La exigencia de un referéndum constitucional ha sido considerada por la oposición del Gobierno venezolano, como un medio que posibilitaría aliviar la grave crisis existente e incluso revertirla.

El jueves 1 de septiembre de 2016 la oposición política al gobierno de Venezuela recorrió las calles de Caracas en una contundente protesta a las actuaciones del gobierno y demás instituciones del Estado. La grave situación política[1], social[2], económica[3] e institucional[4] que padece el país en todos los ámbitos, motivó a que sectores políticos objetaran sobre la persecución política, la carencia de los bienes y servicios, la falta de comida y medicina, la inseguridad, la ausencia de separación de poderes y el irrespeto a los derechos humanos.

La protesta pacífica fue bautizada como “TOMA DE CARACAS”; participaron más de medio millón de personas según estimaciones. Políticamente, la protesta tuvo por finalidad la exigencia de una convocatoria inmediata al referéndum revocatorio basándose en la previsión constitucional (art. 72) que permite revocar al Presidente de la República luego de transcurrido la mitad de su período constitucional[5]. No es una exigencia que se traduce en un golpe de estado, sino en una revocatoria de mandato prevista constitucionalmente, en una de las novedades del texto de 1999.

El referéndum solo podrá materializarse si se agilizan los procesos constitucionales y si no se obstaculizan los mismos. La “TOMA DE CARACAS”, devino en un rechazo manifiesto y multitudinario a toda la estructura del Estado cuyas actuaciones se alejan cada vez más de los principios y valores constitucionales; al punto incluso de boicotear el cumplimiento de la Constitución, haciendo más difícil el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. La exigencia de un referéndum constitucional ha sido considerada por la oposición política como un medio que posibilitaría aliviar la grave crisis existente e incluso revertirla, pues permitiría un cambio en la dirección de los asuntos de gobierno.

Fuente: Theworld Today

Sin embargo, la negativa a la realización del referéndum revocatorio por parte del gobierno de Maduro[6] ha sido manifiesta, lo cual ha agudizado la crisis, pese a que han sido los actores y protagonistas del mismo gobierno los que más han defendido una supuesta democracia «participativa» y «protagónica».

La ruptura con las normas constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, el retiro de Venezuela del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el incumplimiento de las previsiones de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros textos, ha aislado al país de los principios y estándares internacionales en materia de democracia, de Estado de Derecho, y de derechos humanos, los cuales están previstos también en el ordenamiento jurídico nacional. De hecho, recientemente se ha discutido su condición de miembro en el Mercado Común del Sur (Mercosur), dado su constante incumplimiento al «Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso Democrático»[7].

El incumplimiento de los tratados, pactos o protocolos internacionales obligó recientemente a que la Organización de Estados Americanos (OEA) por medio de su Secretario General, sometiera al conocimiento de todos los estados miembros, conforme al artículo 20 de la Carta, «una apreciación colectiva de la situación en Venezuela» y eventualmente la posibilidad de que el Consejo Permanente de la OEA adoptara las decisiones que estimara convenientes. El informe en cuestión[8] presentado en junio de 2016, planteaba cómo en el país suramericano está en presencia de una situación atípica, evidenciada en el esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para desconocer e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Esto a través de "intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la complicidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia"[9].

La ruptura con los principios de la Carta Democrática Interamericana denunciada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos e incluso reiteradamente por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA)[10], constituida por 36 ex Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, volvía a plantear un viejo problema bastante ignorado en la Declaración de Quebec de 2001: «Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas». Con ello, lo que se quería plantear es el hecho de que las violaciones a la Constitución y al orden democrático no son las mismas que en el pasado; aspecto que obliga a no olvidar que muchos actos del pasado son «heridas que todavía están abiertas, y que poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia, y no repetición»[11]. Por ello, cada vez adquiere más importancia en la región, el énfasis de que el único camino para impedir errores del pasado es elevar la conciencia y responsabilidad internacional sobre lo que «debemos hacer como miembros de las comunidades políticas».

De hecho, es menester recordar que la fragilidad institucional en América Latina y su subdesarrollo hacen que subsistan problemas políticos, sociales y económicos «que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos»[12], por lo que si bien hoy es Venezuela, mañana podrá ser el resto de la región, si el precedente de violaciones constantes al orden constitucional quedan impunes con la complacencia internacional. Por ello, el Secretario General de la OEA, planteaba citando a Desmond Tutu que «si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».

Referencias:

[1]http://www.rtve.es/noticias/20160531/claves-crisis-politica-venezuela/13...

[2] http://observatoriodeviolencia.org.ve/chavismo-desangra-a-venezuela-impu...

[3] http://economia.elpais.com/economia/2016/04/27/actualidad/1461768650_309...

[4] http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf

[5] Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocatoria, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

[6] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36509595

[7] http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/CompilationDemocracy/Pages/MERC...

[8] http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf

[9] http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-01...

[10] Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Documentos para el diálogo en Venezuela, Fundación Editorial Jurídica Venezolana Internacional, Caracas-New York, 2016.

[11] http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-01...

[12] http://www.oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm

Los análisis técnicos se los dejo a los técnicos, esto es un desahogo ciudadano sobre la reforma fiscal.

Ya sea porque los quieren subir, se los roban o no los pagan como debieran, pareciera que todo el tiempo estamos hablando de impuestos. Sin duda, el tema provoca reacciones diversas, algunos los alaban, otros los repudian, pero al final, y usando palabras del profesor Richard Murphy (director de Tax Research en el Reino Unido[1]), los impuestos no son más que una herramienta económica. No debemos sacar de proporción su importancia.

Según el profesor Murphy, al hablar de impuestos, como hacemos al referirnos a cualquier otra herramienta, debemos preguntarnos: ¿está siendo utilizada para hacer el trabajo correcto, en la forma y en el momento correcto? La respuesta a esta pregunta debiera ser el centro de la discusión. Si la respuesta es un rotundo no, ¿Acaso no tenemos derecho los ciudadanos de oponernos a un aumento de impuestos?

El problema es que la discusión sobre los impuestos pareciera ser siempre unilateral. El ciudadano que responsablemente paga sus impuestos, está bajo constante asedio con argumentos como: no se paga lo suficiente, usted es poco solidario y por su culpa (clase media privilegiada) existe la pobreza en este país. Pero casi nunca se habla del tipo de país que se está construyendo con los impuestos de ese ciudadano. Las propuestas son usualmente reformas tributarias a medias. Casi nunca están diseñadas para facilitar el pago de los impuestos y tampoco incluyen planteamientos concretos para combatir la evasión fiscal, mejorar la calidad del gasto y el destino de los fondos.

Y es que si la discusión del por qué pagar impuestos es moral, la discusión de por qué no pagar más impuestos también lo es. Su implementación tendrá irremediablemente un efecto sobre la calidad de vida de las personas que los pagan. ¿Es correcto pedirle a la gente que deposite más dinero si no podemos asegurar que efectivamente servirá para reducir las abrumadoras brechas sociales? ¿Se piensa en algún momento cómo impactará la reforma la economía de las personas de a pie, su capacidad de ahorro y por lo tanto sus planes a futuro? ¿Es correcto hacer una reforma tributaria y afectar a muchas personas para mejorar la capacidad de endeudamiento del país?

La actitud casi predatoria de quiénes recetan más impuestos es bastante intransigente. Están todo el tiempo buscando esquinas para recortar los ingresos de los ciudadanos y pareciera que nunca piensan en cómo hacer crecer el número de contribuyentes o de empresas que pagan impuestos. Hablemos seriamente de buscar una política económica integral. Dejemos de engañarnos, no vamos a tener el desarrollo y la política social de los países nórdicos con el crecimiento económico de Guatemala.

Hemos estado dando la respuesta equivocada a la pregunta correcta: ¿Cómo alcanzamos el desarrollo? La respuesta no puede ser simplemente: busquemos más y mejores formas de cobrarles impuestos a los de siempre. En algún momento tenemos que pensar en el crecimiento económico, preocuparnos por generar suficiente empleo formal y robustecer a la clase media, no debilitarla más. Seguir postergando esta tarea solo generará más pobreza. Podríamos llegar a tener una carga fiscal del 12, 15 o 20% del PIB y seguir sin tener una idea clara de cómo invertir bien ese dinero. Aumentar la carga fiscal, solo por cumplir con un estándar internacional, no puede ser un objetivo.

Que quede claro que no me opongo a una política social fuerte y a la necesidad de contar con instituciones públicas bien financiadas, especialmente en un país como Guatemala. Pero quiero algún tipo de certeza respecto al destino del dinero, y que alguien me diga qué estamos haciendo como país para mejorar sustancialmente el crecimiento económico mediocre que tenemos desde hace más de 30 años. Quiero alguna dirección, algún mensaje de buena fe. No espero grandes cambios de este gobierno, soy realista, lo que espero son buenos mensajes.

Cierro con una reflexión para nuestros diputados: grupos organizados de izquierdas y derechas se han expresado en contra del actual paquetazo tributario, muchos ciudadanos también nos estamos expresando en contra. Si los diputados lo aprueban sin chistar y no se comienza una discusión seria que permita generar una propuesta más integral ¿A quién representan realmente los diputados?

Referencias:

[1] Murphy, R. The morality of taxation, or David Cameron got this one wrong.

Cuando el poder ha despojado al ciudadano de sus libertades, ha pisoteado su dignidad y le ha forzado a llegar a extremos infrahumanos por la carencia de todo, los ciudadanos se levantan.

Es posible que cuando salgan estas letras a la luz pública, Nicolás Maduro ya no sea el dictador de Venezuela. Podría haber renunciado y huido al exilio a Cuba, Irán o Corea del Norte. Es también posible que le hayan dado un golpe de Estado y que le pongan en la cárcel para luego ser juzgado por los crímenes que ha cometido. O incluso, es posible que se dé un levantamiento popular, una revolución o incluso una guerra civil, en la que Maduro pierde o pierde.

No estoy pronosticando, auspiciando, anunciando, ni siendo ave de “buen o mal agüero". Simplemente estoy siendo consecuente con la historia. Así es, a través de la historia de la humanidad, cuando el poder político y militar ha despojado al ciudadano de sus libertades, ha pisoteado su dignidad y le ha forzado a llegar a extremos infrahumanos por la carencia de todo, los ciudadanos se levantan, el poder militar se divide y el poder del pueblo se hace sentir.

Cuando se han violentado todos los derechos naturales y legales del ciudadano se cumple aquel refrán que dice que “no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante”. Una y otra vez, las naciones se han sublevado, han reivindicado su dignidad y rescatado su libertad. Es cuestión de tiempo; y a Venezuela le llegó.

“-Solo el pueblo salva al pueblo- y esto, en la Venezuela de hoy, es mas verdad que nunca.”

Hoy en el mundo hay más naciones libres y democráticas que nunca en la historia. Y la tendencia es esa. Quedan algunos pueblos que viven bajo la bota de la tiranía, el crimen y la locura. Pero cada día esto es más absurdo e insostenible. Y después de 17 años del secuestro de la democracia en Venezuela, esto es evidente.

La historia reciente de Venezuela tendrá varios capítulos que serán la vergüenza del mundo occidental y una ofensa a los verdaderos valores democráticos. Se puede entender que un pueblo se equivoque, incluso varias veces; especialmente, cuando en una nación con altos niveles de pobreza, corrupción e incompetencia, como era la Venezuela antes del “chavismo”, aparece un gritón populista, de estos que mienten y ofrecen lo que saben que no cumplirán, y engañan al pueblo para llegar al poder.

Una vez en el poder, asfixian y capturan las instituciones y convierten al pueblo en prisionero, lo ponen de rodillas, lo humillan, lo reprimen y lo llevan a extremos como los que hoy vive Venezuela.

Lo que no se puede entender es la hipocresía, el silencio y la cobardía de las naciones del mundo occidental o la complicidad de organizaciones como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que hasta ahora, tímidamente, empieza a reaccionar; y así, tantas otras que han dejado solo y a la deriva al pueblo venezolano. En un mundo ideal, debiéramos estar viendo un levantamiento internacional de naciones protestando por la profunda y grave crisis a la que Maduro ha llevado a Venezuela (el país rico más pobre del mundo), exigiendo una salida pacífica y democrática.

Los pronósticos hoy indican que el costo en vidas y derramamiento de sangre podría ser muy alto si se deja solo al pueblo venezolano. Un pueblo que, a pesar de la soledad, triunfará y rescatará su democracia y su libertad. Pero las vidas perdidas y la sangre derramada pesarán sobre las naciones que callaron.

Es cierto que en el mundo hay voces que se escuchan para protestar contra Maduro y su organización criminal pero son aisladas y escasas. La evidencia y la historia no perdonarán el silencio y la complicidad. Estamos a tiempo de que se escuche la voz de todos los que queremos libertad y democracia para Venezuela. Es posible que cuando salgan estas letras a la luz pública, no se haya dado el gran cambio en Venezuela, pero de que está cerca, no tengo duda alguna.

La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento.

Con los casos de corrupción que están dirimiéndose en los tribunales, hay muchas discusiones en el ambiente sobre algunos derechos fundamentales, principalmente la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Discutir sobre la importancia o pertinencia de estos derechos es una perogrullada en una sociedad occidental, como la guatemalteca, en donde la mayoría de las personas acepta y vive bajo ciertos valores considerados universales. Sin embargo, al parecer existen algunas confusiones sobre cuáles son los límites que tienen estos derechos porque, guste o no, ningún derecho es absoluto.

El tema de los límites a la libertad de expresión ha sido esgrimido por algunos de los acusados y sus allegados, como una forma de intentar que la prensa reduzca su cobertura de los detalles y nombres que salen a luz en las audiencias públicas y las conferencias de prensa del Ministerio Público por los casos de corrupción que están saliendo a luz desde el 2015. Si en algo tienen razón los acusados, es que la libertad de expresión tiene límites y estos límites están establecidos en la Constitución Política de la República, en la Ley de Emisión del Pensamiento (Decreto número 9), en el Código Penal y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El elemento más importante que comparte la legislación sobre el tema, es que el ejercicio del derecho a la expresión no puede estar sujeto a censuras previas sino a responsabilidades ulteriores. En el caso de Guatemala, cualquier persona que, haciendo uso de su derecho a expresarse, falte el respeto a la vida privada o a la moral, será sancionada de acuerdo a lo expresado en la ley y los agraviados tendrán el derecho a publicaciones de sus defensas o rectificaciones.

Dicho esto, debemos tener cuidado al momento de pedirle a la prensa que se censure o, peor aún, sugerir la creación de instituciones de control y monitoreo de medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento, afrontando de forma responsable las consecuencias. Países como Guatemala pecan de exceso de legislación respecto a la libertad de expresión; además, es y ha sido peligroso ejercer el periodismo en el país, por lo que no es conveniente limitarla aún más.

En países como Estados Unidos el funcionario está totalmente expuesto a la crítica, tanto en lo privado como en lo público. Es la idea abstracta de mercado la que rige el actuar de los medios, a través del principio que afirma que el público preferirá aquellos medios que le proporcionan información más certera y descartará los que mienten o son inexactos. Un sistema que está lejos de ser perfecto pero que pareciera funcionar relativamente bien en el país del norte.

La legislación guatemalteca procura la construcción de un periodismo responsable y profesional estableciendo la idea de que existen consecuencias detrás de todo lo que se dice. Con esto, las fuentes de financiamiento o las características de los propietarios de los medios deberían ser irrelevantes, pues existe un acuerdo social asentado en la responsabilidad de las acciones. Para hacerlo, es necesario un sistema de justicia que pueda resolver de forma expedita y transparente los casos que conozca y esto, inevitablemente nos recuerda la importancia de fortalecer a todos los elementos de la cadena de justicia.

La libertad de expresión es pieza clave del sistema democrático y un valor fundamental de la vida en sociedad. Que la conveniencia del momento no se lleve nuestro deseo de defender siempre y a toda costa los derechos humanos más elementales.

El éxito de América Latina pasa por la reivindicación del ser humano y la redención de la política. Debemos rescatar el presente y asegurar el futuro.

Através de la historia de la humanidad, dos elementos lograron desarrollar naciones exitosas. El primero es un código individual de valores, que al ser compartido por un número suficiente de ciudadanos tiene un efecto multiplicador que hace la diferencia. El segundo elemento es la forma en que se gobiernan. La política, quienes participan en ella y los valores con que la ejercen, define la clase de sociedad que construyen.

El discurso que escuchamos en América Latina sostiene que con crecimiento económico alcanzaremos el desarrollo; no es tan sencillo. El mundo de hoy sufre un peligroso proceso de desvalorización y el ser humano está exteriorizando una serie de síntomas que, al proyectarlos en el tiempo y al analizar sus tendencias, hace evidente que, si no cambiamos la forma y el fondo en muchas de las cosas que hacemos hoy, llegaremos a situaciones muy negativas para la raza humana.

Hay descontento y desencuentro con la política y la democracia. Algunos países crecen económicamente bien unos años pero no tienen el fundamento institucional, ni la cultura para navegar en las crisis. Por eso los bandazos y la inestabilidad.

En lo que respecta al ser humano, la depresión se está convirtiendo en la epidemia del Siglo XXI. Hoy se suicida una persona – de 20 que lo intentan – cada 40 segundos y se estima que en el en el 2020 habrá un suicidio cada 20 segundos. Esta es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. Los trastornos alimenticos y las enfermedades que estos provocan están desbordados, el consumo de drogas sigue aumentando. El estrés, crisis de identidad, inestabilidad laboral, ausencia de liderazgo y pérdida de respeto a la autoridad son fenómenos crecientes en las nuevas generaciones como lo es también el creciente descrédito a los valores e instituciones tradicionales. Y por si esto fuera poco, el sistema educativo del planeta está atrasado 10 años en el mundo desarrollado y 20 en el subdesarrollado. No formamos técnicos y profesionales para las demandas del mundo de hoy.

Esta realidad humana está provocando devastadores efectos en nuestras sociedades, a los cuales se suman otros problemas, como la incapacidad del mundo para generar suficientes oportunidades de trabajo a los jóvenes que llegan al mercado laboral cada año; o la reducción de las clases medias y medias altas que se están viendo afectadas y minimizadas por la situación económica del mundo.

Este complejo crucigrama está aumentando de forma desproporcionada la desigualdad y la conflictividad social. Y encima, los políticos y las elites económicas y académicas, no son parte de la solución. Los primeros son parte fundamental del problema, y los otros, con escasas excepciones, testigos pasivos y aislados, si no cómplices, de una realidad que se puede tornar explosiva en muchos países.

La corrupción de los políticos, la falta de una plataforma institucional de partidos políticos con cuadros técnicos y dirigentes honestos y capaces, la indiferencia de las élites y la poca participación ciudadana tienen a América Latina en riesgo de peligrosos retrocesos.

Nuestra región necesita menos partidos y más ciudadanos activos y comprometidos, exigentes con sus derechos e intolerantes con la corrupción y la incompetencia. Conscientes de que el buen gobierno y el éxito de las naciones pasan por los partidos políticos y que solo desde sus entrañas, se pueden construir los proyectos de Estado que América Latina necesita.

Para generar esta cultura, primero hay que reivindicar al ser humano. Abrir los espacios para que recupere la claridad y las herramientas que le devuelvan la fuerza innata y la confianza para rescatar su presente y asegurar su futuro.

El uso de una tarjeta de crédito no es sinónimo de deudas impagables y de acoso permanente por parte de sus emisores, pero la cultura financiera del país necesita una propuesta educativa para que justos no paguen por pecadores.

El 31 de marzo la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la Ley de Tarjetas de Crédito por demostrarse la inconstitucionalidad que contenía, según varias impugnaciones presentadas por entidades financieras y bancarias (principalmente a arts. 4, 11, 12, 41 –Decreto 7-2015). Esto supondría una regresión inmediata en cuanto a los servicios prestados a los usuarios, pero ya hace una semana que no han anunciado ningún cambio.

La ley desde sus inicios resultó controversial por artículos que afectaban directamente dinámicas bancarias como la tasa de intereses, el acceso a este tipo de crédito para los usuarios e incluso la emisión de reglamentos por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB). Incluso varios bancos del sistema enviaron comunicados a sus tarjehabientas explicando que el servicio sufriría alteraciones “mínimas” como cobros de membresía, seguros que en algunos casos traspasaban los Q150 mensuales y cambios en la fecha de corte y pago para demostrar su inconformidad con la ley. Por supuesto, esto no puso contento a los usuarios que utilizaban responsablemente su tarjeta de crédito y la popular ola de #CortaTuTarjeta se extendió en las redes sociales.

Los tijeretazos de hoy #cortaTuTarjeta: pic.twitter.com/7sxuGdPAqq

— Paola Hurtado (@hurtadopaola) 5 de marzo de 2016

El sacabocados estaba más a la mano que la tijera. #CortaTuTarjeta pic.twitter.com/1bl8MI37bo

— Diegotch (@Diegotch) 9 de marzo de 2016

#cortaTuTarjeta porque siguen haciendo cargos abusivos @An0nymousGT pic.twitter.com/mb19tpGXJB

— Beto (@betox_velmax) 15 de marzo de 2016

Sin embargo el problema de raíz que existe con el servicio de tarjetas de créditos, no es en realidad una ley, sino la falta de educación financiera con la que cuenta el guatemalteco promedio y la oportunidad que encontraron en esto los bancos del sistema. La misma ley en el artículo 38 explica que los emisores de tarjetas deberán implementar anualmente programas de educación financiera. Pero en cuanto a temas financieros ¿quién tiene la responsabilidad de formar a los usuarios? La SIB en el año 2012 presentó una iniciativa al Ministerio de Educación para incluir en el pensum de estudios algún tipo de formación sobre presupuestos y manejos de créditos, pero esta propuesta se ha visto truncada por dinámicas internas en el ministerio.

El uso de una tarjeta de crédito no es sinónimo de deudas impagables y de acoso permanente por parte de sus emisores. El buen uso de éstas incluso impacta de forma positiva en la vida de muchas familias guatemaltecas que acceden con esto a bienes y servicios; esto crea un record crediticio positivo, que luego puede ser utilizando para aplicar a créditos más grandes y de largo plazo. El problema entonces que hay con las tarjetas, es que algunos de sus usuarios no las manejan de forma adecuada, acumulando intereses y cayendo en deudas impagables.

Mecanismos de formación financiera son importantes en sociedades como la nuestra, pues creer que los padres de familia deberán instruir a sus hijos en temas de este tipo, es perpetuar un círculo vicioso de analfabetismo financiero. La SIB incluso tiene información al respecto colgada en su sitio, que imparte en algunos talleres(1), pero que no se propaga a nivel nacional por falta de recursos y de alianzas. Es algo grave creer que esto solamente tiene relación con profesionales especializados como contadores o economistas, cuando el uso del recurso alcanza la cifra de casi dos millones de plásticos en circulación(2). La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) confirmó que el consumo por medio de tarjetas de crédito estaba creciendo a un ritmo del 8% anual, lo cual desde marzo bajó un 15%, haciendo que justos pagaran por pecadores.

El Ministerio de Educación, en conjunto con la SIB, debería implementar algún tipo de programa, al menos en áreas urbanas para mejorar la cultura financiera y mejorar las dinámicas comerciales del país, pero hasta no tener recursos esta meta sigue en papel. Una revisión eficaz por parte de la CC a la ley contribuiría a mejorar la cultura financiera del país, pero hasta entonces las visacuotas siguen lejanas en el horizonte y la pregunta de si ¿es la obligación del emisor formar a los guatemaltecos en el manejo de las tarjetas de crédito? queda todavía sin respuesta.

1. http://www.sib.gob.gt/web/sib/educacion-financiera/Tarjeta-de-Credito

2. http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/898224-330/emisores-d...

Sus partidos políticos son cascarones electoreros y sus instituciones no funcionan. En muchas, la corrupción tomó el control y hace que las cosas “anden”, pero solo para unos pocos.

Desde la independencia, en los países de América Latina hemos vivido momentos de democracia, dictaduras, falsas democracias y esfuerzos importantes por avanzar en el proceso de desarrollo político y económico. Hemos tenido estadistas, hombres de Estado con visión, capacidad y honradez, que han alcanzado metas respetables en muchos países, y hemos visto una colección de forajidos y sátrapas que han dañado y retrocedido naciones, a veces, hasta la época de las cavernas, como vemos hoy a Venezuela, cayendo en extremos impensables. Y aunque en este caso será temporal, pues ese modelo es insostenible, el pueblo venezolano lo está pasando muy mal. Y el silencio y la hipocresía de la mayor parte de la comunidad internacional, además de vergonzoso, no ayuda.

Si vemos la historia de nuestro continente en el marco de los últimos cinco siglos, los avances y el desarrollo han sido extraordinarios. En especial, en las últimas cinco décadas tuvimos gran crecimiento económico, un aumento considerable en las clases medias y reducción de la pobreza. Un problema son los ciclos y las dinámicas en las que a veces caemos los pueblos, y el otro, es que los seres humanos vemos la vida y el mundo en función de nuestro tiempo útil de vida, y esto nos da un marco reducido y temporal. Insuficiente, la mayoría de veces, para alcanzar las expectativas que tenemos.

Argentina es un referente notable. Uno de los tres países más ricos del continente, con muy malas costumbres democráticas. Los 12 años de los Kirchner fueron un desastre, y veremos ahora si el presidente Macri, quien tiene las ideas, los valores y el compromiso, logra rescatar la cordura y la coherencia para devolver a Argentina al pedestal que merece. Las naciones de las que somos parte, en mayor o menor medida, están formadas por una pequeña capa de la sociedad que es rica y próspera, y en la mayoría de casos indiferente a los procesos políticos. Y por eso, sin darse cuenta, vive en peligro constante de incluso perder lo que ha logrado, aunque sea a base de trabajo y honradez. Y esto, sin profundizar en el daño que hace a las naciones esa nueva clase de ricos que han hecho y siguen haciendo fortunas a base de corrupción, negocios con el Estado y narcotráfico.

“Desarrollar naciones y consolidar democracias toma una generación de ciudadanos comprometidos. ”

Estas dinámicas han contaminado la política a niveles que han provocado la captura del Estado y la inoperancia política. Esto se refleja en la debilidad institucional de estas democracias que, aunque tengan elecciones libres, sus partidos políticos son cascarones electoreros y sus instituciones no funcionan. Es la corrupción la que toma control y hace que las cosas “anden” pero solo para unos, destruyendo, en forma lenta pero segura, los fundamentos y los valores que hacen posible una democracia, una república.

La inacción y la falta de voluntad para resolver los problemas crean las condiciones para que estos se agraven. Esta es una forma común de “solventar” problemas en muchos países. Las amenazas de retrocesos, populismos y graves caídas siguen presentes en unos países más que en otros; y estas amenazas crecen cuando se toma conciencia de que varios de nuestros países ocupan los primeros lugares del mundo en pobreza, violencia, corrupción e impunidad y los últimos en estado de derecho, crecimiento económico y solidez democrática. En este grupo están los tres países del norte de Centroamérica y Haití.

América Latina tiene un futuro prometedor, pero no vendrá solo y sin sacrificios, valores e ideas claras. La clave es que identifiquemos las malas costumbres que hemos adquirido y hagamos el esfuerzo necesario por devolver brillo y eficacia a nuestras instituciones, convencer a la juventud y a las élites de que deben participar en política, para rescatarla.

El reto que tenemos como país es construir un Estado que permita la convivencia pacífica y libre de todas las personas que habitan su territorio sin importar su adscripción religiosa (o la falta de).

En 2014 Pew Research publicó el estudio “Religión en América Latina” en el que revelaba que en el país el 91% de las personas decían ser católicos o evangélicos. Por otro lado Latinobarómetro publicó el estudio “Las religiones en tiempos del Papa Francisco” en donde concluían que en Guatemala el 87% de las personas decían ser católicos o evangélicos.

Ante esta realidad, el reto que tenemos como país es construir un Estado que permita la convivencia pacífica y libre de todas las personas que habitan su territorio sin importar su adscripción religiosa (o la falta de).

¿Pueden construirse instituciones de un Estado laico en una sociedad con fuertes valores religiosos?

La respuesta a esta interrogante es sí. Sin embargo al observar algunas críticas hechas a determinados funcionarios públicos pareciera que existe una confusión entre el concepto de Estado “no confesional” y Estado laicista.

Por un lado, el Estado “no confesional” o laico considera que la religión es una dimensión esencial en la vida de las personas pero la aparta de ser el motor de la vida en sociedad. Un verdadero Estado laico distingue entre la neutralidad de las políticas públicas y el derecho inherente que todos los ciudadanos tienen de vivir de acuerdo a sus creencias.

Por el contrario, un Estado laicista es aquel que según el investigador de la UNAM Jorge Adame, es en realidad un Estado despótico que pretender imponer al pueblo una visión agnóstica o a-religiosa de la vida y del mundo.

Y es que Estado laico sin libertad religiosa es una contradicción. La libertad religiosa es un derecho humano lo cual, según Fernando Savater, tiene mucho sentido pues la base de la tolerancia democrática fue religiosa antes que política.

Cuando un país ha logrado separar a sus instituciones públicas de la religión, podemos afirmar con tranquilidad que un Estado con instituciones seculares puede tener gobernantes y gobernados que sean creyentes y lo expresen públicamente.

El único requisito verdaderamente indispensable es que todos entiendan que para que pueda existir un Estado democrático en el que se respeten y acepten todas las formas de pensar es necesaria la libertad religiosa, es decir ninguna práctica religiosa puede ser impuesta o prohibida.

¿Es una afrenta contra el Estado laico que el Presidente salga un sábado a orar al Parque Central? El Presidente como cualquier otro ciudadano tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado como lo establece la Constitución.

Fuente: www.guatevision.com

¿Es una afrenta contra el Estado laico que ciertos diputados decreten la lectura obligatoria de la Biblia? La educación pública está abierta para todos y debe respetar los valores de una sociedad democrática. Ésta debiera limitarse a impartir conocimiento científico y formación en valores (no religiosos) socialmente aceptados.

Tanto las personas que critican al Presidente de la República por orar en público o asistir a un acto religioso como las que proponen leyes que pretende obligar al estudio de la Biblia en las escuelas caen en distintos tipos de fanatismo. Parafraseando nuevamente a Savater, para el fanático, la fe (o la falta de) no es un derecho sino un deber que quiere imponer en los demás y esto es contrario a los valores de un Estado democrático y laico.

Respetar la libertad religiosa de todos los ciudadanos es el primer peldaño en la construcción de un Estado verdaderamente democrático y laico. No se puede pretender imponer en los ciudadanos o en los funcionarios públicos una visión agnóstica del mundo sino más bien exigir que las políticas públicas que de ellos emanen sean democráticas e incluyentes y que la religión no sea utilizada como instrumento durante las campaña política.

Más allá de los problemas globales, si en nuestra región, queremos darle al 2016 sabor a progreso y victoria, América Latina tendrá que redoblar esfuerzos para consolidar sus democracias y promover que sus ciudadanos se empoderen para defender con más orgullo, fuerza y determinación sus libertades civiles y su derecho al progreso y el bienestar.

Hay 4 países de América Latina que terminaron el 2015 con circunstancias extraordinarias y tienen todos los ingredientes para tener un 2016 lleno de sobresaltos, desafíos y oportunidades. En el resto de la región se mantienen ciertas tendencias y escenarios en la política y la economía que prolongan el status quo.

Estados Unidos entra de lleno al año electoral, y dadas las características de algunos de sus candidatos y la situación del mundo, sin duda alguna, será un año para recordar.

Guatemala podría estar en el inicio de una nueva era si se mantiene el apoyo de Naciones Unidas con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG; si la Fiscal General sigue “a la carga” contra corruptos y bandidos, que son muchos; si los ciudadanos mantienen la vigilancia, la presión y la presencia en las calles cuando sea necesario; y, si, en especial, los guatemaltecos logran hacer realidad las reformas que su país necesita. Si los guatemaltecos son capaces de estas hazañas, podríamos ver en este importante país centroamericano la revolución política que quisiéramos para toda América Latina.

Venezuela fue la sorpresa de diciembre. La oposición a la dictadura chavista y probablemente más de tres millones de sus seguidores se cansaron de la mentira y la locura del “chavismo”, y decidieron votar masivamente contra el gobierno, dando mayoría opositora al Congreso para cambiar el modelo autoritario que tiene secuestrada la democracia venezolana.

Es evidente que la dictadura no esperaba semejante derrota, y el tirano y sus secuaces ya están manipulando, retorciendo y estirando la pita hasta que la romperán. La era del “chavismo” está en la etapa final pero habrá que ver el costo que tendrá terminar con esa pesadilla.

Brasil, el gigante del sur, hizo evidente la debilidad de su modelo político, la ausencia de Estado de Derecho y el daño que hacen la corrupción y el populismo. Si pasan el 2016 sin que pase nada, Brasil estaría entrando a un período de profundo deterioro político y económico. Brasil necesita rescatar su sistema político, vitalizar su sistema de justicia y arrancar la gran maquinaria económica que tiene, para ser, como le corresponde, una potencia económica mundial. Y para esto, hará falta gente “importante” en la cárcel, la participación de sus mejores técnicos y estadistas, y mucha participación ciudadana.

Argentina terminó bien el 2015. Haber liquidado la desquiciada y decadente presidencia de la dama es una buena noticia para el mundo. El presidente Macri tiene una oportunidad histórica pues los desvíos de los Kirchner casi destruyen Argentina; hoy, necesitada de reformas de fondo y liderazgo.

Estados Unidos, en año electoral, dará mucho de que hablar; en especial, porque el mundo pasa por un momento delicado. La economía no levanta. La amenaza terrorista aumenta. Hay tensiones entre países que deben ser aliados para enfrentar los arrebatos de Rusia, los excesos de China y los locuras de Corea del Norte. Pero en especial, el mundo civilizado debe unir esfuerzos para enfrentar al “estado islámico” y a otros grupos terroristas o incluso “países” de Medio Oriente, que buscan la destrucción de occidente.

Más allá de los problemas globales, si en nuestra región, queremos darle al 2016 sabor a progreso y victoria, América Latina tendrá que redoblar esfuerzos para consolidar sus democracias y promover que sus ciudadanos se empoderen para defender con más orgullo, fuerza y determinación sus libertades civiles y su derecho al progreso y el bienestar. Sus élites deberán despertar y dar valor agregado a sus economías, combatir la pobreza, formar bloques económicos más grandes y asumir los liderazgos que hace tiempo, América Latina, espera de ellas.

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Todos estamos conscientes que el Presupuesto Nacional está completamente desfinanciado. Bueno, todos menos la Magistrada Porras, a quien le importó muy poco el llamado a la austeridad del presidente Maldonado y lo que sufren nuestros hermanos guatemaltecos debido a las carencias en el sistema de salud pública. Porras decidió, en medio de la crisis que atravesamos, autorizar a todo el personal un bono de productividad denominado “bono revolucionario”, con lo cual erogó más de Q3.2 millones.

Además, este “gol” de la magistrada, sucede en un contexto en el que nuestro estimado presidente electo, decide tirar la toalla con el presupuesto y la Comisión de Finanzas. “El gobierno electo de Jimmy Morales se retira del análisis del presupuesto 2016“, declara su comunicado en el que confirman que los asesores designados por Morales no continuarán más en las discusiones del presupuesto con los diputados. ¡Qué servicio el que recibimos los guatemaltecos a cambio de nuestro dinero! ¿No es cierto?

Me parece que uno de mis súper héroes, Iván Velásquez, subestimó el nivel de traición que sentimos los guatemaltecos en cuanto a lo que se ha hecho con nuestro dinero, al sugerir un impuesto temporal. Y con muestras como la de Porras, no puede esperar que estemos emocionados de desembolsar un poco más y desearle buena suerte a nuestra inversión. No es que no confiemos en el MP, pero gente como la señora magistrada sigue siendo parte del sistema de justicia. Cabe entonces preguntarse, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina?

escena política se presta para impuesto específico para seguridad y justicia (contra la impunidad y anti-corrupción) hay q fortalecer Estado

— Carlos A. Mendoza A. (@camendoza72) 11 de noviembre de 2015

Por qué no creo que la idea de un impuesto específico para justicia sea buena: https://t.co/j9h1YmcxyM

— MarioE.Archila (@marioeagle) 11 de noviembre de 2015

Soy una fiel creyente en que un sistema de justicia que funciona, en el que quien la hace la paga, es la base para cualquier sociedad que anhela desarrollarse. No estoy en el más mínimo desacuerdo en que sea esa la priorización del gasto. Sin embargo, quienes en estos días estaban llamados a hacer efectiva esa priorización, han decidido que ahora los desprestigiados diputados del PP y Líder, quienes conforman la Comisión de Finanzas son de fiar, y les ha valido tres roscas y dos narices si actúan conforme a lo que desea el pueblo de Guatemala o no.

La discusión que se plantea no es discusión. El MP tiene una cobertura de apenas 33% en todo el país, y según el informe de ICEFI ocupamos el sexto lugar a nivel mundial en la tasa de homicidios, alcanzando hasta un 95% de impunidad en los crímenes. Asimismo, Guatemala destina tan solo 1.5 por ciento del PIB en las principales instancias de justicia. Al conocer estos datos, ¿estará alguien en desacuerdo con que existen graves deficiencias que necesitan ser solventadas con urgencia? No lo creo.

La clave es el orden en que se pretenden abordar los temas. Cuánto quisiera que la discusión se tratara PRIMERO sobre la priorización del gasto en el Presupuesto Nacional, y que quien liderara esa conversación fuera nada más y nada menos que el equipo de nuestro presidente electo asesorado –por qué no- por la CICIG e ICEFI quienes pueden aportar con datos y hechos como lo hicieron en su presentación el día de ayer.

Necesitamos explorar las alternativas viables para fortalecer nuestro sistema de justicia, aunque no nos gusten, a pesar de la inacción del presidente electo y las tranzas de las mafias internas. No podemos darnos el lujo que este esfuerzo de todo 2015 se debilite en las manos del miedo a revolver un poco las aguas.