El modelo de contrataciones en la infraestructura es poco transparente y en consecuencia no hay garantías de que estos fondos efectivamente irán a infraestructura.

El pasado 15 de marzo el Congreso aprobó dos decretos: el 20-2022 mediante el cual establecen un subsidio por dos meses de Q5.00 por galón de diésel y Q2.50 por galón de gasolina regular. Por otra parte, aprobaron el decreto 21-2022 mediante el cual ampliaron en Q3 mil 191 millones 243 mil 500 el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) para que teóricamente se inviertan en infraestructura.

El primer elemento para considerar de ambos decretos es que prácticamente no existió discusión parlamentaria. El decreto 20-2022 fue producto de la iniciativa de ley 6047 promovida por el Ejecutivo. La iniciativa, hoy, ni siquiera está disponible en el portal del Congreso para su consulta.

Había al menos otras dos iniciativas de ley sobre la materia que habían entrado antes al Congreso. Por una parte, la iniciativa 6037 que proponía un subsidio más oneroso que el aprobado. Por otra parte, la iniciativa 6040 que proponía cambiar el tipo impositivo del impuesto específico al combustible que actualmente es un monto fijo por galón según el tipo de combustible: Q4.70 a la gasolina superior, Q4.60 a la gasolina regular, Q4.70 a la gasolina de aviación y Q1.30 al diésel.

La 6040 proponía un valor variable para el impuesto específico a los combustibles con base a los precios internacionales del petróleo tomando como base el promedio de precios publicados en el Global Alert de Platts u otro medio similar. De este modo, el impuesto podría llegar a cero si el precio de los combustibles sobre pasa cierto nivel o quedar al nivel actual si los precios caen. La propuesta era al menos digna de discusión. Tal cosa no ocurrió.

El subsidio a los combustibles costará un total de Q745 millones y se financiará con saldos de caja. El decreto 21-2022 que asignará más de Q3 millardos a infraestructura también se financiará con reducciones de saldos de caja.

Las críticas a este decreto van por tres vías. Por una parte, la falta de debate vuelve a ser un elemento importante. La iniciativa que dio lugar a esta ley ingresó al Congreso el 1 de marzo y en dos semanas ya era una realidad sin mayor análisis de viabilidad, conveniencia, etc. ¿Cuáles obras deben priorizarse? ¿son las correctas? ¿por qué? ¿no hay otros usos más urgentes que se pueden dar a esos fondos? No se discutieron estos aspectos.

En segundo lugar, se entiende que existe una clara lógica preelectoral considerando que habrá obras en distritos locales que podrían ser capitalizadas por diputados distritales pensando en la elección del 2023.

Por último, se ha discutido de sobra que el modelo de contrataciones en la infraestructura es poco transparente y en consecuencia no hay garantías de que estos fondos efectivamente irán a infraestructura. Algunos expertos cuestionaron que había malicia al asignar parte considerable de los Q3 millardos a gastos de funcionamiento y no de inversión. Refieren que, al ser presupuestados como gastos de inversión, no deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por ejemplo.