En la década de los 80 y principios de los noventa Centroamérica tuvo un viraje de su política comercial. Este nuevo modelo proponía la apertura económica y la expansión de la participación en los mercados globales y consideraba como motores de crecimiento a las exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras. Para este propósito, los países de Centroamérica se adhirieron al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, mismo que dio paso a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

 A partir de entonces, los países buscaron ampliar su red de intercambio global a través de acuerdos comerciales que facilitarán las transacciones y redujeran aún más las posibles barreras que pudieran existir. En este Observador analizaremos el contexto en el cual nace el Tratado Comercial entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), su contenido en términos generales y sus resultados.

En 1994 México, Estados Unidos y Canadá implementaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este proceso (como sucede con casi todos los tratados de libre comercio), los países involucrados eliminaron los aranceles para las importaciones y exportaciones entre ellos y se permitió la libre circulación de los bienes en la zona de libre intercambio. Con los países ajenos al tratado, cada país mantuvo sus políticas comerciales diferentes. La concesión de condiciones más favorables para un competidor directo de Centroamérica (México), sobre todo en materia textil, colocó a la región en una posición de desventaja. Por esta razón, los países buscaron por mucho tiempo negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Para 1998 Centroamérica había firmado ya el tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana y al año siguiente, en 1999 se suscribió el tratado entre la región y Chile.

Finalmente en 2001, tiempo después de presentar las primeras solicitudes, se inició la comunicación entre los países de Centroamérica con los Estados Unidos para dar paso a la etapa preparatoria que comenzó en 2002 con una ronda de 6 talleres técnicos que definirían la negociación.  En 2003, después de 9 rondas de pláticas, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. En enero de 2004 se incorporó Costa Rica y en julio de 2004 se integró también la República Dominicana. En agosto de 2004 fue firmado por los siete países y adoptó finalmente las siglas de DR-CAFTA.

El acuerdo fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en julio de 2005. La implementación en los otros países dependió de la ratificación correspondiente. Para el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala entró en vigor desde 2006. Pero para el caso de República Dominicana fue hasta 2007 y  para Costa Rica fue hasta 2009. Este fue el primer acuerdo comercial que firmó Estados Unidos con un grupo de países en vías de desarrollo.

En términos generales, el DR CAFTA tiene por objetivo impulsar el desarrollo económico a través de la liberalización comercial y facilitar el acceso a uno de los mercados más importantes a nivel global, esto en compatibilidad con los principios de la OMC. Al crear este marco jurídico existe mayor claridad, transparencia y estabilidad en el largo plazo para las inversiones. En relación a esto, uno de los puntos más importantes es precisamente evitar la aplicación de medidas unilaterales y discrecionales que puedan afectar el flujo comercial.

La negociación del tratado también tiene varios objetivos específicos. En materia de acceso a mercados busca consolidar y expandir los beneficios comerciales que se habían establecido en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y del GATT del 94, eliminar las barreras no arancelarias y establecer reglas y procedimientos aduaneros que garanticen un funcionamiento adecuado de las aduanas.  En cuanto a servicios e inversiones busca promover la diversificación de la oferta de servicios y fomentar el desarrollo de flujos de inversión así como establecer mecanismos de solución de diferencias para contar con un Estado de Derecho sólido que garantice el buen funcionamiento de las relaciones comerciales.

En cuanto a  comercio electrónico, a pesar de que para 2004 estaba en una etapa prematura, se buscó el establecimiento de reglas y principios generales para nuevas oportunidades comerciales que faciliten la modernización y competitividad del sector productivo. Por otro lado, se establecieron también las bases en materia de contrataciones  públicas para la aplicación transparente de los reglamentos y procedimientos para la compra de mercancías, servicios y obras públicas.

La propiedad intelectual también figura dentro del contenido del tratado. Los artículos al respecto responden a la protección de los derechos de propiedad intelectual tomando como base las diferencias de tamaño y desarrollo de los países involucrados. Respecto a los derechos laborales, se establecen las normas para proteger los derechos de los trabajadores utilizando la legislación laboral interna de los países. Sin embargo, se busca que esas normativas internas no obstaculicen de alguna manera las transacciones comerciales. En cuanto al  medio ambiente, se busca la protección y cooperación de los países para el desarrollo de proyectos de mutuo interés en materia ambiental.

Dos puntos finales son la solución de controversias y la defensa comercial. Para el primero, se busca establecer un mecanismo eficaz para resolver las controversias que surjan de la aplicación del tratado y facilitar el uso del arbitraje u otros medios para resolver las problemáticas. Y respecto al segundo,  se busca reducir o eliminar  las prácticas de comercio desleal.

El acuerdo se despliega en 22 capítulos que pueden analizarse desde cinco grandes temas: asuntos institucionales y de administración, comercio de bienes, comercio de servicios e inversión, contratación pública de bienes y servicios y otros temas no comerciales pero que implican transacciones como asuntos en materia de propiedad intelectual, asuntos laborales y del medio ambiente. En estos están contenidas las normativas específicas para atender a los objetivos generales y específicos explicados con anterioridad. Además, el tratado contiene anexos y apéndices que establecen los derechos y obligaciones de los países firmantes.

Estados Unidos es el principal mercado de los países centroamericanos. Desde 1984, con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (fue en 1994 o 19984) y en el año 2000, con la Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe (que brinda preferencias a los productos textiles de la región) las exportaciones hacia el mercado estadounidense se han visto beneficiadas. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos mecanismos, contenían limitaciones por su unilateralidad y temporalidad. Con la implementación del tratado se generan derechos y obligaciones de largo plazo que generan mayores incentivos a las transacciones comerciales.

Desde la entrada en vigor el tratado en el año 2006 al 2020 las exportaciones, según datos de SIECA, pasaron de USD 6,103.2 millones de dólares a USD 11, 125 millones. Sobre el total de exportaciones, esto representa el 33%. En cuanto a las importaciones, en 2006 la cifra ascendía a 8,788.5 millones y en 2020 la cifra fue de USD  19,861.7 millones, representando el 32%. Como se puede observar, las importaciones con Estados Unidos son superiores a las exportaciones ya que es un importante proveedor de productos de consumo para los países de la región.

En 2020, Nicaragua fue el mayor exportador regional de bienes a Estados Unidos con 49% del total exportado; le siguen Costa Rica con 42%; Honduras con 36%; El Salvador con 29%; Guatemala con 22%; y Panamá con 6%. En cuanto a importaciones, Costa Rica es el país que más importa bienes de Estados Unidos con un 37%; sigue Guatemala con 36%, Honduras con 32%, El Salvador con 27%, Panamá con 26% y Nicaragua con 25%.

Algo importante que se debe mencionar es que aunque la normativa comercial es aplicable a todos los países que lo suscribieron, algunos capítulos se aplican de manera diferente en las relaciones comerciales bilaterales. Esto provoca que el tratado sea un ente jurídico diferente para cada uno de los países. Sería importante entonces evaluar la proporción en la que beneficia a cada uno de los países.

A diferencia de otros acuerdos comerciales, el DR CAFTA es de aplicación multilateral. Esto significa que se benefician tanto las relaciones comerciales con Estados Unidos pero también las relaciones comerciales a nivel interno entre los países de Centroamérica. La normativa reconoce los avances que habían tenido los países en su proceso de integración a la vez que los profundiza en temas como la propiedad intelectual, los asuntos laborales y ambientales; además de contar con su propio mecanismo de solución de diferencias. Esto es sumamente positivo puesto que brinda la oportunidad de fortalecer, profundizar y modernizar el proceso de integración económica y aduanera de Centroamérica.