Nicaragua atraviesa una de sus peores crisis sociales de la última época. Esta semana en Dimensión, analizaremos con un panel de expertos algunas posibles salidas para esta crisis.
La complicada crisis sociopolítica en Nicaragua que comenzó en abril y que tres meses después continúa afectando al pueblo nicaragüense, no parece encontrar un desenlace. Con más de 350 muertos y alrededor de 500 presos políticos, el régimen de Daniel Ortega no tiene la intención de ceder el poder.
Esto a pesar de las múltiples manifestaciones multitudinarias que le piden la renuncia, a lo cual Ortega ha respondido en televisión internacional que adelantar las elecciones crearía mayor inestabilidad.
En este contexto, la respuesta de la comunidad internacional sigue siendo muy importante. Muchos países de Latinoamérica han pedido que se detenga la represión de las manifestaciones y se encuentre una solución pacífica al problema. Por su parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence ha pedido el cese de la violencia y que se adelanten las elecciones para dar un respiro a la crisis con Ortega fuera del poder.
El único apoyo sólido que parece quedarle al régimen de Rafael Ortega es la izquierda latinoamericana, aglutinada en el Foro de Sao Paolo, quien apoya también a la dictadura venezolana y a los dirigentes del llamado “Socialismo del Siglo XXI” que hoy están enfrentando a la justicia de sus países.
El futuro es incierto para el pueblo nicaragüense y las manifestaciones no han dado señales de detenerse. Lo mejor para Nicaragua es que se encuentre una salida pacífica para la crisis y que establezca un régimen democrático en el país centroamericano que les permita mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Esta semana en Dimensión, analizaremos con un panel de expertos algunas posibles salidas para la crisis en Nicaragua.
Panelistas:
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Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de expertos en cambio climático sobre la situación del agua en el país.
El cambio climático es uno de los desafíos más importantes que el mundo podría enfrentar en los próximos años.
Guatemala no estará ajeno a esta situación, pues según GermanWatch, se encuentra en la lista de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático, debido a la pobre capacidad de respuesta del país ante estos fenómenos globales.
Según datos de la Organización Mundial de Meteorología, la temperatura del planeta está en aumento; de hecho, el 2017 fue uno de los más calurosos jamás registrados, con una temperatura media global de la superficie de la tierra 1.1 grados centígrados más alta que el promedio.
En países como Guatemala los primeros efectos del cambio climático comenzarán a sentirse en temas relacionados al recurso hídrico. Según el Primer Reporte de Evaluación del Conocimiento de Cambio Climático en Guatemala, en los próximos 30 años la disponibilidad de agua disminuirá de manera importante debido a una reducción de entre 8 y 23 por ciento en las lluvias, mientras la temperatura aumentará entre 1.5 y 3 grados centígrados. Esto afectará de manera muy importante a la agricultura y la generación de energía eléctrica, entre otros sectores.
Los efectos del cambio climático y de la escasez de agua se sentirán primero en los sectores más pobres de la población; de hecho, muchos pequeños agricultores reportan que ya es muy difícil predecir el inicio y el fin de la temporada lluviosa, lo que les complica determinar el mejor momento para trabajar sus siembras.
Las sequías también se han extendido en el país y el llamado Corredor Seco se está expandiendo a la parte sur del Quiché, Huehuetenango y el norte de Petén. Incluso lugares en donde hoy el agua es abundante, como las Verapaces, podrían comenzar a sentir los efectos de la escasez de agua en los próximos años.
En este contexto, los expertos aseguran que el problema de países como Guatemala es la poca capacidad que existe para manejar el recurso hídrico.No existen políticas públicas para el manejo del agua que permitan proteger y hacer un uso adecuado de las múltiples fuentes que todavía existen en el país. De allí que veamos ríos y lagos completamente contaminados y usos inadecuados de las fuentes subterráneas que ponen en riesgo la sostenibilidad de este recurso vital.
Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de expertos en cambio climático sobre la situación del agua en el país y las medidas que deberíamos estar tomando en los próximos años para asegurar su cuidado y sostenibilidad.
Panelistas:
Hablaremos con un grupo de profesionales del Derecho sobre los problemas que enfrentan al trabajar frente al Sistema de Justicia guatemalteco.
Desde hace varios meses, el sistema de justicia guatemalteco es uno de los principales temas de discusión en la opinión pública. La razón es que el proceso de lucha anticorrupción ha desnudado las carencias históricas del Organismo Judicial y la incapacidad que tiene para responder a la demanda de justicia que enfrenta el país.
Sin embargo, el problema tiene muchos años de existir; la mora judicial es muy alta y se viene acumulando desde hace décadas. La situación del sistema penitenciario y los privados de libertad evidencian esta mora judicial. Del total de 23,201 personas privadas de libertad, 11,922; poco más de la mitad, se encuentran guardando prisión preventiva.[1] Estas personas no han recibido una sentencia y algunos podrían incluso ser encontrados inocentes después de haber pasado varios años en prisión preventiva.
La razón para este problema es que el Sistema de Justicia no tiene capacidad para atender la gran cantidad de casos que le son asignados, no hay suficientes juzgados y las malas prácticas de muchos abogados defensores retrasan casos importantes. En este contexto es muy difícil que podamos ver una justicia pronta y cumplida.
Ante la debilidad de las instituciones de justicia, se ha insistido en la necesidad de hacer reformas importantes al Sistema Judicial que puedan mejorar el proceso penal en el país; sin embargo, la poca capacidad de la sociedad civil para llegar a acuerdos sobre el tema, permitieron que el Congreso engavetara la propuesta que se trabajó en las mesas de discusión promovidas por CICIG entre 2016 y 2017.
Guatemala no puede seguir postergando la reforma de su Sistema de Justicia, especialmente si algún día se quiere aspirar a contar con un verdadero Estado Derecho, en donde los que quebrantan la ley reciban el castigo correspondiente y las personas inocentes no sean agraviadas.
Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de profesionales del Derecho sobre los problemas que enfrentan al trabajar frente al Sistema de Justicia guatemalteco.
Panelistas:
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[1] Fuente: Dirección General del Sistema Penitenciario
Analizaremos qué decisiones podemos tomar como guatemaltecos para consolidar una democracia funcional y el Estado de derecho en el país.
Desde sus orígenes como nación, Guatemala ha enfrentado recurrentes crisis políticas e institucionales. Hemos atravesado períodos de alta inestabilidad con gobiernos débiles y fugaces, así como períodos de largas dictaduras. Sin embargo, la constante en cada período fue la incapacidad de construir un Estado que realmente funcionara para todos los guatemaltecos.
Con el inicio de la democracia en 1986, la esperanza era que finalmente se construyera un país con Estado moderno, que respetara los derechos humanos básicos y que articulara políticas públicas que promovieran el crecimiento económico y el desarrollo social. No obstante, en los últimos treinta años Guatemala ha tenido una serie de gobiernos que, si bien han sido electos en las urnas, tampoco han sido exitosos en sacar del subdesarrollo al país.
La democracia de Guatemala, solo ha funcionado para garantizar la transparencia de las elecciones y evitar golpes de Estado, pero ha sido totalmente disfuncional para limitar el poder de los gobiernos. Quiénes han accedido al poder ejecutivo han tomado, en mayor o menor medida, el control del resto de los órganos del Estado, con lo cual no han tenido que rendir cuentas a la población de sus actos poco transparentes.
Las acciones que ha emprendido la CICIG desde el 2015 han sacudido el sistema que ha imperado en el país, en donde la Justicia era sumamente débil y estaba supeditada al resto de los poderes del Estado. Los funcionarios públicos actuaban con total opacidad, confiados en que jamás les alcanzaría el brazo de la justicia.
Este proceso de cambio que se quiere impulsar en el país, ha provocado incertidumbre sobre los escenarios que se pudieran enfrentar en el futuro cercano y este domingo en Dimensión analizamos qué decisiones podemos tomar como guatemaltecos para consolidar una democracia funcional y el Estado de derecho en el país.
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Hablaremos con un grupo de analistas sobre el camino que Guatemala debe transitar para construir un país con menores casos de corrupción.
La corrupción es un fenómeno global, que afecta gravemente el desarrollo económico y social de los países y merma la calidad de vida de sus habitantes. Según Naciones Unidas, cada año se pagan en el mundo un billón de dólares en sobornos y se sustraen más de 2.6 billones de dólares debido a la corrupción, suma que equivale a más del 5% del PIB mundial.
La corrupción afecta el debido funcionamiento de las instituciones, socava la democracia y la gobernanza; compromete a los mecanismos de justicia y seguridad; destruye la confianza de los ciudadanos en el sistema político; y afecta la calidad de los servicios básicos como educación, salud e infraestructura. En países con altos niveles de corrupción, el crecimiento económico se dificulta pues el costo de hacer negocios se eleva en al menos un 10% y el costo de hacer cumplir un contrato aumenta en un 25%[1]. Esto alimenta el círculo vicioso de la pobreza y el subdesarrollo.
Latinoamérica es una región afectada por la corrupción. Desde hace unos años el tema acapara titulares de prensa, presentando casos que involucran políticos de ambos lados del espectro ideológico, empresarios y ciudadanos comunes. Probablemente uno de los casos más emblemáticos sea el de los supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, pues podría llegar a tener repercusiones para gobiernos de por lo menos 12 países, la mayoría latinoamericanos.
Guatemala está luchando contra este flagelo desde el 2015, cuando inició un intensivo proceso de lucha contra la corrupción, abanderado por la CICIG y el Ministerio Público. Los efectos que tendrá este proceso todavía no están claros, pero se espera que el resultado pueda ser positivo para el país. No podemos continuar siendo el cuarto país más corrupto de América Latina[2], superados solamente por Nicaragua, Haití y Venezuela. Avanzar en el tema implicará no solamente presentar casos judiciales, sino también comenzar un serio proceso de reformas institucionales.
Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de analistas sobre el camino que Guatemala debe transitar para construir un país con menores casos de corrupción.
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Referencias:
[1] Camara internacional de Comercio, Transparencia Internacional, ONU y WEF
[2]Transparencia Internacional
Analizaremos los primeros dos años de la administración de Jimmy Morales y lo principales retos que tendrá el Gobierno en 2018.
El gobierno del presidente Jimmy Morales ha llegado a la mitad de su período. 24 meses que han estado marcados por la crisis política e institucional que inició en 2015 y que pareciera que continuará en los próximos meses.
Durante estos dos años, el gobierno ha demostrado falta de dirección y certeza en la implementación de políticas públicas. Han intentando paliar las crisis que se presentan en diferentes áreas pero sin que se consoliden planes o se vean avances significativos.
La muerte de 41 menores de edad en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la polémica por haber declarado persona no grata a Iván Velásquez, Comisionado de CICIG y la solicitud de antejuicio en contra del presidente Morales provocaron graves crisis para el Gobierno.
Estos problemas han provocado una considerable reducción en la cantidad de personas que aprueban al Gobierno actual, la cual se redujo de 56% en 2016 a 38% en 2017 . Con estos datos, el gobierno del presidente Morales enfrentará un escenario difícil en los dos últimos años de su gestión, en los que debe enfrentar las elecciones de Fiscal General y Contralor, que ponen una gran responsabilidad sobre sus hombros; además de la incertidumbre que provoca el año electoral en las instituciones de gobierno y el país.
Después de dos años de gobierno, el país continúa en un limbo económico, político y social en el que no se han registrado cambios significativos. El crecimiento económico es estable pero insuficiente para combatir la pobreza; la tasa de homicidios continúa a la baja, pero seguimos siendo uno de los países más violentos de la región y los servicios públicos siguen funcionando con grandes carencias. Además, al Presidente se la ha reclamado la falta de decisión e iniciativa al momento de apoyar las grandes reformas que exigía la población y el Congreso ha evitado a toda costa que estás puedan ser discutidas con seriedad.
Las perspectivas para el futuro cercano del país no son buenas, especialmente si se consideran los problemas históricos de pobreza y falta de oportunidades que enfrentamos. Guatemala necesita con urgencia, un gobierno que esté preparado para responder a las dificultades más sentidas de la población y que pueda promover cambios reales al funcionamiento de los servicios públicos y la administración pública.
Hoy en Dimensión, analizaremos los primeros dos años de la administración de Jimmy Morales y lo principales retos que tendrá el Gobierno en 2018.
Panelistas:
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Este domingo hablaremos sobre los diferentes escenarios políticos, económicos y sociales que podría enfrentar Guatemala durante el año 2018.
En los últimos tres años Guatemala ha atravesado por un cisma político que ha tenido repercusiones en la estructura de gobernanza del país. Los diversos casos judiciales y la anulación de varios de los principales partidos políticos por parte del Tribunal Supremo Electoral, supone un fuerte cuestionamiento a la forma en que se ha hecho política desde hace décadas.
Sin embargo, este proceso ha provocado una fuerte polarización dentro de la sociedad civil entre aquellos que ven una agenda política e ideológica y aquellos que apoyan decididamente las acciones de CICIG y el Ministerio Público. La discusión ha llegado a tal nivel de conflictividad, que ha despertado preocupación sobre la estabilidad política del país y las redes de corrupción han sacado provecho de esta situación confusa para el ciudadano.
Las repercusiones económicas no se han hecho esperar y ante la incertidumbre sobre el futuro del país y la poca ejecución del gobierno en rubros vitales como la infraestructura, el crecimiento económico se ha reducido. Muchos proyectos de inversión se han detenido o pospuesto.
En este contexto complejo, el 2018 será un año decisivo para la continuidad de la lucha contra la corrupción en Guatemala. La elección del nuevo Fiscal General definirá si el proceso de transformación del país logra consolidarse o por el contrario, se regresa al esquema anterior en donde la corrupción y la opacidad eran parte inherente del sistema político.
De igual forma, en el mes de octubre debe asumir un nuevo Contralor General; una figura importante dentro del sistema de contrapesos de una democracia, ya que es el encargado de dirigir el proceso de auditoría de las finanzas públicas y de hacer las denuncias correspondientes en caso de encontrar irregularidades. Por esa razón, quienes buscan que el país no cambie, procurarán influir también en esta elección.
Hoy en Dimensión, discutiremos sobre los diferentes escenarios políticos, económicos y sociales que podría enfrentar Guatemala durante el año 2018.
Panelitstas:
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Este domingo hablamos con un grupo de emprendedores sobre los retos que enfrentaron al iniciar su negocio.
Los emprendedores son promotores de progreso, agentes de cambio social que de una u otra manera contribuyen con el desarrollo de un país. Encuentran soluciones a los problemas de sus consumidores, rompen paradigmas sobre mercados existentes y ofrecen plazas laborales.
Para emprender con éxito cualquier proyecto son importantes algunas competenciascomo: Visión, persistencia, habilidad para tomar riesgos, identificación de oportunidades, networking, calidad, confianza en sí mismo, etc.
Según el Monitoreo Global de Emprendimiento de este año[1], en Guatemala, muchas personas deciden emprender por las escasas oportunidades de empleo formal. La mayoría de estos emprendimientos están orientados al sector de consumo como panaderías, ventas de alimentos, etc. y han iniciado con una inversión menor a Q10,000.00, por lo que son pequeños negocios que tienen una capacidad limitada para generar empleo.
Esta semana en Dimensión, entrevistamos a varios emprendedores sobre los retos que enfrentaron al ingresar al mercado nacional y sobre los cambios que propondrían para facilitar la creación y expansión de negocios en Guatemala.
Panelistas:
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