El Tribunal Supremo Electoral convocó en Enero de 2019 a «elecciones generales» a celebrarse el 16 de junio. Iniciamos otro proceso electoral que de ningún modo significará un incremento de la libertad de los individuos. Debido a la confusión entre Estado de Derecho y democracia, los asistentes a la votación entregarán nuevamente un cheque en blanco a las facciones políticas en contienda.

La inexistencia del Estado de Derecho se mantendrá incólume. La ansiedad por salir de los «titulares ocasionales del poder» será satisfecha. La emoción por la alternancia se mezclará con la confusión conceptual que impedirá una toma de conciencia sobre la situación del país.

El bullicio babélico se encargará de promover la mentira de que en 2019 se elegirá, para no decir que solo se refrendará lo que ya fue elegido por las camarillas político-estatales.

El proceso electoral de 2019 se regirá por la Ley Electoral y de Partidos Políticos Decreto Número 1-85 y 26-2016. Cargada de disparates técnico-jurídicos y de imposibilidades legales, esta normativa se encargará de empobrecer más el debate político, inexistente en un país sin representación política y sin un foro político democrático.

La reforma (mejor dicho, la deforma) de 2016 se encargó de plasmar un entramado de disposiciones punitivas eludiendo el precario y débil sistema contencioso administrativo electoral. En lugar de favorecer la libertad política vedada en la Constitución, los cambios entronizarán el miedo, el political correctness y el eufemismo político.

En 2019 no se elegirá sino que se votará sin libertad. La legislación electoral nunca ha favorecido el acto de escoger. Siempre ha sido favorable a los partidos políticos convertidos en órganos auxiliares del Estado. Por ello, hasta las campañas  millonarias de las facciones político-estatales serán financiadas por el «ogro filantrópico».

Las otras fuentes de financiamiento se ocultarán con el supuesto sistema ideal de financiamiento electoral, que encubre las exigencias de todo tipo de su público cautivo, debido a la fetichización del derecho, tan usado cuando se quiere resolver cuestiones que escapan a problemas normativos.

La votación de 2019 consistirá en la ratificación de alguna propuesta político-partidista para Presidente, Vicepresidente, alcalde, diputado etc. Cada candidato atizará la sociedad del espectáculo que bien describió Guy Debord. Lo irrelevante y las emociones dominarán la escena en conjunto con los distintos programas mágicos improvisados que cada cierto tiempo tienen peso electoral.

Los ciudadanos convertidos en funcionarios asistirán lamentablemente a entregar un voto más para engranar la máquina estatal. Luego olvidarán sus responsabilidades cívicas para recluirse en las redes sociales. Otros cansados de lo mismo votarán nulos o se abstendrán. El proyecto de Estado seguirá sin discutirse en la inercia de los acontecimientos.

La afasia política existente, consistente en la pérdida de la capacidad de comprender o emitir el lenguaje, hará de las suyas. Tirios y troyanos emplearán palabras vagas como izquierda o derecha para eludir que eso es irrelevante en la clase política.

Los ratificados en el acto de votación este año pasarán a engrosar a los organismos del Estado, no para fungir como representantes del pueblo, sino como comisarios de los partidos políticos que los escogieron.

Mientras tanto, la fórmula constitucional que jamás se cumple está allí en el papel de 1985. A saber, la de una República democrática representativa (art. 140) que nunca termina de cristalizar.