Aún no está claro si este conflicto institucional llegará a su fin
El Congreso, en cumplimiento a la sentencia de amparo de dictada por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1169- 2020, ha convocado para el día de hoy a sesión legislativa extraordinaria para iniciar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
Menuda noticia. El impasse de más de ocho meses en el proceso de elección de las altas cortes del país parece próximo a llegar a su fin. Sin embargo, las alternativas de posibles desenlaces para este tortuoso proceso institucional parecen ser diversas. De ahí, la necesidad de explorar algunos escenarios.
En la sentencia del amparo aludido, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Congreso de la República conociera el informe circunstanciado del Ministerio Público sobre la posible manipulación de la elección de cortes. Y si bien la CC no ordenó tajantemente que se excluyera a los candidatos mencionados en el mismo, sí dejó entrever que los diputados debían calificar la honorabilidad e idoneidad de los candidatos, tomando en consideración el citado informe.
Escenario # 1: El Congreso acata a cabalidad lo dispuesto por el máximo tribunal constitucional y procede a excluir a los candidatos mencionados en el informe del Ministerio Público al tiempo en que procede a realizar un análisis a viva voz de la idoneidad y honorabilidad del resto de candidatos. Asimismo, el pleno del Congreso solicita a los diputados que tuvieron contacto con Gustavo Alejos que se abstengan de participar en la elección final. Cumpliendo con el fondo y la forma de lo dispuesto por la CC, se procede a elegir magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, poniendo fin así a este conflictivo proceso institucional.
Escenario # 2: El Congreso incumple con los criterios establecidos por la CC, ya sea de no excluir a los candidatos señalados, no votar a viva voz sobre la honorabilidad e idoneidad de los mismos, o sencillamente, no califica con rigurosidad los requisitos profesionales y éticos de cada candidato. En el acto, procede con la elección de magistrados de apelaciones y CSJ. Sin embargo, dado el incumplimiento de los requisitos de fondo y forma de la sentencia de la CC, se abre la puerta para que el mismo Ministerio Público (como accionante en el amparo) solicita una debida ejecutoria ante la CC, lo que podría generar -nuevamente- una suspensión de la elección y mayor retraso en el proceso institucional, sin olvidar las repercusiones legales y penales por el imposible incumplimiento de la sentencia.
Escenario # 3: Los actores interesados en ejercer control político y cooptar las altas cortes del país entienden que el mayor freno a sus designios es la actuación de la Corte de Constitucionalidad, que en este caso nuevamente ha jugado el rol de “árbitro político de última instancia.” A sabiendas que el período de la actual magistratura culmina en abril 2021, y alegando la complejidad de realizar una evaluación pormenorizada de la idoneidad y honorabilidad de cada uno de los 270 aspirantes a magistraturas de apelaciones y los 26 para Corte Suprema de Justicia, inician un proceso de “retraso malicioso” de la elección. Dado que el retraso en la elección de cortes no ha generado el “escenario apocalíptico” predicho por algunos, y dado que las actuales altas cortes responden a los designios de algunos de estos actores, el cálculo es apostar por la continuidad hasta que concluya el período de la Corte de Constitucionalidad. Una vez el alto tribunal constitucional cambie su integración y -en la apuesta de estos actores- sea más amigable a sus causas, podrán elegir altas cortes ad hoc a sus intereses.
