hecho diversos cambios y llama la atención que no se conozca ningún documento oficial actualizado con las reformas que se discuten puertas adentro en el Congreso. Los cambios efectuados a la propuesta han sido motivados por fuertes críticas por parte de especialistas[6], de sociedad civil, e incluso, de algunos representantes en el Congreso en temas puntuales como «pluralismo jurídico»[7] y principios-garantías de la administración de justicia[8] .
Las expectativas con las reformas han nublado la debida comprensión de que las mismas no cumplen su propósito aisladamente, dado que se requieren de cambios culturales significativos[9] e incluso, de cambios en las instituciones para que respondan efectivamente a las expectativas que se tengan. Al no tomarse en cuenta las debidas precauciones y cautelas en toda reforma constitucional[10], la propuesta tal y como está formulada presenta aspectos positivos pero también negativos. Dichos aspectos negativos superan la discusión centrada por meses en el llamado «pluralismo jurídico», tema sobre el cual no vamos a pronunciarnos en este escrito[11]. De hecho, discutiremos otro punto crucial en estas reformas en la llamada “carrera judicial”.
Conforme al artículo 205 de la propuesta de reforma constitucional se prevé la “carrera judicial”, con requisitos insignificantes para ser jueces, como se evidencia de la lectura del artículo 207 de la misma. La carrera se resiente cuando se analiza que la estabilidad es relativa, dado que el ingreso, nombramiento y ascenso con base en concursos públicos por oposición, así como los traslados, régimen disciplinario, formación profesional, evaluación del desempeño, causas y mecanismos de suspensión, retiro y separación del cargo (artículo 208 de la propuesta de reforma) queda atado a un régimen disciplinario férreo que pasará por una «evaluación de desempeño profesional» ejercido por el llamado «Consejo de Administración Judicial» (artículo 209 de la propuesta de reforma).
Este régimen disciplinario traslada indebidamente el régimen organizativo de las administraciones públicas al ámbito judicial, lo cual hará ilusa la estabilidad otorgada por el concurso público, pues los jueces estarán sometidos a un régimen disciplinario contrario al ideal de Estado de Derecho. La contradicción está en que se desea un "juez-funcionario" designado por los poderes políticos con el objeto de cumplir un «"servicio público".
En un país con poca separación de poderes y adicional a ello se establece el «litigio malicioso y el abuso de derecho» los cuales serán sancionados conforme a la ley, no cabe duda de que se crean incentivos perversos para que al cabo del tiempo, el organismo judicial afecte el libre ejercicio de la profesión de abogado y termine convirtiéndose el Consejo de Administración Judicial en un instrumento para la depuración judicial de aquellos jueces que el poder político considere molestos.
Todo el esquema previsto en la propuesta de reforma ya estaba previsto en el Decreto Número 32-2016, Ley de la Carrera Judicial, que fue impugnada ante la Corte de Constitucionalidad. En realidad no prevé sustancialmente nada nuevo. Por tanto, la pregunta que surge frente a todo esto, es si en esta discusión sobre una reforma constitucional a la justicia, han sido escuchados los jueces en todos sus ámbitos con el objetivo de afectar de manera irremediable a la cenicienta del poder judicial.
Si la Decreto Número 32-2016, Ley de la Carrera Judicial fue impugnada pues se alegaban incompatibilidades con la Constitución, la cuestión está en debatir esos aspectos y no eludir esa discusión tratando de llevar esos aspectos discutidos ahora al ámbito constitucional. En efecto, si la reforma es para la justicia, lo que debe prioritariamente hacer es escucharse a los actores principales que son los jueces, evitándose así reformas desconocedoras de las dinámicas judiciales.
Mientras esta discusión no se materialice será difícil que la reforma prospere y que sea exitosa al es aprobada, si es que el objetivo es lograr una independencia e imparcialidad judicial real, como paso urgente para la modernización de Guatemala. La discusión por tanto no debe ser constitucionalizar la Ley de Carrera Judicial[12].
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Una cultura criminal muy arraigada, la debilidad crónica de sus instituciones y la indiferencia política de las élites tienen a este país en un callejón sin salida.
El título de esta columna presenta una forma demasiado simplista de explicar lo que sucede en el Istmo centroamericano. Sin embargo, sí se puede hablar de un fortalecimiento de movimientos de extrema izquierda en cada país y de un aumento en actividad, poder e influencia de grupos criminales en la región.
A pesar de los esfuerzos que hacen en Guatemala la CICIG (Comisión contra la impunidad financiada por Naciones Unidas) y la valiente Fiscal General por combatir el monstruo criminal que tiene secuestrado al Estado guatemalteco, no logran avanzar lo suficiente para pensar que, al menos en el mediano plazo, la guerra contra el crimen organizado se pueda ganar. Una cultura criminal muy arraigada, la debilidad crónica de sus instituciones y la indiferencia política de las élites tienen a este país en un callejón sin salida.
El sector privado es el responsable visible de todos los males ante los ojos de la izquierda y una parte importante de la comunidad internacional. Esta visión es alimentada y promovida por los grupos criminales que participan de la economía ilegal. Así, ha ido creciendo la tesis de que el problema de Guatemala es la empresa privada pues paga malos salarios y no paga impuestos. No invierte y tiene monopolizada la economía. La fortuna de los grandes viene de privilegios y negocios con los gobiernos de turno y otros prejuicios y descalificaciones similares. En realidad, quienes sostienen esta visión están envenenados de ideología, son ingenuos o ignorantes, son burócratas que jamás han generado una plaza de trabajo, tienen mala fe, envidia o una combinación de las gracias anteriores.
Por supuesto que hay fortunas que son origen de la corrupción y la vergüenza. Por supuesto que hay empresarios que evaden, explotan y abusan. En el sector económico pasa lo mismo que en cualquier otro sector. Hay oportunistas y delincuentes.
Esta dinámica mantiene altos niveles de polarización y confrontación en Guatemala, y por eso, el país está paralizado.
El Salvador sufre un severo retroceso político y económico que está afectando a todos sus ciudadanos. Más que parada, la economía está en un franco deterioro. Esto es a causa de que la política está perdida en la farsa del laberinto ideológico en el cual todos los cruces son hacia la izquierda.
Hoy en día, y después de la caída del muro de Berlín, Cuba y Venezuela, sabemos que lo que buscan los populistas es perpetuarse en el poder, aprovecharse de él, vivir de él y hacer del país su botín.
Honduras tiene problemas similares a los de Guatemala, incluida la amenaza populista. De izquierda o de derecha.
En el caso de Nicaragua, ¿cómo es posible que después de más de 80 años siga siendo la finca de una familia? Lo único que ha cambiado es el apellido. Por favor…
En general, en la región, la incompetencia política y el nivel de corrupción no son muy distintos, con la diferencia de que en Costa Rica y Panamá es una infección y en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua es cáncer. Y lo que sucede es que queremos tratar estos males con aspirina. Razón evidente por la que las cosas no cambian, sobre todo, en los últimos 4.
Centroamérica necesita, antes que nada, consolidar su democracia y las instituciones que le dan vida. Necesita fortalecer sus Sistemas de Justicia y el Estado de Derecho. Y en simultaneo y de alguna manera, Centroamérica necesita embarcarse en un crecimiento económico dinámico y vigoroso, libre y consistente. Solo así logrará librarse de los grupos de izquierda que le quieren regresar a la época de las cavernas y de los grupos criminales que han encontrado en ella tierra fértil para hacerla una de las regiones más violentas y atrasadas del planeta.
Solo las élites, en especial la intelectual y la económica, pueden planificar, organizar y ejecutar un proyecto de esta dimensión. Pero no se enteran.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Este es un momento en el que esta nación necesitaría y apreciaría líderes contundentes y capaces de aclarar y orientar el camino.
Después de la caída del muro de Berlín y la implosión del Imperio Soviético, las ideologías totalitarias buscaron refugio en la discusión del medio ambiente, la desigualdad económica, el sindicalismo politizado y oportunista, la religión –aunque esta viene contaminada desde hace un milenio– o aberraciones como el Socialismo del Siglo XXI.
Por supuesto que estamos soportando las consecuencias del calentamiento global, agravado en una medida indefinida por la forma brutal en que los humanos contaminamos y calentamos el medio ambiente. Y aunque la desigualdad será siempre una realidad en las sociedades libres, también sufrimos la conflictividad política y social derivada de la falta de crecimiento económico, la ausencia de oportunidades, élites indiferentes y un número cada vez mayor de políticos deshonestos e incapaces. Estos son algunos de los problemas que no queremos resolver.
Por unas y por otras, Centro América ha ido quedando atrapada en Estados cada día más disfuncionales y con élites cada día más incapaces de articular, proponer y liderar esfuerzos que den rumbo, sentido y resultados positivos a los desafíos de nuestro tiempo.
El primer desafío es la corrupción; palabra desgastada y aburrida, pero que en la práctica tiene capturados a varios Estados de la región, a extremos que, analistas y tanques de pensamiento serios les llaman Narco Estados o Estados criminales. Este fenómeno tiene como una de sus causas la manipulación ideológica, de derecha o de izquierda, y la pérdida total de valores en la política y en el ejercicio del poder.
El segundo desafío es la inexistencia de partidos políticos institucionales y de largo plazo, con cuadros idóneos para ganar elecciones y gobernar con honradez, capacidad y resultados, de forma continua, alternándose en el poder y respetando la democracia y el Estado de Derecho.
Lo habitual es ver a corruptos “de derecha” que hacen lo posible por robarse la mayor parte del presupuesto nacional y hacer todos los negocios turbios posibles durante los cuatro años que ostentan el poder. Esto, cuando no se caen antes del mareo que les provoca el verse frente a tanto dinero y sentir que no les alcanzará el tiempo para robar.
Y los corruptos “de izquierda” que llegan al poder por la vía electoral pero su objetivo es robarse el país entero y para siempre.
Como reflexión, hay que preguntarse si existe tal cosa como corruptos de derecha y de izquierda, o son simples criminales que se aprovechan de pueblos incautos y élites acomodadas que se enteran hasta que ya perdieron su país.
Guatemala pasa por una grave crisis política en la que, desde el mismo Estado, se intenta dañar la democracia y violentar el Estado de Derecho. Los tres poderes del Estado tienen un alto grado de contaminación, pero son los poderes Ejecutivo y Legislativo desde donde se persigue la captura de las instituciones y la consolidación de Guatemala como un Estado criminal.
La sociedad guatemalteca está enfrentada e incomunicada. Este es un momento en el que esta nación necesitaría y apreciaría líderes contundentes y capaces de aclarar y orientar el camino.
CACIF, entidad de la cúpula empresarial de Guatemala, está dividida, sin propuesta y sin discurso. Sus posiciones públicas ante la crisis son débiles y ambiguas. Y esto le provoca una mala imagen dentro y fuera del país. Lo mismo sucede con las otras élites, y por eso, la palabra que resulta común denominador en la sociedad guatemalteca es: parálisis.
Dentro de 19 meses se tendrá elecciones para presidente, alcaldes y congreso. La oferta política es pobre y las condiciones están dadas para que, en esa próxima elección, en vez de que gane un grupo improvisado y corrupto “de derecha”, esta vez lo logre uno “de izquierda”.
¿Será Guatemala la próxima víctima de su propia indiferencia y falta de liderazgo?
Una catástrofe, lo malo, lo bueno y un llamado a la conciencia. Es momento de solidarizarnos con el país a largo plazo.
Otro acontecimiento dramático inundó nuestras noticias. Otra tragedia que lloramos los guatemaltecos y que nos recuerda lo frágil que somos como humanos y como sociedad. La erupción del Volcán de Fuego es un llamado a la conciencia colectiva.
Por un lado, tenemos a las millones de víctimas que están sufriendo las consecuencias de la mala prevención por parte del Gobierno. Según varios medios, el INSIVUMEH realizó los informes correspondientes solicitando la evacuación de las comunidades más vulnerables de desatarse alguna catástrofe. Pero CONRED actuó hasta que fue demasiado tarde y el material piroclástico cobró las vidas de residentes de las Aldeas El Rodeo y la Colonia San Miguel los Lotes.
Luego, tuvimos una conferencia de prensa donde el Presidente en vez de darnos consuelo como población, nos dijo que no contaba con los suficientes fondos para sobrellevar la crisis. Su deber en estos momentos era demostrarnos, que si bien no ha podido ser un buen líder para el país, es una persona interesada en la vida de los guatemaltecos. Debió fomentar la calma y comprometerse a conseguir la ayuda necesaria. Lo mismo pasó con nuestros diputados, cuando días después, el Congreso nos demostró su indiferencia, utilizando la crisis como una cortina de humo, para poder favorecer el transfuguismo.
El otro lado de la historia son los héroes sin capa que no han descansado desde el 3 de junio. Los bomberos que dieron su vida salvando a los sobrevivientes en los escombros. Los soldados del ejército que se sumaron al rescate. Los médicos que atendieron las emergencias. Los medios de comunicación que pusieron en riesgo su vida para contarnos qué es lo que estaba sucediendo. Los miembros de Naciones Unidas que llegaron a la zona cero para asegurar una buena respuesta al desastre. Los líderes comunitarios que organizaron a las personas para habilitar los albergues. Los empresarios que donaron dinero o productos para llenar los centros de acopio. Los guatemaltecos que pusieron su vehículo para transportar los víveres recolectados de sus amigos o familia. Los extranjeros que sintieron el dolor como si fueran de Guatemala. La lista puede seguir.
El guatemalteco se caracteriza por ser demasiado solidario en este tipo de situaciones y estas últimas semanas, lo demostró. Todo esto es un ejemplo de cómo, bien enfocados, el esfuerzo en conjunto puede traer abundancia en cualquier situación. ¿Podríamos replicar esto mismo con la política y el resto de problemáticas sociales que olvidamos día a día? Este tipo de tragedias se pueden prevenir con un buen plan territorial, con buenas políticas de prevención y con políticos consientes que fomenten una tecnocracia capaz en puestos de alta jerarquía, en vez de continuar con el sistema clientelar al que estamos acostumbrados.
Es momento de solidarizarnos con el país a largo plazo. A un año de las elecciones, comencemos a sumar también propuestas políticas que busquen trascender intereses personales. La vida de estas personas nos recuerda lo mucho que Guatemala necesita de institucionales sólidas, que sean lideradas por personas capaces. Hace unos años fue el Cambray, hoy fue el Volcán de Fuego ¿qué más estamos esperando? Si las vidas perdidas de los guatemaltecos no nos hace despertar, el sistema político que tenemos continuará acabando con nosotros.
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación.
Varios partidos políticos, incluido el partido oficial, se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento electoral ilícito.
Sin duda los mecanismos de financiación de los partidos políticos son cruciales para fortalecer nuestra democracia en construcción. Velar porque la financiación de las campañas políticas sea lo más transparente posible es uno de los objetivos que se plantean en esta coyuntura.
Varios partidos políticos, incluido el partido oficial, se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento electoral ilícito. La semana pasada también se inició un proceso contra personas acusadas de aportar fondos de forma irregular.
En medio de esta coyuntura queda una resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha doce de febrero de 2018 donde se insta al Congreso de la República a reformar el artículo 407 “N” del Código Penal que contiene el delito de financiamiento electora ilícito.
La resolución de la Corte es consecuencia de una impugnación que se planteara al segundo párrafo del mencionado artículo. Y es que resulta problemático que en este tipo penal se castigan dos conductas que guardan algunas diferencias importantes. El primer párrafo sanciona a quien aporte, reciba o autorice recibir fondos destinados a la financiación de campañas de partidos políticos o de candidatos, cuando estos fondos provienen de actividades ilícitas. El segundo párrafo sanciona las contribuciones anónimas o no registradas de acuerdo con la ley pero cuyo origen es lícito.
De este modo, la ley establece la misma pena (prisión inconmutable de cuatro a doce años) en ambos casos. Pero carece de toda lógica y sentido de justicia imponer castigos de la misma proporción a quienes aporten o reciban dinero de origen ilícito y quienes resulten responsables por los aportes recibidos de forma anónima pero cuyo origen sea lícito.
En el primer caso, la ley intenta proteger la integridad y la licitud de la financiación de las campañas electorales. Por ello la norma penal castiga una conducta que se asemeja al lavado de dinero con fines electorales. Pero en el segundo caso (financiación anónima), lo que se busca proteger es la transparencia del proceso electoral.
En ese orden de ideas, la Corte, citando a Muñoz Conde y García Arán, en el expediente 2951-2017, expresó: “(…) en los diferentes supuestos que contempla la norma se puede observar que existen un rango de conductas con distinto grado de valor subjetivo y objetivo, lo cual puede dar lugar a que se aplique el mismo marco penal y, en definitiva, se imponga un trato idéntico a dos situaciones diferentes, lo que adquiere trascendencia en cuanto al principio de proporcionalidad de las penas, según el cual, estas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que estos no puedan ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito”.
La resolución concluye en que el Congreso debe reformar el artículo 407 “N” del Código Penal a efecto de establecer penas razonables y proporcionales para ambas conductas cuya gravedad es distinta. A su vez, deben diferenciar las multas y sanciones administrativas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos por incumplir las normas de financiación y las acciones que constituyen delito.
El Congreso ya ha iniciado la discusión de la reforma en cuestión. Circulan algunas versiones preliminares pero aun se desconoce con precisión el texto que tendrá el consenso para su aprobación. Es muy importante que la reforma sea técnica y no sea una oportunidad para que los congresistas aprovechen a garantizar impunidad a sus colegas sobre quienes ya existen acusaciones por la comisión de este delito.
En resumidas cuentas, el Congreso debe determinar con precisión cuándo se comete el delito de financiación electoral anónima y definir una pena razonable y proporcional distinta a la impuesta en la conducta de financiación de campañas con fondos de origen ilícito. El asunto reviste especial importancia ya que se ha abierto una causa penal por financiación electoral anónima. Ojalá exista la madurez necesaria para que el tema se pueda solventar de manera razonable.
