Introducción

Durante buena parte del siglo XIX los países de Centroamérica vivieron toda suerte de altibajos y de experimentos unionistas y caudillistas. Desde la frustrada República Federal Centroamericana en tiempos de la independencia de España —que fue desecha por el caudillo conservador guatemalteco Rafael Carrera en 1838—, hasta otro ensayo de unificación por parte del caudillo liberal, también guatemalteco, Justo Rufino Barrios en 1885, que terminaría siendo rechazado en su momento por Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Luego, una década más tarde, entre 1895 y 1898, habría otra tentativa propiciada por el presidente hondureño, Policarpo Bonilla, sin embargo, Guatemala y Costa Rica no formaron parte de esta república y finalmente este intento de unión se vería desbaratado por el golpe de Estado del general salvadoreño Tomás Regalado.

Todos estos intentos naufragados de una gran república federal y de regresiones conservadoras regionalistas, desembocaron en un clima de ingobernabilidad, de revoluciones, golpes de Estado y una inestabilidad política que comenzó a preocupar por primera vez a los Estados Unidos, país que en aquel momento atravesaba una agresiva industrialización producto del fin de la guerra de secesión y de la vertiginosa expansión al oeste. En ese sentido, estos cambios internos dentro de la naciente potencia del norte transformaron la mirada de aquel país hacia su vecindad, a donde pensaron que podían expandir su influencia y además contrarrestar a Europa, que en esos años adelantaba una política de corte imperialista en África y algunos países de Asia, con algunas incursiones en América Latina.  

Esto también puede interpretarse como una suerte de “sustitución” por parte de los Estados Unidos, del papel tutelar que por varios siglos desempeñó la Corona en las colonias de la América española. Si bien desde las independencias, las nuevas repúblicas latinoamericanas anduvieron “a su suerte” aspirando a ejercer su soberanía y gobernarse a sí mismas; de alguna forma arrastraban una herencia colonial que necesitaba el “arbitraje” de una “metrópoli” que pudiera resolver las controversias entre sus élites. Y ese vacío que en un momento dejó la Corona Española y la Real Audiencia; en el siglo XX pasaría a llenarlo Estados Unidos y “la embajada”.

Las relaciones exteriores implementadas en Estados Unidos durante la presidencia de Theodore Roosevelt con su famoso “Corolario” a la Doctrina Monroe, básicamente justificaba la intervención de los Estados Unidos frente a cualquier agresión imperialista extranjera en América (tanto en los Estados Unidos, como “América” en su sentido continental: Centroamérica y el Caribe principalmente).

Esta política se materializaría en Centroamérica en los pactos de Washington de 1907, a través del Sistema de convivencia e integración de los países centroamericanos (propiciados por Estados Unidos y México), que en su momento comprometieron a Centroamérica a una serie de medidas para preservar la paz en la región, pues ya era percibida en ese momento como un territorio conflictivo e inestable. Los logros más importantes de la Conferencia de Washington de 1907[1] fueron, en primer orden, la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, y en menor orden, el compromiso de las naciones centroamericanas que, a través del Tratado General de Paz y Amistad, acordaron no reconocer gobiernos surgidos de golpes o revoluciones. Y finalmente, la creación del Instituto Pedagógico de Centroamérica para dar formación a los maestros de la región.

A partir de 1914, este sistema de integración entraría en crisis y en 1923 se hizo una revisión al Tratado General de Paz y Amistad[2], donde se mantenían las cláusulas principales, pero no se estimuló un compromiso fuerte y sincero por parte de las naciones centroamericanas para cumplirlas, es decir, no se subsanó la debilidad del sistema para efectuar los acuerdos en la práctica, lo que la llevó inexorablemente a su extinción.

Luego del desgaste de la imagen de Estados Unidos como la «policía del mundo» con su política del garrote, y como un intento de revertir la percepción imperialista del país del norte tras varias intervenciones de fuerza y ocupaciones militares en el ámbito centroamericano y caribe, el presidente Franklin Delano Roosevelt presentó un viraje con la iniciativa de la “Política del Buen Vecino” en el marco de la VII Conferencia Panamericana de Montevideo en diciembre de 1933, donde básicamente se buscaba un respaldo de los países de América Latina dentro del espíritu del “panamericanismo”, donde se potenciara particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores y así persuadirlos de apoyar a las fuerzas aliadas en el eventual conflicto contra los países del eje. En consecuencia, el presidente F. D. Roosevelt retiró todas las fuerzas militares estadounidenses de los países de la cuenca del Caribe como un acto de “buena fe”, y optó por un abordaje más “blando”, en el que incluso se promovieron iniciativas culturales como películas de Disney basadas en la cultura latinoamericana.

[1] “Conferencia de la Paz Centroamericana. 1907” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/con_20121907.pdf

[2] “Las Convenciones de Washington. Tratado de Paz y Amistad. Aprobado el 3 de marzo de 1923” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/pac_28051927.pdf

Durante el período de la posguerra se adelantaron una serie de instrumentos económicos de integración, siendo los principales la ODECA (1951) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 1960, el cual tenía por objeto crear una zona de libre comercio, generar incentivos fiscales a las nuevas industrias y erigir varios organismos regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que canalizaría la ayuda financiera de los Estados Unidos para obras de infraestructura e inversión privada directa (Pérez Brignoli, p. 143). Estas medidas, también basadas en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), hicieron que la región experimentara un crecimiento económico de alrededor del 6% (Ibídem, p. 144).

En este contexto, de parte de los Estados Unidos, se crea la llamada Alianza para el Progreso (ALPRO), que fue un programa de ayuda económica para América Latina, planteado durante la administración de John. F Kennedy para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana a través del apoyo de medidas reformistas y de mejora social que evitaran la insurrección armada y las guerrillas. La Alianza para el Progreso duraría 10 años. Se proyectó una inversión de 20.000 millones de dólares provenientes de Estados Unidos, por medio de sus agencias de ayuda, las agencias financieras multilaterales (BID y otros) y el sector privado, canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo.

La idea era básicamente promover una agenda social fuerte y fortalecer los Estados de bienestar latinoamericanos dentro de un marco democrático que pudiera garantizar ciertos derechos sociales a la población y de esa forma contener la narrativa revolucionaria de lucha de clases y de cambio político radical. En ese sentido, la Alianza para el Progreso tenía como objetivo principal comprometer a los países de América Latina a mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes por medio de reformas institucionales bastante ambiciosas (y en algunos países con una cultura política muy pobre, incluso disruptivas), como por ejemplo, generar un crecimiento de por lo menos 3%, establecer gobiernos democráticos, eliminar el analfabetismo de adultos para 1970, promover una equitativa distribución del ingreso a través de la reforma agraria y medidas de carácter social. Y para garantizar estos objetivos, Estados Unidos se comprometía a cooperar en aspectos técnicos y financieros.

En Centroamérica esta agenda de la Alianza para el Progreso se tradujo en que los Estados Unidos prestaran y canalizaran un apoyo importante al MCCA e impulsaran el desarrollo agropecuario, la mejora de las comunicaciones (carreteras y telefonía), la reforma fiscal como instrumento de modernización y reforma social, a través de una mayor equidad impositiva por medio de mayores impuestos directos, creando así el Impuesto Sobre la Renta y el sistema arancelario unificado para Centroamérica (Luján, p. 278).

A pesar de las buenas intenciones y de los favorables resultados iniciales, esta iniciativa también se desgastó con el tiempo. Primero, por el asesinato a Kennedy en el 63, y segundo, por la agudización del conflicto armado en la región y la radicalización de las guerrillas urbanas con escaladas de violencia nunca antes vistas hasta el momento. Fue la época de secuestros y asesinatos a diplomáticos y otros personajes políticos prominentes, de atentados terroristas y de violencia contrarrevolucionaria; lo cual generó un clima de ingobernabilidad y crispación que desembocó en que se optara más bien por una política de “mano dura”. Es por esta razón que las administraciones norteamericanas subsiguientes recortaron la ayuda financiera en América Latina, prefiriendo acuerdos bilaterales en los que primaba la cooperación militar.

Durante la década de los ochentas, la situación de los países centroamericanos se inscribió en la llamada “Crisis de la deuda latinoamericana”. Los países tenían economías estancadas, con una deuda externa multiplicada cuatro veces con respecto a la década de los setentas, en acelerada contracción incluso llegando a tasas negativas, con una renta per cápita que caía cada año entre en 10 y 20 por ciento; además de déficit, inflación y devaluaciones continuas. Además, con la excepción de Costa Rica, los demás países formaban una vorágine de guerras civiles, exclusión, violencia, represión y gobiernos militares.

Es así que durante la administración de Ronald Reagan en los Estados Unidos, se inició la llamada “Iniciativa de la Cuenca del Caribe” en 1983 y el “Informe Kissinger”, en 1984. La primera consistía en un conjunto de facilidades comerciales, que buscaba lograr una mayor integración de los países del área en el mercado norteamericano. El «Informe Kissinger», en cambio, tenía objetivos más ambiciosos. Se trataba de un diagnóstico sobre la crítica situación en Centroamérica, de una evaluación de cómo todo esto afectaba los intereses de los Estados Unidos, y de recomendaciones para elaborar una política global que contara con amplio consenso en los medios políticos norteamericanos. Este último es quizás el objetivo más trascendente del «Informe» (Pérez Brignoli, p. 160).

Básicamente, con estas iniciativas, Estados Unidos buscaba detener la amenaza para su seguridad que significaba la violencia política en el istmo; y además buscaba generar los incentivos en las élites locales para que propiciaran una reactivación y diversificación de las exportaciones en la región. Sin embargo, el tamaño reducido de las economías centroamericanas, la falta de capital humano y de una burocracia eficiente hicieron que la implantación de estas iniciativas se convirtiera un desafío complejo a lo interno. Y en el contexto estadounidense, los vaivenes políticos con el triunfo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado en 1986, dificultaron la posibilidad de que estas iniciativas fuesen una propuesta bipartidista y complicaron la política exterior de Estados Unidos hacia América Central.

Cabe mencionar que a pesar de estos tropiezos e interrupciones, hacia finales de los ochentas e inicios de los noventas, la región centroamericana dio un paso hacia delante con transiciones democráticas en Guatemala, Nicaragua y Panamá y la reformulación del sistema de integración, que permitió un breve período (de poco más de una década) de estabilidad política y crecimiento.