Introducción

El Acuerdo de Barbados entre el régimen venezolano, Estados Unidos y la oposición democrática, respaldado por otros países garantes, fue un intento de facilitar elecciones libres en Venezuela a cambio del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo no logró su objetivo y el día viernes 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó por 15 años a la candidata opositora María Corina Machado, al igual que al ex candidato presidencial Henrique Capriles. Ante la oleada de pronunciamientos de la comunidad internacional y las amenazas de la Casa Blanca de restituir las sanciones a Venezuela por la violación a los acuerdos dándole un plazo a Maduro hasta el mes de abril, el chavismo optó por cerrar filas otra vez y decantarse por un nuevo aislamiento al estilo “Ortega”, sin importarles los costos políticos, económicos y humanos que esa decisión conlleva. A esto se suman doce nuevas detenciones de activistas venezolanos, siendo la más reciente la de la abogada y activista de DDHH, Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero. 

A continuación, intentaremos hacer un análisis para determinar qué pretendía realmente obtener el régimen venezolano de los Acuerdos de Barbados y así entender “su ganancia” al momento de la retirada de la mesa de negociación. En ese sentido, este documento explorará una de las razones principales detrás del fracaso de los acuerdos: la premisa errónea de reducirle los costos únicamente a Nicolás Maduro sin considerar la naturaleza corporativa del régimen venezolano, además de prospectar los posibles escenarios a los que se enfrenta el país en los próximos meses, tomando en cuenta ejemplos recientes en la región.

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, el poder político en Venezuela experimentó una fragmentación significativa, dando lugar a lo que podríamos describir como "corporaciones"[1], a su vez sostenidas en un débil equilibrio gracias a la legitimidad que tiene dentro un movimiento de base autoritaria como el chavismo, el hecho de Chávez nombrara un sucesor en vida: Nicolás Maduro. 

De manera que, nuestra hipótesis de trabajo para este análisis busca afirmar que actualmente el poder en Venezuela se encuentra repartido, por lo menos, en cuatro grupos de poder[2]: 

1) El ejército: el actor más determinante en la historia política venezolana. Se consolidó en el poder especialmente durante la era chavista gracias a la doctrina impulsada por Hugo Chávez desde los años ochenta con el MBR-2000 sobre la “unión cívico-militar”, la cual, hasta el día de hoy, es la base de la revolución chavista y socialista. En la práctica, esta tesis significó borrar todo atisbo de subordinación de las fuerzas armadas al poder civil y a la Constitución y además colocar a los militares a la cabeza de todas las instancias político-administrativas, judiciales, empresariales, etc., del país. Básicamente, lo que implica la doctrina de la unión cívico-militar, es la militarización de la sociedad venezolana. 

2) PDVSA y empresas estatales: que si bien actualmente están quebradas gracias a las políticas socialistas de Chávez, además de estar sancionadas por las potencias extranjeras, son las que poseen el mandato constitucional para la concesión y explotación de los recursos naturales del país[3].

3) El crimen organizado y el narcotráfico: la incursión en el crimen organizado y en el narcotráfico a inicios de los 2000 fue parte de la estrategia de “diversificación” del régimen venezolano como alternativa al modelo rentista tradicional monoexportador y dependiente de los recursos naturales. Este modelo alternativo de captación de rentas fue particularmente efectivo para la supervivencia de la élite chavista al momento de emprender su política socialista de expropiaciones y estatizaciones a la empresa privada y, posteriormente, sobre todo a partir de 2016, para poder sortear las sanciones al petróleo, al gas y a los recursos naturales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea[4].  

4) Una nueva élite económica en ascenso: en los últimos años en Venezuela se ha llevado a cabo una sustitución o re-cambio de élites, producto de la devastación económica que ocasionaron las políticas socialistas de expropiaciones masivas, controles de divisas y de precios, estatización de la banca, hiperinflación descontrolada, etc. Se asfixió al sector privado tradicional, que no le quedó más remedio que quebrar o sacar sus capitales del país y esto dio paso a la emergencia de una nueva élite económica, muy dócil y leal al poder político que comenzó a desempeñar un papel destacado e influyente dentro de las dinámicas de poder, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de poder dentro del chavismo. 

Estos cuatro ejes, que muchas veces operan entrelazados, han adquirido una vida propia, generando dinámicas internas que han marcado la evolución política y económica de Venezuela en el período post-Chávez.

[1]  El corporativismo defiende que el Estado intervenga en todos los órdenes de la sociedad, mediante la creación de grupos de interés. En el siglo XX, esta ideología fue fundamental en la consolidación del fascismo.

[2] Para fines analíticos y didácticos se está explicando la distribución de poder como si fuesen cuatro grupos distintos que operan por separado, pero en la práctica también se entrelazan en un mecanismo de obtención patrimonial de rentas legales e ilegales.

[3] Al año 2023, Venezuela es, con un 24,4%, el país con más reservas probadas de crudo del mundo. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/oil-reserves-by-country 

[4] La incursión del régimen venezolano en el crimen organizado y narcotráfico fue una práctica tomada de la Revolución Cubana en las décadas de los setenta y ochenta, pero también fue una “tropicalización” de lo que ocurrió en la Rusia post-soviética desde inicios de los 2000, que varios estudiosos del tema han llamado “Mob-State” (Estado mafioso). 

El miércoles 20 de diciembre de 2023, llegó a Venezuela Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro y tesorero de sus bienes, tras su liberación de la cárcel en Miami, producto de un canje de detenidos entre personeros del régimen de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Saab, quien había sido detenido en 2020 por lavado de dinero, al pisar suelo venezolano se dirigió directamente al Palacio de Miraflores, donde fue recibido por Maduro. 

Si bien la prisión de Saab era la carta más poderosa que tenía Estados Unidos para propiciar un cambio de régimen en Venezuela, este intercambio beneficiaba exclusivamente a Nicolás Maduro, ya que implicaba la recuperación de sus bienes, pero no le bajaba ningún costo al resto de grupos de interés que tienen el poder en Venezuela, así que, al menos de parte del chavismo como corporación, no había ningún incentivo para continuar en las negociaciones más allá de esa ganancia ni mucho menos la intención era que estos acuerdos culminaran en la celebración de elecciones democráticas. 

Considerar exclusivamente a Nicolás Maduro como el único beneficiario y como el único responsable del cambio político en Venezuela, probó ser un error fatal para Estados Unidos y la oposición venezolana. Se subestimó la complejidad de una estructura de poder más amplia y se pasaron por alto las dinámicas internas y capas de un régimen que evolucionó de un modelo personalista con Chávez a un modelo corporativo con Maduro. 

Después del fracaso de los Acuerdos de Barbados para la celebración de elecciones en 2024, el futuro de la democracia en Venezuela es incierto. En los últimos días, se ha hecho evidente que Nicolás Maduro busca consolidar su posición mediante estrategias de represión que refuercen su control sobre las instituciones clave y la maquinaria estatal. La oposición liderada por María Corina Machado, por su parte, debe enfrentar decisiones cruciales sobre su estrategia futura, evaluando si debe continuar la lucha en la arena política con las reglas del régimen o si desecha la oportunidad y abandona el plano electoral. La comunidad internacional también jugará un papel crucial al determinar su posición frente al fracaso de los acuerdos y al evaluar posibles medidas, como sanciones adicionales o acciones diplomáticas. Tomando en cuenta estas tres variables, se abren para el país tres escenarios de momento: 

• Escenario Nicaragua 1990: este sería el escenario más favorable para la oposición venezolana y las fuerzas democráticas en el país. En este contexto, la comunidad internacional intensifica sus esfuerzos para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Esto implicaría de nuevo la imposición de sanciones económicas adicionales, el aislamiento diplomático y el apoyo abierto a la oposición para debilitar a Nicolás Maduro y crear condiciones para unas elecciones libres y competitivas, que eventualmente ganaría María Corina Machado y que llevarían a una transición democrática.

• Escenario Chile 1989: este es un escenario intermedio en el que, en un acto de desprendimiento, María Corina Machado ayuda a coordinar una estrategia unitaria a lo interno de la oposición venezolana para que, a través de un candidato potable para el chavismo, se puedan ofrecer garantías a todas las partes en un eventual gobierno de transición. Esto implicaría una negociación muy intensa para la conciliación de intereses dentro de la propia oposición, además de construir alianzas con sectores dentro del chavismo. Los principales problemas para que se cumpla este escenario son tres: 

1. La fuerte resistencia dentro del chavismo para medirse en elecciones libres, o siquiera plantearse una candidatura alternativa dentro de sus propias filas, mucho menos abrir espacios de convivencia política con una oposición que no les parece creíble. 
2. Las divisiones internas dentro de la oposición venezolana, que ya han comenzado a surgir tras ratificarse la inhabilitación de Machado y la negativa de la candidata a eventualmente llamar a votar por otro candidato/a que no sea ella.
3. El posible adelanto de la fecha para las elecciones a mediados del año, que dificultan los tiempos que debiera tener una estrategia de esta naturaleza. 

• Escenario Nicaragua 2021: este escenario pareciera estarse llevando a cabo en los últimos días, dado que el régimen de Maduro ha optado por recrudecer la represión contra disidentes y por cerrar las vías institucionales para la oposición que pudieran hacer posible la celebración de elecciones libres en Venezuela. Además de adoptar de nuevo una posición beligerante contra la comunidad internacional, como fue el caso de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien dijo al gobierno de Estados Unidos ante la amenaza de restablecer las sanciones: “métete tu ultimátum por donde te quepa”. También, en días recientes, Nicolás Maduro expulsó de Venezuela a la oficina de Derechos Humanos de la ONU por pronunciarse contra la detención de Rocío San Miguel. Este escenario, en donde el chavismo sube los costos de la apuesta para ganarlo todo, con seguridad desembocará en un estancamiento político prolongado y un deterioro aún más dramático de las condiciones sociales y económicas en el país [5].

[5] En un reciente sondeo de la encuestadora Meganálisis, el 39.6% de los venezolanos manifestaron que si Maduro hace fraude en las elecciones, pensarían en irse de Venezuela.  

Después de analizar los posibles escenarios para el futuro de Venezuela a la luz del fracaso de los Acuerdos de Barbados, es evidente que el país se encuentra en una encrucijada para su democracia y estabilidad política. Ante este estado de cosas, cualquier estrategia para promover el cambio democrático debe abordar la complejidad del entramado político corporativo del país.

Los tres escenarios planteados ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo podría desarrollarse la situación en Venezuela en los próximos meses. Es capital reconocer que un camino hacia la democracia en Venezuela que excluya las vías de fuerza, requerirá un enfoque amplio que involucre a la oposición, la comunidad internacional y, en última instancia, a sectores dentro del propio régimen.