La lucha contra la corrupción puso a la sociedad guatemalteca frente a un espejo, nos enseñó las debilidades del sistema político y puso a una parte de la estructura de corrupción del Estado contra las cuerdas.

El concepto del “efecto CICIG” nació en redes sociales y ha sido esgrimido en distintos espacios por detractores de la Comisión, en un intento desesperado por hacer una relación de causa y efecto entre el trabajo de la lucha contra la corrupción y la situación económica que atraviesa el país.

Por fortuna, tenemos datos y argumentos más sólidos sobre el tema que nos ayudan a comprender la situación económica del país, no voy a profundizar en el tema económico pues prefiero ponerlo en manos de los economistas, dejo aquí un artículo con información sobre el tema.

En resumen, el artículo muestra que la desaceleración económica del país puede explicarse al analizar algunas variables importantes como: la caída del sector minero debido a la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre la Mina San Rafael; la caída de la inversión privada; una reducción de las exportaciones y del precio de los productos de exportación; el aumento de los precios en los productos de importación; la depreciación del peso mexicano que ha provocado un incremento del contrabando; la negligencia del gobierno respecto a la infraestructura nacional; una reducción significativa de la inversión pública; y una desaceleración en el crecimiento de las remesas.

Tomando en cuenta estos factores, es fácil concluir que el verdadero efecto CICIG no es económico sino más bien social, político e institucional. La lucha contra la corrupción puso a la sociedad guatemalteca frente a un espejo, nos enseñó las debilidades del sistema político y puso a una parte de la estructura de corrupción del Estado contra las cuerdas. Un esfuerzo loable pero insuficiente frente a los retos que todavía tenemos.

Hoy el tema de la lucha contra la corrupción parece haber generado un poco de cansancio en la opinión pública. Aun así, la Comisión sigue trabajando, aparentemente de la mano de la nueva administración del Ministerio Público y seguramente veremos más casos, muy pronto. Sin embargo, el futuro de la CICIG tambalea, pues es probable que su enemigo número uno, el Presidente Morales, sea quien tenga que confirmar el acuerdo con Naciones Unidas en 2019 y seguramente hará todo lo posible por sacarla del país, especialmente en un momento en el que apoyo de Estados Unidos a la Comisión puede cambiar.

En este contexto, los guatemaltecos debemos trascender de la discusión superficial sobre la lucha contra la corrupción. El verdadero “efecto CICIG” debe ser ese atisbo de esperanza sobre el futuro del país que se implantó en muchas personas. La Comisión logró poner temas muy importantes sobre la mesa y ojalá pueda seguir trabajando, pero de no ser así, es necesario comenzar a hablar de un futuro de combate a la corrupción desde el fortalecimiento de nuestras instituciones, la redignificación de la política y la construcción de un modelo de desarrollo.

La única manera de hacer realidad estos objetivos es a través del diálogo franco entre los actores sociales más importantes del país. Debemos buscar una tregua, romper las barreras invisibles que hemos formado a nuestro alrededor y definir una agenda de trabajo por los temas que pueden ayudarnos a salir de la crisis política e institucional en la que estamos.

Para esto necesitamos verdaderos líderes políticos, que no tengan miedo de fijar posturas claras y que puedan convocar a un diálogo por el país. ¿En dónde están?

Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. ¿Importará más la libertad del diputado o el voto por partido de los ciudadanos?

En el Congreso de la República existe zozobra por el texto vigente del artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). De acuerdo con esta norma, los partidos políticos tienen prohibido recibir en sus bloques legislativos a los diputados “tránsfugas”, es decir, aquellos que se cambien de partido político una vez electos. Pero lo que más preocupa a los diputados es que el texto en discusión les impide correr en la elección del año entrante.

Ante esta situación los diputados han intentado dar marcha atrás a dicha reforma por dos caminos. Primero, el 11 de mayo pasado el diputado Linares Beltranena presentó una iniciativa de ley que pretendía reformar varios artículos de la LEPP (entre ellos el 205 Ter) debido a que los textos de 11 artículos que aprobaron en 2016 no fueron los que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó favorablemente.

Ciertamente la redacción del 205 Ter sobre la que dictaminó la CC guarda ciertas diferencias con la que se encuentra en vigor. El texto original establecía que la prohibición de los bloques legislativos para recibir diputados que decidieran cambiarse de partido político únicamente tendría vigencia dentro de los tres años posteriores a la elección. Dado que se trata de un posible vicio de procedimiento, lo propio sería que el Congreso someta a evaluación de la Corte de Constitucionalidad el texto antes que efectuar esta reforma.

Por otra parte, el diputado Hernández Azmitia presentó una iniciativa de ley para derogar el artículo 205 Ter de la LEPP. Dicha iniciativa es la 5442 y se presentó el pasado 11 de junio y aun no cuenta con el dictamen de la comisión de asuntos electorales del Congreso. De derogarse el artículo en discusión el transfuguismo volvería a ser permitido de forma irrestricta.

Ante esta disyuntiva es preciso someter a discusión el transfuguismo como tal. Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. Sin embargo, el contraargumento es que en el modelo actual los diputados son elegidos por listas cerradas, por lo tanto el elector realmente elige al partido y no al diputado directamente. De hecho, cuando un diputado “tránsfuga” causa vacante le sustituye el siguiente en la lista del partido que lo eligió y no del partido al que se unió después de ser electo.

Por otro lado conviene hacer un examen más profundo de la conveniencia o no de la práctica del transfuguismo. Para algunos el transfuguismo dota de un poder excesivo al partido político en detrimento de las opiniones personales de los diputados del bloque legislativo. Lo cierto es que para otros el transfuguismo genera un mal incentivo para la consolidación de partidos políticos que canalicen las demandas de los electores. Por lo anteriormente dicho, conviene comenzar a tratar el tema con seriedad. El asunto da para muchos más análisis.

Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos.

Solo un criminal o un loco puede pretender quedarse en el poder porque le da la gana y a la fuerza, después de recibir el repudio colectivo y la exigencia general para que renuncie a un cargo al que llegó con trampas y en el que se quiere mantener por iluminado, por charlatán y por abusivo.

Deshonesto, corrupto y asesino son los señalamientos que se le hacen 24 horas al día desde todos los puntos cardinales. Usted nunca tuvo la intención de respetar ni siquiera las reglas retorcidas que le llevaron al poder, después de la oscura alianza que hiciera con otro igual que usted. Su naturaleza es ser dictador, deshonesto y, cuando se le antoja, homicida.

Esos números con los que presumía eran mentira. Cuando se viene desde tan abajo cualquier avance es positivo, pero siempre insuficiente. Y encima, no era gracias a usted sino a pesar de usted. Pero aún así, presumía con el esfuerzo de otros; un esfuerzo que hoy está destruyendo con su ambición, con su miedo y con su locura.

Sus aliados accidentales, los acomodados que no querían olas porque ellos estaban bien, la mayoría de sus socios y muchos de sus cómplices le están abandonando. Su título de comandante está llegando al final. Dentro de poco, ya no mandará ni en su casa, si es que alguna vez lo hizo.

Tal vez ahora, cuando ya no pueda usar de forma abusiva y prepotente el poder podrá ser juzgado con un debido proceso y en un juicio justo. Necesitará una buena defensa. Ser acusado de corrupto, violador y asesino no es cualquier cosa. Pero al menos, usted tendrá la oportunidad de defenderse. Una oportunidad que usted no dio a ninguna de sus víctimas.

Comandante, renuncie usted. La historia le juzgó desde el primer día que llegó al poder en la forma en que lo hizo. Por sus actos deshonrosos y sus crímenes solo le queda salir corriendo para que no le alcance la sed de justicia y el ansia de reivindicación de un pueblo al que usted ha condenado al ostracismo y la servidumbre.

Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos. Claro, no tan poderosos como usted.

Comandante, renuncie usted. Permita que la libertad y la democracia vuelvan a ser dignas de ese nombre. Permita que la gente de esa tierra a la que usted pretende convertir en su finca deje de sufrir. Ya hizo bastante daño. Ya causó suficiente sufrimiento. Llegó la hora de la libertad y la democracia.

Comandante, renuncie usted. Que haya por lo menos un acto en su vida que la gente de esa tierra pueda agradecerle.

Este texto pudo ser inspirado en las más crueles novelas negras de América Latina. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.

Una receta para la estabilidad social.

Durante el siglo XVII, James Harrington, uno de los ideólogos del republicanismo, esbozó una receta para alcanzar la estabilidad política: el buen funcionamiento de la Res pública depende de la difusión de la riqueza y propiedad. Para Harrington, el concepto de difusión de la riqueza implicaba que una gran mayoría de ciudadanos alcanzara la condición de “propietarios”, situación que les facilitaría el acceso a oportunidades, a un nivel de vida más digno, y generaba incentivos para que más personas participaran activamente en la discusión pública.

La receta de Harrington bien podría servir como un faro para construir desarrollo y estabilidad política en Guatemala. Para nadie es un secreto que los guatemaltecos tenemos una vocación natural hacia el emprendimiento, tal y como ha demostrado durante años las encuestas del Global Entrepreneurship Monitor. Dichos estudios también han perfilado el empeño que el guatemalteco le pone al trabajo. Sin embargo, ni la vocación emprendedora, ni el espíritu trabajador ha sido suficiente para generar condiciones de desarrollo económico y estabilidad política en el país.

Por lo anterior, se requiere de un esfuerzo institucional y de política pública para generar un país de propietarios. Esto implica la adopción de marcos normativos y políticas que permitan generar certeza sobre la propiedad privada. Propuestas como la regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resultan estratégicas para facilitar que miles de pequeños propietarios puedan regularizar sus activos, y con ello, acceder a mecanismos de financiamiento.

La generación de certeza de la propiedad puede complementarse mediante políticas para incentivar la integración vertical de productores con cadenas productivas y encadenamientos para la exportación. En otras palabras, permitir que los pequeños propietarios encuentren mercados internos y externos para sus productos.

A esto debe agregarse la modernización de los sistemas de crédito, para facilitar a los propietarios y emprendedores el acceso a financiamiento, a capital semilla y capital de trabajo. Para ello se debe apostar por la flexibilización del mercado financiero, además de promover modalidades de financiamiento más horizontal. Figuras como el factoraje, el leasing, las garantías mobiliarias o las microfinanzas deben fortalecerse en nuestro marco normativo. Debemos considerar también la participación de más guatemaltecos en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valoresque favorezca el ahorro y la inversión.

Asimismo, debe fomentarse otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos deben potenciarse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

El complemento a todo lo anterior es vigorizar a las capas medias. Esto implicadifundir la presencia y promover más opciones para la enseñanza técnica y la educación universitaria, puesto que ambas constituyen los pilares modernos para la movilidad social. En este sentido, la inversión educativa a nivel técnico y superior debe apostar por establecer institutos de capacitación y centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural.

El objetivo es construir un sistema en el que la mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad política.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS.

El pasado 25 de junio el presidente Morales anunció en su cuenta de Twitter: “He instruido a la Ministra de Relaciones Exteriores, solicitar de inmediato ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Estatus de Protección Temporal (TPS), porque la política migratoria siempre ha sido una prioridad de mi gobierno.”

El mensaje del presidente sugiere varias cosas. Claro está que sería altamente deseable que se concediera un TPS para Guatemala, pero no parece que la medida pueda tener demasiado éxito. Más bien parece un intento improvisado por corregir la lenta respuesta del gobierno ante la crisis que viven los menores separados en Estados Unidos y la falta de una política clara en materia de migración durante los años que van de gobierno.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS. Hay que recordar que el TPS se instituyó por el presidente George H.W. Bush en 1990 justamente para beneficiar ciudadanos de países a los cuales sea difícil retornar para los migrantes a causa de un conflicto armado, una catástrofe natural u otro evento extraordinario.

Sin embargo, el contexto no es favorable. Actualmente hay 13 países que gozan de TPS. Desde el año pasado el presidente Trump no ha hecho más que anunciar que pondrá fin o no renovará el TPS para varios países, entre ellos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal, Liberia, Sudán, entre otros.

Se dio la ampliación del TPS para Sudán del Sur y para Siria pero hay que considerar los niveles que ha alcanzado el conflicto en este último país. Aún así, únicamente se extendió la protección para los sirios que llegaron a EEUU antes de agosto de 2016, los que llegaron después deben marcharse o permanecer como ilegales.

Lo anterior no augura buen futuro y la capacidad de negociación de Guatemala tampoco es la mejor. Para algunos el traslado de la embajada de Guatemala en Israel pueda tener un peso pero el sentido común sugiere que habría sido mejor negociar algún beneficio para los migrantes previo a hacer el traslado definitivo.

Sería en el mejor interés de los guatemaltecos que el TPS se otorgue pero la visita de Mike Pence trajo un mensaje muy claro: “si quieren venir a EEUU vengan legalmente, si no, no vengan”. Por otra parte, afirmó que el éxodo de personas es una amenaza a su seguridad y que debe terminar. El vicepresidente americano pide más bien que reforcemos la seguridad de nuestras fronteras, una narrativa que no sugiere en lo más mínimo una respuesta favorable para la petición de nuestro presidente.

Se repiten verdades y se descalifican personas. El debate de ideas, no existe.

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida sólo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el status quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominen (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vende-patrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción de Gobierno se convierte en apologista de Jimmy Morales; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores;reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Columna publicada en El Periódico.

El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La democracia nació en el Siglo VI antes de Cristo como un pacto entre clases para expulsar a los tiranos del poder en la antigua Grecia.

Hace 2,500 años se sentaron las bases de una batalla que se sigue peleando hasta el día de hoy en naciones donde a los pueblos se les priva de su libertad, se les niega la justicia y se violan sus derechos fundamentales.

En aquellos días, los antiguos griegos inventaron la idea del ciudadano, con la aspiración de que, sobre una base de igualdad política, los ciudadanos tomarían decisiones en asuntos de interés común.

A través de la historia, desde aquel lejano Siglo VI, la victoria de los griegos sobre los persas, la caída del imperio romano, la Toma de la Bastilla, el manifiesto comunista, la revolución industrial, el Tratado de Versalles y el fin del nazismo, entre otros, fueron momentos estelares de la humanidad que provocaron los contrastes que marcaron el desarrollo y la construcción de una cultura que ha dado, en especial, al occidente civilizado, niveles extraordinarios de desarrollo y bienestar. Una forma de vida que se puede resumir gracias a tres palabras: La Democracia Liberal.

Hoy, esas 3 palabras se ven amenazadas por los nacionalismos, el populismo, la corrupción, la desigualdad, el insuficiente crecimiento económico, la falta de oportunidades y la ausencia de líderes y estadistas capaces y honestos, dispuestos a servir. Y, por si fuera poco, a esto se suman gigantes desafíos como la era exponencial en la tecnología y el cambio climático.

Las generaciones del Siglo XXI debemos hacer esfuerzos extraordinarios para ajustarnos a las nuevas realidades y a la velocidad que las circunstancias imponen. Pero, en especial, debemos vigilar y proteger los valores más importantes de la civilización, como lo son, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad.

La represión y el sufrimiento en las más de 50 dictaduras que todavía hay el mundo, y la imperfección y el subdesarrollo que persisten en las democracias; en especial, las de América Latina, obliga preguntarse si aquel invento de los griegos, que fue el ciudadano, necesita una mirada más profunda para replantear su esencia y su identidad, para que, además de esperar y exigir derechos y libertades, el ciudadano, también se comprometa a tener obligaciones y deberes fundamentales.

EL CIUDADANO es el epicentro de la democracia, la razón de ser del Estado, el punto de partida de la política y el responsable de construir verdaderos partidos políticos. El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La política es pasión. Y las emociones superan a la razón y a la lógica; pero La Política debe volver a ser la profesión más digna y más respetada; y el ciudadano valiente, honesto y capaz su protagonista.

Eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás debe estar en manos de los mejores.

Como los griegos, hace 2,500 años, debemos reinventar la idea del ciudadano y hacer los sacrificios que sean necesarios para que ÉSTE resurja como una fuerza cívica que sabe defender sus libertades pero que, sobre todo, sabe participar y cumplir con sus deberes ciudadanos.

Como los griegos en su día le dieron vida a la democracia para echar a los tiranos; en pleno Siglo XXI, además de vencer y desterrar a las más de 50 dictaduras que oprimen a millones, debemos entender que las democracias de mentira, la incompetencia de los gobiernos, la corrupción de los políticos y la complicidad o la indiferencia de las élites son otras formas de tiranía que castigan de igual manera, con el agravante que con su actuar falso y oportunista, desprestigian y debilitan los valores de la democracia, la justicia y la libertad.

PS: Rindo un homenaje al valiente pueblo nicaragüense por enfrentar la dictadura y luchar por su libertad. Después de Nicaragua sigue Venezuela. Vivan Nicaragua y Venezuela libres.

Espontáneas y autónomas, pero sin liderazgos ni programas

Dos autores contemporáneos, Thomas Friedman y Moisés Naim, han descrito en sus textos The World is Flat y El Fin del Poder las correlaciones de poder en el siglo XXI. Ambos, sostienen la tesis que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la revolución de la información, han transformado las relaciones de influencia y poder en las sociedades.

Veamos algunos ejemplos. Hace veinte años, los programadores de contenido de las televisoras tenían el poder sobre el consumo de material televisivo y cinematográfico. Como televidentes, estábamos obligados a ver lo que el canal programaba. Ahora, en el siglo XXI, gracias a Netflix y YouTube, los consumidores tienen la libertad de sintonizar la película, la serie o cualquier contenido que desee, sin importar lo que digan los canales. Caso similar ocurre con la radio y los podcasts. O veamos la comunicación. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales han convertido a los ciudadanos en periodistas. El mismo ciudadano informa de los hechos que acontecen en el día a día. Lo mismo ocurre con la formación de opinión, dado que ahora cualquier usuario de redes sociales se convierte en un generador de contenidos.

En pocas palabras, el poder y el mundo ahora son más horizontales que nunca.Esa horizontalidad también se traslapa al mundo de las movilizaciones sociales.

Históricamente, las manifestaciones, las movilizaciones sociales y las revoluciones tenían características jerarquizadas y verticalizadas. Generalmente la convocatoria a una protesta provenía de un líder particular, un actor con legitimidad, liderazgo o recursos; había un discurso programático. Había organización, logística y un liderazgo visible. Pensemos en el magisterio y Joviel Acevedo, o en movimiento campesino como referentes de este modelo.

Ahora, en el siglo XXI, se produce el fenómeno de la manifestación 2.0. Estas son movimientos sociales sin una conducción clara, sin liderazgos identificados,donde la autonomía y espontaneidad pesan más que los mensajes o discursos programáticos. Son movilizaciones generadas vía redes sociales, en donde la espontaneidad del individuo es la que vale: si el individuo se identifica con la razón de la manifestación, sale a la calle. Si el tema de la misma no le hace click, sencillamente el individuo se queda en su casa.

Para muestra, analicemos las jornadas del 2015 y septiembre 2017. Miles de guatemaltecos se identificaron con el tema de la manifestación: pedir la renuncia de Baldetti, de Otto Pérez en 2015, y luego, manifestar su rechazo a los decretos de impunidad del Congreso en 2017. Y por ello, salieron a las calles y paralizaron labores. Pero en medio de esas jornadas, otras demandas como la aprobación de reformas o el retraso de las elecciones, no generaron ese mismo nivel se identificación entre el ciudadano, y por ello, algunas de esas marchas no fueron tan concurridas. En pocas palabras, las manifestaciones ciudadanas de individuos se producen cuando existe una fuente de rechazo e indignación. Y al carecer de organización o liderazgos palpables, dichas movilizaciones son difíciles de articular para otros objetivos.

Lo anterior explica también por qué los actores movilizados no son actores articuladores de propuesta política. Únicamente se limitan a ser demostraciones de descontento.

La conclusión es sencilla de enumerar pero compleja de entender. En los movimientos 2.0 ya no importa quién convoca o quién es el líder. Importa el individuo como ciudadano. Si el individuo se siente identificado con el tema de la marcha, sale a la calle. Si no hay un tema de rechazo, no hay manifestación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo, dicha espontaneidad y autonomía de los movimientos 2.0 le condena a carecer de un discurso programático o de una línea de dirección que le permita trascender en el tiempo.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

El proceso de lucha contra la corrupción que experimenta Guatemala ha generado incertidumbre sobre el futuro del país.

Una parte de la sociedad guatemalteca ve con mucha suspicacia y desconfianza el proceso que está atravesando el país. Su temor es que se caiga en una espiral de ingobernabilidad que podría dejarnos en una situación peor que la que históricamente hemos vivido. Además se cuestionan las motivaciones de los actores que están detrás de este proceso de cambio y por último se señalan ciertas irregularidades o errores que se han cometido.

La primera reacción ante estos argumentos es obviarlos o bien tildarlos de formar parte del pacto de corruptos. Claro, no se puede negar que hay un pequeño grupo muy estridente que se dedica a desprestigiar la lucha contra la corrupción por intereses obscuros y perversos. Pero también hay personas que están genuinamente preocupadas por las repercusiones que podría traer este proceso, por lo que es importante establecer un diálogo constructivo entre éstos y quiénes apoyan decididamente la transformación del país.

El punto de partida debe ser visualizar la situación en la que se encontraría el país hoy en día, si no se hubiese renovado el mandato de CICIG en 2015. ¿Quién sería el presidente en estos momentos? En los meses previos a las elecciones de 2015, las encuestas daban como posibles ganadores a personajes que claramente pretendían aumentar la voracidad de la corrupción a niveles que nos hubiesen llevado rápidamente al colapso. De hecho estábamos muy cerca de ese punto, como lo han revelado los procesos judiciales actuales. Fue la intervención de CICIG lo que motivó un despertar cívico en la ciudadanía que impidió que estas personas alcanzaran el poder. ¿Podemos negar este hecho?

El segundo punto es reconocer que sin CICIG, hubiese sido imposible iniciar la lucha contra la corrupción. Ningún sector o grupo de personas del país tenía (o tiene) la fuerza para enfrentarse a todo el entramado de corrupción que tenía (o sigue teniendo) cooptado al Estado. Es ilusorio e ingenuo decir que solo nosotros como sociedad podemos acabar con las mafias incrustadas en el Estado. ¿Acaso lo habíamos podido hacer antes? ¿Acaso no la corrupción había tomado control de todas nuestras instituciones, afectando a todos los sectores de la sociedad?

El tercer punto es también admitir que en este proceso se han cometido serios errores. Por ejemplo, no se puede negar que hay personas en prisión preventiva que no deberían estar allí. Son personas a las que difícilmente se les puede llamar criminales y que tuvieron el infortunio de no comprender los alcances de lo que estaban firmando. La justicia también es saber diferenciar entre unos y otros. Pero muy distinto es tomar estos errores, que no son poca cosa, para tratar de frenar el proceso entero de transformación del país. Eso tampoco es válido. Se deben señalar los errores para que se corrijan, no para tratar de estropear la lucha contra la corrupción.

Por último, si logran sacar a CICIG. ¿Cuál será el futuro del país? Lo más probable es que se inicie un proceso de descomposición institucional que terminaría con grupos abiertamente mafiosos y criminales controlando todas las instituciones del Estado. Ante la comunidad internacional y los inversionistas quedaríamos como un país sin remedio, en donde el Estado de Derecho está totalmente ausente. ¿De verdad creemos que lograremos atraer la inversión y generar crecimiento económico con esa imagen del país?

No cabe duda que el proceso que experimenta Guatemala genera incertidumbre. Esto hace que muchas personas bien intencionadas se opongan al cambio o incluso, que estén dispuestas a tolerar los actos desvergonzados de corrupción y opacidad que realizan actualmente varios funcionarios públicos en el Organismo Ejecutivo y en el Congreso. Pero se tiene que tener claro que la tolerancia a dichos actos, es lo que nos tiene sumidos en la miseria y en las crisis recurrentes. Como bien dice la sabiduría popular “no se pude hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”.

Artículo originalmente publicado en El Periódico.

La revolución en el estudio del deporte.

El mundo del deporte vive una revolución. La ciencia y el juego se han fusionado para potenciar a los atletas, mejorar el análisis de los resultados y rentabilizar al deporte como negocio. Todo empezó en el béisbol, cuando un grupo de matemáticos integró la Sociedad SABR, que aspiraba a un “conocimiento objetivo sobre el deporte”. El uso de la estadística para analizar las interioridades del juego alteró las estrategias durante los partidos y los métodos para identificar talento. La película Moneyball recoge esa fusión de estadística y deporte.

Esta revolución se expandió al fútbol con la publicación de Soccernomics en el 2007. Sus autores, Simon Kuper y Stefan Szymanski, recurren a la estadística y la economía para analizar el deporte. Algunos de sus hallazgos resultan interesantes en el marco la Copa Mundial de Fútbol, Rusia 2018.

Por ejemplo, las selecciones más exitosas son aquellas que mantienen el balance entre exportaciones e importaciones. Es decir, países que exportan jugadores a otras ligas, al tiempo en que sus propias ligas mantienen altos niveles de competitividad. He ahí el caso de Alemania, España, Argentina, Brasil e Inglaterra. En cambio, países con ligas basadas principalmente en importaciones –como las de los países árabes o la liga china- o en exportaciones –como muchas latinoamericanas- no tienen resultados tan positivos.

Otro hallazgo incluye la anomalía estadística entre la polémica arbitral e Inglaterra, selección cuya eliminación de mundiales tiende a estar asociada a decisiones arbitrales cuestionadas, tales como goles fantasma y expulsiones. No obstante dicha anomalía estadística, el estudio sobre decisiones polémicas arroja una conclusión contra-intruitiva: en el largo plazo, a mayor universo de casos, las decisiones polémicas que favorecen o perjudican a un equipo tienden a balancearse entre sí, por lo que las teorías conspirativas sobre buscar “beneficiar” o “castigar” a un equipo particular no tiene asidero estadístico. El punto anterior se demuestra tanto a nivel de selecciones como con clubs. Esto rompe la tesis que el Real Madrid o Barcelona reciben beneficios de parte del arbitraje.

En cuanto al desempeño, Brasil y Costa Rica son equipos que históricamente superan sus expectativas, en la relación entre posición en Ranking FIFA y resultados en mundiales. En cambio, las selecciones africanas, México y Estados Unidos tienden a ser eliminadas antes de lo esperado.

A nivel de fanaticada, los países que más disfrutan del deporte son aquellos en los extremos de calidad. Las fanaticadas en Alemania, Brasil y Argentina son fuertes dado el éxito de sus selecciones; pero países débiles futbolísticamente, como Noruega, Islas Faroe, Guatemala, Mali y Aruba también tienen una población con alta afición por el fútbol.

Un hallazgo que no augura un buen futuro para Rusia es el efecto económico de un Mundial. Contrario a la creencia, para los países en desarrollo no es buen negocio organizar mundiales, pues la relación costo-beneficio ha sido cada vez más negativa. Las economías de México después del Mundial 86, Portugal tras la Euro 2004, o Sudáfrica tras el Mundial 2010, cayeron en recesión y fueron incapaces de recuperar la inversión en infraestructura. Mientras que Brasil, en 2014, vivió los efectos sociopolíticos de una clase media descontenta por los gastos onerosos asociados a la organización del evento deportivo, mientras que los réditos esperados no llegaron.

La predicción más atrevida es la tesis sobre el cambio en el balance de poder. Kuper y Szymanski arguyen que el fútbol caerá presa de la misma tendencia de las Olimpiadas, en donde los países con grandes poblaciones y riqueza, destacan. No obstante, de los países propuestos, China, India o Estados Unidos ni siquiera clasificaron a la fase final de la competición; mientras que Japón (la última potencia que encaja en las variables identificadas) no ha despegado en cuanto a su calidad de fútbol. Lo anterior evidencia que si bien la estadística y la economía facilitan el análisis del deporte, utilizar dichas herramientas para realizar estudios prospectivos aún resulta muy atrevido.

Columna originalmente publicada en El Periódico.