El último cuarto de siglo en Venezuela se ha caracterizado por la persistente lucha por la democracia entre el autoritarismo chavista-madurista y la oposición, una confrontación marcada por episodios de represión extrema que han dinamitado la posibilidad de un proceso electoral verdaderamente libre y con garantías en el país.

Desde la perspectiva del politólogo de Harvard, Steven Levitsky, la evolución del régimen venezolano ha transitado de un autoritarismo competitivo (2000-2012), basado en la figura carismática de Hugo Chávez quien contaba con el apoyo de una amplia mayoría del electorado y quien además no titubeaba en gastar ingentes recursos públicos para alimentar la maquinaria de dádivas y de acarreo de votos. Para luego, con Nicolás Maduro, pasar a un autoritarismo abiertamente hegemónico (2013-presente), donde a falta de carisma y petrodólares, los procesos electorales se han visto seriamente menoscabados por prácticas represivas y autoritarias que han erosionado la confianza en el proceso electoral dentro y fuera de Venezuela. La manipulación de la ley electoral y gerrymandering de los circuitos, la construcción de mayorías artificiales con el voto corporativo, los impedimentos para la actualización del padrón electoral, el férreo control del órgano electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el ventajismo en el uso indiscriminado de recursos del Estado para la campaña oficialista, la judicialización de candidaturas, las inhabilitaciones a opositores políticos, el secuestro de las tarjetas de partidos de oposición con candidaturas “mampara” para dividir el voto opositor, la poca transparencia en el conteo de votos por la inescrutabilidad del sistema informático y el impedimento de observación internacional, han socavado la legitimidad de los comicios, impidiendo una competencia política justa y transparente.

En el contexto de las elecciones venideras del 28 de julio de 2024, la oposición de nuevo se enfrenta a todos estos obstáculos que merman su capacidad para ganar elecciones. Aunado a esto, en los últimos meses, el régimen ha intensificado su represión contra líderes opositores como Pedro Urruchurtu y Magaly Meda, quienes se encuentran a resguardo junto con otros perseguidos en la Embajada de Argentina en Caracas. Además de acciones como el encarcelamiento de los activistas Rocío San Miguel, Dignora Hernández y Henry Alvíarez, el hostigamiento a periodistas críticos como Orlando Avendaño, e incluso el asesinato de disidentes exiliados como el teniente Ronald Ojeda en Chile, tienen el claro objetivo de desmoralizar y socavar la participación electoral de la gran mayoría de los venezolanos (alrededor del 88.5%[1]) que desean un cambio de gobierno. 

Adicionalmente, hace pocos días, la Asamblea de mayoría chavista aprobó una “Ley contra el Fascismo”, que busca ser el nuevo instrumento para perseguir y acallar cualquier intento de disidencia o protesta contra el gobierno en los próximos días. 

Pareciera que tal y como están planteadas las cosas de momento, las vías para una eventual victoria electoral opositora parecieran totalmente cerradas. En medio de este contexto, surge una pregunta crucial: ¿Puede la oposición venezolana efectivamente ganar las elecciones del próximo 28 de julio?

A pesar de la altísima impopularidad de Nicolás Maduro, reflejada en una intención de voto del 7%, la fragmentación y debilidad dentro de la oposición plantean obstáculos significativos para alcanzar finalmente una victoria electoral. 

En este sentido, la situación actual de la oposición venezolana revela un escenario sumamente complejo y desafiante. Manuel Rosales, la única candidatura de oposición reconocida por el régimen, enfrenta altos niveles de rechazo por parte del electorado (alrededor del 85% de opinión negativa), lo que limita su capacidad para movilizar un apoyo significativo. Por otro lado, la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata con mayor intención de voto (72% según Meganálisis), representa un obstáculo insuperable para materializar ese respaldo popular en resultados electorales concretos.

Ante este panorama, se vislumbra la necesidad de una negociación política entre las partes involucradas como un paso fundamental para superar el estancamiento y abrir camino hacia una oportunidad real de lograr una transición democrática. A pesar de que ya se han desmentido conversaciones entre las partes, la reciente declaración de la designada por María Corina Machado, la Dra. Corina Yoris, en una entrevista para el diario Clarín, no descarta por completo la posibilidad de un eventual acuerdo entre Rosales y Machado para lograr derrotar a Nicolás Maduro. 

En última instancia, la victoria opositora depende en gran medida de la capacidad de la propia oposición para superar sus divisiones internas, articular una estrategia coherente y movilizar el apoyo popular en contra del régimen autoritario de Nicolás Maduro. También cabe destacar que la consolidación de una alternativa democrática requerirá en las próximas semanas no solo de la unidad del liderazgo político, sino también del respaldo de la comunidad internacional y la sociedad venezolana en su conjunto. 

Solo a través de la conjunción de todos estos factores se podrá avanzar hacia la restauración de la democracia en Venezuela, lo cual tampoco significa que lo logremos, pero no hay más alternativa que intentarlo.

[1] Todas las cifras son tomadas de la encuesta de Meganálisis. Marzo 2024.